lunes, 9 de julio de 2007

Incumple México pactos internacionales

Incumple México pactos internacionales
Firma el País 607 compromisos desde 1857. Plantean legisladores presentar iniciativas que aterricen acuerdos suscritos por México
Érika Hernández (9 julio 2007).-
Grupo Reforma

México ha suscrito tratados, pactos y protocolos internacionales que no cumple.De 1857 a la fecha ha firmado 607 convenios con organismos mundiales, pero legisladores, especialistas y ONG advierten que falta cumplirlos.En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los acuerdos internacionales que México ha suscrito están por debajo sólo de la Constitución, y por encima del resto de las leyes, incluso de las Constituciones estatales."Pero muchas veces hay desconocimiento de estos tratados, a veces en el Senado se ratifican, pero no se conocen las implicaciones que deben tener esos compromisos en las leyes nacionales", admitió la senadora panista Adriana González Carrillo, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara alta.
Un conjunto de 33 organizaciones y universidades entregaron en abril un informe al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentin Menendez, y al secretario ejecutivo, Santiago Cantón, en su visita a México.
En ese reporte, organizaciones como el Cencos, la Universidad Iberoamericana y el GIRE, enumeran al menos 15 tratados que el Gobierno mexicano incumple, como el Convenio 182 firmado con la OIT en 2000, para la prohibición de las peores formas de trabajo infantil.
"Se ha remitido únicamente a la explotación sexual infantil, pero no abarca otras áreas de explotación", dijo Nashieli Ramírez, de la Red por los Derechos de la Infancia.
Sobre refugiados, México ha firmado convenios desde hace 50 años, incluida la Declaración de Cartagena, pero en su Ley General de Población sólo le dedica un párrafo al tema.
México le falla también a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que aquellos militares que incurran en tortura o en violaciones sexuales deben ser investigados y juzgados por tribunales civiles y no militares.
Pero, por ejemplo, los militares que el 11 de julio de 2006 fueron acusados de violar a 13 bailarinas y sexoservidoras en Castaños, Coahuila, fueron juzgados en tribunales militares y sólo bajo las acusaciones de insubordinación y abandono de puesto.
En tortura, México firmó la Convención que le exigía contar con un mecanismo para evitar esa práctica en cualquier centro de detención, desde reclusorios hasta cárceles locales, pero lo que creó, y fuera de tiempo, no resuelve el problema, según un diagnóstico de la red Todos los Derechos para Todos y Todas.
También el Presupuesto de Egresos 2007 incumple con la Plataforma de Pekín, que prevé la asignación de recursos para planes y programas de género.
A diferencia de los presupuestos de años anteriores, en este no hay anexos ni desagregados para programas específicos para mujeres."Se debe crear un mecanismo de supervisión, una evaluación constante por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver por qué no se cumplen, además de que el Gobierno, al firmar esos tratados, debe presentar iniciativas que aterricen los compromisos", pidió el legislador perredista Mario Enrique del Toro, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Tortura 'Dejan todo a la CNDH' La Convención contra la Tortura le exigía a México contar con un mecanismo para prevenir y evitar esa práctica en cualquier centro de detención, desde reclusorios hasta cárceles locales.El 20 de junio, México debía entregar a la ONU dicho mecanismo, pero lo que entregó una semana después fue la resolución de que será la tercera visitaduría de la CNDH la que se encargará de vigilar que no se realicen estos actos."Fue una salida fácil."Con esto parece que deja todo en manos de la CNDH sin emplear una estrategia de prevención, para nosotros no cumple, habrá que esperar lo que dice el subcomité que se creó para supervisar ese mecanismo", dijo Édgar Cortez, de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos.
Refugiados
'Falta marco legal' México ha firmado y ratificado desde 1951 diversas convenciones y declaraciones sobre refugiados, pero en su Ley General de Población sólo le dedica un párrafo.Por ejemplo, firmó, junto con 155 países, el Acuerdo de Ginebra (1951), pero actualmente no tiene un mecanismo para institucionalizar la figura y darle un marco legal a los refugiados.Y aunque los tratados están por encima de esa ley, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados afirma que no aplica los compromisos firmados."Al faltar una legislación todavía, entonces el refugiado se ubica en un vacío legal, está desprotegido, no tiene derechos, así que sufre discriminación", dijo Marion Hoffman, representante regional del ACNUR.
Mujeres
'Ignoran equidad' La Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Protocolo de San Salvador fueron ratificados por México para garantizar los derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación y salud, tanto el reconocimiento como el ejercicio de los derechos reproductivos y sexuales de las personas.Pero organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir y Comunicación e Información de la Mujer aseguran que no se cumplido.
"La asignación presupuestal al sector no muestra que se avance en esta dirección, y además del atraso en la modificación de la NOM SSA 190 en materia de violencia familiar, el tema del aborto permanece como un grave problema social y de salud pública", indican ambas organizaciones en un análisis entregado en abril pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Indígenas
Quebrantan sus derechos
México ratificó en septiembre de 1990 el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, el cual busca que este sector alcance el ejercicio pleno de sus derechos.Pero para Gabriela Olguín, especialista en temas indígenas, México va contra este convenio."La última reforma constitucional en la materia menoscaba derechos contemplados en el convenio número 169 e impide la aplicación de otros", afirma la actual representante de la OIT para Costa Rica.
Y aunque los artículos 73 y 124 de la Constitución prevén que los estados del país legislen sobre asuntos indígenas, sólo 21 tienen una normatividad en la materia, por lo que los indígenas tienen más derechos reconocidos en unos que en otros.
Justicia militar
Piden imparcialidad
El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, y que se les debe garantizar un tribunal competente, independiente e imparcial.
El Gobierno mexicano se reservó algunos artículos de ese pacto, pero no el artículo 14.
La red Todos los Derechos para Todas y Todos señala que cuando personal militar comete delitos graves en derechos humanos contra civiles, deberían ser juzgados por la justicia civil, con independencia de que hayan ocurrido en acto de servicio, lo cual no ocurre actualmente.
Una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala: "La Procuraduría General de Justicia Militar carece, por definición, de la independencia y autonomía necesarias para investigar de manera imparcial las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas.
"La investigación por parte de la PGJM de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por militares mexicanos implica una violación per se de la Convención Americana".
Ponen peros

Algunos acuerdos que México ha firmado o ratificado, con reservas: Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad · Firmado en noviembre de 1968.· Al ratificarlo en 2001, le puso una anotación: "El Gobierno de México... únicamente considerará imprescriptibles los crímenes que consagra la Convención, cometidos con posterioridad a su entrada en vigor para México".

Convención sobre el Estatuto de los Apátridas · Firmado en septiembre de 1954.· México adopta el tratado pero... "El Gobierno de México no se considera obligado a garantizar a los apátridas mayores facilidades para su naturalización que aquellas que concede a los extranjeros en general".

sábado, 7 de julio de 2007

Reclaman derechos comunidad sorda

Reclama derechos comunidad sorda
Realizan especialistas foro en San Lázaro; respalda la CNDH quejas de asistentesEduardo Portas (7 julio 2007).- Érika Arias está cansada de tanto discurso. Está harta de que las autoridades no le hagan caso y de que no se respeten los derechos humanos de la comunidad de sordos en México."No nos hacen caso. Ya no cansamos de tener paciencia. Hacen juntas, reuniones, pero no hay nada para nosotros", dice a través de la intérprete Silvia Ortega durante el Foro "Avances y Retos de la Comunidad Sorda en México", que finalizó ayer en San Lázaro.
Érika, como otros 10 millones de personas en México, tiene un problema de audición del que se percató desde los 10 años. Tiene 32 años, vino desde Centro al Palacio Legislativo, y es madre soltera de un niño de un año y medio.Su experiencia la hace dudar del respeto de los derechos humanos en México."Yo tengo familia, tengo un niño y no encuentro trabajo fácilmente. Sufro mucho porque no hay trabajo", gesticula mediante el lenguaje de señas."Sólo dicen 'luego te hablo', 'luego te aviso' y nada. Estoy en mi casa. La verdad es que los derechos humanos no se respetan", acusa.Relata que tiene estudios avanzados y que les gustaría mucho ser maestra para niños sordos, pues ya les está dando clases particulares de manera voluntaria."Tengo muchos deseos de apoyar a los sordos porque yo lo siento en carne propia, ¿por qué no me dan una plaza de trabajo?", cuestiona.
Javier Moctezuma Barragán, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no tuvo más que reconocer que los reclamos de unos 100 asistentes del foro eran justificados."Hay una deuda indudable con la comunidad sorda mexicana", dijo en entrevista posterior al foro organizado por la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara baja."No ha habido un avance en cuanto a la atención que merecen por parte del Gobierno no obstante que ya hay disposiciones legales, como la Ley para Personas con discapacidad, que no está reglamentada."La comunidad tiene razón en denunciar en que por parte de la autoridad ha habido acercamientos, pero no ha habido hechos concretos", agregó el funcionario.
Observó que cuando 20 países ratifiquen la Convención de las Personas con Discapacidad, de la ONU, habrá un mejor marco legal.La Convención fue firmada en diciembre de 2006 y desde el 30 de marzo se abrió el periodo de firmas para países interesados en ratificarla. Una vez ratificada pasaría al Senado para que entre en vigor en México."Los sordos son una población marginada que sufre una de las discapacidades más lamentables"; debemos saber atenderlos y escucharlos. Es un derecho, no una dádiva", estableció.A su juicio, hay tres acciones específicas de la CNDH hace para mejorar la condición de las personas con discapacidad: a futuro, monitorear el cumplimiento de la Convención, cartillas que auxilian a las personas con esta capacidad, y atender sus quejas.Dijo que en México las instituciones no cumplen eficazmente la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.En la mesa de Barragán participaron Esperanza Morelos, diputada federal panista y presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables; Ricardo Bucio, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y Manuel Márquez, presidente de la Confederación Nacional de Personas Sordomudas.
Nota Grupo Reforma

viernes, 6 de julio de 2007

Empresarios prometen en ONU seguir mejorando prácticas sociales y ambientales

Ginebra, 6 jul (EFECOM).- Empresarios de todo el mundo cerraron hoy la segunda cumbre trienal del Pacto Mundial (Global Compact) de la ONU con una declaración conjunta en la que se comprometieron a mejorar sus prácticas sociales y medioambientales y pidieron a los gobiernos que emprendan iniciativas más efectivas en ese sentido.
Al mismo tiempo, les instaron a apoyar un sistema abierto de comercio internacional, a oponerse al proteccionismo y a implementar los instrumentos internacionales en materia de derecho laborales y contra la corrupción.
Los directivos, algunos de ellos responsables de las mayores multinacionales del mundo como Coca-Cola, Petrobras, Fuji Xerox, Tata Steel, Ericsson y BBVA, llamaron a ese texto "Declaración de Ginebra", en la que también se comprometen a impulsar y seguir cumpliendo los diez principios del Global Compact.
Esos principios establecen que las empresas deben respetar y promover los derechos humanos, que no serán cómplices de violaciones de los derechos fundamentales, que permitirán la libertad de asociación y de negociación colectiva de sus trabajadores y combatirán el trabajo infantil.
Además, se comprometen a luchar contra cualquier forma de corrupción, incluida la extorsión y el soborno, a eliminar la discriminación de todas sus prácticas internas, a combatir cualquier efecto nocivo para el medioambiente a causa de su actividad e, incluso, a promover medidas y avances tecnológicos que ayuden a su preservación.
En su discurso de clausura, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió a los empresarios que, además de implementar esos principios en sus empresas, fomenten su adopción entre todos sus proveedores y socios.
En la declaración, se considera que "la globalización tiene capacidad para mejorar el mundo y aportar beneficios económicos y sociales a la gente, a las comunidades y a los mercados".
Al mismo tiempo, apunta que "la pobreza, el reparto desigual de la riqueza, el proteccionismo y la ausencia de oportunidades para el trabajo digno suponen una seria amenaza para la paz en el mundo y para los mercados".
"Las empresas, como agentes fundamentales de la globalización, pueden ser una gran fuente de beneficio y, comprometiéndose con la responsabilidad social corporativa, pueden crear valor en el sentido más amplio de la palabra", añade el texto.
Ban Ki-moon apuntó al respecto que los empresarios "han dejado muy claro que el liderazgo empresarial y el sostenible van de la mano.
Por ello, pidió a la sociedad civil y a los líderes sindicales que se mantengan vigilantes y comprometidos para exigir responsabilidad a las empresas, al tiempo que llamó a los gobiernos a apoyar las iniciativas del Global Compact como "una iniciativa publico-privada única".
"Por medio de la Declaración de Ginebra hemos profundizado en el compromiso colectivo de implantar valores universales en el mundo económico y empresarial", defendió el surcoreano.
Durante la cumbre de dos días, directivos de 153 empresas de todo el mundo también aprobaron una declaración por la que se comprometen a acelerar las acciones para combatir el cambio climático y avanzar hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles.
En ese texto, aseguran que adoptarán "acciones prácticas en favor de la eficiencia energética", que establecerán "voluntariamente" nuevas metas en ese sentido y que periódicamente harán públicos sus progresos en ese ámbito.
Además, los dirigentes de seis multinacionales (Nestlé, Coca-Cola, Levi Strauss, SABMiller, Suez y de Lackeby Water) lanzaron hoy una petición conjunta a sus homólogos de todo el mundo para que tomen medidas urgentes a fin de enfrentar el grave problema de la escasez de agua potable en el planeta. EFECOM mgl/is/prb
http://mx.invertia.com/noticias/noticia.aspx?idNoticia=200707061549_EFE_FC5191

En el caso Mario Marín, el "gober precioso", Impugna PAS al ombudsman

Impugna PAS al ombudsman
Olivia López Pescador


La declaración de Manuel Flores Mendoza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, de que el gobernador del estado Mario Marín Torres sí está contribuyendo al respeto de los derechos humanos en la entidad, es ignominiosa para él mismo e indignante para la sociedad a la que dice representar frente a los poderes del estado, así lo señaló Vladimir Eliu Rojas Pérez, coordinador de Divulgación de Alternativa Social.
Mencionó que si el gobernador Mario Marín Torres quiere demostrar que efectivamente contribuye al respeto a los derechos humanos, no sólo debe defenderse de los cargos de que se le acusa mediante instancias judiciales, sino que tiene que demostrar a todos que es absolutamente ajeno al abuso del poder en el caso de la periodista Lydia Cacho y que en verdad repudia y persigue a quienes se dedican a la explotación sexual de la niñez.
“Alternativa nuevamente insiste en su llamado al Gobierno del estado, para recuperar los valores democráticos y la institucionalidad. Siempre nos hemos manifestado contra cualquier linchamiento. Los derechos humanos son nuestra causa fundamental. Pero Puebla necesita de justicia y de buen gobierno. No le hace bien a nadie la degradación, el espíritu público, y menos de los que deberían de representar, con su ejemplo, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas”.
Comentó que el comisionado de derechos humanos debería de ser el primero en observar los principios y valores consagrados en la Carta Magna, ya que la investidura de su cargo lo obliga a ser institucional e imparcial, pero sobretodo a no adelantar juicios, cuando la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha terminado sus deliberaciones.
Bladimir Eliu Rojas, al fijar la postura oficial del partido Alternativa Social, aseveró que una vez más quedó demostrado que en Puebla la justicia se subordina a la política y la ética a la fuerza.
“El gobernador ha perdido toda credibilidad ética y democrática que ganó en su trayectoria política y en las elecciones, por lo que sólo se sostiene en el cargo por sus capacidades demostradas en el ejercicio del poder autoritario y clientelar.
Nadie puede negar el oficio político de Mario Marín, pero al mismo tiempo, para todos queda claro que no ha sabido aclarar plenamente su responsabilidad con el fin de limpiar de cualquier sombra de sospecha su alta investidura, como parte del interés general de la sociedad poblana”.

De tal forma, Vladimir Eliu Rojas Pérez enfatizó que Mario Marín Torres, en lugar de limpiar el camino para el ejercicio imparcial de la justicia, ha estado usando todo el poder para su defensa, hasta la ignominia de algunos. “Mediante el camino que escogió Manuel Flores Mendoza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el gobernador jamás va a recuperar su autoridad política y ética.”
http://www.laquintacolumna.com.mx/2007/julio/politica/pol_040707_ol_pas_quechulac_cacho.html

miércoles, 4 de julio de 2007

Acusan abuso de bebés en bares

Acusan abuso de bebés en bares
Reforma(03-Jul-2007).-
Teresa Ulloa, Directora de la asociación civil Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, denunció la explotación sexual de bebés de seis meses en bares de distintas ciudades del País.
"Desgraciadamente hemos estado detectando que se están usando bebés de seis meses en los bares y en pornografía, bebés menores de un año", dijo Ulloa.
"Los alquilan en los bares para que les hagan el sexo oral. La PFP (Policía Federal Preventiva) tiene imágenes filmadas", dijo.

Ulloa recordó que México ocupa el quinto lugar en el mundo en producción de pornografía infantil y el tercero en consumo (el primero es Estados Unidos y el segundo España).Mencionó Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, Guerrero y DF entre las entidades con mayor problema en explotación sexual de menores.

"Son muchos los focos rojos, pero es en la totalidad del País, ya sea en centros urbanos, zonas turísticas, zonas de frontera, ciudades chiquitas, medianas y grandes.
"El problema está en todos lados, lo que pasa es que tenemos la costumbre de querer cerrar los ojos y no ver realmente lo que está pasando a nuestro alrededor", dijo Ulloa.
"Lo que sí tenemos claro es que detrás de la trata (de personas) hay crimen organizado y que además esto no existiría si no hubiera cadenas de complicidad y corrupción entre las más altas esferas del poder político y económico", señaló.
Esas complicidades, añadió, dificultan cualquier acción que lleve a prevenir o evitar este tipo de explotación a mujeres y niños.
Ante la presidenta del Inmujeres Rocío García, y representantes de distintas organizaciones, Ulloa denunció públicamente amenazas y persecución a su asociación civil.
"Nos fueron a retratar la oficina; empezaron a ir a la esquina a anotar nuestras horas de entrada y salida y nos empezaron a seguir en Land Rovers con placas de Tijuana y de Quintana Roo, hombres morenos, con el pelo con corte tipo militar", dijo en entrevista.
Las amenazas incluso de muerte, dijo, las recibieron a través de correo electrónico y se produjeron luego del asesinato el 14 de mayo de José Nemesio Lugo Félix, quien fuera Coordinador General del Centro de Planeación e Información para el Combate a la Delincuencia y trabajó en la PGR y que investigaba redes de pederastas y de trata de blancas.
La representante criticó modificaciones de los diputados a la Ley de Trata de Personas, porque van, dijo, en contra de las víctimas y en contra de lo promovido por los entonces senadores por unanimidad.
"Las leyes van demasiado atrasadas", dijo.
Ulloa fue entrevistada luego de recibir un apoyo del Instituto Nacional de la Mujeres por 110 mil pesos para su programa de prevención del maltrato, el abuso sexual en contra de menores.
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Mueren 2 niños al día en México.- TSJDF

Mueren 2 niños al día en México.- TSJDF
Rebeca Pujol dijo que es necesario que el TSJDF garantice los derechos de los menores escuchando su opinión en temas judiciales
Por Yáscara López
Ciudad de México (04 de julio de 2007).- En México diariamente mueren entre dos y tres niños por diversas causas, entre las que destaca la asfixia por ahorcamiento, denunció Rebeca Pujol, Magistrada de la Cuarta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF).

Durante el Primer Congreso Internacional de Derechos de Familias, la Magistrada señaló que los 434 homicidios en 2005 contra menores mexicanos son 16 veces superiores a los de Japón; y ocho veces más que en Europa.
Además, señaló que las muertes que se reportan en México en sólo dos días, se presentan una vez al año en Kuwait, donde mueren sólo tres niños anualmente.
Durante su ponencia sobre los derechos de las niñas y los niños en el Distrito Federal, Pujol señaló que es necesario que el Tribunal Superior de Justicia garantice los derechos de los menores escuchando su opinión en los temas judiciales en los que se ven involucrados para evitar la discriminación.

"Es necesario establecer políticas públicas encaminadas a la protección real de los niños, niñas y adolescentes a través de medidas jurídicas en el ámbito no sólo jurídico, sino administrativo."

Así pues, cuando los niños se encuentren en situación de riesgo no sea la autoridad judicial la que tenga que decidir la situación cuando ya todo es insostenible, sino la idea es proponer la prevención a través de asistencia social", señaló.
Entre otras cosas, la magistrada propuso la creación de normas administrativas para niños en caso de desamparo, cuando requieran ser retirados de sus padres de familia, así como la creación de un cuerpo técnico en el TSJDF con peritos en diversas materias que intervengan en los casos que sean necesarios para proteger los derechos de la infancia.
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ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/justicia/articulo/786304/ Fecha de publicación: 04-Jul-2007

Discriminan a varones en pensión.- SCJN


Discriminan a varones en pensión.-SCJN

La Corte resolvió que el artículo 152 de la anterior ley, viola la Carta Magna al señalar que los hombres sólo tenían derecho a la pensión en caso de depender de su esposa
Por Víctor Fuentes
Ciudad de México (4 julio 2007).- La Suprema Corte de Justicia declaró este miércoles que existe discriminación en perjuicio de los varones para el otorgamiento del pensiones de viudez previstas en la Ley del Seguro Social. La Primera Sala del máximo tribunal resolvió que el artículo 152 de la anterior ley, vigente de 1973 a 1997, viola la Carta Magna al señalar que los hombres sólo tenían derecho a esta pensión si dependían económicamente de su esposa y además sufrían de incapacidad total; las viudas, en cambio, no tenían que cumplir requisito alguno. "El hombre y la mujer, al encontrarse en situaciones de igualdad, deben ser tratados de manera igual, lo que redunda en la seguridad de no privarlos de un beneficio o bien soportar un perjuicio desigual e injustificado", afirmó la Corte.La versión actual de la Ley del Seguro Social ya no contempla el requisito de que los viudos o concubinarios sufran de incapacidad total; sin embargo, de acuerdo al artículo 130, sigue vigente la exigencia de acreditar que se tenía una dependencia económica hacia la mujer fallecida.El criterio de la Corte será directamente aplicable a pensiones que se otorguen bajo el régimen anterior, pero también podría ser utilizado para los casos recientes.El amparo fue concedido a Miguel Aguilar Cardona, a quien el IMSS deberá reconocer el derecho a recibir la pensión, que en el régimen actual equivale al 90 por ciento de la que correspondía a su esposa.En la última década, la Corte ha desarrollado varios criterios sobre el artículo Cuarto de la Constitución, que desde 1974 prevé la igualdad entre los géneros, y la mayor parte de los casos de discriminación legal que ha encontrado han sido en perjuicio de los hombres.Por ejemplo, en 1998 la Corte determinó que la Ley del ISSSTE era inconstitucional, porque había mayores requisitos para afiliar a los esposos de las derechohabientes.En enero de este año, la Primera Sala falló contra la legislación de Aguascalientes, que señala que la mujer inocente del divorcio tiene derecho en todos los casos a recibir pensión alimenticia del cónyuge culpable, pero en cambio éste solo puede aspirar a este beneficio bajo ciertas condiciones."La referida igualdad implica una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, ya que frente a la ley, el hombre y la mujer deben ser tratados por igual", afirmó la sala en una tesis aprobada el pasado 27 de junio."De ahí que el artículo Cuarto Constitucional, más que prever un concepto de identidad, ordena al legislador que se abstenga de introducir distinciones injustificadas o discriminatorias", agregó.

Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/786265/ Fecha de publicación: 04-Jul-2007

miércoles, 20 de junio de 2007

ALTERNATIVA te invita al taller de género

ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA DF TE INVITA AL:

TALLER DE GÉNERO
SÁBADO 23 DE JUNIO 11 HRS.
En la Plaza Santa Catarina
EQUIDAD EN LA VIDA COTIDIANA

Visita nuestra página de internet:

www.alternativadf.org.mx

¡Participa!
ALTERNATIVA La izquierda de valores
Justicia, equidad, competencia, respeto a la diferencia, autonomía y laicismo.
ALTERNATIVA DF
JUNIO 2007
Equidad en la vida cotidiana
Queremos una sociedad equitativa, donde mujeres y hombres formemos nuevas relaciones de género.
En caso de no proponer acciones temporales afirmativas para que más mujeres ocupen espacios de decisión política, tardaremos 106 años para tener igual número de mujeres que de hombres en las cámaras de diputados, senadores y otros espacios de representación.
Mujeres y hombres podemos terminar con estereotipos de género que impiden el acceso real de las personas a una vida con mayor autonomía.
Debido a las “tradicionales” relaciones de género, 6 de cada 10 mujeres en México sufren una vida con violencia.
Asiste al Taller de Género este sábado 23 de junio, de
11 a 12:30 hrs. en la Plaza Santa Catarina. Francisco Sosa entre Progreso y Melchor Ocampo, Barrio de Santa Catarina.
www.alternativadf.org.mx

ALTERNATIVA La izquierda de valores
Justicia, equidad, competencia, respeto a la diferencia, autonomía y laicismo.

lunes, 18 de junio de 2007

La migración afecta el índice de desarrollo humano del país: PNUD

Afirma el organismo que las remesas que generan no tendrán efecto a largo plazo
La migración afecta el índice de desarrollo humano del país: PNUD
Los que se van retornarán al término de su edad productiva y requerirán servicios de salud
ALMA E. MUÑOZ


El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que la migración representa un riesgo para el índice de desarrollo humano (idh) de México. Especialmente en las regiones expulsoras, donde las remesas tienen efecto de inversión en materia de educación y salud, pero no compensan la "pérdida de potencial de crecimiento de largo plazo".
También alertó sobre la carga fiscal que a futuro provocará el regreso de mexicanos, cuando al término de su edad productiva requieran de servicios de salud y de retiro "sin haber contribuido a los sistemas de seguridad social en México". En Estados Unidos hacen aportaciones que representan entre 10 y 15 por ciento de ese fondo, cuyos ingresos totales arrojaron 658 millones de dólares en 2004, según un análisis del Grupo Financiero Bancomer.
Sobre esto, uno de los especialistas del PNUD, Luis Felipe López Calva, recordó además que actualmente en ese país hay 11 millones de mexicanos trabajando.
A propósito de la presentación, este lunes, del tercer informe del índice de desarrollo humano, el cual mide el bienestar de una nación y en el que se analiza por primera vez el fenómeno de la migración, el economista adelantó parte de las conclusiones.
En primer lugar, las zonas expulsoras "pierden en promedio a su mejor gente, desde el aspecto de capital humano; entonces, la capacidad productiva se ve reducida a largo plazo. Por eso insistimos en que las políticas de desarrollo local son la mejor forma de frenar la migración.
"Nuestra hipótesis es que la gente que se va "no es la más pobre ni la que está desempleada, es la que tiene ciertos recursos para hacerlo, y nosotros tratamos de indagar precisamente si la gente migra por un problema de transferencias o aspiraciones o por las restricciones que padece".
Parte de las conclusiones, insistió, es que la gente más educada "suele irese en busca de mejores oportunidades y condiciones, sobre todo en aquellos estados que ya tienen historia de migración. Pero también se va gente pobre, aunque no es el promedio, pero lo hace en las peores condiciones y mucho más vulnerable".
Hay que entender que este problema, dijo, "puede ser un ejercicio de libertad, pero también resultado de la falta de opción y, en ese sentido, puede ser una restricción en la libertad".
En promedio, México mantiene un idh alto, "de hecho avanza ligeramente, pero una vez más ponemos énfasis en la desigualdad. Obviamente hay estados muy debajo, que siguen siendo típicamente los del sureste, en tanto que las entidades con índices más altos son Nuevo León y la ciudad de México, entre otros.
"Sabemos que hay un estancamiento en el componente de ingreso en los estados, sobre todo en el ámbito rural -esto se refiere al aumento de personas en pobreza alimentaria según datos del Consejo Nacional de Evaluación en 2005-. Ese es un hecho, pero tenemos otras dos dimensiones, que son educación y salud, y en estos (indicadores) es más difícil que reflejen cambios de corto plazo".
Pero el problema es, añadió, que la gente "se está yendo en su edad más productiva; muy probablemente algunos van a regresar, cuando ya hayan alcanzado cierta edad, cuando requieran servicios de salud y de retiro, sin haber contribuido a los sistemas de seguridad social en México".
Lo anterior "implica un beneficio no fiscal, significa un pasivo fiscal en el futuro. Eso es un problema. Los mexicanos están contribuyendo al sistema de seguridad social en Estados Unidos, sin embargo muchos indocumentados no tienen derecho a usar esos fondos. Hay una enorme cantidad de dinero, tenemos un estimado, que es como de 10 o 15 por ciento de los fondos de reservas del sistema de seguridad social estadunidense generados por mexicanos, pero que no pueden acceder a ellos".
Es difícil hace un cálculo de lo que esto representará, pero "en los pasados cinco años salieron de México 3.5 millones de personas, y actualmente hay 11 millones nacidas en México que laboran Estados Unidos. Esto da idea del potencial de carga fiscal que puede implicar en el futuro".
Las remesas, aceptó, si bien "compensan a nivel de hogares, no necesariamente retribuyen a la pérdida de potencial de crecimiento de largo plazo en la región. Es decir, se pierde capacidad fiscal, productiva y local; entonces es sólo una comunidad que vive de transferencias, pero al quedarse sin su gente productiva, las regiones ya no crecerán a largo plazo".

http://www.jornada.unam.mx/2007/06/18/index.php?section=sociedad&article=044n1soc

viernes, 15 de junio de 2007

Alternativa DF desmiente a SEGOB

Alternativa DF desmiente a SEGOB

Alternativa DF

Irregularidades de la Secretaría de Gobernación en el procedimiento contra Norberto Rivera Carrera y Hugo Valdemar Romero Durante el procedimiento:

1. Francisco Ramírez Acuña y Florencio Salazar con sus declaraciones y actividades prejuzgaron sobre la denuncia y viciaron el procedimiento.

El 12 de abril Florencio Salazar declaró que la Secretaría no había recibido una queja.

 El 16 del mismo mes prejuzgando sobre el fondo del asunto manifestó que no había “un hecho delictivo” en la conducta de los prelados. Al ser un superior jerárquico de quienes sustanciaron el procedimiento lo afecto de probable nulidad.

 El 3 de mayo Norberto Rivera Carrera y Francisco Ramírez Acuña se reunieron con la mediación de Germán Martínez Cázares.

 El 7 de mayo Florencio Salazar declaró que a más tardar esa semana tendrían la resolución, cosa que ocurrió un mes después.

 El 20 de abril ante los medios el subsecretario adelantando los argumentos que contiene la resolución, sostuvo que la prohibición de hacer proselitismos a favor o en contra de los partidos es sólo en procesos electorales, sin fundamentarlo en alguna disposición legal.

 El 24 de abril declaró que ese mismo día se daría la resolución y el Director General de Asociaciones Religiosas, Salvador Beltrán del Río, declaró que había habido excesos en las declaraciones de Hugo Valdemar.

 El 24 de mayo dicho Director General declaró que tardaría semanas la resolución del asunto por ser un asunto “complicado y largo”. La resolución es de fecha 6 junio.

 En sintonía con las contradicciones de las autoridades Norberto Rivera negó sistemáticamente haber recibido notificación alguna. Tan sólo el domingo 3 de junio declaró no saber nada al respecto, cuando de su puño y letra se encontraba en el expediente desde el 3 de mayo, su respuesta a la queja presentada.

2. Se nos negó el acceso a la consulta del expediente no obstante haberlo solicitado por escrito durante dos ocasiones, bajo el pretexto que no se sabía en que instancia se iba resolver el asunto.

3. Nos negaron nuestro derecho a presentar alegatos tal y como lo establece el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el 56 la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Irregularidades en los criterios de la resolución:

4. Para SEGOB la prohibición de asociarse con un fin político, como lo sería el caso del plebiscito contra la despenalización, sólo se acredita si los denunciados hubiesen “formado o participado en una asociación u organización civil o política que tenga como fin primordial su participación en la vida política del país.”

5. Es alarmante que la autoridad absuelva a los denunciados sobre la base que actualmente no estamos en un periodo electoral y por lo tanto valida que entre periodos electorales, lo ministros de culto puedan realizar propaganda y proselitismo contra los partidos políticos. Apoyado en la definición de un diccionario.

6. Para la autoridad de Gobernación la prohibición de no destinar bienes de la asociación a fines distintos de su objetivo, sólo se refiere a los bienes inmuebles y no a los muebles. Incluso la autoridad valida las declaraciones de Valdemar quien sostiene que la página de Internet del Arzobispado no es su órgano oficial de comunicación y sólo es “un medio privado de intercomunicación”.

Alternativa Socialdemócrata ha probado dos hechos incontrovertibles:

1. Que la compilación de firmas para el referéndum organizado principalmente por el Colegio de Abogados Católicos, contó con la infraestructura de bienes muebles e inmuebles de la Arquidiócesis Primada de México a cargo de Norberto Rivera Carrera.



2. Que Norberto Rivera Carrera y Hugo Valdemar Romero, se pronunciaron directamente en contra de los partidos políticos a través de diversos comunicados difundidos en su sistema informativo. Ambos hechos prohibidos en al artículo 130 constitucional.