Trabajan más de 7 horas al día por $90 y carecen de seguridad social y prestaciones
Reprueba edil contratación de menores en empacadora de vegetales de los Fox
El alcalde guanajuatense pide a la STPS hacer su tarea en empresas que emplean a jovencitos
MARTIN DIEGO RODRIGUEZ
San Francisco del Rincón, Gto., 22 de julio. María se despierta todos los días antes de que salga el sol. Sabe que le espera una dura jornada en los campos de brócoli, papa y coliflor destinados a la empacadora de vegetales del rancho San Cristóbal. Ella y decenas de sus compañeros viajan apretujados en una camioneta de redilas. A unos metros de donde trabaja se construye el Centro de Estudios, Biblioteca y Museo que ordenó su patrón: Vicente Fox Quesada.
La joven de 16 años realiza el viaje de lunes a sábado: a las 6 de la madrugada hay que estar formados en la plaza principal de la comunidad El Sauz de Armenta, en espera de que pase el camión por los jornaleros, en su mayoría jóvenes, que los lleva a la empacadora El Cerrito, administrada por José Fox Quesada y de la que es socio el ex presidente Vicente Fox.
Durante el trayecto pasan por otros poblados, donde hacen paradas para subir a más muchachos y muchachas. Jacinto hace el viaje parado por 45 minutos en la camioneta de redilas para ganar 90 pesos de jornal. No tiene seguro social ni prestaciones de ningún tipo. "Nos dicen que no necesitamos el seguro, porque hay un doctor que nos atiende", afirmó.
María trabaja de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Comentó que dejó de ir a la escuela por falta de dinero, y en son de broma comenta: "Si vinieran por nosotros en camión para ir a la escuela, otra cosa sería" pero no, los Fox sólo dan transporte si es para ir a trabajar en sus hortalizas.
Todos los días María camina frente a lo que será el Centro de Estudios, Biblioteca y Museo Vicente Fox Quesada, que se publicita en su página electrónica como "un espacio para el ejercicio académico". La muchacha apuntó al respecto: "Si me dan una beca, yo sí quiero seguir estudiando pero no se puede, no hay dinero".
Entre sus compañeras han encontrado un método para evitar los mareos que provoca estar cerca de los fertilizantes que rocían a las hortalizas: se cubren el rostro y de paso se tapan la edad e identidad.
Según María "escogen a las mujeres para trabajar en los cultivos hortícolas porque lo hacemos con más cuidado, pero igual hay muchachos que trabajan en preparar la tierra; otros nos ayudan a cargar, porque las cajas están muy pesadas".
En la empacadora de vegetales frescos El Cerrito, que abastece productos a Congelados Don José, propiedad de la familia del ex presidente Vicente Fox Quesada, nadie quiso dar una versión sobre la situación de los jornaleros, pero quien sí reprochó que los adolescentes trabajen en esas circunstancias fue el alcalde de San Francisco del Rincón, Antonio Salvador García López.
El alcalde panista reconoció que en efecto hay menores de edad, que trabajan en condiciones fuera de la legalidad, situación que a su consideración "es reprochable que se dé en El Cerrito y en cualquiera otra empresa", por lo que advirtió que esta semana habrá una inspección por conducto del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), para evitar que persista la situación.
"Todos los trabajadores, así sean menores de edad, tienen garantías y como autoridad y en defensa de los derechos de los menores, vamos a atender la situación y dar una solución por conducto del DIF; sin embargo las autoridades de la Secretaría del Trabajo también deben hacer su tarea en esa empresa y en todas en las que hay menores de edad trabajando", indicó.
El año pasado, la corresponsalía de La Jornada en Guanajuato entrevistó al entonces delegado estatal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luis Alberto Ramírez Valenzuela, quien también reprobó la contratación de menores, aunque no ordenó ninguna investigación sobre aquellos que trabajan para los Fox sin recibir seguridad social.
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/23/
lunes, 23 de julio de 2007
domingo, 22 de julio de 2007
Salvan a jacaranda octogenaria .Critica Alternativa la Consulta Verde
En la negociación intervino un diputado federal y el líder local de Alternativa
Por Pilar Gutiérrez
Ciudad de México (21 de julio de 2007).- Las ramas comenzaron a caer la mañana del sábado. Ante la sorpresa de los vecinos, el último de seis grandes árboles de un jardín sería derribado, para continuar con la construcción de un edificio de 15 departamentos en Avenida Tamaulipas, Colonia Condesa. Sin embargo, después de dos horas de negociación, la jacaranda de más de 80 años libró la tala.
Pese a la negociación, el árbol alcanzó a ser mutilado.Foto: Yéssica Sánchez
Convocado por vecinos, el diputado federal José Alfonso Suárez inició al mediodía el diálogo con el ingeniero encargado de la obra, para solicitar que se pausara el corte y se permitiera el traspaso del árbol a otro sitio. "Hay que, por un lado, conciliar los legítimos intereses de los ambientalistas, proteger estas especies que, junto con los demás de la Avenida Tamaulipas, forman parte de ese ecosistema; y cómo garantizar los derechos de la propiedad privada", puntualizó Suárez.
Por Pilar Gutiérrez
Ciudad de México (21 de julio de 2007).- Las ramas comenzaron a caer la mañana del sábado. Ante la sorpresa de los vecinos, el último de seis grandes árboles de un jardín sería derribado, para continuar con la construcción de un edificio de 15 departamentos en Avenida Tamaulipas, Colonia Condesa. Sin embargo, después de dos horas de negociación, la jacaranda de más de 80 años libró la tala.
Pese a la negociación, el árbol alcanzó a ser mutilado.Foto: Yéssica Sánchez
Convocado por vecinos, el diputado federal José Alfonso Suárez inició al mediodía el diálogo con el ingeniero encargado de la obra, para solicitar que se pausara el corte y se permitiera el traspaso del árbol a otro sitio. "Hay que, por un lado, conciliar los legítimos intereses de los ambientalistas, proteger estas especies que, junto con los demás de la Avenida Tamaulipas, forman parte de ese ecosistema; y cómo garantizar los derechos de la propiedad privada", puntualizó Suárez.
Al lugar acudió también Jesús Robles Maloof, presidente de Alternativa Socialdemócrata en el Distrito Federal, quien recalcó el valor incalculable de los árboles, ya que no sólo tienen que ver con el oxígeno, sino con la regulación de otros fenómenos ambientales. "A la autoridad le 'valen' los árboles, no les da la importancia, y creo que lo que vamos a intentar ahora no debió de haber sucedido si la autoridad de la Delegación Cuauhtémoc tuviera la conciencia ambiental que se requiere para gobernar esta Ciudad", señaló.Daniel Gershenson, de la asociación civil Alarbo, también estuvo presente durante las negociaciones, para que se permitiera la entrada de un especialista en jardinería que evaluara si el transplante era posible. Jardinería Aburto dijo que la maniobra que tardaría máximo un día. Después de eso, toda la responsabilidad quedaba en la constructora Casa Inn. Los vecinos comenzaron a reunirse frente al predio en construcción y, con pancartas improvisadas, lanzaron consignas que llamaban ecocidas a los responsables del maltrato a la jacaranda. De pronto, el trabajador encargado de los cortes fue bajado por una grúa y se detuvo todo. La negociación dio resultado y todo quedó listo para el traslado, que se realizará este domingo. La jacaranda tendrá su nuevo hogar en el Jardín López Velarde, en la misma demarcación, y su mudanza correrá, económica y físicamente, a cargo de Alarbo. Las ramas que alcanzaron a cortarle quedaron en el suelo, junto al cascajo y los troncos de sus antiguos compañeros de jardín. Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/ciudad/articulo/791535/ Fecha de publicación: 21-Jul-2007
Critica Alternativa la Consulta Verde
Robles Maloof aseguró que han sido talados 5 mil árboles para despejar espectaculares
Critica Alternativa la Consulta Verde
Robles Maloof aseguró que han sido talados 5 mil árboles para despejar espectaculares
Pilar Gutiérrez
Ciudad de México (21 de julio de 2007).- Jesús Robles Maloof, presidente capitalino de Alternativa Socialdemócrata, señaló que la Consulta Verde que realizará el Gobierno constituye una "broma macabra" frente a los ecocidios que se comenten en la Ciudad. Entrevistado durante la defensa de una jacaranda de más de 80 años, en la Colonia Condesa, dijo que se necesitan acciones concretas en materia ambiental."Ya estamos cansados de las palabras y consultas, ahora verdes, y esos programas de reforestación que se anuncian con bombo y platillo, y que dejan de lado la protección de los árboles urbanos."Esta consulta es una broma macabra frente a este ecocidio que se está cometiendo, no sólo aquí en la Condesa sino en muchas zonas de la Ciudad", comentó. Añadió que más de 5 mil árboles han sido mutilados, derribados o talados para que se vean espectaculares, lo que demuestra que no hay una política para la defensa del árbol urbano. Como ejemplo, citó que el pasado lunes fueron talados de nuevo los árboles que en enero de este año habían sido cortados para que el espectacular de la película Rocky se hiciera visible, en Periférico Sur. "El árbol urbano en esta Administración está siendo acechado, no sólo por la misma omisión de las autoridades, por las empresas espectaculares y también por los desarrollos inmobiliarios", apuntó. Por último, exigió que la izquierda entienda que el valor del medio ambiente debe estar en primer lugar, no sólo en discursos o en consultas, sino en acciones concretas.
Ciudad de México (21 de julio de 2007).- Jesús Robles Maloof, presidente capitalino de Alternativa Socialdemócrata, señaló que la Consulta Verde que realizará el Gobierno constituye una "broma macabra" frente a los ecocidios que se comenten en la Ciudad. Entrevistado durante la defensa de una jacaranda de más de 80 años, en la Colonia Condesa, dijo que se necesitan acciones concretas en materia ambiental."Ya estamos cansados de las palabras y consultas, ahora verdes, y esos programas de reforestación que se anuncian con bombo y platillo, y que dejan de lado la protección de los árboles urbanos."Esta consulta es una broma macabra frente a este ecocidio que se está cometiendo, no sólo aquí en la Condesa sino en muchas zonas de la Ciudad", comentó. Añadió que más de 5 mil árboles han sido mutilados, derribados o talados para que se vean espectaculares, lo que demuestra que no hay una política para la defensa del árbol urbano. Como ejemplo, citó que el pasado lunes fueron talados de nuevo los árboles que en enero de este año habían sido cortados para que el espectacular de la película Rocky se hiciera visible, en Periférico Sur. "El árbol urbano en esta Administración está siendo acechado, no sólo por la misma omisión de las autoridades, por las empresas espectaculares y también por los desarrollos inmobiliarios", apuntó. Por último, exigió que la izquierda entienda que el valor del medio ambiente debe estar en primer lugar, no sólo en discursos o en consultas, sino en acciones concretas.
Prohiben certificado de no embarazo como requisito laboral
Avala La Comisión de Equidad y Género modificación al Artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo
La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que obliga a los patrones a no exigir a las mujeres certificado médico de no embarazo como requisito para contratarlas.
En entrevista, la presidenta de la instancia legislativa, Maricela Contreras, destacó que con esa medida se pretende avanzar en el reconocimiento de las mujeres en la legislación federal y "se sustenta en los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución".
Explicó que la modificación al Artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo señala que a ninguna mujer se le puede exigir constancia de no gravidez como requisito para obtener una plaza laboral y mucho menos ser despedida por estar embarazada.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) resaltó el aumento de la participación económica de las mujeres en el mundo laboral, pero el panorama que enfrentan todavía es adverso ya que no existe un marco jurídico que garantice plenamente sus derechos.
Según cifras oficiales, de 1970 a la fecha la participación femenina en la actividad económica del país aumentó al pasar de 21 a 39 por ciento, pese a lo cual todavía enfrentan discriminación y segregación laboral y salarial, detalló la diputada.
Prueba de ello, dijo, es que las mujeres que ocupan altos cargos en los sectores público, privado y social constituyen sólo 16 por ciento, aunque logran la misma productividad que los hombres.
Contreras Julián agregó que el dictamen se turnará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que en caso de que se ratifique pase al pleno para su análisis y eventual aprobación en el próximo periodo ordinariohttp de sesiones que inicia el 1 de septiembre.
http://www.notiver.com.mx/index.php?id=77388
La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que obliga a los patrones a no exigir a las mujeres certificado médico de no embarazo como requisito para contratarlas.
En entrevista, la presidenta de la instancia legislativa, Maricela Contreras, destacó que con esa medida se pretende avanzar en el reconocimiento de las mujeres en la legislación federal y "se sustenta en los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución".
Explicó que la modificación al Artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo señala que a ninguna mujer se le puede exigir constancia de no gravidez como requisito para obtener una plaza laboral y mucho menos ser despedida por estar embarazada.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) resaltó el aumento de la participación económica de las mujeres en el mundo laboral, pero el panorama que enfrentan todavía es adverso ya que no existe un marco jurídico que garantice plenamente sus derechos.
Según cifras oficiales, de 1970 a la fecha la participación femenina en la actividad económica del país aumentó al pasar de 21 a 39 por ciento, pese a lo cual todavía enfrentan discriminación y segregación laboral y salarial, detalló la diputada.
Prueba de ello, dijo, es que las mujeres que ocupan altos cargos en los sectores público, privado y social constituyen sólo 16 por ciento, aunque logran la misma productividad que los hombres.
Contreras Julián agregó que el dictamen se turnará a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que en caso de que se ratifique pase al pleno para su análisis y eventual aprobación en el próximo periodo ordinariohttp de sesiones que inicia el 1 de septiembre.
http://www.notiver.com.mx/index.php?id=77388
Falta marco jurídico que reconozca a quienes cambian de sexo: Sánchez Camacho
Promoverá una Ley para Personas Transgénero y Transexual, con la que facilitará el reconocimiento e integración social de este sector de la población.
México, DF.– La ausencia de un marco jurídico que considere a las personas que cambian de sexo genera restricción en el acceso al trabajo, educación y salud, ya que se encuentran indocumentadas y en la mayoría de los casos se les desconoce la escolaridad y experiencia laboral.
En entrevista, el diputado David Sánchez Camacho, secretario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dijo que promoverá una Ley para Personas Transgénero y Transexual, con la que facilitará el reconocimiento e integración social de este sector de la población.
En el marco del Encuentro Laico Internacional sobre Diversidad, Sexualidad y Familia, agregó que con esto se pretende garantizar constitucional y legalmente el derecho humano de todo individuo a ser tratado, reconociendo su identidad y expresión sexogenérica, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad.
Explicó que esta situación tiene importantes consecuencias para las personas que requieren del reconocimiento jurídico dentro del ámbito sociocultural, laboral y estatal.
“A pesar de que hubo gran avance con la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ésta omite la identidad sexogenérica de las personas, lo cual ha permitido que en la legislación se le desconozca como un derecho esencial del ser humano”.
Añadió que la propuesta de ley presentada durante el pasado periodo de sesiones y turnada a las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y con la opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, agiliza los trámites correspondientes para beneficiar este sector de la sociedad.
Señaló que es necesario que el Estado genere la protección y regulación apropiada a través de la Ley Federal para la No Discriminación de los Derechos Humanos Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales, como reglamentaria de los artículos 1 y 4 de la Constitución, que establecen la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres.
milenio.com
http://www.milenio.com/index.php/2007/07/20/96113/
México, DF.– La ausencia de un marco jurídico que considere a las personas que cambian de sexo genera restricción en el acceso al trabajo, educación y salud, ya que se encuentran indocumentadas y en la mayoría de los casos se les desconoce la escolaridad y experiencia laboral.
En entrevista, el diputado David Sánchez Camacho, secretario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dijo que promoverá una Ley para Personas Transgénero y Transexual, con la que facilitará el reconocimiento e integración social de este sector de la población.
En el marco del Encuentro Laico Internacional sobre Diversidad, Sexualidad y Familia, agregó que con esto se pretende garantizar constitucional y legalmente el derecho humano de todo individuo a ser tratado, reconociendo su identidad y expresión sexogenérica, con la finalidad de garantizar el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad.
Explicó que esta situación tiene importantes consecuencias para las personas que requieren del reconocimiento jurídico dentro del ámbito sociocultural, laboral y estatal.
“A pesar de que hubo gran avance con la creación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ésta omite la identidad sexogenérica de las personas, lo cual ha permitido que en la legislación se le desconozca como un derecho esencial del ser humano”.
Añadió que la propuesta de ley presentada durante el pasado periodo de sesiones y turnada a las Comisiones de Derechos Humanos, Justicia y con la opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública, agiliza los trámites correspondientes para beneficiar este sector de la sociedad.
Señaló que es necesario que el Estado genere la protección y regulación apropiada a través de la Ley Federal para la No Discriminación de los Derechos Humanos Civiles de las Personas Transgénero y Transexuales, como reglamentaria de los artículos 1 y 4 de la Constitución, que establecen la no discriminación y la igualdad entre hombres y mujeres.
milenio.com
http://www.milenio.com/index.php/2007/07/20/96113/
El delito de aborto devino letra muerta
El delito de aborto devino letra muerta
Pese a la falta de estadísticas, se calcula que hay 500 mil casos cada año en el país
Por: Erica Mora22/07/2007
El juicio que se desahoga en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de la despenalización del aborto en el Distrito Federal (sólo si se practica dentro de las 12 semanas de gestación) arrojará la primera estadística oficial sobre esta práctica en el país, al menos en materia legal.
Esto significará conocer cuántas denuncias por aborto se han presentado en el país en los últimos 15 años y el sentido de las sentencias, pues así lo solicitó el ministro Salvador Aguirre Anguiano a los jueces de la República.
El periodo de rastreo comprende de 1992 a la fecha, e incluirá la información de todos los juzgados en materia penal y tribunales federales, así como de las procuradurías y tribunales de justicia estatales.
De acuerdo con el expediente del juicio, revisado por Excélsior y registrado con el número 146/2007, la mayoría de los juzgados informó que no hay datos sobre causas penales, juicios de amparo y/o recursos interpuestos en contra de órdenes de aprehensión y autos de formal prisión por el delito de aborto.
De los 106 juzgados y tribunales que enviaron ya su información, 82 reportaron que no tienen registro de que se ejerciera acción penal en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, esto es, 77.36 por ciento no cuenta con denuncias.
Sólo 24 reportaron juicios por casos de aborto y en la mayoría de los casos se trató de dos o tres demandas por juzgado o tribunal.
No obstante lo anterior, en 2005 la Universidad Nacional Autónoma de México publicó una versión actualizada de un estudio que bajo el título "Aborto en México. Problema social y de salud Pública", revelaba la incidencia de esta práctica en el país.
De acuerdo con esta investigación de Leopoldo Núñez y Yolanda Palma, el número anual de abortos en México podría superar los 500 mil casos.
Este periódico publicó el 4 de abril que en la Ciudad de México no hay estadísticas oficiales sobre el número de averiguaciones previas relacionadas con abortos.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) reportó 28 averiguaciones previas de enero de 2006 a marzo de 2007, de las cuales 14 se relacionaban con abortos ocasionados por alteraciones genéticas; seis se realizaron sin consentimiento; cinco con ayuda de terceros; dos por peligro de salud de la madre, y uno con ayuda médica.
Leticia Bonifaz, consejera jurídica del gobierno capitalino, parte involucrada en el juicio que resolverá la Corte, celebró que el ministro Anguiano instruyera a los jueces a monitorear lo que sucede en el país, pues esta recopilación demostrará que "hace mucho tiempo que el aborto no está sancionado ni social ni legalmente", por lo que las cifras del monitoreo revelarán que son pocas las denuncias.
De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), las sanciones contra el aborto en las 32 entidades del país se clasifican como sigue: todos los estados lo permiten por violación, 30 por razones imprudenciales, 29 por peligro de muerte, 13 por malformaciones, once por grave daño a la salud y doce por otras causas, entre ellas razones económicas.
La Ciudad de México es la única entidad del país que aprobó una reforma para despenalizar el aborto (el 24 de abril), siempre que se practique antes de las doce semanas de gestación.
Estableció que el aborto sólo se tipificará como un delito a partir de la semana 13 y se castigará con una pena de tres a seis meses de cárcel o de 100 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad.
Será un delito grave obligar a una mujer a abortar y por ello se impondrán de cinco a ocho años de cárcel sin derecho a libertad bajo fianza. Y si mediara violencia física o moral, la pena de prisión se incrementará de ocho a diez años.
En oposición a estas reformas, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) presentaron el recurso de inconstitucionalidad ante la Corte para buscar que se reviertan.
Acotan a involucrados
Salvador Aguirre es el ministro instructor en este juicio y será quien presente al pleno de la Corte la ponencia correspondiente.
En el proceso para la elaboración de su ponencia, Aguirre rechazó la solicitud del gobierno capitalino para que compareciera el presidente Felipe Calderón y explicara con elementos científicos de qué manera las reformas locales afectan la salud de la población, pues fue uno de los argumentos en contra.
También descartó pronunciarse sobre la actuación del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, pues el Gobierno del DF considera que el ombudsman presentó la acción de inconstitucionalidad sin la anuencia de su consejo consultivo. Y desechó la solicitud de la Asamblea Legislativa del DF para que un especialista en conceptos técnicos compareciera ante la Suprema Corte de Justicia.
106 juzgados y tribunales enviaron su reporte sobre denuncias por el presunto delito de aborto.
Expedientes vacíos. Del total de juzgados que han respondido la solicitud de la SCJN, 82 reportaron que no hay en sus archivos registro de que se ejerciera acción penal en contra de mujeres que interrumpieron su embarazo, esto es, 77.36 por ciento no cuenta con denuncias por abortos.
http://www.nuevoexcelsior.com.mx/27_1307.htm
viernes, 20 de julio de 2007
Hasta el primer trimestre de 2008 discutirá la SCJN sobre ILE
Mientras, las y los magistrados se documentan
Hasta el primer trimestre de 2008 discutirá la SCJN sobre ILE
Por María de la Luz Tesoro
México DF, 19 julio 07 (CIMAC).- Será hasta el primer trimestre del 2008 cuando ocurra el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal respecto a la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, aseveró el diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo.
Los magistrados se están documentando y realizando esfuerzos para lograr una sentencia lo más informada y apegada a la realidad nacional, aseguró el legislador de Alternativa en el Distrito Federal, al destacar que “ya pidieron al Sistema Nacional de Procuración de Justicia información acerca de todos los casos de detenidas por delitos de aborto. También solicitaron al Sistema Nacional de Salud todo lo relacionado con la práctica del aborto, para conocer cuántos abortos se han practicado en toda la República Mexicana”.
Díaz Cuervo reconoció los esfuerzos que están haciendo los 11 ministros que habrán de debatir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas respecto a la despenalización de la interrupción del embarazo, aprobadas el pasado 24 de abril por ese órgano legislativo.
Asimismo, confió en la imparcialidad de las y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que habrán de asumir una actitud laica y actuar de acuerdo a su entendimiento jurídico, dejando de lado sus creencias y convicciones políticas.
Luego, Díaz Cuervo, uno de los impulsores de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal sobre la interrupción del embarazo, aclaró que los cuestionarios que se aplican en los hospitales de la Secretaría de Salud capitalina a las solicitantes de ILE se realizan con fines netamente estadísticos, encaminados a instrumentar políticas públicas que eviten los embarazos no deseados.
El coordinador de la coalición parlamentaria Socialdemócrata en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal subrayó que no se trata de negar o condicionar el servicio, las mujeres solicitantes están en su derecho de llenar o no el formulario, y que se les practique la ILE.
Respecto al requisito de que las menores de edad deban acudir acompañadas de dos adultos, que sean familiares, Díaz Cuervo consideró que es por seguridad de la propia menor de edad, sobre todo si se tratara de una intervención quirúrgica para interrumpir su embarazo. En caso de que se niegue el servicio a alguna solicitante, recomienda que acudan a la Contraloría interna del hospital a poner su queja.
POCAS OPORTUNIDADES DE LEGALIDAD
De acuerdo con un estudio realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en México la práctica del aborto es por lo general ilegal, señala que son pocas las que pueden acudir a servicios higiénicos y seguros, por lo que la mayoría de las mujeres que quedan encinta y deciden interrumpir su embarazo se ven obligadas a practicarse un aborto en la clandestinidad.
El análisis de GIRE asegura que el aborto en nuestro país es una realidad: cita que en el 2005 las cifras oficiales indicaban que el 17.8 por ciento de las mujeres en edad reproductiva se han practicado un aborto y que la ilegalidad no impide que se lleven a cabo.
Sin embargo, precisa que dicha ilegalidad sí ha puesto en riesgo la salud y la vida de mujeres.
La publicación Mujeres y Hombres en México, editada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) con el fin de apoyar al Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, destaca como principales causas de mortalidad materna, por 10 mil nacidos vivos: hemorragia del embarazo 24.1 por ciento; toxemia del embarazo 27.4 por ciento; complicación del puerperio 10.4 por ciento; aborto 6.7 por ciento; complicaciones obstétricas indirectas 2.7 por ciento.
07/MLT/GG/CV
http://www.cimacnoticias.com
Hasta el primer trimestre de 2008 discutirá la SCJN sobre ILE
Por María de la Luz Tesoro
México DF, 19 julio 07 (CIMAC).- Será hasta el primer trimestre del 2008 cuando ocurra el debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las acciones de inconstitucionalidad contra las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal respecto a la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, aseveró el diputado Jorge Carlos Díaz Cuervo.
Los magistrados se están documentando y realizando esfuerzos para lograr una sentencia lo más informada y apegada a la realidad nacional, aseguró el legislador de Alternativa en el Distrito Federal, al destacar que “ya pidieron al Sistema Nacional de Procuración de Justicia información acerca de todos los casos de detenidas por delitos de aborto. También solicitaron al Sistema Nacional de Salud todo lo relacionado con la práctica del aborto, para conocer cuántos abortos se han practicado en toda la República Mexicana”.
Díaz Cuervo reconoció los esfuerzos que están haciendo los 11 ministros que habrán de debatir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reformas respecto a la despenalización de la interrupción del embarazo, aprobadas el pasado 24 de abril por ese órgano legislativo.
Asimismo, confió en la imparcialidad de las y los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que habrán de asumir una actitud laica y actuar de acuerdo a su entendimiento jurídico, dejando de lado sus creencias y convicciones políticas.
Luego, Díaz Cuervo, uno de los impulsores de las reformas al Código Penal y a la Ley de Salud del Distrito Federal sobre la interrupción del embarazo, aclaró que los cuestionarios que se aplican en los hospitales de la Secretaría de Salud capitalina a las solicitantes de ILE se realizan con fines netamente estadísticos, encaminados a instrumentar políticas públicas que eviten los embarazos no deseados.
El coordinador de la coalición parlamentaria Socialdemócrata en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal subrayó que no se trata de negar o condicionar el servicio, las mujeres solicitantes están en su derecho de llenar o no el formulario, y que se les practique la ILE.
Respecto al requisito de que las menores de edad deban acudir acompañadas de dos adultos, que sean familiares, Díaz Cuervo consideró que es por seguridad de la propia menor de edad, sobre todo si se tratara de una intervención quirúrgica para interrumpir su embarazo. En caso de que se niegue el servicio a alguna solicitante, recomienda que acudan a la Contraloría interna del hospital a poner su queja.
POCAS OPORTUNIDADES DE LEGALIDAD
De acuerdo con un estudio realizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en México la práctica del aborto es por lo general ilegal, señala que son pocas las que pueden acudir a servicios higiénicos y seguros, por lo que la mayoría de las mujeres que quedan encinta y deciden interrumpir su embarazo se ven obligadas a practicarse un aborto en la clandestinidad.
El análisis de GIRE asegura que el aborto en nuestro país es una realidad: cita que en el 2005 las cifras oficiales indicaban que el 17.8 por ciento de las mujeres en edad reproductiva se han practicado un aborto y que la ilegalidad no impide que se lleven a cabo.
Sin embargo, precisa que dicha ilegalidad sí ha puesto en riesgo la salud y la vida de mujeres.
La publicación Mujeres y Hombres en México, editada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) con el fin de apoyar al Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, destaca como principales causas de mortalidad materna, por 10 mil nacidos vivos: hemorragia del embarazo 24.1 por ciento; toxemia del embarazo 27.4 por ciento; complicación del puerperio 10.4 por ciento; aborto 6.7 por ciento; complicaciones obstétricas indirectas 2.7 por ciento.
07/MLT/GG/CV
http://www.cimacnoticias.com
Afirman que la homofobia comienza en la familia
19 de julio de 2007
Afirman que la homofobia comienza en la familia
Asesores jurídicos aseguraron que esta conducta discriminatoria inicia en el hogar, principalmente por la violencia en los medios de comunicación. Los especialistas exhortaron a las autoridades para que se castiguen los crímenes de odio.
por Omar Díaz Gallegos[omar85diazg@gmail.com]
Los crímenes de odio por homofobia comienzan desde la casa; no se les puede echar toda la culpa a las autoridades por no esclarecer los homicidios. El respeto y la tolerancia a las diferencias deben empezar desde la familia, afirmó el abogado Rodolfo Millán Dena en el marco del Encuentro Laico Internacional sobre Diversidad, Sexualidad y familias que sucede en la Cámara de Diputados.El asesor jurídico explicó que el odio hacía las diferencias comienza con los padres, hermanos, tíos, sobrinos y con todos los parientes cercanos, quienes al observar la violencia presente en los medios de comunicación, avalan y justifican dichos actos agresivos sólo por el hecho de que la víctima presenta una orientación sexual diferente: “Existe un linchamiento social que no terminará sin el apoyo de ambas partes, sociedad civil y gobierno". Los crímenes de odio se cometen, aseguró Millán, porque la impunidad siempre está presente en estos actos, ya que no hay una legislación que castigue directamente estas acciones, y cuando son penadas, no se juzgan con la severidad requerida al confundirlos con “simples crímenes pasionales" “El homofóbico pretende causar el mayor daño a sus víctimas, lo mueve un sentimiento de odio sólo por el hecho de que la otra persona tiene una orientación sexual diferente a la establecidas”, dijo, y agregó que el único móvil y deseo del “verdugo” es causar el mayor daño posible al otro". Asimismo exhorto a las autoridades para que castiguen, como se debe, a los culpables de estos asesinatos. En la ponencia también estuvieron presentes el abogado Jorge Yánez López y la maestra Alicia Amaya Gómez, quienes coincidieron en la necesidad de aprobar una ley que castigue los crímenes de odio por homofobia.Ambos expresaron que no deben interponerse intereses políticos para creación de una ley en la materia. "Es cierto que hace falta una legislación en contra de estos crímenes, pero eso no quiere decir que se ponga a la comunidad LGBT como mercancía”. Para tener una verdadera igualdad de derechos, afirmó Yánez López, es necesario que haya una corresponsabilidad, para ello el papel de las organizaciones civiles y no gubernamentales es vital, pues "deben informar, no sólo a la comunidad LGBT, sino también los altos puestos gubernamentales en los que desgraciadamente aún hay mucha desinformación sobre estos asuntos" concluyó el litigante. Por su parte, Amaya Gómez informó que actualmente las cifras proporcionadas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) revelan que los crímenes de odio por homofobia superaron la barrera de las 836 víctimas, tan sólo en ocho años, esto sin contar los casos no registrados que obviamente aumentan este número. Dichos números arrojan que el 95 por ciento de las víctimas son hombres y el cinco por ciento restante son mujeres.
http://anodis.com
Afirman que la homofobia comienza en la familia
Asesores jurídicos aseguraron que esta conducta discriminatoria inicia en el hogar, principalmente por la violencia en los medios de comunicación. Los especialistas exhortaron a las autoridades para que se castiguen los crímenes de odio.
por Omar Díaz Gallegos[omar85diazg@gmail.com]
Los crímenes de odio por homofobia comienzan desde la casa; no se les puede echar toda la culpa a las autoridades por no esclarecer los homicidios. El respeto y la tolerancia a las diferencias deben empezar desde la familia, afirmó el abogado Rodolfo Millán Dena en el marco del Encuentro Laico Internacional sobre Diversidad, Sexualidad y familias que sucede en la Cámara de Diputados.El asesor jurídico explicó que el odio hacía las diferencias comienza con los padres, hermanos, tíos, sobrinos y con todos los parientes cercanos, quienes al observar la violencia presente en los medios de comunicación, avalan y justifican dichos actos agresivos sólo por el hecho de que la víctima presenta una orientación sexual diferente: “Existe un linchamiento social que no terminará sin el apoyo de ambas partes, sociedad civil y gobierno". Los crímenes de odio se cometen, aseguró Millán, porque la impunidad siempre está presente en estos actos, ya que no hay una legislación que castigue directamente estas acciones, y cuando son penadas, no se juzgan con la severidad requerida al confundirlos con “simples crímenes pasionales" “El homofóbico pretende causar el mayor daño a sus víctimas, lo mueve un sentimiento de odio sólo por el hecho de que la otra persona tiene una orientación sexual diferente a la establecidas”, dijo, y agregó que el único móvil y deseo del “verdugo” es causar el mayor daño posible al otro". Asimismo exhorto a las autoridades para que castiguen, como se debe, a los culpables de estos asesinatos. En la ponencia también estuvieron presentes el abogado Jorge Yánez López y la maestra Alicia Amaya Gómez, quienes coincidieron en la necesidad de aprobar una ley que castigue los crímenes de odio por homofobia.Ambos expresaron que no deben interponerse intereses políticos para creación de una ley en la materia. "Es cierto que hace falta una legislación en contra de estos crímenes, pero eso no quiere decir que se ponga a la comunidad LGBT como mercancía”. Para tener una verdadera igualdad de derechos, afirmó Yánez López, es necesario que haya una corresponsabilidad, para ello el papel de las organizaciones civiles y no gubernamentales es vital, pues "deben informar, no sólo a la comunidad LGBT, sino también los altos puestos gubernamentales en los que desgraciadamente aún hay mucha desinformación sobre estos asuntos" concluyó el litigante. Por su parte, Amaya Gómez informó que actualmente las cifras proporcionadas por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) revelan que los crímenes de odio por homofobia superaron la barrera de las 836 víctimas, tan sólo en ocho años, esto sin contar los casos no registrados que obviamente aumentan este número. Dichos números arrojan que el 95 por ciento de las víctimas son hombres y el cinco por ciento restante son mujeres.
http://anodis.com
Urge tipificar crímenes de odio por homofobia y misoginia
Por Adriana Rodríguez González
México, DF, 16 julio 07 (CIMAC).- A 15 años del asesinato de Francisco Estrada Valle, activista en pro de los derechos sexuales, el periodista Fernando del Collado presentó el libro Homofobia. Odio, Crimen y Justicia 1995-2005, el cual evidencia cómo en México más del 80 por ciento de los crímenes contra homosexuales están archivados en el olvido y siguen en total impunidad, y plantea que desde las propias procuradurías existe negligencia y prejuicio de las autoridades en el momento de investigar.
“Se cumplen 15 años de total impunidad, estos 15 años son también el reflejo de un nivel altísimo de asesinatos contra homosexuales”, fueron las primeras palabras del autor, quien con indignación comenzó a soltar cifras sobre dichos homicidios.
El escritor dio a conocer que la Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH) tiene un registro de 3 homosexuales asesinados al mes en el país. De los casi 400 crímenes, desde el 95 al 2005, el 98 por ciento siguen impunes.
Indicó que uno de los objetivos de su investigación es debatir junto con organizaciones civiles que discuten el tema desde hace cinco años, para que se logre tipificar el crimen por odio, tal como ocurre en Estados Unidos.
Por su parte, la abogada Bárbara Yllán afirmó que la tipificación como delito de los crímenes de odio por homofobia permitiría ordenar y sistematizar datos relevantes para sancionar y castigar a quienes los cometan, aunado a que contribuiría a mejorar el funcionamiento de las instituciones de procuración y administración de justicia.
La también ex subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), indicó que la sociedad mexicana está lejos de tener un eficaz sistema de justicia, pues los tribunales existentes no son de justicia sino de derecho, lo que limita el combate a los crímenes de odio por homofobia y misoginia.
Bárbara Yllán, agregó que, de acuerdo con el Federal Bureau of Investigation -organismo que en 1996 brindó cursos de capacitación a personal de la PGJDF-, los crímenes de odio están motivados por la homofobia, la misoginia y el racismo, de los cuales los de homosexuales y mujeres destacan por ser los más impactantes.
“La idea que impera en las instituciones de procuración de justicia respecto a que se trata de crímenes pasionales debe modificarse porque la pasión no mata y el odio sí. Además, se culpabiliza a la víctima y con ello se genera negligencia de las autoridades reforzada por la falta de mecanismos idóneos para la investigación. No sé si es negligencia, falta de preparación, simulación o intención de no aclararlos por considerarlos insulsos”, externó.
Calificó como lamentable que en la reforma del Estado no se incluya a los crímenes de odio, pues en los últimos años se han registrado “malas integraciones de investigación”.
Mencionó los casos de la indígena Ernestina Ascencio, muerta en la región de Zongolica, Veracruz, luego de un presunto ataque sexual perpetrado por militares, y el de las trabajadoras sexuales de la localidad de Castaños, Coahuila, quienes fueron violadas por elementos del Ejército Mexicano. “Hay muchas contradicciones, se perdieron evidencias importantes que hacen imposible el aumento de la sanción”.
Ante un numeroso auditorio, la ex subprocuradora se refirió a la necesidad de crear una serie de ordenamientos específicos para los crímenes por homofobia como la “alerta de género”, la cual se echaría a andar en zonas donde la actuación de las autoridades es deficiente y se registra una elevada cantidad de estos homicidios.
Yllán reveló que uno de los representantes de la procuraduría de Querétaro dijo que no había necesidad de tipificar el delito de violencia familiar, lo que refleja la intolerancia total de los mecanismos idóneos para la investigación, junto con la negligencia.
Indicó que debe analizarse la posibilidad de poner en marcha programas gubernamentales mediante los cuales el Estado se haga responsable de los funerales y de la búsqueda de los familiares de las víctimas, tal como sucede en otras partes del mundo.
DÉCADA DE CRÍMENES POR HOMOFOBIA
El libro documenta que en el Distrito Federal alrededor de 126 cadáveres de homosexuales asesinados de manera violenta encontrados en el Servicio Médico Forense (Semefo), 75 fueron reclamados por los familiares; el 10 por ciento fue identificado, pero no reconocidos, por lo que fueron a la fosa común.
La obra además registra datos de la investigación periodística del autor como el caso de Luis Fabián Espinosa Yánez, un chico de 18 años brutalmente asesinado en un hotel de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2001; el de Octavio, activista gay encontrado en el piso de su establecimiento, desangrado por múltiples heridas con un arma punzo cortante; y de El Sádico, multihomicida que secuestró y dio muerte a por lo menos cuatro jóvenes.
Del Collado manifestó que “el alto índice de asesinatos no podría entenderse sin el contexto homofóbico en el cual se han desarrollado. Hay homofobia en todos los niveles de sociedad, en todas las estructuras. Rechazo, miedo al que nos es diferente. Hay homofobia en las escuelas, en los trabajos, en los medios de comunicación y, esto es lo más vergonzante, en todos los púlpitos de las iglesias, en el discurso sistematizado profundamente machista de nuestros dirigentes y líderes políticos”.
Compartió que la idea de empezar la investigación surgió a raíz de que se diera a conocer una cifra alarmante de asesinatos en el cambio de gobierno de Ernesto Zedillo, por lo que decidió acudir a las 31 procuradurías de la República para solicitar que se le permitiera leer los expedientes, sin embargo en ninguna tuvo respuesta.
Una de las primeras reflexiones de Alejandro Brito, director del suplemento Letra S, tras la lectura del libro fue que “si las cifras expuestas de 387 homosexuales asesinados en diez años y el cruento relato de los hechos provocan alarma y horror, el descubrir que se comparte con los victimarios algunos de los prejuicios, estigmas y estereotipos puede ocasionar una sensación de perturbadora incomodidad”.
“¿No compartimos a caso con El Sádico la idea de que los homosexuales son un mal ejemplo para nuestros niños; que son unos exhibicionistas por que ya los vemos besuqueándose en el metro y en las calles; que son unos provocadores porque a la primera oportunidad ya se están ofreciendo, molestando y acosando a los que son hombres de verdad?”, se preguntó.
Finalmente, sostuvo que los delitos contra personas que sostienen relaciones amorosas con alguien del mismo sexo constituyen una clase de violencia que se dirige a la identidad de la persona, por lo cual demandan una respuesta institucional distinta.
“Urge que se reconozca esta figura de crimen de odio para elaborar respuestas apropiadas. En primer lugar necesitamos documentar este tipo de crímenes para conocer las dimensiones y las características del problema y poder enfrentar fatídicas consecuencias. En esta dirección, el libro de Fernando del Collado nos revela la importancia de lograr el acceso a los expedientes judiciales y también muestra la importancia de la participación comunitaria en el esclarecimiento de los crímenes”, concluyó.
Mirka Negroni, especialista en derechos sexuales y reproductivos, manifestó que en su experiencia como coordinadora en Latinoamérica en la Comisión Internacional de Derecho Humanos para Gays y Lesbianas, no hay aún solución en muchos países porque es un problema que requiere una respuesta cultural, un cambio en la forma de pensar a través de las generaciones.
07/ARG/GG/CV
México, DF, 16 julio 07 (CIMAC).- A 15 años del asesinato de Francisco Estrada Valle, activista en pro de los derechos sexuales, el periodista Fernando del Collado presentó el libro Homofobia. Odio, Crimen y Justicia 1995-2005, el cual evidencia cómo en México más del 80 por ciento de los crímenes contra homosexuales están archivados en el olvido y siguen en total impunidad, y plantea que desde las propias procuradurías existe negligencia y prejuicio de las autoridades en el momento de investigar.
“Se cumplen 15 años de total impunidad, estos 15 años son también el reflejo de un nivel altísimo de asesinatos contra homosexuales”, fueron las primeras palabras del autor, quien con indignación comenzó a soltar cifras sobre dichos homicidios.
El escritor dio a conocer que la Comisión Ciudadana Contra los Crímenes de Odio por Homofobia (CCCCOH) tiene un registro de 3 homosexuales asesinados al mes en el país. De los casi 400 crímenes, desde el 95 al 2005, el 98 por ciento siguen impunes.
Indicó que uno de los objetivos de su investigación es debatir junto con organizaciones civiles que discuten el tema desde hace cinco años, para que se logre tipificar el crimen por odio, tal como ocurre en Estados Unidos.
Por su parte, la abogada Bárbara Yllán afirmó que la tipificación como delito de los crímenes de odio por homofobia permitiría ordenar y sistematizar datos relevantes para sancionar y castigar a quienes los cometan, aunado a que contribuiría a mejorar el funcionamiento de las instituciones de procuración y administración de justicia.
La también ex subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), indicó que la sociedad mexicana está lejos de tener un eficaz sistema de justicia, pues los tribunales existentes no son de justicia sino de derecho, lo que limita el combate a los crímenes de odio por homofobia y misoginia.
Bárbara Yllán, agregó que, de acuerdo con el Federal Bureau of Investigation -organismo que en 1996 brindó cursos de capacitación a personal de la PGJDF-, los crímenes de odio están motivados por la homofobia, la misoginia y el racismo, de los cuales los de homosexuales y mujeres destacan por ser los más impactantes.
“La idea que impera en las instituciones de procuración de justicia respecto a que se trata de crímenes pasionales debe modificarse porque la pasión no mata y el odio sí. Además, se culpabiliza a la víctima y con ello se genera negligencia de las autoridades reforzada por la falta de mecanismos idóneos para la investigación. No sé si es negligencia, falta de preparación, simulación o intención de no aclararlos por considerarlos insulsos”, externó.
Calificó como lamentable que en la reforma del Estado no se incluya a los crímenes de odio, pues en los últimos años se han registrado “malas integraciones de investigación”.
Mencionó los casos de la indígena Ernestina Ascencio, muerta en la región de Zongolica, Veracruz, luego de un presunto ataque sexual perpetrado por militares, y el de las trabajadoras sexuales de la localidad de Castaños, Coahuila, quienes fueron violadas por elementos del Ejército Mexicano. “Hay muchas contradicciones, se perdieron evidencias importantes que hacen imposible el aumento de la sanción”.
Ante un numeroso auditorio, la ex subprocuradora se refirió a la necesidad de crear una serie de ordenamientos específicos para los crímenes por homofobia como la “alerta de género”, la cual se echaría a andar en zonas donde la actuación de las autoridades es deficiente y se registra una elevada cantidad de estos homicidios.
Yllán reveló que uno de los representantes de la procuraduría de Querétaro dijo que no había necesidad de tipificar el delito de violencia familiar, lo que refleja la intolerancia total de los mecanismos idóneos para la investigación, junto con la negligencia.
Indicó que debe analizarse la posibilidad de poner en marcha programas gubernamentales mediante los cuales el Estado se haga responsable de los funerales y de la búsqueda de los familiares de las víctimas, tal como sucede en otras partes del mundo.
DÉCADA DE CRÍMENES POR HOMOFOBIA
El libro documenta que en el Distrito Federal alrededor de 126 cadáveres de homosexuales asesinados de manera violenta encontrados en el Servicio Médico Forense (Semefo), 75 fueron reclamados por los familiares; el 10 por ciento fue identificado, pero no reconocidos, por lo que fueron a la fosa común.
La obra además registra datos de la investigación periodística del autor como el caso de Luis Fabián Espinosa Yánez, un chico de 18 años brutalmente asesinado en un hotel de la Ciudad de México el 15 de diciembre de 2001; el de Octavio, activista gay encontrado en el piso de su establecimiento, desangrado por múltiples heridas con un arma punzo cortante; y de El Sádico, multihomicida que secuestró y dio muerte a por lo menos cuatro jóvenes.
Del Collado manifestó que “el alto índice de asesinatos no podría entenderse sin el contexto homofóbico en el cual se han desarrollado. Hay homofobia en todos los niveles de sociedad, en todas las estructuras. Rechazo, miedo al que nos es diferente. Hay homofobia en las escuelas, en los trabajos, en los medios de comunicación y, esto es lo más vergonzante, en todos los púlpitos de las iglesias, en el discurso sistematizado profundamente machista de nuestros dirigentes y líderes políticos”.
Compartió que la idea de empezar la investigación surgió a raíz de que se diera a conocer una cifra alarmante de asesinatos en el cambio de gobierno de Ernesto Zedillo, por lo que decidió acudir a las 31 procuradurías de la República para solicitar que se le permitiera leer los expedientes, sin embargo en ninguna tuvo respuesta.
Una de las primeras reflexiones de Alejandro Brito, director del suplemento Letra S, tras la lectura del libro fue que “si las cifras expuestas de 387 homosexuales asesinados en diez años y el cruento relato de los hechos provocan alarma y horror, el descubrir que se comparte con los victimarios algunos de los prejuicios, estigmas y estereotipos puede ocasionar una sensación de perturbadora incomodidad”.
“¿No compartimos a caso con El Sádico la idea de que los homosexuales son un mal ejemplo para nuestros niños; que son unos exhibicionistas por que ya los vemos besuqueándose en el metro y en las calles; que son unos provocadores porque a la primera oportunidad ya se están ofreciendo, molestando y acosando a los que son hombres de verdad?”, se preguntó.
Finalmente, sostuvo que los delitos contra personas que sostienen relaciones amorosas con alguien del mismo sexo constituyen una clase de violencia que se dirige a la identidad de la persona, por lo cual demandan una respuesta institucional distinta.
“Urge que se reconozca esta figura de crimen de odio para elaborar respuestas apropiadas. En primer lugar necesitamos documentar este tipo de crímenes para conocer las dimensiones y las características del problema y poder enfrentar fatídicas consecuencias. En esta dirección, el libro de Fernando del Collado nos revela la importancia de lograr el acceso a los expedientes judiciales y también muestra la importancia de la participación comunitaria en el esclarecimiento de los crímenes”, concluyó.
Mirka Negroni, especialista en derechos sexuales y reproductivos, manifestó que en su experiencia como coordinadora en Latinoamérica en la Comisión Internacional de Derecho Humanos para Gays y Lesbianas, no hay aún solución en muchos países porque es un problema que requiere una respuesta cultural, un cambio en la forma de pensar a través de las generaciones.
07/ARG/GG/CV
DISCRIMINACIÓN EN PARTIDOS POLÍTICOS AÚN CONTINÚA
DISCRIMINACIÓN EN PARTIDOS POLÍTICOS AÚN CONTINÚA
Publicado: 19/07/2007 - 14:18
• La discriminación contra los pueblos indígenas continúa en el país y dentro de los partidos políticos.
A criterio de los movimientos indígenas se discrimina a los líderes campesinos al no ser tomados en cuenta como candidatos a cargos de elección popular.Los grupos indígenas insisten en que aún se discrimina a los líderes mayas por parte de los partidos políticos, debido a que no son tomados en cuenta para ocupar cargos de elección popular en las primeras casillas. De acuerdo con Carmen Quiej, representante de la agrupación Moloj, una asociación política no partidista de mujeres mayas, existe un poco participación de los indígenas en especial mujeres dentro de las estructuras de los partidos políticos, debido a que son excluyentes. Debido a esto indicó que Moloj promueve la participación de las mujeres en diferentes espacios, incluso actualmente existen 13 mujeres que están participando con diferentes partidos políticos desde la presidencia de la República hasta en corporaciones municipales. Diversas organizaciones campesinas han denunciado que hasta el momento no han sido invitados a participar directamente en el proceso electoral por parte de los partidos políticos. En las planillas de las organizaciones partidarias los indígenas ocupan los espacios más lejanos de la lista con posibilidad de llegar al poder. Cabe destacar que por años, los pueblos indígenas han sido manipulados por los partidos, de acuerdo con estudios de entidades y analistas.
lunes, 9 de julio de 2007
Inventan requisitos para aborto
Inventan requisitos para aborto
Ponen en 7 hospitales sus condiciones; exigen requisitos no oficiales
Mariel Ibarra (9 julio 2007).-Grupo Reforma
En 7 de los 14 hospitales del Gobierno del Distrito Federal que ofrecen el servicio de interrupción legal de embarazo se condiciona la realización del tratamiento a que las pacientes cumplan con requisitos que no aparecen en los lineamientos oficiales dados a conocer por la Secretaría de Salud local.
En un recorrido por los 14 hospitales, REFORMA constató que en Balbuena, Enrique Cabrera, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco se condicionó la atención a que la paciente acudiera acompañada de familiares directos cuando, de acuerdo con los lineamientos de operación del programa, sólo es necesario hacer una solicitud por escrito.
Incluso en los hospitales Balbuena y Magdalena Contreras se exigió a las pacientes que al menos uno de los apellidos de sus dos acompañantes coincidiera con el de la paciente y, para ello, la trabajadora social exigió que se demostrara con credenciales de elector.
"No puede ser ni tu pareja, ni la mamá de tu pareja, ni la prima de tu pareja, ni nadie relacionado con tu pareja; tienen que coincidir los apellidos en las credenciales de elector", dijo Esther Sandoval, trabajadora social del hospital Balbuena.
En el de Topilejo, incluso para recibir atención e informes de la trabajadora social hay que acudir acompañada por una persona para que funja como responsable, aunque no es requisito que sea familiar.
En el resto de los hospitales visitados se encontró que no es indispensable que la mujer que se someta al procedimiento sea acompañada por un familiar sino únicamente por alguien de su confianza.
En contraste, uno de los lineamientos obligatorios que es el otorgamiento de la Consejería Médica en donde se supone se da ayuda emocional y se proporciona información de los riesgos del procedimiento a la paciente, no se cumple en siete de los hospitales visitados.
Al acudir al Hospital Materno Infantil de Magdalena Contreras y preguntar sobre las consejerías, la trabajadora social explicó que dada la alta demanda ya no se están dando y que sólo se da orientación a las solicitantes sobre riesgos y posibles consecuencias.
Y aunque en el Hospital Materno Infantil de Inguarán el trato fue mejor y con más información, la trabajadora social advirtió que el trámite sería lento por la alta demanda. Con información de Mariana Díaz, Pilar Gutiérrez y Miriam Acevedo
Las reglas Éstos son los tres requisitos a cumplir, de acuerdo con los lineamientos. ·
1. Que lo solicite por escrito la interesada, mediante el llenado del formato correspondiente.·
2. Que se proporcione a la solicitante consejería por personal médico de la unidad hospitalaria y, de forma libre y voluntaria, otorgue su consentimiento informado.·
3. Que al momento de la solicitud, la mujer tenga hasta doce semanas de gestación, acreditado con un dictamen médico.
Molestan a mujeres trabas para abortar
Demandan ONG´s respeto a decidir.
Condicionan hospitales que para dar el servicio se vaya acompañada de un familiar cercanoMariel Ibarra (9 julio 2007).- Grupo Reforma
El que algunos hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal condicionen y pongan trabas para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a que las mujeres vayan acompañadas de familiares directos, constituye una barrera para acceder al servicio, aseguraron representantes de organizaciones sociales.María Luisa Sánchez, directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Rafaela Schiavon, directora de la agrupación internacional Ipas capítulo México, coincidieron en que es recomendable que la mujer vaya acompañada por otra persona el día que se le realiza el procedimiento, pero que esto no se puede volver un requisito para dar la atención.
"El que vayan acompañadas por padre madre o tutor legal, en el caso de menores sí es un requisito, pero tratándose de mayores de edad no tendrían porqué ir acompañadas."
Es importante, se debe sugerir, pero no debería ser un requisito.
Si se lo están pidiendo a mujeres mayores de edad están creando una barrera porque se entiende que ellas asumen la responsabilidad", dijo Sánchez, quien señaló que también en su organización han constatado que los hospitales sí dan diferentes servicios a pesar de que hay lineamientos generales.
Eso pasa con todos los servicios, indicó, depende mucho de la dirección, del personal y especialmente tratándose de la ILE no siempre todos están a favor y eso sí puede modificar los requisitos.
Ayer REFORMA publicó que en siete de los 14 hospitales en donde se realizan las interrupciones legales de embarazos condicionan la atención a requisitos que no se contemplan en los Lineamientos Generales de Operación publicados por la Secretaría de Salud local.
Éstos, incluyen el acompañamiento de dos familiares directos para que funjan como testigos al firmar la carta responsiva o consentimiento informado, y en algunos casos como en el hospital de Topilejo, hasta para poder acceder a los informes.
Por su parte, Schiavon consideró que en casos como en el de Topilejo, su organización también ha registrado que existe cierta resistencia por parte del personal debido a que grupos de derecha han dado pláticas y han influido en ellos.
PROMETEN REVISAR TRATO
El Secretario de Gobierno del DF, José Ángel Ávila, dijo que se revisará la actuación de los servicios de salud, y que se hará lo necesario para solucionarlo.En entrevista, el funcionario dijo que se investigará para determinar si se tienen errores o problemas en la prestación de los servicios de salud para otorgar capacitación a fin de corregirlos.Ávila comentó que la tarea de la administración capitalina es atender y disminuir las quejas. Así lo dijo "Vamos a vigilar más los hospitales porque es contrario a los lineamientos y constituye una barrera de acceso. Quisiera equivocarme, pero podría ser que hay cierta resistencia y que lo que quieren es desalentar el servicio". María Luisa Sánchez, Directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Aborta a pesar de la disuasión
Sergio Fimbres (9 julio 2007).- Grupo Reforma
La Consejería que le brindó la Secretaría de Salud, para informarle de los riesgos por un aborto, no causó mella en Isabel y hace unos días interrumpió su embarazo de 11 semanas.
Cinco días antes llegó decidida al Hospital Rubén Leñero, escuchó con atención la conversación de la trabajadora social, incluso vio algunas fotografías de fetos en un libro, pero no la hicieron desistir.
"Cuando una mujer está decidida a abortar nadie puede hacer nada. Me pareció de muy mal gusto que una enfermera me enseñara un ultrasonido, no creo que eso esté dentro de los requisitos, no sé si quieran causar arrepentimiento", estimó.
La contadora de 31 años de edad, residente en la Colonia Anáhuac, mencionó que le cuestionaron de todo.
Por el padre del hijo, la utilización de anticonceptivos, de cómo se enteró del procedimiento de interrupción del embarazo, por su vida sexual y hasta por sus creencias.Isabel consideró que la Consejería de la Secretaría de Salud es inútil y hasta confusa.
"Durante 10 minutos una trabajadora social me platicó sus creencias religiosas mezcladas con cuestiones médicas", narró.
Luego de la conversación, la mujer, tercera de tres hermanos y empleada en Satélite, regresó a su casa para esperar la programación de un legrado, método utilizado en ella."No fue fácil, pero tampoco podía tener un hijo porque apenas tengo año y medio trabajando y no pienso casarme hasta los 35 años", contó.
Ponen en 7 hospitales sus condiciones; exigen requisitos no oficiales
Mariel Ibarra (9 julio 2007).-Grupo Reforma
En 7 de los 14 hospitales del Gobierno del Distrito Federal que ofrecen el servicio de interrupción legal de embarazo se condiciona la realización del tratamiento a que las pacientes cumplan con requisitos que no aparecen en los lineamientos oficiales dados a conocer por la Secretaría de Salud local.
En un recorrido por los 14 hospitales, REFORMA constató que en Balbuena, Enrique Cabrera, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco se condicionó la atención a que la paciente acudiera acompañada de familiares directos cuando, de acuerdo con los lineamientos de operación del programa, sólo es necesario hacer una solicitud por escrito.
Incluso en los hospitales Balbuena y Magdalena Contreras se exigió a las pacientes que al menos uno de los apellidos de sus dos acompañantes coincidiera con el de la paciente y, para ello, la trabajadora social exigió que se demostrara con credenciales de elector.
"No puede ser ni tu pareja, ni la mamá de tu pareja, ni la prima de tu pareja, ni nadie relacionado con tu pareja; tienen que coincidir los apellidos en las credenciales de elector", dijo Esther Sandoval, trabajadora social del hospital Balbuena.
En el de Topilejo, incluso para recibir atención e informes de la trabajadora social hay que acudir acompañada por una persona para que funja como responsable, aunque no es requisito que sea familiar.
En el resto de los hospitales visitados se encontró que no es indispensable que la mujer que se someta al procedimiento sea acompañada por un familiar sino únicamente por alguien de su confianza.
En contraste, uno de los lineamientos obligatorios que es el otorgamiento de la Consejería Médica en donde se supone se da ayuda emocional y se proporciona información de los riesgos del procedimiento a la paciente, no se cumple en siete de los hospitales visitados.
Al acudir al Hospital Materno Infantil de Magdalena Contreras y preguntar sobre las consejerías, la trabajadora social explicó que dada la alta demanda ya no se están dando y que sólo se da orientación a las solicitantes sobre riesgos y posibles consecuencias.
Y aunque en el Hospital Materno Infantil de Inguarán el trato fue mejor y con más información, la trabajadora social advirtió que el trámite sería lento por la alta demanda. Con información de Mariana Díaz, Pilar Gutiérrez y Miriam Acevedo
Las reglas Éstos son los tres requisitos a cumplir, de acuerdo con los lineamientos. ·
1. Que lo solicite por escrito la interesada, mediante el llenado del formato correspondiente.·
2. Que se proporcione a la solicitante consejería por personal médico de la unidad hospitalaria y, de forma libre y voluntaria, otorgue su consentimiento informado.·
3. Que al momento de la solicitud, la mujer tenga hasta doce semanas de gestación, acreditado con un dictamen médico.
Molestan a mujeres trabas para abortar
Demandan ONG´s respeto a decidir.
Condicionan hospitales que para dar el servicio se vaya acompañada de un familiar cercanoMariel Ibarra (9 julio 2007).- Grupo Reforma
El que algunos hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal condicionen y pongan trabas para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), a que las mujeres vayan acompañadas de familiares directos, constituye una barrera para acceder al servicio, aseguraron representantes de organizaciones sociales.María Luisa Sánchez, directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Rafaela Schiavon, directora de la agrupación internacional Ipas capítulo México, coincidieron en que es recomendable que la mujer vaya acompañada por otra persona el día que se le realiza el procedimiento, pero que esto no se puede volver un requisito para dar la atención.
"El que vayan acompañadas por padre madre o tutor legal, en el caso de menores sí es un requisito, pero tratándose de mayores de edad no tendrían porqué ir acompañadas."
Es importante, se debe sugerir, pero no debería ser un requisito.
Si se lo están pidiendo a mujeres mayores de edad están creando una barrera porque se entiende que ellas asumen la responsabilidad", dijo Sánchez, quien señaló que también en su organización han constatado que los hospitales sí dan diferentes servicios a pesar de que hay lineamientos generales.
Eso pasa con todos los servicios, indicó, depende mucho de la dirección, del personal y especialmente tratándose de la ILE no siempre todos están a favor y eso sí puede modificar los requisitos.
Ayer REFORMA publicó que en siete de los 14 hospitales en donde se realizan las interrupciones legales de embarazos condicionan la atención a requisitos que no se contemplan en los Lineamientos Generales de Operación publicados por la Secretaría de Salud local.
Éstos, incluyen el acompañamiento de dos familiares directos para que funjan como testigos al firmar la carta responsiva o consentimiento informado, y en algunos casos como en el hospital de Topilejo, hasta para poder acceder a los informes.
Por su parte, Schiavon consideró que en casos como en el de Topilejo, su organización también ha registrado que existe cierta resistencia por parte del personal debido a que grupos de derecha han dado pláticas y han influido en ellos.
PROMETEN REVISAR TRATO
El Secretario de Gobierno del DF, José Ángel Ávila, dijo que se revisará la actuación de los servicios de salud, y que se hará lo necesario para solucionarlo.En entrevista, el funcionario dijo que se investigará para determinar si se tienen errores o problemas en la prestación de los servicios de salud para otorgar capacitación a fin de corregirlos.Ávila comentó que la tarea de la administración capitalina es atender y disminuir las quejas. Así lo dijo "Vamos a vigilar más los hospitales porque es contrario a los lineamientos y constituye una barrera de acceso. Quisiera equivocarme, pero podría ser que hay cierta resistencia y que lo que quieren es desalentar el servicio". María Luisa Sánchez, Directora de Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
Aborta a pesar de la disuasión
Sergio Fimbres (9 julio 2007).- Grupo Reforma
La Consejería que le brindó la Secretaría de Salud, para informarle de los riesgos por un aborto, no causó mella en Isabel y hace unos días interrumpió su embarazo de 11 semanas.
Cinco días antes llegó decidida al Hospital Rubén Leñero, escuchó con atención la conversación de la trabajadora social, incluso vio algunas fotografías de fetos en un libro, pero no la hicieron desistir.
"Cuando una mujer está decidida a abortar nadie puede hacer nada. Me pareció de muy mal gusto que una enfermera me enseñara un ultrasonido, no creo que eso esté dentro de los requisitos, no sé si quieran causar arrepentimiento", estimó.
La contadora de 31 años de edad, residente en la Colonia Anáhuac, mencionó que le cuestionaron de todo.
Por el padre del hijo, la utilización de anticonceptivos, de cómo se enteró del procedimiento de interrupción del embarazo, por su vida sexual y hasta por sus creencias.Isabel consideró que la Consejería de la Secretaría de Salud es inútil y hasta confusa.
"Durante 10 minutos una trabajadora social me platicó sus creencias religiosas mezcladas con cuestiones médicas", narró.
Luego de la conversación, la mujer, tercera de tres hermanos y empleada en Satélite, regresó a su casa para esperar la programación de un legrado, método utilizado en ella."No fue fácil, pero tampoco podía tener un hijo porque apenas tengo año y medio trabajando y no pienso casarme hasta los 35 años", contó.
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