26/08/2007 02:10:02 a.m.
Existe la posibilidad de garantizar el respeto a las garantías individuales, reitera
ALINE JUÁREZ
El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, aseguró que la apuesta estratégica para elaborar el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos en el Distrito Federal es la posibilidad de que en cinco años se puedan tener políticas públicas que garanticen el respeto a las garantías individuales de la sociedad en general.Durante el foro informativo que se realizó para el diagnóstico estuvieron presentes el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra; el subsecretario de Gobierno del DF, Juan José García Ochoa; la directora General de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del DF, Marisa Jaramillo Cuenca; el secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Jorge Carlos Díaz Cuervo; Mario Santiago Juárez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y Jacqueline L’ hoist, de la organización Fundar.El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) destacó que la participación de estas instancias, las cuales son integrantes del Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico, es algo novedoso y oportuno, que sitúa un modelo de cooperación que busca acelerar los procesos internos y hacerse cargo de las herencias e inercias que, “lamentablemente, se van constituyendo en formas de gobernar”.Comentó que el comité se ha reunido en ocho ocasiones y acordó trabajar en cuatro principios: la universalidad, integralidad e interdependencia de los derechos humanos; la igualdad y la no discriminación; la participación de la sociedad civil, y la progresividad e interpretación que más proteja a la persona.Explicó que en primera instancia se revisará el marco jurídico, que servirá para ubicar los vacíos que la Asamblea Legislativa puede atender, a su vez se examinará el estado que guarda el ejercicio de los derechos, para luego analizar la información que ya existe en la CDHDF, en el Tribunal y en el gobierno local, entre otros.“Queremos saber qué va a pasar con los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas, de las y los jóvenes, de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual e intersexual. Qué pasa con los migrantes, con los indígenas, con las personas en situación de calle, con los discapacitados, los adultos mayores, que son los grupos en mayor situación de vulnerabilidad, y que obligan a la acción del Estado desde una perspectiva de dignidad y justicia”, expuso.
http://www.rumbodemexico.com.mx/macnews-core00000/notes/?id=77426
domingo, 26 de agosto de 2007
miércoles, 22 de agosto de 2007
Lanzan campaña contra discriminación
Lanzan campaña contra discriminación
La CDHDF ha recibido 67 quejas por discriminación en lo que va de este año, pero sólo dos son de enfermos de VIH
Por Leticia Fernández
Ciudad de México (22 de agosto de 2007).- Las estaciones del Metro, hospitales y centros de convivencia gay serán los puntos centrales para lanzar una campaña para combatir la discriminación a personas con VIH y Sida.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo el anuncio acompañada de organizaciones civiles como Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana y la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH."No se presentan denuncias por discriminación por tres razones: porque no se ha construido la noción del derecho, por la falta de información y por miedo al estigma."Hay gente que por haberlo dicho (su padecimiento) han perdido su trabajo o relaciones sociales o familiares de manera que tenemos que entender que se afecta directamente a las víctimas", dijo el Ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza.La CDHDF tiene 67 quejas por discriminación en lo que va de este año, pero sólo dos son de enfermos de VIH, una va dirigida a los funcionarios de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla y a la Procuraduría de Justicia capitalina.
Alejandro Brito, presidente de la organización civil Letra S, afirmó que en la Ciudad de México hay aproximadamente 20 mil enfermos de VIH sida registrados en el sector Salud.Sin embargo, presumen que esta cifra se puede duplicar por aquellas personas que no saben su padecimiento o simplemente no quieren formar parte del registro oficial.La campaña "Sé como nadie" empieza este miércoles con la distribución de carteles y spots que se transmitirán en los tiempos oficiales que la CDHDF tiene en radio.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/justicia/articulo/801402/
Fecha de publicación: 22-Ago-2007
La CDHDF ha recibido 67 quejas por discriminación en lo que va de este año, pero sólo dos son de enfermos de VIH
Por Leticia Fernández
Ciudad de México (22 de agosto de 2007).- Las estaciones del Metro, hospitales y centros de convivencia gay serán los puntos centrales para lanzar una campaña para combatir la discriminación a personas con VIH y Sida.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hizo el anuncio acompañada de organizaciones civiles como Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana y la Red Mexicana de Personas que Viven con VIH."No se presentan denuncias por discriminación por tres razones: porque no se ha construido la noción del derecho, por la falta de información y por miedo al estigma."Hay gente que por haberlo dicho (su padecimiento) han perdido su trabajo o relaciones sociales o familiares de manera que tenemos que entender que se afecta directamente a las víctimas", dijo el Ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza.La CDHDF tiene 67 quejas por discriminación en lo que va de este año, pero sólo dos son de enfermos de VIH, una va dirigida a los funcionarios de la Penitenciaría de Santa Martha Acatitla y a la Procuraduría de Justicia capitalina.
Alejandro Brito, presidente de la organización civil Letra S, afirmó que en la Ciudad de México hay aproximadamente 20 mil enfermos de VIH sida registrados en el sector Salud.Sin embargo, presumen que esta cifra se puede duplicar por aquellas personas que no saben su padecimiento o simplemente no quieren formar parte del registro oficial.La campaña "Sé como nadie" empieza este miércoles con la distribución de carteles y spots que se transmitirán en los tiempos oficiales que la CDHDF tiene en radio.
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http://www.reforma.com/justicia/articulo/801402/
Fecha de publicación: 22-Ago-2007
domingo, 12 de agosto de 2007
La paradoja de la triple discriminación
La paradoja de la triple discriminación
Crónica Mujeres indígenas.
El bastón de mando es el principal símbolo de autoridad en los municipios de usos y costumbres, también es el objeto más visible en la oficina de la presidenta. Los beneficios sociales que llegan a las comunidades indígenas son individualizados; sin embargo, el sistema de organización indígena es principalmente colectivoMara Muñoz (12 agosto 2007).- Más de 100 personas que rebasan los 70 años esperan formadas a las afueras del palacio municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla. Entre pies descalzos que han caminado horas para llegar, faldas amplias venidas a menos en su múltiple colorido, huaraches que lucen nuevos ante los pies que los calzan, sombreros que dan sombra tardía a rostros cansados y rebozos negros anudados en espiral para guardar las canas largas de decenas de mujeres, aparece la autoridad municipal, Irene Hernández.Irene abriga su torso con un saco café que simula piel de borrego, su falda morada cubre hasta la rodilla, dejando ver sus medias de nylon. Esta mujer mixe ha sido maestra de educación indígena por más de dos décadas. "Como maestros, nos toca ver y trabajar con niños que no almuerzan, que nada más comen una vez al día tortilla de sal con chile. Los maestros la tenemos que hacer de abogados, médicos, gestores", comenta.Irene salió de San Pedro y San Pablo Ayutla a los 7 años gracias a una beca para niñas indígenas que le permitió estudiar en un colegio "para ricos" en Monterrey. Después de 3 años, su familia "la regresó" por temor a que emigrara definitivamente. A los 17 años Irene decidió irse a la capital de Oaxaca para trabajar y pagar sus estudios de preparatoria y escuela normal.En municipios indígenas más del 42 por ciento de las mujeres son analfabetas; en algunas entidades esta proporción rebasa el 60 por ciento; las mujeres indígenas duplican o triplican la proporción de analfabetismo respecto a los hombres indígenas y su proporción llega a ser seis veces mayor comparada con el promedio nacional. Seis de cada 10 mexicanos monolingües son mujeres. "Es de suponer que los ámbitos sociales que determinan la adquisición del español son más reducidos para las mujeres" concluye el estudio "Mujeres Indígenas en México" publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres.Según el Consejo Nacional de Población, la generación de las ancianas que aguarda a las afueras del palacio municipal tuvo alrededor de siete hijos. Actualmente, el promedio de hijos entre las mujeres indígenas es de 2.9; Irene es madre soltera de un hijo.Dos horas de viaje entre montañas desde Oaxaca de Juárez, dentro de un carro compacto, en compañía de cinco pasajeros más y música norteña, pueden ser la llave para abrir la puerta de la zona mixe de Oaxaca: el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla. Otra opción para subir entre las montañas de la Sierra Norte y llegar a Ayutla son los autobuses que salen de la central de segunda desde la capital del estado.En el centro de Ayutla la presidencia municipal sólo compite en tamaño con la iglesia; en medio de estas dos construcciones se abre paso el edificio de tres pisos que da cabida a la delegación del gobierno estatal. Oaxaca siempre ha sido gobernada por el Partido Revolucionario Institucional, el gobierno estatal tiene delegaciones en las ocho regiones que conforman el territorio de este estado del suroeste mexicano. En teoría, estas delegaciones tienen como función coordinar administrativa y políticamente las relaciones del gobierno estatal con los municipios autónomos, pero innumerables historias de represión dan muestra de su uso como factor de control político en la entidad.Irene no milita en ningún partido político, fue electa presidenta municipal por el sistema de usos y costumbres. Desde agosto de 1995, una reforma a la Constitución de Oaxaca dio reconocimiento al sistema de gobierno que las comunidades, mayoritariamente indígenas, venían practicando desde el siglo XVI como mecanismo de democracia directa: asambleas comunitarias en que son electas las autoridades municipales. El reconocimiento constitucional al sistema de usos y costumbres se dio en momentos de coyuntura para el movimiento indigenista en México con resonancia a nivel internacional: a la par de los acuerdos de San Andrés Larráinzar en Chiapas, después del levantamiento zapatista de enero 1994.Oaxaca es el estado del país con mayor proporción de población indígena, más del 50 por ciento de sus habitantes; 16 de los aproximadamente 62 pueblos indígenas de México radican en este estado, que es el único que reconoce legalmente el sistema de usos y costumbres a nivel municipal. En la actualidad 418, casi tres cuartas partes, de los 570 municipios de Oaxaca se rigen por usos y costumbres. Antes de la reforma que dio reconocimiento a este sistema, el PRI se adjudicaba el triunfo en estos municipios, aunque no había una contienda entre partidos.En muchos municipios de Oaxaca, las mujeres están excluidas de las asambleas comunitarias.Irene es la primera mujer que funge como presidenta municipal de uno de los 19 municipios del distrito mixe de Oaxaca. Le corresponde entregar por vez primera el Programa de Atención a Adultos Mayores "70 Años y Más" de la Secretaría de Desarrollo Social, que otorga 500 pesos mensuales a los ancianos de comunidades rurales de menos de 2 mil 500 habitantes. El beneficio se entrega bimestralmente, pero en Ayutla ha llegado a los cuatro meses por las condiciones de acceso. Algunos beneficiarios han asistido a la presidencia municipal, tras cuatro horas de caminar veredas, para ser notificados por Telecom, instancia encargada de la entrega de recursos, de que su nombre no aparece en las listas.No obstante que el 4.7 por ciento de la población del distrito mixe es mayor de 65 años, el 82.3 por ciento es menor de 44 años. La región es joven, y Ayutla se encuentra a 123 kilómetros de la capital del estado, dos aspectos que Margarita Dalton, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), considera decisivos para la llegada de más mujeres a cargos de toma de decisiones en municipios indígenas."La división de las funciones de las mujeres por roles sexuales se ve más agudamente en los municipios indígenas. En las comunidades indígenas las mujeres están más aisladas. El reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido más lento, por lo retirado que están del resto de la sociedad", comenta Dalton.
El bastón de mando
La mayor parte de los ancianos que esperan para recibir los beneficios del programa Adultos Mayores de 70, son acompañados por mujeres visiblemente más jóvenes, probablemente sus hijas. Toca el turno a un anciano sentado en una silla de madera con ruedas, una joven lo acerca a la mesa de Telecom. Después de que el anciano ha puesto su huella digital en un recibo, la mujer lo conduce hacia una camioneta pick up, un hombre aparece y, juntos, lo levantan de la silla dejando al descubierto el asiento con un agujero del tamaño de una bacinica que seguramente facilita las tareas de limpieza a la familia de este indígena octogenario.Entre el tumulto de ancianos, un hombre y una mujer con pinta de profesionales se abren paso, vienen acompañados de las tres regidoras de salud del ayuntamiento. "Buenos días señora presidenta, somos los coordinadores del programa Oportunidades y acabamos de tener una reunión con las vocales del programa, hicimos varios acuerdos, ¿nos permitiría comentárselos?". Irene los invita a pasar a su oficina, los conduce al segundo y último piso de esta construcción que guarda los poderes municipales.El bastón de mando es el principal símbolo de autoridad en los municipios de usos y costumbres, también es el objeto más visible en la oficina de la presidenta. Envuelto en papel verde, blanco y rojo, está ubicado en un altar a la cabecera del escritorio de la alcaldesa.Irene conoce el significado del poder como servicio que, según varios especialistas de la cultura mixe, define la idiosincrasia de este pueblo. Antes de ser electa presidenta municipal, participó como tesorera dentro del sistema de cargos, que es un espacio de formación permanente de los ciudadanos en el servicio público. Bajo este sistema, los habitantes están obligados a cumplir, sin remuneración alguna, con las tareas formales que el pueblo les asigna en las asambleas comunitarias: la comunidad no permite que los servidores públicos reciban sueldo.En los ayuntamientos de usos y costumbres sólo los profesores o empleados públicos estatales o federales pueden ser comisionados por su empleo anterior para cumplir con algún cargo en su municipio y continuar recibiendo su salario. Los campesinos o aquellas personas que trabajan por su cuenta no tienen remuneración por servir a la comunidad. En San Pedro y San Pablo Ayutla más del 62 por ciento de la población económicamente activa se dedica a actividades del sector primario, como la agricultura, la caza, la pesca y el aprovechamiento forestal.Debido al peso económico que representan los cargos en estos municipios, sólo se otorgan por uno, dos o máximo tres años. Es difícil que alguien se rehúse a cumplir con cargos comunitarios, ya que éstos forman parte de un sistema de prestigio social, y las personas pueden ser penalizadas, por ejemplo, con la privación de la voz y el voto en las asambleas.Irene recibe 3 mil 500 pesos quincenales por su plaza como maestra. Sin embargo, ser presidenta en un municipio por usos y costumbres puede ser muy gravoso, ya que la autoridad debe aportar dinero para las fiestas del pueblo. Irene es cabeza de familia, su madre e hijo dependen de ella; el joven de 20 años ha pospuesto su ingreso a la universidad durante el año en que su madre funge como presidenta municipal.En los municipios por usos y costumbres los cargos son escalonados, así, el servicio puede comenzar como campanero de la iglesia, topil (policías), mayor, síndico, capitán de la banda, mayordomo, hasta llegar a ser secretario, tesorero, regidor o presidente."Es servicio, es servir al pueblo y se sirve así, sin nada", dice la edil.
Los riesgos de ser presidenta
Del lado izquierdo del escritorio de Irene se encuentra la bandera de México, en una vitrina de caoba que revela la riqueza forestal de esta zona. Al lado derecho del respaldo de la silla presidencial pende un largo pergamino enmarcado que enlista los nombres masculinos de presidentes municipales de Ayutla desde 1912. El nombre de Irene, que será el único de mujer, aún no está inscrito en la lista.Según Margarita Dalton, las mujeres que son electas como presidentas municipales en municipios de usos y costumbres enfrentan graves conflictos, no sólo para ser electas, sino para sostenerse en el cargo; muchas son depuestas antes de terminar su periodo. Además, es común que las mujeres que han sido nombradas lleguen al cargo como una alternativa ante conflictos intercomunitarios o interétnicos.En 1986, a los 29 años de edad, Macrina Ocampo fue electa presidenta municipal por usos y costumbres en el municipio de San Juan la Lana. En esos momentos aún no estaba vigente la reforma constitucional que reconocía legalmente este sistema de elección por asambleas comunitarias, y el PRI se adjudicó el triunfo de Macrina. Esta mujer indígena pertenece al pueblo chinanteca. En San Juan la Lana, como en muchos otros municipios indígenas de Oaxaca, las mujeres no están autorizadas para participar en las asambleas comunitarias en donde se eligen autoridades, se discuten las prioridades y problemas de la comunidad."Me entregué a la lucha con mi pueblo al lado de mis compañeros en 1981, lo hice, después de tantos años de ver a mis compañeros perseguidos, por los pistoleros, por guardias blancas de los caciques, huyendo al monte. Entonces me desesperé, porque entonces yo crecí con esa represión, crecí con ese atropello, crecí con esa intimidación. Yo no hablaba nada el español, no podía decir ni una palabra en español", relata Macrina Ocampo, primera presidenta municipal por usos y costumbres en la memoria documental "Presidentas de la Comunalidad" creada por la académica del CIESAS.Los comuneros chinantecos han sostenido por más de tres décadas una lucha para defender sus tierras en contra de "caciques" o pequeños propietarios del vecino estado de Veracruz. Esta región de Oaxaca es una de las más ricas del país. Según relata Macrina, la complicidad entre autoridades gubernamentales de ambos estados y los caciques de la zona fabricó cargos penales a todos los liderazgos masculinos de la comunidad de los chinantecas, inhabilitándolos legalmente para ser electos como autoridades.A pesar de la activa participación de Macrina en los asuntos agrarios de San Juan la Lana, nadie imaginó que una mujer pudiera ser presidenta municipal; Macrina no tenía ningún expediente judicial, ni antecedentes penales. En el 2001, después de fungir como presidenta, Macrina Ocampo fue secuestrada y retenida en prisión acusada de abigeato. Cuarenta y ocho días después fue liberada por falta de pruebas, pero ahora no puede ser electa como autoridad.El caso de Macrina es ilustrativo de los embates que se registran en contra de las mujeres que llegan a ser presidentas municipales en Oaxaca, situación que se agrava en los municipios de usos y costumbres, pero que persiste como característica de las condiciones políticas de la entidad. La hostilidad extrema en el ejercicio del poder inhibe a las mujeres para participar como autoridades, coinciden varios expertos.En la memoria videográfica que recoge Margarita Dalton, se narran historias de obras públicas abandonadas o echadas abajo por ser iniciativa de mujeres que fungieron como presidentas municipales. Se relata la presión del gobierno estatal para obtener las carteras de hacienda, la tesorería o la sindicatura de los ayuntamientos por usos y costumbres: la negativa ha redundado en la desaparición de poderes o en la destitución de las autoridades por parte del Congreso del estado con mayoría priista."Cuando es por partido va proporcional el número de participantes en el ayuntamiento, aquí es por usos y costumbres y el que quedó, quedó", relata la maestra Abigail Morán que gobernó San Pedro y San Pablo Tequistepec entre el 2002 y el 2004, y cuya oposición a la injerencia del gobierno estatal, entonces encabezado por José Murat, le costó la suspensión del cargo por más de un año, tiempo en que se detuvieron las obras municipales.Como esas mujeres, Irene también ha recibido presiones: se le acusa de participar en actividades de apoyo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). "Yo le he dicho a todos que yo no he hecho campaña. No recorrí comunidades, fui electa libremente. Mi único compromiso es trabajar. Vengo de la lucha sindical desde hace muchos años, pero soy respetuosa de todas las instancias", dice Irene ante las presiones.
La 'ayuda' oficial
En octubre de 2006, Irene fue electa presidenta municipal de Ayutla en una asamblea en que participaron alrededor de 500 personas comuneras. En esa ocasión, la asamblea comunitaria votó de manera insólita, eligiendo a seis mujeres para ocupar los principales cargos del ayuntamiento: presidenta, secretaria, tesorera y tres regidoras, sin contar a las mujeres topiles y suplentes. "Las mujeres se están preparando, lo que exponen en las reuniones son puntos acertados, coherentes. Los hombres cada vez están menos preparados y entregan cuentas deficientes" dice Gildardo López Antonio, regidor de hacienda del municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla.Según Margarita Dalton las mujeres que han llegado a gobernar en los municipios de usos y costumbres tienen tres características: perfil profesional, han visto la política en casa a través de algún familiar y liderazgo nato dentro de la comunidad.La puerta de la oficina de Irene permanece abierta todo el tiempo. "Me parece muy bien que estén aquí", comenta la presidenta desde su amplio escritorio de madera a los encargados de Oportunidades. "La autoridad cree que es muy bueno que traigan estos beneficios al municipio, pero es importante que nos ayuden porque la gente ya no quiere cooperar, sólo piensa en recibir. La autoridad les pide que no rompan con nuestro tequio".El tequio es una costumbre de varios pueblos indígenas de México, entre ellos el mixe. Los habitantes de Ayutla son mayoritariamente de origen indígena; en el distrito mixe, uno de tres que conforman la región de la Sierra Norte de Oaxaca, el 70 por ciento de los habitantes habla el ayuuk, lengua de los mixes. El tequio es una forma de trabajo colectivo, voluntario y gratuito que se presta en obras de beneficio comunitario. En esta lógica de participación, los derechos comunitarios se adquieren con base en el cumplimiento de las obligaciones.Los beneficios sociales que llegan a las comunidades indígenas, a través de programas federales y estatales, son individualizados. Sin embargo, el sistema de organización indígena es principalmente colectivo. Irene manifiesta preocupación, pues argumenta que las beneficiarias se limitan a cumplir con su obligaciones individuales, descuidando sus tareas dentro de la comunidad.En el diseño de Oportunidades, el programa social más importante desde hace más de una década en México, las mujeres son quienes reciben el dinero que llega a cada familia a condición de mantener a sus hijos e hijas en la escuela. También, en los hechos, llevan en exclusiva las tareas de participación por recibir los beneficios gubernamentales, ya que una de las "obligaciones del beneficiario" es participar en las tareas comunitarias que determinen los comités.Según varios expertos, el trabajo y la participación de las mujeres indígenas está subregistrado, ya que la mayor parte de sus tareas se consideran "ayuda". Históricamente los hombres han sido nombrados como autoridades dentro de las comunidades. Sin embargo, las mujeres llevan a cabo múltiples tareas implícitas en el sistema de cargos indígena, sin dejar de lado las labores inherentes al rol de madres. Algunas son nombradas en cargos acordes a los roles que se consideran apropiados para una mujer: limpieza comunitaria o el comité de escuela. Otras auxilian a sus esposos cuando han recibido algún nombramiento para realizar las comidas en las fiestas del pueblo o para mantener la siembra mientras ellos cumplen con el cargo."Como se tiene el estereotipo de que las mujeres indígenas no participan en nada, hay una serie de programas que las obligan a participar más", comenta la antropóloga María Cristina Velásquez."En México, el 73 por ciento de la población de 12 años o más económicamente inactiva son mujeres: aunque su desempeño cotidiano es determinante para la reproducción doméstica y comunitaria", concluye el estudio del Inmujeres publicado el año pasado."Muchas mujeres sufren trabajos muy pesados: limpia del campo, traer leña", comenta la presidenta municipal de Ayutla. No obstante, acorde a las costumbres de su pueblo, demanda más participación de las beneficiarias.
Maltrato e ignorancia
Es un día frío, el cielo amenaza con llorar sobre la cabecera municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla. Este municipio de poco más de 4 mil habitantes se encuentra en la región alta del distrito mixe, en donde la naturaleza tomó los suelos de forma caprichosa para arrugarlos y crear montañas casi azules.Ayutla lleva en su orografía y nombre el pensamiento dual de lo femenino y masculino, que traza la cosmovisión del pueblo mixe. Está encallada en la Sierra Madre Occidental, pero la religión la nombró en masculino: San Pedro y San Pablo, fundadores de la Iglesia Católica.Este municipio está considerado por el Conapo como de "muy alta marginación". Más del 44 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta y 35 por ciento de las viviendas carecen de energía eléctrica. Los municipios considerados con predominio indígena o netamente indígenas son de muy alta o alta marginación. En Oaxaca, casi el 50 por ciento del total de la población habita en municipios de alta o muy alta marginación.Según la tradición mixe, y de algunos pueblos mesoamericanos, el mundo se compone de dos partes divididas por una línea horizontal. La parte superior representa macho, calor, cielo, sequía, luz y fuerza; mientras la parte inferior es madre, hembra, frío, inframundo, humedad, oscuridad y debilidad.Más allá de la mitología, la debilidad de lo femenino se difumina en los rostros de carne. Irene se encuentra en pie desde las cinco de la mañana, hora en que la presidencia municipal citó a los ancianos para la entrega de recursos. A las cuatro de la tarde, la jornada de pago continúa. Los encargados de Telecom le informan a otra anciana que no aparece en sus listas. Irene les pide a los funcionarios del servicio de mensajería que "no dejen a la abuelita sin cheque", pero encuentra que las listas que Sedesol proporcionó a Telecom no coinciden con las del ayuntamiento.La presidenta municipal sube a su oficina para buscar resolver la situación de los ancianos que no recibirán el beneficio gubernamental. En el segundo piso del palacio municipal Hermelinda Reyes, secretaria del ayuntamiento, informa a Irene que los vecinos han denunciado a un hombre por golpear a su mujer durante dos días. El presunto delincuente radica en la cabecera municipal y está en estado de ebriedad. La presidenta entra en la oficina de la secretaria del ayuntamiento, toma el micrófono conectado al altavoz de la plaza y llama en ayuuk a los topiles y al síndico del municipio.Irene baja de prisa las escaleras del palacio municipal para intentar, sin éxito, que las personas que provienen de las seis agencias en que se divide Ayutla, no se vayan con las manos vacías.Tras cinco minutos de haber llamado por el altavoz, aparecen tres topiles y el suplente del síndico armados con palos gruesos de madera de los que penden látigos de cuero. Irene les explica la situación y pide que arresten al golpeador. De ser arrestado, acorde a la costumbre, el delincuente pasará una noche en la cárcel municipal.Según el estudio "Mujeres Indígenas en México", en comunidades indígenas el consumo de alcohol se asocia, como ningún otro factor, a la morbilidad y mortalidad por violencia, especialmente contra las mujeres."Las mujeres sufren la represión, la violencia intrafamiliar. Tenemos el problema de la justicia cuando una mujer es violada o es maltratada. Las autoridades nos hemos equivocado y no le hemos dado atención especial a las mujeres", comenta la presidenta municipal.Las creencias que autorizan la discriminación y la violencia contra las mujeres tienen raíces profundas en la educación. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 74 por ciento de las mujeres que habla alguna lengua indígena piensa que una buena esposa debe obedecer a su marido. El 30 por ciento de estas mujeres cree que tiene la obligación de tener relaciones sexuales con sus esposos contra su voluntad. Mientras, el 30 por ciento piensa que su cónyuge tiene derecho a pegarle si no cumple con sus obligaciones.En México, estas cifras no son menos alarmantes entre el resto de la población femenina: más del 36 por ciento piensa que una buena esposa debe obedecer; el 9.4 por ciento cree que tiene la obligación de sostener relaciones sexuales con su pareja y casi el 7 por ciento piensa que su marido tiene derecho a pegarle."Cuando una escucha calma un dolor", concluye la presidenta municipal de Ayutla, pueblo mixe.
Múltiple discriminación
Durante la conquista, los mixes de la Sierra Norte de Oaxaca no se rindieron a las armas del Ejército español. Sin embargo, hoy como entonces, existieron factores que han vulnerado la voluntad de resistencia de este pueblo indígena. La religión católica fue el instrumento de conquista en el siglo XVI, hoy día, las tierras del norte de este estado están siendo abandonadas.Según el antropólogo Gustavo Torres Cisneros, autor de estudios sobre los pueblos mixes, la migración en esta zona se ha incrementado debido a factores como el deterioro de las tierras, la presión demográfica, la llegada de maíz transgénico y la caída de los precios del café.Y ha pasado a formar parte de la estadística: el 43 por ciento de los municipios indígenas del país son considerados expulsores de mano de obra.Según María Cristina Velásquez, la migración ha impactado positivamente en el número de mujeres indígenas que participan en cargos públicos tradicionalmente masculinos. "La articulación de la mujer indígena en las estructuras políticas está muy vinculada al sistema de conyugalidad que existe, el cual se ha visto alterado por la migración".Sin embargo, según la antropóloga no existen incentivos gubernamentales para "transformar el inicio de un rol involuntario en un proceso social transformador" que acelere el desarrollo integral de las mujeres indígenas.Los historiadores relatan que la conquista del pueblo mixe fue especialmente cruenta. En ese entonces, las mujeres se negaban a tener hijos como protesta a la represión de su pueblo. Hoy la maternidad de las mixes, como la del resto de las indígenas, es casi penalizada, por la falta de servicios de salud: más del 15 por ciento de las mujeres indígenas son atendidas por parteras. Las principales causas de muerte entre las indígenas de temprana edad están relacionadas a la maternidad, hemorragia durante el embarazo, parto y puerperio. La mortalidad materna es un indicador claro del subdesarrollo, ya que podría abatirse con un mínimo de cuidados durante y después del embarazo.En México, la tasa de mortalidad materna entre las indígenas es del doble respecto al resto de la población femenina.Oaxaca es, así, ejemplo de la paradoja de la triple discriminación que viven las mujeres indígenas en México: la mayor parte de su población es femenina, es indígena y también es la más marginada.Pero los pueblos indígenas que aplican el sistema de usos y costumbres presentan, paradójicamente, mayor resistencia a la participación de las mujeres.Como concluye la investigadora Margarita Dalton: "Resulta sorprendente que quienes han sufrido discriminación por muchos siglos, y han sentido el peso de la opresión autoritaria, sigan discriminando a las mujeres de sus comunidades".
Cifras de la desigualdad
Estudios oficiales revelan la inequidad en los pueblos indígenas
· En México hay 5 millones 189 mil 235 mujeres indígenas.
· Representan el 9.7 por ciento de las mujeres mexicanas y el 50.7 por ciento de la población indígena.
· Una de cada tres mujeres indígenas de 15 años y más es analfabeta.
· Tres de cada cuatro no trabaja en ningún sector formal de la economía.
· La mitad de las que trabajan no recibe sueldo o gana menos de un salario
mínimo al día.
· Las mujeres son cabeza de familia de 16.2 por ciento de los hogares indígenas.
· Seis de cada cuatro hogares indígenas no cuentan con drenaje.
· Ocho de cada 10 hogares no tiene agua entubada dentro de la vivienda.
· En el 65.9 por ciento de los hogares indígenas se cocina aún con leña, carbón o petróleo.
Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Enfoque recomienda Para saber más de la situación de las mujeres en las comunidades indígenas se puede consultar:
· Diagnóstico de la discriminación hacia las mujeres indígenas. Coordinado por Paloma Bonfil y Elvira Rosa Martínez. CDI. Contiene obras y testimonios de la discriminación, a nivel colectivo e individual, que sufren las mujeres indígenas en los ámbitos familiar y de pareja. También aporta el análisis de diversos especialistas sobre el tema. ·
La doble mirada: voces e historias de mujeres indígenas latinoamericanas. Coordinado por Martha Sánchez. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir-UNIFEM. Compilación de ensayos sobre la participación de las mujeres indígenas en los movimientos políticos y sociales de Latinoamérica. Se analizan los casos de México, Bolivia, Ecuador y Perú; se aborda el aporte de este sector de la población a los movimientos de resistencia y autonomía en la región.
· Las mujeres indígenas de México: su contexto socioeconómico, demográfico y de salud. Luz María García et.al. Inmujeres-Conapo-CDI. Panorama integral de las mujeres indígenas que analiza y presenta estadísticas sobre sus características socioeconómicas y su situación demográfica y de salud reproductiva. Además, aborda temas como la discapacidad, el consumo de bebidas alcohólicas en la población indígena y las infecciones de transmisión sexual.
Disponible en línea:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100833.pdf
http://www.reforma.com/libre
Crónica Mujeres indígenas.
El bastón de mando es el principal símbolo de autoridad en los municipios de usos y costumbres, también es el objeto más visible en la oficina de la presidenta. Los beneficios sociales que llegan a las comunidades indígenas son individualizados; sin embargo, el sistema de organización indígena es principalmente colectivoMara Muñoz (12 agosto 2007).- Más de 100 personas que rebasan los 70 años esperan formadas a las afueras del palacio municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla. Entre pies descalzos que han caminado horas para llegar, faldas amplias venidas a menos en su múltiple colorido, huaraches que lucen nuevos ante los pies que los calzan, sombreros que dan sombra tardía a rostros cansados y rebozos negros anudados en espiral para guardar las canas largas de decenas de mujeres, aparece la autoridad municipal, Irene Hernández.Irene abriga su torso con un saco café que simula piel de borrego, su falda morada cubre hasta la rodilla, dejando ver sus medias de nylon. Esta mujer mixe ha sido maestra de educación indígena por más de dos décadas. "Como maestros, nos toca ver y trabajar con niños que no almuerzan, que nada más comen una vez al día tortilla de sal con chile. Los maestros la tenemos que hacer de abogados, médicos, gestores", comenta.Irene salió de San Pedro y San Pablo Ayutla a los 7 años gracias a una beca para niñas indígenas que le permitió estudiar en un colegio "para ricos" en Monterrey. Después de 3 años, su familia "la regresó" por temor a que emigrara definitivamente. A los 17 años Irene decidió irse a la capital de Oaxaca para trabajar y pagar sus estudios de preparatoria y escuela normal.En municipios indígenas más del 42 por ciento de las mujeres son analfabetas; en algunas entidades esta proporción rebasa el 60 por ciento; las mujeres indígenas duplican o triplican la proporción de analfabetismo respecto a los hombres indígenas y su proporción llega a ser seis veces mayor comparada con el promedio nacional. Seis de cada 10 mexicanos monolingües son mujeres. "Es de suponer que los ámbitos sociales que determinan la adquisición del español son más reducidos para las mujeres" concluye el estudio "Mujeres Indígenas en México" publicado por el Instituto Nacional de las Mujeres.Según el Consejo Nacional de Población, la generación de las ancianas que aguarda a las afueras del palacio municipal tuvo alrededor de siete hijos. Actualmente, el promedio de hijos entre las mujeres indígenas es de 2.9; Irene es madre soltera de un hijo.Dos horas de viaje entre montañas desde Oaxaca de Juárez, dentro de un carro compacto, en compañía de cinco pasajeros más y música norteña, pueden ser la llave para abrir la puerta de la zona mixe de Oaxaca: el municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla. Otra opción para subir entre las montañas de la Sierra Norte y llegar a Ayutla son los autobuses que salen de la central de segunda desde la capital del estado.En el centro de Ayutla la presidencia municipal sólo compite en tamaño con la iglesia; en medio de estas dos construcciones se abre paso el edificio de tres pisos que da cabida a la delegación del gobierno estatal. Oaxaca siempre ha sido gobernada por el Partido Revolucionario Institucional, el gobierno estatal tiene delegaciones en las ocho regiones que conforman el territorio de este estado del suroeste mexicano. En teoría, estas delegaciones tienen como función coordinar administrativa y políticamente las relaciones del gobierno estatal con los municipios autónomos, pero innumerables historias de represión dan muestra de su uso como factor de control político en la entidad.Irene no milita en ningún partido político, fue electa presidenta municipal por el sistema de usos y costumbres. Desde agosto de 1995, una reforma a la Constitución de Oaxaca dio reconocimiento al sistema de gobierno que las comunidades, mayoritariamente indígenas, venían practicando desde el siglo XVI como mecanismo de democracia directa: asambleas comunitarias en que son electas las autoridades municipales. El reconocimiento constitucional al sistema de usos y costumbres se dio en momentos de coyuntura para el movimiento indigenista en México con resonancia a nivel internacional: a la par de los acuerdos de San Andrés Larráinzar en Chiapas, después del levantamiento zapatista de enero 1994.Oaxaca es el estado del país con mayor proporción de población indígena, más del 50 por ciento de sus habitantes; 16 de los aproximadamente 62 pueblos indígenas de México radican en este estado, que es el único que reconoce legalmente el sistema de usos y costumbres a nivel municipal. En la actualidad 418, casi tres cuartas partes, de los 570 municipios de Oaxaca se rigen por usos y costumbres. Antes de la reforma que dio reconocimiento a este sistema, el PRI se adjudicaba el triunfo en estos municipios, aunque no había una contienda entre partidos.En muchos municipios de Oaxaca, las mujeres están excluidas de las asambleas comunitarias.Irene es la primera mujer que funge como presidenta municipal de uno de los 19 municipios del distrito mixe de Oaxaca. Le corresponde entregar por vez primera el Programa de Atención a Adultos Mayores "70 Años y Más" de la Secretaría de Desarrollo Social, que otorga 500 pesos mensuales a los ancianos de comunidades rurales de menos de 2 mil 500 habitantes. El beneficio se entrega bimestralmente, pero en Ayutla ha llegado a los cuatro meses por las condiciones de acceso. Algunos beneficiarios han asistido a la presidencia municipal, tras cuatro horas de caminar veredas, para ser notificados por Telecom, instancia encargada de la entrega de recursos, de que su nombre no aparece en las listas.No obstante que el 4.7 por ciento de la población del distrito mixe es mayor de 65 años, el 82.3 por ciento es menor de 44 años. La región es joven, y Ayutla se encuentra a 123 kilómetros de la capital del estado, dos aspectos que Margarita Dalton, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), considera decisivos para la llegada de más mujeres a cargos de toma de decisiones en municipios indígenas."La división de las funciones de las mujeres por roles sexuales se ve más agudamente en los municipios indígenas. En las comunidades indígenas las mujeres están más aisladas. El reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido más lento, por lo retirado que están del resto de la sociedad", comenta Dalton.
El bastón de mando
La mayor parte de los ancianos que esperan para recibir los beneficios del programa Adultos Mayores de 70, son acompañados por mujeres visiblemente más jóvenes, probablemente sus hijas. Toca el turno a un anciano sentado en una silla de madera con ruedas, una joven lo acerca a la mesa de Telecom. Después de que el anciano ha puesto su huella digital en un recibo, la mujer lo conduce hacia una camioneta pick up, un hombre aparece y, juntos, lo levantan de la silla dejando al descubierto el asiento con un agujero del tamaño de una bacinica que seguramente facilita las tareas de limpieza a la familia de este indígena octogenario.Entre el tumulto de ancianos, un hombre y una mujer con pinta de profesionales se abren paso, vienen acompañados de las tres regidoras de salud del ayuntamiento. "Buenos días señora presidenta, somos los coordinadores del programa Oportunidades y acabamos de tener una reunión con las vocales del programa, hicimos varios acuerdos, ¿nos permitiría comentárselos?". Irene los invita a pasar a su oficina, los conduce al segundo y último piso de esta construcción que guarda los poderes municipales.El bastón de mando es el principal símbolo de autoridad en los municipios de usos y costumbres, también es el objeto más visible en la oficina de la presidenta. Envuelto en papel verde, blanco y rojo, está ubicado en un altar a la cabecera del escritorio de la alcaldesa.Irene conoce el significado del poder como servicio que, según varios especialistas de la cultura mixe, define la idiosincrasia de este pueblo. Antes de ser electa presidenta municipal, participó como tesorera dentro del sistema de cargos, que es un espacio de formación permanente de los ciudadanos en el servicio público. Bajo este sistema, los habitantes están obligados a cumplir, sin remuneración alguna, con las tareas formales que el pueblo les asigna en las asambleas comunitarias: la comunidad no permite que los servidores públicos reciban sueldo.En los ayuntamientos de usos y costumbres sólo los profesores o empleados públicos estatales o federales pueden ser comisionados por su empleo anterior para cumplir con algún cargo en su municipio y continuar recibiendo su salario. Los campesinos o aquellas personas que trabajan por su cuenta no tienen remuneración por servir a la comunidad. En San Pedro y San Pablo Ayutla más del 62 por ciento de la población económicamente activa se dedica a actividades del sector primario, como la agricultura, la caza, la pesca y el aprovechamiento forestal.Debido al peso económico que representan los cargos en estos municipios, sólo se otorgan por uno, dos o máximo tres años. Es difícil que alguien se rehúse a cumplir con cargos comunitarios, ya que éstos forman parte de un sistema de prestigio social, y las personas pueden ser penalizadas, por ejemplo, con la privación de la voz y el voto en las asambleas.Irene recibe 3 mil 500 pesos quincenales por su plaza como maestra. Sin embargo, ser presidenta en un municipio por usos y costumbres puede ser muy gravoso, ya que la autoridad debe aportar dinero para las fiestas del pueblo. Irene es cabeza de familia, su madre e hijo dependen de ella; el joven de 20 años ha pospuesto su ingreso a la universidad durante el año en que su madre funge como presidenta municipal.En los municipios por usos y costumbres los cargos son escalonados, así, el servicio puede comenzar como campanero de la iglesia, topil (policías), mayor, síndico, capitán de la banda, mayordomo, hasta llegar a ser secretario, tesorero, regidor o presidente."Es servicio, es servir al pueblo y se sirve así, sin nada", dice la edil.
Los riesgos de ser presidenta
Del lado izquierdo del escritorio de Irene se encuentra la bandera de México, en una vitrina de caoba que revela la riqueza forestal de esta zona. Al lado derecho del respaldo de la silla presidencial pende un largo pergamino enmarcado que enlista los nombres masculinos de presidentes municipales de Ayutla desde 1912. El nombre de Irene, que será el único de mujer, aún no está inscrito en la lista.Según Margarita Dalton, las mujeres que son electas como presidentas municipales en municipios de usos y costumbres enfrentan graves conflictos, no sólo para ser electas, sino para sostenerse en el cargo; muchas son depuestas antes de terminar su periodo. Además, es común que las mujeres que han sido nombradas lleguen al cargo como una alternativa ante conflictos intercomunitarios o interétnicos.En 1986, a los 29 años de edad, Macrina Ocampo fue electa presidenta municipal por usos y costumbres en el municipio de San Juan la Lana. En esos momentos aún no estaba vigente la reforma constitucional que reconocía legalmente este sistema de elección por asambleas comunitarias, y el PRI se adjudicó el triunfo de Macrina. Esta mujer indígena pertenece al pueblo chinanteca. En San Juan la Lana, como en muchos otros municipios indígenas de Oaxaca, las mujeres no están autorizadas para participar en las asambleas comunitarias en donde se eligen autoridades, se discuten las prioridades y problemas de la comunidad."Me entregué a la lucha con mi pueblo al lado de mis compañeros en 1981, lo hice, después de tantos años de ver a mis compañeros perseguidos, por los pistoleros, por guardias blancas de los caciques, huyendo al monte. Entonces me desesperé, porque entonces yo crecí con esa represión, crecí con ese atropello, crecí con esa intimidación. Yo no hablaba nada el español, no podía decir ni una palabra en español", relata Macrina Ocampo, primera presidenta municipal por usos y costumbres en la memoria documental "Presidentas de la Comunalidad" creada por la académica del CIESAS.Los comuneros chinantecos han sostenido por más de tres décadas una lucha para defender sus tierras en contra de "caciques" o pequeños propietarios del vecino estado de Veracruz. Esta región de Oaxaca es una de las más ricas del país. Según relata Macrina, la complicidad entre autoridades gubernamentales de ambos estados y los caciques de la zona fabricó cargos penales a todos los liderazgos masculinos de la comunidad de los chinantecas, inhabilitándolos legalmente para ser electos como autoridades.A pesar de la activa participación de Macrina en los asuntos agrarios de San Juan la Lana, nadie imaginó que una mujer pudiera ser presidenta municipal; Macrina no tenía ningún expediente judicial, ni antecedentes penales. En el 2001, después de fungir como presidenta, Macrina Ocampo fue secuestrada y retenida en prisión acusada de abigeato. Cuarenta y ocho días después fue liberada por falta de pruebas, pero ahora no puede ser electa como autoridad.El caso de Macrina es ilustrativo de los embates que se registran en contra de las mujeres que llegan a ser presidentas municipales en Oaxaca, situación que se agrava en los municipios de usos y costumbres, pero que persiste como característica de las condiciones políticas de la entidad. La hostilidad extrema en el ejercicio del poder inhibe a las mujeres para participar como autoridades, coinciden varios expertos.En la memoria videográfica que recoge Margarita Dalton, se narran historias de obras públicas abandonadas o echadas abajo por ser iniciativa de mujeres que fungieron como presidentas municipales. Se relata la presión del gobierno estatal para obtener las carteras de hacienda, la tesorería o la sindicatura de los ayuntamientos por usos y costumbres: la negativa ha redundado en la desaparición de poderes o en la destitución de las autoridades por parte del Congreso del estado con mayoría priista."Cuando es por partido va proporcional el número de participantes en el ayuntamiento, aquí es por usos y costumbres y el que quedó, quedó", relata la maestra Abigail Morán que gobernó San Pedro y San Pablo Tequistepec entre el 2002 y el 2004, y cuya oposición a la injerencia del gobierno estatal, entonces encabezado por José Murat, le costó la suspensión del cargo por más de un año, tiempo en que se detuvieron las obras municipales.Como esas mujeres, Irene también ha recibido presiones: se le acusa de participar en actividades de apoyo a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). "Yo le he dicho a todos que yo no he hecho campaña. No recorrí comunidades, fui electa libremente. Mi único compromiso es trabajar. Vengo de la lucha sindical desde hace muchos años, pero soy respetuosa de todas las instancias", dice Irene ante las presiones.
La 'ayuda' oficial
En octubre de 2006, Irene fue electa presidenta municipal de Ayutla en una asamblea en que participaron alrededor de 500 personas comuneras. En esa ocasión, la asamblea comunitaria votó de manera insólita, eligiendo a seis mujeres para ocupar los principales cargos del ayuntamiento: presidenta, secretaria, tesorera y tres regidoras, sin contar a las mujeres topiles y suplentes. "Las mujeres se están preparando, lo que exponen en las reuniones son puntos acertados, coherentes. Los hombres cada vez están menos preparados y entregan cuentas deficientes" dice Gildardo López Antonio, regidor de hacienda del municipio de San Pedro y San Pablo Ayutla.Según Margarita Dalton las mujeres que han llegado a gobernar en los municipios de usos y costumbres tienen tres características: perfil profesional, han visto la política en casa a través de algún familiar y liderazgo nato dentro de la comunidad.La puerta de la oficina de Irene permanece abierta todo el tiempo. "Me parece muy bien que estén aquí", comenta la presidenta desde su amplio escritorio de madera a los encargados de Oportunidades. "La autoridad cree que es muy bueno que traigan estos beneficios al municipio, pero es importante que nos ayuden porque la gente ya no quiere cooperar, sólo piensa en recibir. La autoridad les pide que no rompan con nuestro tequio".El tequio es una costumbre de varios pueblos indígenas de México, entre ellos el mixe. Los habitantes de Ayutla son mayoritariamente de origen indígena; en el distrito mixe, uno de tres que conforman la región de la Sierra Norte de Oaxaca, el 70 por ciento de los habitantes habla el ayuuk, lengua de los mixes. El tequio es una forma de trabajo colectivo, voluntario y gratuito que se presta en obras de beneficio comunitario. En esta lógica de participación, los derechos comunitarios se adquieren con base en el cumplimiento de las obligaciones.Los beneficios sociales que llegan a las comunidades indígenas, a través de programas federales y estatales, son individualizados. Sin embargo, el sistema de organización indígena es principalmente colectivo. Irene manifiesta preocupación, pues argumenta que las beneficiarias se limitan a cumplir con su obligaciones individuales, descuidando sus tareas dentro de la comunidad.En el diseño de Oportunidades, el programa social más importante desde hace más de una década en México, las mujeres son quienes reciben el dinero que llega a cada familia a condición de mantener a sus hijos e hijas en la escuela. También, en los hechos, llevan en exclusiva las tareas de participación por recibir los beneficios gubernamentales, ya que una de las "obligaciones del beneficiario" es participar en las tareas comunitarias que determinen los comités.Según varios expertos, el trabajo y la participación de las mujeres indígenas está subregistrado, ya que la mayor parte de sus tareas se consideran "ayuda". Históricamente los hombres han sido nombrados como autoridades dentro de las comunidades. Sin embargo, las mujeres llevan a cabo múltiples tareas implícitas en el sistema de cargos indígena, sin dejar de lado las labores inherentes al rol de madres. Algunas son nombradas en cargos acordes a los roles que se consideran apropiados para una mujer: limpieza comunitaria o el comité de escuela. Otras auxilian a sus esposos cuando han recibido algún nombramiento para realizar las comidas en las fiestas del pueblo o para mantener la siembra mientras ellos cumplen con el cargo."Como se tiene el estereotipo de que las mujeres indígenas no participan en nada, hay una serie de programas que las obligan a participar más", comenta la antropóloga María Cristina Velásquez."En México, el 73 por ciento de la población de 12 años o más económicamente inactiva son mujeres: aunque su desempeño cotidiano es determinante para la reproducción doméstica y comunitaria", concluye el estudio del Inmujeres publicado el año pasado."Muchas mujeres sufren trabajos muy pesados: limpia del campo, traer leña", comenta la presidenta municipal de Ayutla. No obstante, acorde a las costumbres de su pueblo, demanda más participación de las beneficiarias.
Maltrato e ignorancia
Es un día frío, el cielo amenaza con llorar sobre la cabecera municipal de San Pedro y San Pablo Ayutla. Este municipio de poco más de 4 mil habitantes se encuentra en la región alta del distrito mixe, en donde la naturaleza tomó los suelos de forma caprichosa para arrugarlos y crear montañas casi azules.Ayutla lleva en su orografía y nombre el pensamiento dual de lo femenino y masculino, que traza la cosmovisión del pueblo mixe. Está encallada en la Sierra Madre Occidental, pero la religión la nombró en masculino: San Pedro y San Pablo, fundadores de la Iglesia Católica.Este municipio está considerado por el Conapo como de "muy alta marginación". Más del 44 por ciento de la población mayor de 15 años es analfabeta y 35 por ciento de las viviendas carecen de energía eléctrica. Los municipios considerados con predominio indígena o netamente indígenas son de muy alta o alta marginación. En Oaxaca, casi el 50 por ciento del total de la población habita en municipios de alta o muy alta marginación.Según la tradición mixe, y de algunos pueblos mesoamericanos, el mundo se compone de dos partes divididas por una línea horizontal. La parte superior representa macho, calor, cielo, sequía, luz y fuerza; mientras la parte inferior es madre, hembra, frío, inframundo, humedad, oscuridad y debilidad.Más allá de la mitología, la debilidad de lo femenino se difumina en los rostros de carne. Irene se encuentra en pie desde las cinco de la mañana, hora en que la presidencia municipal citó a los ancianos para la entrega de recursos. A las cuatro de la tarde, la jornada de pago continúa. Los encargados de Telecom le informan a otra anciana que no aparece en sus listas. Irene les pide a los funcionarios del servicio de mensajería que "no dejen a la abuelita sin cheque", pero encuentra que las listas que Sedesol proporcionó a Telecom no coinciden con las del ayuntamiento.La presidenta municipal sube a su oficina para buscar resolver la situación de los ancianos que no recibirán el beneficio gubernamental. En el segundo piso del palacio municipal Hermelinda Reyes, secretaria del ayuntamiento, informa a Irene que los vecinos han denunciado a un hombre por golpear a su mujer durante dos días. El presunto delincuente radica en la cabecera municipal y está en estado de ebriedad. La presidenta entra en la oficina de la secretaria del ayuntamiento, toma el micrófono conectado al altavoz de la plaza y llama en ayuuk a los topiles y al síndico del municipio.Irene baja de prisa las escaleras del palacio municipal para intentar, sin éxito, que las personas que provienen de las seis agencias en que se divide Ayutla, no se vayan con las manos vacías.Tras cinco minutos de haber llamado por el altavoz, aparecen tres topiles y el suplente del síndico armados con palos gruesos de madera de los que penden látigos de cuero. Irene les explica la situación y pide que arresten al golpeador. De ser arrestado, acorde a la costumbre, el delincuente pasará una noche en la cárcel municipal.Según el estudio "Mujeres Indígenas en México", en comunidades indígenas el consumo de alcohol se asocia, como ningún otro factor, a la morbilidad y mortalidad por violencia, especialmente contra las mujeres."Las mujeres sufren la represión, la violencia intrafamiliar. Tenemos el problema de la justicia cuando una mujer es violada o es maltratada. Las autoridades nos hemos equivocado y no le hemos dado atención especial a las mujeres", comenta la presidenta municipal.Las creencias que autorizan la discriminación y la violencia contra las mujeres tienen raíces profundas en la educación. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, el 74 por ciento de las mujeres que habla alguna lengua indígena piensa que una buena esposa debe obedecer a su marido. El 30 por ciento de estas mujeres cree que tiene la obligación de tener relaciones sexuales con sus esposos contra su voluntad. Mientras, el 30 por ciento piensa que su cónyuge tiene derecho a pegarle si no cumple con sus obligaciones.En México, estas cifras no son menos alarmantes entre el resto de la población femenina: más del 36 por ciento piensa que una buena esposa debe obedecer; el 9.4 por ciento cree que tiene la obligación de sostener relaciones sexuales con su pareja y casi el 7 por ciento piensa que su marido tiene derecho a pegarle."Cuando una escucha calma un dolor", concluye la presidenta municipal de Ayutla, pueblo mixe.
Múltiple discriminación
Durante la conquista, los mixes de la Sierra Norte de Oaxaca no se rindieron a las armas del Ejército español. Sin embargo, hoy como entonces, existieron factores que han vulnerado la voluntad de resistencia de este pueblo indígena. La religión católica fue el instrumento de conquista en el siglo XVI, hoy día, las tierras del norte de este estado están siendo abandonadas.Según el antropólogo Gustavo Torres Cisneros, autor de estudios sobre los pueblos mixes, la migración en esta zona se ha incrementado debido a factores como el deterioro de las tierras, la presión demográfica, la llegada de maíz transgénico y la caída de los precios del café.Y ha pasado a formar parte de la estadística: el 43 por ciento de los municipios indígenas del país son considerados expulsores de mano de obra.Según María Cristina Velásquez, la migración ha impactado positivamente en el número de mujeres indígenas que participan en cargos públicos tradicionalmente masculinos. "La articulación de la mujer indígena en las estructuras políticas está muy vinculada al sistema de conyugalidad que existe, el cual se ha visto alterado por la migración".Sin embargo, según la antropóloga no existen incentivos gubernamentales para "transformar el inicio de un rol involuntario en un proceso social transformador" que acelere el desarrollo integral de las mujeres indígenas.Los historiadores relatan que la conquista del pueblo mixe fue especialmente cruenta. En ese entonces, las mujeres se negaban a tener hijos como protesta a la represión de su pueblo. Hoy la maternidad de las mixes, como la del resto de las indígenas, es casi penalizada, por la falta de servicios de salud: más del 15 por ciento de las mujeres indígenas son atendidas por parteras. Las principales causas de muerte entre las indígenas de temprana edad están relacionadas a la maternidad, hemorragia durante el embarazo, parto y puerperio. La mortalidad materna es un indicador claro del subdesarrollo, ya que podría abatirse con un mínimo de cuidados durante y después del embarazo.En México, la tasa de mortalidad materna entre las indígenas es del doble respecto al resto de la población femenina.Oaxaca es, así, ejemplo de la paradoja de la triple discriminación que viven las mujeres indígenas en México: la mayor parte de su población es femenina, es indígena y también es la más marginada.Pero los pueblos indígenas que aplican el sistema de usos y costumbres presentan, paradójicamente, mayor resistencia a la participación de las mujeres.Como concluye la investigadora Margarita Dalton: "Resulta sorprendente que quienes han sufrido discriminación por muchos siglos, y han sentido el peso de la opresión autoritaria, sigan discriminando a las mujeres de sus comunidades".
Cifras de la desigualdad
Estudios oficiales revelan la inequidad en los pueblos indígenas
· En México hay 5 millones 189 mil 235 mujeres indígenas.
· Representan el 9.7 por ciento de las mujeres mexicanas y el 50.7 por ciento de la población indígena.
· Una de cada tres mujeres indígenas de 15 años y más es analfabeta.
· Tres de cada cuatro no trabaja en ningún sector formal de la economía.
· La mitad de las que trabajan no recibe sueldo o gana menos de un salario
mínimo al día.
· Las mujeres son cabeza de familia de 16.2 por ciento de los hogares indígenas.
· Seis de cada cuatro hogares indígenas no cuentan con drenaje.
· Ocho de cada 10 hogares no tiene agua entubada dentro de la vivienda.
· En el 65.9 por ciento de los hogares indígenas se cocina aún con leña, carbón o petróleo.
Fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Enfoque recomienda Para saber más de la situación de las mujeres en las comunidades indígenas se puede consultar:
· Diagnóstico de la discriminación hacia las mujeres indígenas. Coordinado por Paloma Bonfil y Elvira Rosa Martínez. CDI. Contiene obras y testimonios de la discriminación, a nivel colectivo e individual, que sufren las mujeres indígenas en los ámbitos familiar y de pareja. También aporta el análisis de diversos especialistas sobre el tema. ·
La doble mirada: voces e historias de mujeres indígenas latinoamericanas. Coordinado por Martha Sánchez. Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir-UNIFEM. Compilación de ensayos sobre la participación de las mujeres indígenas en los movimientos políticos y sociales de Latinoamérica. Se analizan los casos de México, Bolivia, Ecuador y Perú; se aborda el aporte de este sector de la población a los movimientos de resistencia y autonomía en la región.
· Las mujeres indígenas de México: su contexto socioeconómico, demográfico y de salud. Luz María García et.al. Inmujeres-Conapo-CDI. Panorama integral de las mujeres indígenas que analiza y presenta estadísticas sobre sus características socioeconómicas y su situación demográfica y de salud reproductiva. Además, aborda temas como la discapacidad, el consumo de bebidas alcohólicas en la población indígena y las infecciones de transmisión sexual.
Disponible en línea:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100833.pdf
http://www.reforma.com/libre
martes, 7 de agosto de 2007
Se queja por discriminación grupo hispano de trabajadoras
06 Agosto 2007
Actualizado: 11:52 PM hora de Cd. Juárez
Oksana VolchanskayaEl Diario de El PasoEl Paso— Encadenadas de manos, decenas de mujeres trabajadoras de El Paso, protestaron frente al edificio de la Cámara de Comercio, pidiendo a gritos que los gobiernos las incluyan en sus planes de desarrollo.“Estas cadenas simbolizan nuestra conformidad con el ciclo de pobreza en el que estamos. No queremos seguir siendo esclavas de la pobreza, nuestro plan puede romper ese ciclo, pero necesitamos apoyo”, así expresó la directora ejecutiva del organismo La Mujer Obrera de El Paso, Irma Montoya.La principal demanda de este grupo de mujeres es de justicia y trabajo. Ellas aseguran que son víctimas de discriminación por ser mexicanas y con un inglés limitado.“No nos incluyen en los planes de desarrollo, ignoran nuestras propuestas”, manifestó Montoya.La Mujer Obrera elaboró un proyecto llamado Mayachen, con la urgencia de incorporar laboralmente a miles de trabajadoras desplazadas por el Tratado de Libre Comercio.El propósito de este plan es encaminar el desarrollo económico en la herencia de la cultura mexicana, haciendo crecer la demanda de sus productos, su educación y el arte. Sin embargo, el proyecto del centro no calificó para el Fondo Empresarial de Texas (TEF, por sus siglas en inglés).“Ya tenemos más de un año tratando de posesionar nuestro plan y lo único que recibimos en respuesta fueron palabras”, dijo Irma Montoya.Tras recibir una negativa del TEF, la organización de La Mujer Obrera decidió presentar demandas legales contra las instancias federal y estatal, con el argumento de la discriminación de la mujer trabajadora mexicana.Asimismo, anunciaron una serie de protestas públicas tanto en el ámbito local como estatal.Ayer, el día de la visita a El Paso del senador republicano John Cornyn, las integrantes de La Mujer Obrera salieron a su primera protesta.“El senador viene a hablar de la inversión y el desarrollo, pero nosotras queremos hacer ver que la mujer trabajadora no está incluida en ese desarrollo”, indicó Montoya.
Contacto: oksanav@diariousa.com
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=530782d29ce4e3b085aa8730e490a737
Acusa ONG a gobierno de Texas por discriminación
04 Agosto 2007
Actualizado: 12:38 AM hora de Cd. Juárez
Oksana VolchanskayaEl Diario de El PasoEl Paso— Tras recibir una negativa del Fondo Empresarial del Gobernador (TEF, por sus siglas en inglés) para su proyecto de desarrollo, la organización de La Mujer Obrera de El Paso decidió presentar demandas legales contra las instancias federal y estatal, con el argumento de la discriminación de la mujer trabajadora mexicana.“Para someter a concurso un plan de desarrollo hay que pagar mil dólares, pero en la oficina de Texas Enterprise Fund nos dijeron que no perdiéramos el tiempo ni el dinero porque nuestro proyecto no va a aplicar”, señaló la directora ejecutiva de La Mujer Obrera, Irma Montoya.Según la información de la oficina del Gobernador de Texas, Rick Perry, para febrero del 2006 se destinaron 293 millones de dólares para proyectos que generarían la inversión de más de 6.8 mil millones de dólares y crearían casi 40 mil empleos.“Nos trataron en forma de burla y es una clara discriminación por ser mujeres mexicanas con un inglés limitado”, indicó Montoya.Asimismo, aseguró que La Mujer Obrera está preparando una serie de eventos y protestas para exigir a las autoridades gubernamentales una mayor atención a la problemática de la mujer trabajadora en El Paso.“Las mujeres en El Paso no son prioridad, años atrás éramos pobres, ahora somos miserables”, manifestó Margarita Jiménez, quien dijo que perdió su empleo a raíz de NAFTA.Principalmente, mujeres trabajadoras demandaron una capacitación de trabajo bilingüe para tener mayores oportunidades de colocarse laboralmente. Asimismo, expresaron la necesidad de empleos con salarios superiores al mínimo. “Vamos a salir a las calles para exigir un mayor apoyo, porque ya nos cansamos de estar creando proyectos y que no nos ayuden con fondos”, dijo Irma Montoya.El centro La Mujer Obrera elaboró un proyecto de desarrollo llamado Plan Mayachen, con la urgencia de incorporar a miles de trabajadoras desplazadas por el Tratado de Libre Comercio.“Con el propósito de encaminar el desarrollo económico en la herencia de la cultura mexicana, esperamos hacer crecer la demanda de los productos, educación y arte, así como la capacitación y la creación de nuevos empleos en El Paso”, apuntaló la directora ejecutiva de La Mujer Obrera.Sin embargo, el proyecto del centro fue ignorado por el TEF, lo que empujó a la organización a plantear una demanda contra el Fondo.Otra demanda, según explicó Irma Montoya, será contra la oficina federal de Desarrollo de Vivienda y Urbanización (HUD, por sus siglas en inglés).
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=f84774a18fd9fc8d4c30600d31de8054
Actualizado: 11:52 PM hora de Cd. Juárez
Oksana VolchanskayaEl Diario de El PasoEl Paso— Encadenadas de manos, decenas de mujeres trabajadoras de El Paso, protestaron frente al edificio de la Cámara de Comercio, pidiendo a gritos que los gobiernos las incluyan en sus planes de desarrollo.“Estas cadenas simbolizan nuestra conformidad con el ciclo de pobreza en el que estamos. No queremos seguir siendo esclavas de la pobreza, nuestro plan puede romper ese ciclo, pero necesitamos apoyo”, así expresó la directora ejecutiva del organismo La Mujer Obrera de El Paso, Irma Montoya.La principal demanda de este grupo de mujeres es de justicia y trabajo. Ellas aseguran que son víctimas de discriminación por ser mexicanas y con un inglés limitado.“No nos incluyen en los planes de desarrollo, ignoran nuestras propuestas”, manifestó Montoya.La Mujer Obrera elaboró un proyecto llamado Mayachen, con la urgencia de incorporar laboralmente a miles de trabajadoras desplazadas por el Tratado de Libre Comercio.El propósito de este plan es encaminar el desarrollo económico en la herencia de la cultura mexicana, haciendo crecer la demanda de sus productos, su educación y el arte. Sin embargo, el proyecto del centro no calificó para el Fondo Empresarial de Texas (TEF, por sus siglas en inglés).“Ya tenemos más de un año tratando de posesionar nuestro plan y lo único que recibimos en respuesta fueron palabras”, dijo Irma Montoya.Tras recibir una negativa del TEF, la organización de La Mujer Obrera decidió presentar demandas legales contra las instancias federal y estatal, con el argumento de la discriminación de la mujer trabajadora mexicana.Asimismo, anunciaron una serie de protestas públicas tanto en el ámbito local como estatal.Ayer, el día de la visita a El Paso del senador republicano John Cornyn, las integrantes de La Mujer Obrera salieron a su primera protesta.“El senador viene a hablar de la inversión y el desarrollo, pero nosotras queremos hacer ver que la mujer trabajadora no está incluida en ese desarrollo”, indicó Montoya.
Contacto: oksanav@diariousa.com
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=530782d29ce4e3b085aa8730e490a737
Acusa ONG a gobierno de Texas por discriminación
04 Agosto 2007
Actualizado: 12:38 AM hora de Cd. Juárez
Oksana VolchanskayaEl Diario de El PasoEl Paso— Tras recibir una negativa del Fondo Empresarial del Gobernador (TEF, por sus siglas en inglés) para su proyecto de desarrollo, la organización de La Mujer Obrera de El Paso decidió presentar demandas legales contra las instancias federal y estatal, con el argumento de la discriminación de la mujer trabajadora mexicana.“Para someter a concurso un plan de desarrollo hay que pagar mil dólares, pero en la oficina de Texas Enterprise Fund nos dijeron que no perdiéramos el tiempo ni el dinero porque nuestro proyecto no va a aplicar”, señaló la directora ejecutiva de La Mujer Obrera, Irma Montoya.Según la información de la oficina del Gobernador de Texas, Rick Perry, para febrero del 2006 se destinaron 293 millones de dólares para proyectos que generarían la inversión de más de 6.8 mil millones de dólares y crearían casi 40 mil empleos.“Nos trataron en forma de burla y es una clara discriminación por ser mujeres mexicanas con un inglés limitado”, indicó Montoya.Asimismo, aseguró que La Mujer Obrera está preparando una serie de eventos y protestas para exigir a las autoridades gubernamentales una mayor atención a la problemática de la mujer trabajadora en El Paso.“Las mujeres en El Paso no son prioridad, años atrás éramos pobres, ahora somos miserables”, manifestó Margarita Jiménez, quien dijo que perdió su empleo a raíz de NAFTA.Principalmente, mujeres trabajadoras demandaron una capacitación de trabajo bilingüe para tener mayores oportunidades de colocarse laboralmente. Asimismo, expresaron la necesidad de empleos con salarios superiores al mínimo. “Vamos a salir a las calles para exigir un mayor apoyo, porque ya nos cansamos de estar creando proyectos y que no nos ayuden con fondos”, dijo Irma Montoya.El centro La Mujer Obrera elaboró un proyecto de desarrollo llamado Plan Mayachen, con la urgencia de incorporar a miles de trabajadoras desplazadas por el Tratado de Libre Comercio.“Con el propósito de encaminar el desarrollo económico en la herencia de la cultura mexicana, esperamos hacer crecer la demanda de los productos, educación y arte, así como la capacitación y la creación de nuevos empleos en El Paso”, apuntaló la directora ejecutiva de La Mujer Obrera.Sin embargo, el proyecto del centro fue ignorado por el TEF, lo que empujó a la organización a plantear una demanda contra el Fondo.Otra demanda, según explicó Irma Montoya, será contra la oficina federal de Desarrollo de Vivienda y Urbanización (HUD, por sus siglas en inglés).
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=f84774a18fd9fc8d4c30600d31de8054
Expone CIDH preocupaciones a Calderón
Expone CIDH preocupaciones a Calderón
Expuso su preocupación por la impunidad en el tema de tortura, y la justicia militar aplicada a los derechos humanos
Por Daniela Rea
Ciudad de México (07 de agosto de 2007).- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, se reunió con el Presidente Felipe Calderón para exponerle las preocupaciones del organismo sobre la situación de derechos humanos en México.Entrevistado en un receso de la reunión que mantiene con organismos de la sociedad civil del País, Meléndez enunció la lista de temas que trató con Calderón.
"Le expusimos preocupaciones que desafortunadamente no son buenas y son temas que están relacionados con la impunidad", dijo.
El funcionario expuso las preocupaciones en el caso de las muertas de Ciudad Juárez, el hostigamiento y persecución a periodistas, las desapariciones forzadas del pasado y los obstáculos jurídicos que hay para sancionar a los culpables, la marginalidad social de indígenas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero y especialmente la violencia en el Estado de Oaxaca.Además, le indicó su preocupación por la impunidad en el tema de tortura, y la justicia militar aplicada a los derechos humanos, tema en el que reiteró la importancia de que sea la justicia civil la que resuelva los casos de violencia militar hacia particulares.
Florentín Meléndez aclaró que la CIDH no mediará ante el Gobierno de Oaxaca en el caso de los dos desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR).Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/796727/
Fecha de publicación: 07-Ago-2007
Expuso su preocupación por la impunidad en el tema de tortura, y la justicia militar aplicada a los derechos humanos
Por Daniela Rea
Ciudad de México (07 de agosto de 2007).- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, se reunió con el Presidente Felipe Calderón para exponerle las preocupaciones del organismo sobre la situación de derechos humanos en México.Entrevistado en un receso de la reunión que mantiene con organismos de la sociedad civil del País, Meléndez enunció la lista de temas que trató con Calderón.
"Le expusimos preocupaciones que desafortunadamente no son buenas y son temas que están relacionados con la impunidad", dijo.
El funcionario expuso las preocupaciones en el caso de las muertas de Ciudad Juárez, el hostigamiento y persecución a periodistas, las desapariciones forzadas del pasado y los obstáculos jurídicos que hay para sancionar a los culpables, la marginalidad social de indígenas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero y especialmente la violencia en el Estado de Oaxaca.Además, le indicó su preocupación por la impunidad en el tema de tortura, y la justicia militar aplicada a los derechos humanos, tema en el que reiteró la importancia de que sea la justicia civil la que resuelva los casos de violencia militar hacia particulares.
Florentín Meléndez aclaró que la CIDH no mediará ante el Gobierno de Oaxaca en el caso de los dos desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR).Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/796727/
Fecha de publicación: 07-Ago-2007
miércoles, 1 de agosto de 2007
La triple discriminación: un breve bosquejo de la mujer indígena en Chiapas y en México
La triple discriminación: un breve bosquejo de la mujer indígena en Chiapas y en México
01-08-07,
Por Equipo CIEPAC
La subordinación y exclusión de las mujeres indígenas de muchos espacios políticos, laborales, sociales y culturales, es violencia. Violencia que se manifiesta en muchas formas y grados. Sin embargo, las mujeres comienzan a cuestionar los usos y costumbres que las mantienen subordinadas y que refuerzan el mandato patriarcal construido y legitimado histórica y socialmente.
La triple opresión
La subordinación de las mujeres indígenas puede ser reconocida desde la perspectiva de una triple opresión: desde su clase, desde su género y desde su condición étnica. Es decir, las mujeres indígenas son oprimidas y excluidas por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. Es necesario ver esta triple condición como producto de un proceso histórico-cultural. Las mujeres indígenas a través de los años reproducen esta condición subordinada de indígenas pobres, transmitiendo de generación en generación esta característica como una más de su ser mujer. La subordinación de género determina la forma de existencia en todos los ámbitos de su vida: en la familia, con la pareja, con los hijos e hijas, con la comunidad, con las autoridades, que imponen socialmente este modelo, además de controlar su cumplimento y exigibilidad.
Los modelos genéricos en todas las sociedades han privilegiado a los hombres, construyendo sobre las diferencias sexuales orgánicas un sistema de desigualdades legitimado socialmente -y considerado como natural en tanto producto histórico- con que el estado a través de sus instituciones públicas, oprime y excluye a las mujeres de muchos espacios públicos y considera que nuestra función es tener hijas e hijos, educarlos y cuidarlos, y que por lo tanto nuestro lugar es la casa.
En las comunidades indígenas la construcción social del género se fundamenta y se representa a través de una marcada división sexual del trabajo, que sólo da valor a las mujeres en función de su maternidad, concebida como fin natural de la mujer, mientras que los hombres son los jefes, los dueños de las mujeres, los que tienen el poder y toman las decisiones. Esta situación podemos observarla en el cotidiano en las calles de San Cristóbal de las Casas, dónde los hombres caminan delante de las mujeres, mientras éstas los siguen silenciosamente con la mirada agachada, descalzas, junto con las hijas y los hijos.
Las identidades genéricas desiguales entre hombres y mujeres se construyen desde la niñez. Desde la infancia las mujeres indígenas son educadas para reproducir los patrones de género patriarcales y socialmente aceptables; desde niñas asumen responsabilidades en la casa, especialmente adquieren el deber de ayudar a su madre en las tareas "normales" y cotidianas de ésta. Barren, limpian, lavan, hacen tortillas, cocinan, además de cargar sobre su espalda a sus hermanos pequeños. Cuestiones con las que se reafirman y recrean las identidades genéricas de las funciones y los roles "naturales" del ser mujer. Los hombres también tienen que ayudar a su padre en el campo, pero ellos al igual que sus padres son dueños de su tiempo libre y sujetos de otros derechos que a las niñas les son negados como el derecho a estudiar.
La discriminación por género, clase y etnia es parte de la estructura nacional capitalista y patriarcal. En la actualidad, son evidentes los datos que reflejan la situación subordinada y excluyente que ocupan los indígenas en general y las mujeres indígenas en particular. Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena del país, situación relacionada directamente con los altos índices de pobreza y marginación de los que también es protagónico. Los datos censales nos indican que las mujeres en relación a los hombres indígenas presentan índices más altos de marginación. Según el censo de 2005, son monolingües el 15.6% del total de las mujeres indígenas del país y analfabetas el 40%. En Chiapas por cada 100 hombres analfabetos, existen 182 mujeres que no cuentan con la capacidad de comunicarse por escrito. Asimismo, son monolingües el 32% de las mujeres indígenas y analfabetas más del 50%. Creemos que estos datos son bastante conservadores, ya que no es posible que existan mujeres monolingües y que sepan leer y escribir a la vez.
Las mujeres indígenas tienen más hijos que las mujeres mestizas; en algunos lugares el promedio es de seis o siete hijos por mujer en edad reproductiva. Los altos índices de natalidad en el Chiapas rural van acompañados de altos costos para la salud de las mujeres, teniendo como consecuencia su temprano envejecimiento, amén de un alto índice de mortalidad materna e infantil.
La discriminación que las mujeres indígenas padecen por su condición de género y clase, no se da únicamente en los ámbitos económicos nacionales, sino también en sus propios ámbitos familiares que las considera y encapsula como madres, esposas y trabajadoras del hogar. El trabajo doméstico es concebido en las comunidades indígenas y no indígenas como una obligación femenina natural que recluye a las mujeres en el espacio doméstico. Junto con la maternidad, el trabajo doméstico es considerado aporte y garantía para la supervivencia diaria de los miembros de una familia. En algunas ocasiones, se considera al trabajo doméstico como un complemento del trabajo de los hombres para el sostén y reproducción de una familia. Sin embargo, no se toma en cuenta la desigualdad de género existente en esta supuesta complementariedad del trabajo. Es decir, los hombres son dueños de su tiempo; su trabajo tiene un principio y un fin. Pero el trabajo en el hogar nunca termina, ni tiene horarios determinados. Además muchas mujeres realizan también trabajos en la milpa, mientras que los hombres pocas veces se responsabilizan del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos e hijas. Cuando logran acceder al mercado de trabajo, las mujeres indígenas, al igual que las mujeres mestizas, no dejan de realizar el trabajo doméstico, lo que se traduce en dobles y triples jornadas con pésimos salarios.
La mujer en el neoliberalismo
La reestructuración del sistema económico y el embate de las políticas neoliberales, han ocasionado muchas transformaciones en el campo, ya que la falta de tierra y la dependencia cada vez mayor del mercado y de los cultivos importados han aumentado la migración a Estados Unidos y Canadá. La migración ha ocasionado que las mujeres asuman, además de sus tareas cotidianas, el rol de jefas de hogar; en esta reestructuración social muchas familias son encabezadas por mujeres. Una consecuencia más de la migración de los hombres del campo, es la creciente ocupación de las parcelas por las mujeres; esposas, hijas o hermanas de esos migrantes. Sin embargo, la inequidad de género también está presente en la tenencia de la tierra, ya que aún cuando hay cada vez más mujeres campesinas, no existen mecanismos legales, ni políticas públicas que aseguren la propiedad de la tierra para éstas. En este contexto muchas mujeres también migran a las ciudades en busca de trabajo, algunas también se arriesgan con sus hijos para ir a Estados Unidos, a pesar del abuso de los "polleros", del temor a la migra, de ser violadas y hasta asesinadas como ha sucedido con muchas mujeres.
Los intentos de las mujeres indígenas por acceder al trabajo asalariado son especialmente difíciles. La mayoría de ellas se emplean en trabajos domésticos en condiciones de semiesclavitud, asumiendo el papel de reproductoras y garantes del bienestar familiar y social de otras familias en las ciudades. El manejo deficiente del español y los bajos niveles de escolaridad las conduce a trabajos con salarios muy bajos y condiciones de explotación inimaginables. Las indígenas de Chiapas, se han convertido también en una potencial reserva de mano de obra barata para las maquiladoras que comienzan a instalarse en el estado, y las que próximamente se instalarán para cumplir cabalmente con los mandatos del Plan Puebla Panamá.
Los tratados comerciales que el neoliberalismo impulsa han resultado muy favorables para las empresas. Pero para las campesinas y campesinos estos tratados comerciales lo único que han ocasionado es hacerlos dependientes de las grandes empresas transnacionales, que se han convertido casi en la única vía para comercializar sus productos. Las políticas comerciales del neoliberalismo privilegian la exportación de los cultivos comerciales no tradicionales y la importación de los alimentos básicos, por lo que están terminando la producción destinada al autoconsumo y al mercado local dejando a las campesinas en desventaja ante el mercado internacional. Muchos campesinos y campesinas se han convertido en jornaleros en su propia tierra al quedarse sin sus parcelas, que las grandes empresas van adquiriendo aprovechando las oportunidades dadas por la modificación al artículo 27 Constitucional.
Sistematización y redacción: Norma Iris Cacho Niño - "Chiapas al Dia" No. 539 - CIEPAC, San Cristóbal de Las Casas, CHIAPAS; MEXICO 30-Jul-2007
01-08-07,
Por Equipo CIEPAC
La subordinación y exclusión de las mujeres indígenas de muchos espacios políticos, laborales, sociales y culturales, es violencia. Violencia que se manifiesta en muchas formas y grados. Sin embargo, las mujeres comienzan a cuestionar los usos y costumbres que las mantienen subordinadas y que refuerzan el mandato patriarcal construido y legitimado histórica y socialmente.
La triple opresión
La subordinación de las mujeres indígenas puede ser reconocida desde la perspectiva de una triple opresión: desde su clase, desde su género y desde su condición étnica. Es decir, las mujeres indígenas son oprimidas y excluidas por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. Es necesario ver esta triple condición como producto de un proceso histórico-cultural. Las mujeres indígenas a través de los años reproducen esta condición subordinada de indígenas pobres, transmitiendo de generación en generación esta característica como una más de su ser mujer. La subordinación de género determina la forma de existencia en todos los ámbitos de su vida: en la familia, con la pareja, con los hijos e hijas, con la comunidad, con las autoridades, que imponen socialmente este modelo, además de controlar su cumplimento y exigibilidad.
Los modelos genéricos en todas las sociedades han privilegiado a los hombres, construyendo sobre las diferencias sexuales orgánicas un sistema de desigualdades legitimado socialmente -y considerado como natural en tanto producto histórico- con que el estado a través de sus instituciones públicas, oprime y excluye a las mujeres de muchos espacios públicos y considera que nuestra función es tener hijas e hijos, educarlos y cuidarlos, y que por lo tanto nuestro lugar es la casa.
En las comunidades indígenas la construcción social del género se fundamenta y se representa a través de una marcada división sexual del trabajo, que sólo da valor a las mujeres en función de su maternidad, concebida como fin natural de la mujer, mientras que los hombres son los jefes, los dueños de las mujeres, los que tienen el poder y toman las decisiones. Esta situación podemos observarla en el cotidiano en las calles de San Cristóbal de las Casas, dónde los hombres caminan delante de las mujeres, mientras éstas los siguen silenciosamente con la mirada agachada, descalzas, junto con las hijas y los hijos.
Las identidades genéricas desiguales entre hombres y mujeres se construyen desde la niñez. Desde la infancia las mujeres indígenas son educadas para reproducir los patrones de género patriarcales y socialmente aceptables; desde niñas asumen responsabilidades en la casa, especialmente adquieren el deber de ayudar a su madre en las tareas "normales" y cotidianas de ésta. Barren, limpian, lavan, hacen tortillas, cocinan, además de cargar sobre su espalda a sus hermanos pequeños. Cuestiones con las que se reafirman y recrean las identidades genéricas de las funciones y los roles "naturales" del ser mujer. Los hombres también tienen que ayudar a su padre en el campo, pero ellos al igual que sus padres son dueños de su tiempo libre y sujetos de otros derechos que a las niñas les son negados como el derecho a estudiar.
La discriminación por género, clase y etnia es parte de la estructura nacional capitalista y patriarcal. En la actualidad, son evidentes los datos que reflejan la situación subordinada y excluyente que ocupan los indígenas en general y las mujeres indígenas en particular. Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena del país, situación relacionada directamente con los altos índices de pobreza y marginación de los que también es protagónico. Los datos censales nos indican que las mujeres en relación a los hombres indígenas presentan índices más altos de marginación. Según el censo de 2005, son monolingües el 15.6% del total de las mujeres indígenas del país y analfabetas el 40%. En Chiapas por cada 100 hombres analfabetos, existen 182 mujeres que no cuentan con la capacidad de comunicarse por escrito. Asimismo, son monolingües el 32% de las mujeres indígenas y analfabetas más del 50%. Creemos que estos datos son bastante conservadores, ya que no es posible que existan mujeres monolingües y que sepan leer y escribir a la vez.
Las mujeres indígenas tienen más hijos que las mujeres mestizas; en algunos lugares el promedio es de seis o siete hijos por mujer en edad reproductiva. Los altos índices de natalidad en el Chiapas rural van acompañados de altos costos para la salud de las mujeres, teniendo como consecuencia su temprano envejecimiento, amén de un alto índice de mortalidad materna e infantil.
La discriminación que las mujeres indígenas padecen por su condición de género y clase, no se da únicamente en los ámbitos económicos nacionales, sino también en sus propios ámbitos familiares que las considera y encapsula como madres, esposas y trabajadoras del hogar. El trabajo doméstico es concebido en las comunidades indígenas y no indígenas como una obligación femenina natural que recluye a las mujeres en el espacio doméstico. Junto con la maternidad, el trabajo doméstico es considerado aporte y garantía para la supervivencia diaria de los miembros de una familia. En algunas ocasiones, se considera al trabajo doméstico como un complemento del trabajo de los hombres para el sostén y reproducción de una familia. Sin embargo, no se toma en cuenta la desigualdad de género existente en esta supuesta complementariedad del trabajo. Es decir, los hombres son dueños de su tiempo; su trabajo tiene un principio y un fin. Pero el trabajo en el hogar nunca termina, ni tiene horarios determinados. Además muchas mujeres realizan también trabajos en la milpa, mientras que los hombres pocas veces se responsabilizan del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos e hijas. Cuando logran acceder al mercado de trabajo, las mujeres indígenas, al igual que las mujeres mestizas, no dejan de realizar el trabajo doméstico, lo que se traduce en dobles y triples jornadas con pésimos salarios.
La mujer en el neoliberalismo
La reestructuración del sistema económico y el embate de las políticas neoliberales, han ocasionado muchas transformaciones en el campo, ya que la falta de tierra y la dependencia cada vez mayor del mercado y de los cultivos importados han aumentado la migración a Estados Unidos y Canadá. La migración ha ocasionado que las mujeres asuman, además de sus tareas cotidianas, el rol de jefas de hogar; en esta reestructuración social muchas familias son encabezadas por mujeres. Una consecuencia más de la migración de los hombres del campo, es la creciente ocupación de las parcelas por las mujeres; esposas, hijas o hermanas de esos migrantes. Sin embargo, la inequidad de género también está presente en la tenencia de la tierra, ya que aún cuando hay cada vez más mujeres campesinas, no existen mecanismos legales, ni políticas públicas que aseguren la propiedad de la tierra para éstas. En este contexto muchas mujeres también migran a las ciudades en busca de trabajo, algunas también se arriesgan con sus hijos para ir a Estados Unidos, a pesar del abuso de los "polleros", del temor a la migra, de ser violadas y hasta asesinadas como ha sucedido con muchas mujeres.
Los intentos de las mujeres indígenas por acceder al trabajo asalariado son especialmente difíciles. La mayoría de ellas se emplean en trabajos domésticos en condiciones de semiesclavitud, asumiendo el papel de reproductoras y garantes del bienestar familiar y social de otras familias en las ciudades. El manejo deficiente del español y los bajos niveles de escolaridad las conduce a trabajos con salarios muy bajos y condiciones de explotación inimaginables. Las indígenas de Chiapas, se han convertido también en una potencial reserva de mano de obra barata para las maquiladoras que comienzan a instalarse en el estado, y las que próximamente se instalarán para cumplir cabalmente con los mandatos del Plan Puebla Panamá.
Los tratados comerciales que el neoliberalismo impulsa han resultado muy favorables para las empresas. Pero para las campesinas y campesinos estos tratados comerciales lo único que han ocasionado es hacerlos dependientes de las grandes empresas transnacionales, que se han convertido casi en la única vía para comercializar sus productos. Las políticas comerciales del neoliberalismo privilegian la exportación de los cultivos comerciales no tradicionales y la importación de los alimentos básicos, por lo que están terminando la producción destinada al autoconsumo y al mercado local dejando a las campesinas en desventaja ante el mercado internacional. Muchos campesinos y campesinas se han convertido en jornaleros en su propia tierra al quedarse sin sus parcelas, que las grandes empresas van adquiriendo aprovechando las oportunidades dadas por la modificación al artículo 27 Constitucional.
Con las reformas constitucionales, la parcela que era el patrimonio familiar se convierte en mercancía a manos del ejidatario, quien puede decidir rentarla, venderla o dejarla en sucesión a quién le parezca (tradicionalmente al primogénito masculino). La anterior ley agraria establecía obligadamente que la sucesión de la tierra al morir el ejidatario, era preferente para la viuda y después a los hijos. Esta exclusión de las mujeres permite que los hombres vendan las tierras, sin consultar siquiera al resto de la familia.
Sin embargo, este criterio sexista en la propiedad de la tierra no se da únicamente a partir de las reformas al artículo 27 constitucional, sino que en muchas comunidades indígenas es parte de los usos y costumbres. Muchas mujeres indígenas no tienen acceso a la tierra, puesto que es reservada para los hijos varones, limitando su participación también en las asambleas y decisiones estratégicas que tienen que ver con la tierra, el territorio y los recursos naturales. En este sentido, las mujeres también son vulneradas puesto que son las administradoras y responsables en muchas ocasiones de estos recursos; sobre sus espaldas cargan la leña y sobre sus brazos el agua, ambos elementos fundamentales para la supervivencia familiar. Entonces las mujeres indígenas se enfrentan a una doble opresión y exclusión: por un lado la impuesta por su comunidad y familia, y por otro lado la ejercida por un sistema económico neoliberal que pauperiza cada vez más su entorno.
La respuesta gubernamental a esta situación han sido los llamados "programas de combate a la pobreza", que no son otra cosa que migajas de la economía nacional disfrazadas de beneficios, que pretenden reducir a las comunidades indígenas al concepto de pobres, es decir, sujetos pasivos y no actores sociales dueños de su propio destino. Son programas focalizados que generan dependencia, desmovilizan a la población y que no combaten las causas estructurales de la pobreza. El programa Oportunidades es una beca bimensual otorgada a las madres de familia por cada niño o niña cursante de educación básica. Este programa se ha manejado como la panacea para la solución de la pobreza extrema. Sin embargo, en los hechos la irrisoria cantidad es una solución asistencialista que niega la cuestión de fondo de la pobreza. Además el programa es condicionado a la aceptación de otros programas como Procampo y Procede. La última modalidad de este programa es el llamado "Oportunidades Energético" que otorgará cien pesos más para el pago de la luz (cuando los recibos en las comunidades indígenas son por cantidades estratosféricas) y les condicionará la entrega a la presentación del recibo de luz pagado. La dependencia que genera este tipo de programas provoca que algunas mujeres en las zonas rurales procuren tener más hijos, porque mientras más hijos tienen más dinero reciben. En muchas ocasiones estas situaciones son obligadas por el esposo, quién se ve beneficiado la mayor parte de las veces del dinero otorgado por estos programas asistencialistas.
Violencia: las mujeres como objeto
Hablar de violencia de género implica una necesaria integración de la violencia social, económica, laboral, doméstica, política, emocional, cultural y sexual, que las mujeres en general y las indígenas en particular padecen. Violencia que sustenta el mandato del sistema patriarcal, donde las mujeres somos consideradas desiguales, con menos valor que el género masculino.
La violencia estructural del sistema se ha traducido en un fuerte incremento de la violencia social y de género para muchas mujeres indígenas. En pleno siglo XXI aún es practicada en varias partes del mundo y nuestro país la venta de mujeres. En muchas comunidades indígenas y campesinas de Chiapas, las mujeres son consideradas mercancía; son vendidas por sus padres a hombres que las convierten más que en sus esposas en sus esclavas y sirvientas. Por cantidades que van de los 3 mil a los 10 mil pesos, según la edad, condiciones físicas y estado civil (solteras o viudas, con hijos o no) las mujeres son objeto de compra venta, como parte de los usos y costumbres, constituyendo un acto de humillación y vejación. Cuando las mujeres no "cumplen debidamente" con las tareas encomendadas, el esposo puede devolverlas a sus padres y éstos se ven obligados, además de aceptarla de mala manera, a regresar el dinero que ya les pagaron por ellas.
La militarización de los territorios indígenas en el estado de Chiapas, incrementado a raíz del levantamiento armado del EZLN en 1994, ha traído como consecuencias división en las familias, confrontación en las comunidades y un incremento de la violencia hacia las mujeres. La guerra de baja intensidad con la que el estado mexicano ha respondido al levantamiento del EZLN, coloca en una situación de vulnerabilidad a las mujeres y los niños y niñas. Las mujeres son blanco de violencia y abuso sexual, son inclusive asesinadas como sucedió en Acteal, como ha sucedido en varias partes del estado con la intervención de los grupos paramilitares y como sucede en muchos otros lugares del país, siendo los más recientes casos el de las trabajadoras sexuales violadas tumultuariamente por militares en Coahuila y el de la indígena nahua de 73 años Ernestina Ascensión, quién fue violada tumultuariamente, torturada y asesinada por militares en la sierra de Zongolica en el estado de Veracruz.
Es así como la violencia contra las mujeres se "normaliza" en todos los espacios, incluido ahora el judicial y militar, que ya no sólo tolera la violencia sexista sino que la usa como forma sistemática de control. Basta ver los ejemplos de Atenco y Oaxaca, donde el abuso y la violencia sexual contra las mujeres se utilizaron como arma de intimidación y represión, utilizando el cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Sin embargo, las mujeres indígenas no han sido únicamente víctimas de la violencia, sino también símbolo de la resistencia y la respuesta. Si bien en décadas recientes han comenzado a gestarse espacios de participación, es a partir del levantamiento zapatista en 1994 que las mujeres indígenas comenzaron a exigir espacios de participación pública, política y social. Uno de los referentes más importantes de la reivindicación de participación política de las mujeres se da en la formulación de la Ley Revolucionaria de Mujeres, que marca un hito en el proceso histórico de la vida de las comunidades, al legitimar la participación política de las mujeres indígenas. La ley reivindica la igualdad y el derecho de participación política, además de los derechos elementales, y que históricamente han mantenido a las indígenas en una posición subordinada, como el derecho de casarse con quien elijan y a tener el número de hijos que quieran, el derecho a la educación, y el derecho a la no violencia en sus cuerpos, en sus casas y en los espacios políticos. La voz pública de las mujeres indígenas también se hizo escuchar en la intervención de la Comandanta Esther en el Congreso Federal en 2001, dónde hizo patente la situación de opresión que las mujeres viven:
"También sufrimos el desprecio y la marginación desde que nacimos porque no nos cuidan bien. Como somos niñas piensan que nosotros no valemos, no sabemos pensar, ni trabajar, cómo vivir nuestra vida. Abusan de nuestra decisión, nosotras como mujer nos golpea, nos maltrata por nuestros propios esposos o familiares, no podemos decir nada porque nos dicen que no tenemos derecho de defendernos...
Nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, los que tienen todo el derecho de decidir de todo. Sólo ellos tienen el derecho a la tierra y la mujer no tiene derecho como que no podemos trabajar también la tierra y como que no somos seres humanos, sufrimos la desigualdad..."
A manera de conclusión
La subordinación y exclusión de las mujeres indígenas de muchos espacios políticos, laborales, sociales y culturales, es violencia. Violencia que se manifiesta en muchas formas y grados. Sin embargo, las mujeres comienzan a cuestionar los usos y costumbres que las mantienen subordinadas y que refuerzan el mandato patriarcal construido y legitimado histórica y socialmente. A través de los espacios de reflexión que han generado, las mujeres indígenas comienzan a tomar en sus manos su destino, su vida, sus preferencias y sus participaciones.
Es necesario considerar que la situación de opresión y exclusión de las mujeres indígenas es resultado de un proceso histórico cultural, que requiere un cambio de raíz estructural, pero también requiere de un proceso de reflexión y concientización que parta de la experiencia propia de las mujeres. El contexto social, político, cultural y económico en el que las mujeres indígenas están insertas es determinante en la construcción de sus identidades y marca las formas específicas de sus relaciones con los hombres y con otras mujeres indígenas y no indígenas. También marca la forma en que gestan sus luchas y reivindicaciones políticas.
En este sentido, consideramos que una alternativa para el conocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres, son procesos de empoderamiento personales y colectivos donde las mujeres sean las protagonistas e impulsoras de su proceso de liberación. La fortaleza que les proporciona la reflexión en espacios colectivos con otras mujeres sobre su problemática, situación y condición de género, incrementa sus capacidades analíticas y organizativas. El acceso a recursos como información, capacitación y formación otorga elementos de reflexión y concientización, pero sobre todo refleja una lucha al interior de sus propias comunidades y organizaciones por cambiar aquellos elementos de la "costumbre" que las oprime y subordina, además marca el inicio de su participación e inserción en el contexto político, que les permite una voz pública sobre sus experiencias de exclusión como mujeres y como indígenas, y sobre las alternativas propuestas desde esta concientización del ser mujer.
Sistematización y redacción: Norma Iris Cacho Niño - "Chiapas al Dia" No. 539 - CIEPAC, San Cristóbal de Las Casas, CHIAPAS; MEXICO 30-Jul-2007
LA DISCRIMINACIÓN NO RESPETA ETNIAS EN EL VALLE DE MÉXICO
HALLAN MISERIA EN TODAS PARTES LA DISCRIMINACIÓN NO RESPETA ETNIAS EN EL VALLE DE MÉXICO
LA DISCRIMINACIÓN NO RESPETA ETNIAS EN EL VALLE DE MÉXICO
Ser indígena es un estigma que llevarán siempre; como cargar una cruz muy pesada.
Por Emilio Fernández.
Corresponsal.
VALLE DE CHALCO, Méx.- Ser mujeres, indígenas y discriminadas es lo que las hace iguales, aunque a los ojos de todos son diferentes.
A Claudia Secundino Espinosa, una tlapaneca de la sierra de Guerrero, la miseria y las nulas oportunidades que había en su tierra la expulsaron hacia el centro del país.
Virginia López Sarabia, una mixteca de Santiago Noyoo, Oaxaca, salió del lugar donde nació hace 51 años en busca de la tierra prometida.
Ambas llegaron en distintos años a Valle de Chalco, el municipio mexiquense que se creó en noviembre de 1994 al que han arribado miles de representantes de las etnias del país.Ahí comprobaron que ser indígena es un estigma que las acompañará por el resto de sus vidas.Es como cargar una cruz muy pesada, dice Claudia, “porque todos se burlan de cómo eres, cómo hablas, cómo vistes”.Claudia vende fl ores en el panteón municipal de Xico. Los 50 ó 100 pesos que a veces obtiene le sirven de poco para alimentar a sus cuatro hijos que desde hace 15 días no han comido carne.Una tacita de té de hojas de limón con un bolillo en el desayuno; sopa de pasta y frijoles en la comida y otra taza de té con hojas de limón en la cena, es la dieta diaria de ella y sus pequeños.“Nadie me daba trabajo y a mi esposo tampoco porque somos tlapanecas”.La discriminación y la miseria han acompañado a su familia que vive en dos pequeños cuartos de una vecindad de la colonia Guadalupana Segunda Sección por los que paga 800 pesos de renta al mes.Tampoco tienen seguridad social y eso es otra forma de discriminación, aseguran Claudia y Virginia.
A Virginia la han tratado mal desde hace 35 años, primero en el Distrito Federal y luego en este municipio mexiquense sólo porque aún se le nota el acento mixteco cuando habla.“Me ven feo pero ya ni me hace”, indica.Defensor de indigenas A los 22 años se dio cuenta que era diferente. Alejo Juárez Cabrera, un zapoteco de San Juan Jaltepec, Oaxaca, salió de su pueblo cuando tenía esa edad.Al llegar a Ecatepec el hablar una lengua diferente al español, ser de tez morena y pertenecer a una etnia lo hicieron sentirse diferente, señalado, excluido.“Me discriminaron por ser indígena, no me daban trabajo por ser oaxaco, por ser paisano”, recordó.De Ecatepec emigró a Los Reyes La Paz y luego a Valle de Chalco donde el menosprecio fue una constante.El único empleo que encontraba era el de albañil porque no le tenían confi anza en otro sitio pues le decían que era diferente a los demás trabajadores.“Me sentía humillado, ofendido, me trataban como una basura, peor que a un perro”, contó.“Han pasado 22 años y sigo siendo discriminado en mi propio país, por mi propia gente”, lamentó.
Hasta que tuvo 12 años aprendió a hablar español. Apenas terminó la secundaria pero pronto se dio cuenta que nadie lo defendería si no era él mismo.Cansado de la discriminación que sufría decidió aprender por su cuenta y recurrió a los libros de Derecho para que no lo engañaran más.Con las leyes de su lado se protegió así mismo y empezó a brindar ayuda a los otros indígenas que escogieron Valle de Chalco como su residencia.Supo entonces que el racismo era el mismo para los zapotecos, mixtecos, mixes, otomíes, matlazincas, mazahuas, chamulas, mazatecos, o los rarámuris.“No había y no hay diferencia, todos son humillados en la ciudad porque la gente de aquí es aprovechada”, señala con un dejo de rencor.
El contacto con los representantes de las etnias lo motivó a publicar en el 2002 un diccionario trilingüe mixe-zapoteco-español para facilitar el aprendizaje de los indígenas que hablan esas lenguas.
La discriminación contra los nativos de las diferentes comunidades del país que viven en la zona metropolitana del Valle de México es tan natural que ya ni lo sienten porque piensan que es normal, considera.
http://www.expreso.com.mx
LA DISCRIMINACIÓN NO RESPETA ETNIAS EN EL VALLE DE MÉXICO
Ser indígena es un estigma que llevarán siempre; como cargar una cruz muy pesada.
Por Emilio Fernández.
Corresponsal.
VALLE DE CHALCO, Méx.- Ser mujeres, indígenas y discriminadas es lo que las hace iguales, aunque a los ojos de todos son diferentes.
A Claudia Secundino Espinosa, una tlapaneca de la sierra de Guerrero, la miseria y las nulas oportunidades que había en su tierra la expulsaron hacia el centro del país.
Virginia López Sarabia, una mixteca de Santiago Noyoo, Oaxaca, salió del lugar donde nació hace 51 años en busca de la tierra prometida.
Ambas llegaron en distintos años a Valle de Chalco, el municipio mexiquense que se creó en noviembre de 1994 al que han arribado miles de representantes de las etnias del país.Ahí comprobaron que ser indígena es un estigma que las acompañará por el resto de sus vidas.Es como cargar una cruz muy pesada, dice Claudia, “porque todos se burlan de cómo eres, cómo hablas, cómo vistes”.Claudia vende fl ores en el panteón municipal de Xico. Los 50 ó 100 pesos que a veces obtiene le sirven de poco para alimentar a sus cuatro hijos que desde hace 15 días no han comido carne.Una tacita de té de hojas de limón con un bolillo en el desayuno; sopa de pasta y frijoles en la comida y otra taza de té con hojas de limón en la cena, es la dieta diaria de ella y sus pequeños.“Nadie me daba trabajo y a mi esposo tampoco porque somos tlapanecas”.La discriminación y la miseria han acompañado a su familia que vive en dos pequeños cuartos de una vecindad de la colonia Guadalupana Segunda Sección por los que paga 800 pesos de renta al mes.Tampoco tienen seguridad social y eso es otra forma de discriminación, aseguran Claudia y Virginia.
A Virginia la han tratado mal desde hace 35 años, primero en el Distrito Federal y luego en este municipio mexiquense sólo porque aún se le nota el acento mixteco cuando habla.“Me ven feo pero ya ni me hace”, indica.Defensor de indigenas A los 22 años se dio cuenta que era diferente. Alejo Juárez Cabrera, un zapoteco de San Juan Jaltepec, Oaxaca, salió de su pueblo cuando tenía esa edad.Al llegar a Ecatepec el hablar una lengua diferente al español, ser de tez morena y pertenecer a una etnia lo hicieron sentirse diferente, señalado, excluido.“Me discriminaron por ser indígena, no me daban trabajo por ser oaxaco, por ser paisano”, recordó.De Ecatepec emigró a Los Reyes La Paz y luego a Valle de Chalco donde el menosprecio fue una constante.El único empleo que encontraba era el de albañil porque no le tenían confi anza en otro sitio pues le decían que era diferente a los demás trabajadores.“Me sentía humillado, ofendido, me trataban como una basura, peor que a un perro”, contó.“Han pasado 22 años y sigo siendo discriminado en mi propio país, por mi propia gente”, lamentó.
Hasta que tuvo 12 años aprendió a hablar español. Apenas terminó la secundaria pero pronto se dio cuenta que nadie lo defendería si no era él mismo.Cansado de la discriminación que sufría decidió aprender por su cuenta y recurrió a los libros de Derecho para que no lo engañaran más.Con las leyes de su lado se protegió así mismo y empezó a brindar ayuda a los otros indígenas que escogieron Valle de Chalco como su residencia.Supo entonces que el racismo era el mismo para los zapotecos, mixtecos, mixes, otomíes, matlazincas, mazahuas, chamulas, mazatecos, o los rarámuris.“No había y no hay diferencia, todos son humillados en la ciudad porque la gente de aquí es aprovechada”, señala con un dejo de rencor.
El contacto con los representantes de las etnias lo motivó a publicar en el 2002 un diccionario trilingüe mixe-zapoteco-español para facilitar el aprendizaje de los indígenas que hablan esas lenguas.
La discriminación contra los nativos de las diferentes comunidades del país que viven en la zona metropolitana del Valle de México es tan natural que ya ni lo sienten porque piensan que es normal, considera.
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México: país de la discriminación indígena
México: país de la discriminación indígena
Los mixtecos, mazatecos, zapotecos, mixes, rarámuris y chamulas son los que concentran el mayor número de población
EL UNIVERSAL
Domingo, 29 de Julio de 2007
Valle de Chalco, Méx.-- Han pasado casi 500 años de la Conquista y los indígenas siguen siendo discriminados como si acabara de llegar Hernán Cortés. Los representantes de las etnias del país son segregados en todos los ámbitos.Andrés Sandoval Forero, miembro del Centro de Investigación de Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), sostuvo que la exclusión de las etnias en el desarrollo social y económico en la entidad mexiquense es una repetición de lo que ocurre a nivel nacional. Históricamente han sido menospreciados y seguirán siendo discriminados mientras las estructuras socioeconómicas del país no cambien, aseguró."El indígena, entre más indígena es más es discriminado", afirmó.De acuerdo con datos del Instituto Nacional Indigenista (INI) y del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2002 había un registro de 12 millones 707 mil indígenas en el país, que representaban el 13% del total de la población.En el estado de México, la entidad más poblada del país, se estimó para ese año que vivían 939 mil 355 representantes de etnias, que equivalían a 7.4% de la población indígena nacional. En términos estatales representaban 7.2%.El 30% de los indígenas que residen en territorio mexiquense, principalmente en la zona metropolitana del Valle de México, establecen el INI y el Conapo, provienen de otras entidades del país.La población indígena del estado de México se agrupa en cinco etnias: mazahua, matlazinca, otomí, tlahuica y náhuatl, y se localiza principalmente en 790 comunidades pertenecientes a 42 municipios.El Conapo hizo una clasificación de esas localidades: 20 de alta marginación, siete de media marginación, 12 de baja marginación y tres de muy baja marginación. Las etnias viven en situaciones económicas, sociales y educativas deplorables y en municipios que tienen condiciones marginales respecto al nivel medio de bienestar social.Sin embargo, un estudio reciente dado a conocer por el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del estado de México (Cedipiem), reveló que actualmente hay un registro de 340 mil indígenas en la entidad, de los cuales 170 mil pertenecen a los cinco grupos étnicos nativos de la entidad, y los otros 170 mil son indígenas de otras partes del país avecindados en ese territorio.Hace cinco años había un registro de casi un millón de indígenas, lo que significa que los representantes de esos grupos ya no dicen que son indígenas por el maltrato que han recibido de la sociedad mestiza, reconoció Rafael Díaz Bermúdez, titular del Cedipiem.En la entidad existen 189 localidades donde más de 70% de su población es indígena; en 155 localidades la presencia indígena se encuentra entre 40% y 69%; y el resto de la población, cuya presencia es menor a 40%, se ubica en 2 mil 272 localidades, estableció el Censo de Población y Vivienda realizado en 2000.Andrés Sandoval, investigador de la UAEM, advirtió que ahora hay dos focos rojos encendidos en la entidad mexiquense por la segregación de dos grupos nativos: los mazahuas y los tlahuicas.Los mazahuas del Sur del estado de México, además de que han visto cómo se han llevado el agua de la región en los últimos cinco lustros, padecen el desdén oficial pues nadie se preocupa de las condiciones en las que viven, indicó.La otra zona es Ocuilan, donde los cacicazgos han impedido que exista un desarrollo de los tlahuicas, los originarios de ese municipio, expresó.Un diagnóstico del Cedipiem en 2006, señaló que en la zona metropolitana del Valle de México habitan 111 mil representantes de las diferentes etnias del país.Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Coacalco, Tultepec y Tultitlán son los municipios donde más se concentran los llamados indígenas migrantes.Tan sólo en Valle de Chalco, establece la oficina municipal de Atención a Pueblos Indígenas, viven 53 mil de ellos, de los cuales 11 mil 872 hablan su propia lengua.En esta localidad del oriente mexiquense se han concentrado 40 diferentes grupos étnicos de la República Mexicana.Los mixtecos, mazatecos, zapotecos, mixes, rarámuris y chamulas son los que concentran el mayor número de población.
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Los mixtecos, mazatecos, zapotecos, mixes, rarámuris y chamulas son los que concentran el mayor número de población
EL UNIVERSAL
Domingo, 29 de Julio de 2007
Valle de Chalco, Méx.-- Han pasado casi 500 años de la Conquista y los indígenas siguen siendo discriminados como si acabara de llegar Hernán Cortés. Los representantes de las etnias del país son segregados en todos los ámbitos.Andrés Sandoval Forero, miembro del Centro de Investigación de Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), sostuvo que la exclusión de las etnias en el desarrollo social y económico en la entidad mexiquense es una repetición de lo que ocurre a nivel nacional. Históricamente han sido menospreciados y seguirán siendo discriminados mientras las estructuras socioeconómicas del país no cambien, aseguró."El indígena, entre más indígena es más es discriminado", afirmó.De acuerdo con datos del Instituto Nacional Indigenista (INI) y del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2002 había un registro de 12 millones 707 mil indígenas en el país, que representaban el 13% del total de la población.En el estado de México, la entidad más poblada del país, se estimó para ese año que vivían 939 mil 355 representantes de etnias, que equivalían a 7.4% de la población indígena nacional. En términos estatales representaban 7.2%.El 30% de los indígenas que residen en territorio mexiquense, principalmente en la zona metropolitana del Valle de México, establecen el INI y el Conapo, provienen de otras entidades del país.La población indígena del estado de México se agrupa en cinco etnias: mazahua, matlazinca, otomí, tlahuica y náhuatl, y se localiza principalmente en 790 comunidades pertenecientes a 42 municipios.El Conapo hizo una clasificación de esas localidades: 20 de alta marginación, siete de media marginación, 12 de baja marginación y tres de muy baja marginación. Las etnias viven en situaciones económicas, sociales y educativas deplorables y en municipios que tienen condiciones marginales respecto al nivel medio de bienestar social.Sin embargo, un estudio reciente dado a conocer por el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del estado de México (Cedipiem), reveló que actualmente hay un registro de 340 mil indígenas en la entidad, de los cuales 170 mil pertenecen a los cinco grupos étnicos nativos de la entidad, y los otros 170 mil son indígenas de otras partes del país avecindados en ese territorio.Hace cinco años había un registro de casi un millón de indígenas, lo que significa que los representantes de esos grupos ya no dicen que son indígenas por el maltrato que han recibido de la sociedad mestiza, reconoció Rafael Díaz Bermúdez, titular del Cedipiem.En la entidad existen 189 localidades donde más de 70% de su población es indígena; en 155 localidades la presencia indígena se encuentra entre 40% y 69%; y el resto de la población, cuya presencia es menor a 40%, se ubica en 2 mil 272 localidades, estableció el Censo de Población y Vivienda realizado en 2000.Andrés Sandoval, investigador de la UAEM, advirtió que ahora hay dos focos rojos encendidos en la entidad mexiquense por la segregación de dos grupos nativos: los mazahuas y los tlahuicas.Los mazahuas del Sur del estado de México, además de que han visto cómo se han llevado el agua de la región en los últimos cinco lustros, padecen el desdén oficial pues nadie se preocupa de las condiciones en las que viven, indicó.La otra zona es Ocuilan, donde los cacicazgos han impedido que exista un desarrollo de los tlahuicas, los originarios de ese municipio, expresó.Un diagnóstico del Cedipiem en 2006, señaló que en la zona metropolitana del Valle de México habitan 111 mil representantes de las diferentes etnias del país.Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Coacalco, Tultepec y Tultitlán son los municipios donde más se concentran los llamados indígenas migrantes.Tan sólo en Valle de Chalco, establece la oficina municipal de Atención a Pueblos Indígenas, viven 53 mil de ellos, de los cuales 11 mil 872 hablan su propia lengua.En esta localidad del oriente mexiquense se han concentrado 40 diferentes grupos étnicos de la República Mexicana.Los mixtecos, mazatecos, zapotecos, mixes, rarámuris y chamulas son los que concentran el mayor número de población.
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AI descarta revocar su apoyo al aborto tras violación
AI descarta revocar su apoyo al aborto tras violación
REUTERS
Londres, 30 de julio. El grupo internacional de derechos humanos Amnistía Internacional no tiene planes de revocar su nueva política que respalda el aborto en mujeres víctimas de violencia sexual, violación o incesto, a pesar de la fuerte oposición de la Iglesia católica romana.
La secretaria general de la organización, Irene Khan, dijo que durante la reunión del Consejo Internacional de Amnistía en la ciudad de México, el próximo 11 de agosto, no confirmará ni desaprobará la política porque, ya ha sido adoptada tras extensas consultas con sus miembros.
La Iglesia católica, que en el pasado trabajó de cerca con Amnistía en campañas para abolir la pena de muerte, instó a sus miembros a suspender todo su apoyo al grupo, fundado por un laico católico para defender a prisioneros políticos.
Khan detalló que la nueva política, inspirada por las violaciones en zonas de guerra como Darfur, exhorta a los gobiernos a proveer abortos seguros cuando las mujeres conciben luego de una violación, incesto o cuando la vida de la madre embarazada está amenazada.
"El propósito de la reunión no es aprobar esta política, porque esta iniciativa ya existe", dijo, al agregar que la cuestión aún podría surgir para la discusión.
La política, debatida entre los 2.2 millones de miembros de Amnistía desde 2005, fue adoptada silenciosamente en abril.
El mes pasado, el Vaticano, que considera que el aborto es un asesinato y nunca está justificado, manifestó que la organización "traicionó su misión".
El cardenal Renato Marino, titular del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, dijo: "Si Amnistía Internacional persiste en este curso de acción, los individuos y organizaciones católicas deben retirar su apoyo".
"Revierta esta decisión"
A principios de este mes, el obispo William Skylstad, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, declaró que la decisión "socava la larga credibilidad moral de Amnistía" y divide a sus propios miembros, incluyendo muchos católicos activos dentro de ella.
"Apelo a los miembros del Consejo Internacional de Amnistía a que reviertan esta decisión", dijo en un comunicado.
Khan acentuó que el grupo, que previamente no tenía una postura sobre el aborto, debatió el cambio internamente durante dos años y medio, y tomó una decisión consistente con la larga campaña de Amnistía contra la violencia hacia las mujeres.
"Tener una política no significa que estamos en favor del aborto como un derecho: esa no es la postura que estamos tomando como organización", reveló.
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Londres, 30 de julio. El grupo internacional de derechos humanos Amnistía Internacional no tiene planes de revocar su nueva política que respalda el aborto en mujeres víctimas de violencia sexual, violación o incesto, a pesar de la fuerte oposición de la Iglesia católica romana.
La secretaria general de la organización, Irene Khan, dijo que durante la reunión del Consejo Internacional de Amnistía en la ciudad de México, el próximo 11 de agosto, no confirmará ni desaprobará la política porque, ya ha sido adoptada tras extensas consultas con sus miembros.
La Iglesia católica, que en el pasado trabajó de cerca con Amnistía en campañas para abolir la pena de muerte, instó a sus miembros a suspender todo su apoyo al grupo, fundado por un laico católico para defender a prisioneros políticos.
Khan detalló que la nueva política, inspirada por las violaciones en zonas de guerra como Darfur, exhorta a los gobiernos a proveer abortos seguros cuando las mujeres conciben luego de una violación, incesto o cuando la vida de la madre embarazada está amenazada.
"El propósito de la reunión no es aprobar esta política, porque esta iniciativa ya existe", dijo, al agregar que la cuestión aún podría surgir para la discusión.
La política, debatida entre los 2.2 millones de miembros de Amnistía desde 2005, fue adoptada silenciosamente en abril.
El mes pasado, el Vaticano, que considera que el aborto es un asesinato y nunca está justificado, manifestó que la organización "traicionó su misión".
El cardenal Renato Marino, titular del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, dijo: "Si Amnistía Internacional persiste en este curso de acción, los individuos y organizaciones católicas deben retirar su apoyo".
"Revierta esta decisión"
A principios de este mes, el obispo William Skylstad, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, declaró que la decisión "socava la larga credibilidad moral de Amnistía" y divide a sus propios miembros, incluyendo muchos católicos activos dentro de ella.
"Apelo a los miembros del Consejo Internacional de Amnistía a que reviertan esta decisión", dijo en un comunicado.
Khan acentuó que el grupo, que previamente no tenía una postura sobre el aborto, debatió el cambio internamente durante dos años y medio, y tomó una decisión consistente con la larga campaña de Amnistía contra la violencia hacia las mujeres.
"Tener una política no significa que estamos en favor del aborto como un derecho: esa no es la postura que estamos tomando como organización", reveló.
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Inicia La Jornada Internet Foro sobre Despenalización del Aborto
Permanecerá hasta que la SCJN decida sobre los recursos de inconstitucionalidad
Inicia La Jornada Internet Foro sobre Despenalización del Aborto
Arranca hoy con las intervenciones de Marta Lamas, Alejandro Madrazo, María Consuelo Mejía, Adriana Ortiz Ortega, Elena Urrutia y Margarita Valdés
Está abierto a todos los lectores
Los interesados en participar en este debate pueden ingresar a la página
http://ciencias.jornada.com.mx
Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por las que se despenalizó el aborto, se produjeron en medio de una discusión que reveló la existencia de posturas encontradas en torno a este tema en la sociedad mexicana. Muestra de esta polarización es que hoy mientras en los hospitales administrados por el gobierno capitalino se cumple con las disposiciones legales aprobadas, en otras, de carácter federal, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud, se niega esta atención a las derechohabientes del DF.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República interpusieron sendas controversias constitucionales, con la finalidad de dar marcha atrás a los avances logrados en los derechos de las mujeres en la ciudad de México.
El tiempo que ha de transcurrir desde que fueron aprobadas las reformas señaladas hasta que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resuelva sobre las impugnaciones interpuestas, no puede caracterizarse por el silencio. Así, La Jornada, a través de su sección de Ciencias, y un grupo numeroso de especialistas, se han propuesto la realización del Foro sobre la Despenalización del Aborto con la finalidad de mantener abierto un espacio para la discusión sobre este importante tema. Este foro da inicio hoy en La Jornada Internet: http://ciencias.jornada.com.mx, con la participación de especialistas en diferentes campos del conocimiento. La participación de los lectores constituye uno de los elementos de la mayor importancia en el éxito de esta iniciativa.
Una mirada feminista
En su intervención en el foro, Marta Lamas, antropóloga y profesora de ciencia política del ITAM, examina, entre otros aspectos, el proceso que condujo a la despenalización del aborto por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: cinco meses de intensas discusiones y la votación mayoritaria favorable a la reforma de los partidos que integran la coalición de izquierda (PRD, PT, Convergencia, PRI y Alternativa) así como del Partido de Nueva Alianza. En la decisión hubo 17 votos en contra, del Partido Acción Nacional; 2 del PVEM (el único partido verde en el mundo con posturas conservadoras) y la abstención de un representante del PRI.
Para la especialista, fundadora del Grupo de Información en Reproducción Asistida y directora de la revista Debate Feminista, la entrada en vigor de este marco despenalizador, que es un acto de justicia social para el país, se logró en virtud de tres elementos: a) una mayoría de izquierda que expresa sus convicciones éticas en acciones legislativas; b) el trabajo de los grupos feministas que asesoraron y acompañaron el proceso; y c) la polarización poselectoral, que sigue caldeando los ánimos y que ha propiciado tomas de posición radicales.
La visión constitucionalista
Para Alejandro Madrazo Lajous, doctor en derecho por la Universidad de Yale y profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, la penalización del aborto previa a las reformas era simbólica. Miles de mujeres al año interrumpían e interrumpen sus embarazos, sea legal hacerlo o no. Para una decisión de esta envergadura, la penalización formal era, un elemento menor a considerar. Pero aunque la ley fuese ineficaz no por ello dejaba de tener efectos: empujaba a la clandestinidad y, para las mujeres sin recursos, a la insalubridad. La salud y vidas de muchas se afectaban o sacrificaban en aras de un gesto simbólico del legislador.
El especialista se pregunta en su intervención, ¿cuál es el sustento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la CNDH y la PGR? En el examen de estos recursos, Madrazo Lajous encuentra que los argumentos que se esgrimen en contra de la despenalización se apoyan en presupuestos, todos ellos errados y sustentados en falsas apreciaciones de la Constitución.
La postura de las mujeres católicas
Para María Consuelo Mejía, antropóloga y maestra en estudios latinoamericanos, la decisión de un aborto es un serio dilema ético que enfrentan las mujeres cuando se ven ante la circunstancia de un embarazo que no buscaron y que no desean. Es el último recurso al cual acuden después de analizar cuidadosamente todos los factores en favor y en contra de continuar o interrumpirlo.
Las mujeres que toman la decisión de abortar, no lo hacen con alegría en sus corazones; lo hacen orilladas por sus circunstancias, y en la mayoría de las ocasiones anteponen el bienestar de otras personas, de sus hijas e hijos, de su pareja, de su familia.
En su intervención, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, señala que la despenalización del aborto constituye un hecho histórico sin precedentes, un parteaguas, una alegría inmensa, una satisfacción enorme. Mejía se pronuncia por la vigencia del Estado laico ya que es la condición necesaria para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y para el respeto de las garantías individuales que la Constitución establece para todas las personas.
Al instaurar la separación entre el Estado y las iglesias, el Estado laico garantiza la convivencia armónica de la pluralidad religiosa; esto es, establece la posibilidad de que todas las creencias religiosas puedan coexistir en una sociedad sin imposiciones ni discriminación.
Ciencia política y despenalización
Adriana Ortiz Ortega, doctora en ciencia política por la universidad de Yale e investigadora de El Colegio de México, señala que una pregunta que surge cuando se discute el tema es si la despenalización en México podría dividir las aguas entre los que la apoyan y los grupos conservadores, mayoritariamente católicos. Este cuestionamiento, añade, se ha vuelto particularmente relevante a raíz de la participación de instancias federales que apoyan la defensa de los derechos del producto desde la concepción, frente a la despenalización del aborto propuesta por partidos diferentes al PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En su turno, Ortiz Ortega advierte que frente a la creciente laicidad que aleja el fantasma de la polarización, es importante profundizar en los beneficios que aporta a las mujeres mexicanas, que sean los partidos políticos los que tomen la iniciativa de incluir nuevas medidas atenuantes frente al aborto.
En una primera instancia, es de celebrarse el contrapeso de distintos institutos políticos frente a la creciente actividad de Acción Nacional para detener la reforma.
Sin embargo, desde una perspectiva más crítica, llama la atención que fuese necesario que los partidos políticos tomaran la iniciativa de proponer las demandas. Esta acción puede leerse tanto como el resultado de una inclusión del tema del aborto en la agenda pública, como una muestra del debilitamiento de los movimientos sociales y su dependencia hacia los partidos para el cabildeo de sus demandas.
Creencias religiosas e interés nacional
Elena Urrutia, mujer excepcional, investigadora de El Colegio de México y ex directora del Programa de Estudios de Género de esa institución, nos recuerda en su intervención la postura adoptada en Francia por el presidente Valéry Giscard D'Estaing, quien señaló en ocasión de la despenalización del aborto en su país: "(...) Yo soy católico, le dije (al papa Juan Pablo II, durante una entrevista en el Vaticano), pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos (...), sino (más bien lo) que tengo que (hacer es) velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a aquéllos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la Ley Civil la que puede imponerlas con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. Como católico -añadía- estoy en contra del aborto, como Presidente de los franceses considero necesaria su despenalización". Urrutia, fundadora y colaboradora de La Jornada, suscribe en su intervención las palabras de Valéry Giscard D'Estaing.
Anotaciones desde la filosofía
Por su parte, Margarita M. Valdés, doctora en filosofía, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM e integrante del Colegio de Bioética, aborda el tema de la discriminación en relación con la despenalización del aborto. Analiza los diferentes significados que se asignan al concepto de discriminación, en los que además de elementos como raza, religión y preferencias políticas, en algunos casos se incluye la edad. En este sentido, estudia la idea de discriminación por edad en el caso del embrión humano antes de las 12 semanas de gestación. Para algunos sectores que se oponen a la despenalización, "negar el derecho a la vida" a los embriones de menos de 3 meses de desarrollo constituye un acto discriminatorio.
La especialista, quien ha ocupado la Cátedra José Gaos de la Universidad Complutense de Madrid, señala que existen diferentes etapas como las de cigoto, mórula, embrión o feto que presentan importantes diferencias anatómicas y funcionales que impiden considerarlos como equivalentes, por lo que despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación no es un acto discriminatorio hacia los productos de la gestación humana en etapas anteriores, dado que hay diferencias relevantes entre éstos y los fetos, mayores a las 12 semanas. Quienes aducen que la reforma es una forma de discriminación, incurren en lo que en lógica corresponde a un tipo de falacia o "petición de principio".
El foro, que es coordinado por Javier Flores, se mantendrá abierto durante los próximos meses en sesiones de las que se informará con oportunidad. Entre los y las especialistas que han aceptado participar en las siguientes sesiones, se encuentran: Ana Amuchástegui, Olga Bustos, Vicente Díaz, Teresita de Barbieri, Fátima Flores, Marcela Lagarde y de los Ríos, Julio Muñoz Rubio, Marta Rivas, Ricardo Tapia Ibargüengoytia y Olivia Tena Guerrero.
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Editorial
Derecho a decidir
Hoy iniciamos en La Jornada Internet un Foro sobre la Despenalización del Aborto. Se trata de un espacio para examinar uno de los temas que actualmente más preocupan a la sociedad mexicana. Han surgido voces divergentes a raíz de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al Código Penal local, mediante las cuales deja de ser un delito la interrupción del embarazo cuando este ocurra, por decisión de las mujeres, antes de las 12 semanas de gestación.
Lo primero que hay que observar es que asistimos a un cambio de significados profundos. Estamos ante el reconocimiento de un grave problema de salud pública. Miles de mujeres mexicanas mueren al año o sufren incapacidad por recurrir a prácticas clandestinas, caracterizadas por la insalubridad y la carencia de pericia médica. Son muertes y enfermedades que pueden ser evitadas, y que están relacionadas con la consideración del aborto como delito. Pero, por otra parte, hay quienes observan la despenalización como un atentado contra la vida y dignidad humanas.
Esta divergencia en el seno de la sociedad mexicana, ha tomado la forma de una controversia constitucional. Los jueces del máximo tribunal habrán de decidir dentro de algunos meses, si un derecho de las mujeres que ha sido conquistado en la ciudad de México, seguirá vigente o, por el contrario, se retrocede, con los consecuentes riesgos sobre la salud y la vida de miles de personas.
La salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, son esenciales para el avance de la sociedad. La autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, es la clave. Diversos estudios muestran que la población femenina con altos niveles de educación y condiciones sanitarias adecuadas, garantizan elevados niveles de salud y educación en sus hijos. La salud y bienestar de ellas es la base para la salud y bienestar del conjunto social.
En este foro hemos convocado a especialistas en diversos campos del conocimiento, desde la antropología, el feminismo, la sociología, la medicina, la filosofía, las neurociencias, el derecho y el periodismo, entre muchos otros, con el fin de mantener abierta una discusión seria e informada, por medio de la sección de Ciencias de La Jornada Internet, sobre el tema del aborto y su despenalización. El foro se prolongará hasta el momento en que la Suprema Corte de Justicia tome una decisión, que esperamos -y no tenemos por qué ocultar nuestra postura-, sea en favor de los derechos de las mujeres.
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/31/index.php?section=opinion&article=a03a2edi
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Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por las que se despenalizó el aborto, se produjeron en medio de una discusión que reveló la existencia de posturas encontradas en torno a este tema en la sociedad mexicana. Muestra de esta polarización es que hoy mientras en los hospitales administrados por el gobierno capitalino se cumple con las disposiciones legales aprobadas, en otras, de carácter federal, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud, se niega esta atención a las derechohabientes del DF.
Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República interpusieron sendas controversias constitucionales, con la finalidad de dar marcha atrás a los avances logrados en los derechos de las mujeres en la ciudad de México.
El tiempo que ha de transcurrir desde que fueron aprobadas las reformas señaladas hasta que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resuelva sobre las impugnaciones interpuestas, no puede caracterizarse por el silencio. Así, La Jornada, a través de su sección de Ciencias, y un grupo numeroso de especialistas, se han propuesto la realización del Foro sobre la Despenalización del Aborto con la finalidad de mantener abierto un espacio para la discusión sobre este importante tema. Este foro da inicio hoy en La Jornada Internet: http://ciencias.jornada.com.mx, con la participación de especialistas en diferentes campos del conocimiento. La participación de los lectores constituye uno de los elementos de la mayor importancia en el éxito de esta iniciativa.
Una mirada feminista
En su intervención en el foro, Marta Lamas, antropóloga y profesora de ciencia política del ITAM, examina, entre otros aspectos, el proceso que condujo a la despenalización del aborto por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: cinco meses de intensas discusiones y la votación mayoritaria favorable a la reforma de los partidos que integran la coalición de izquierda (PRD, PT, Convergencia, PRI y Alternativa) así como del Partido de Nueva Alianza. En la decisión hubo 17 votos en contra, del Partido Acción Nacional; 2 del PVEM (el único partido verde en el mundo con posturas conservadoras) y la abstención de un representante del PRI.
Para la especialista, fundadora del Grupo de Información en Reproducción Asistida y directora de la revista Debate Feminista, la entrada en vigor de este marco despenalizador, que es un acto de justicia social para el país, se logró en virtud de tres elementos: a) una mayoría de izquierda que expresa sus convicciones éticas en acciones legislativas; b) el trabajo de los grupos feministas que asesoraron y acompañaron el proceso; y c) la polarización poselectoral, que sigue caldeando los ánimos y que ha propiciado tomas de posición radicales.
La visión constitucionalista
Para Alejandro Madrazo Lajous, doctor en derecho por la Universidad de Yale y profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, la penalización del aborto previa a las reformas era simbólica. Miles de mujeres al año interrumpían e interrumpen sus embarazos, sea legal hacerlo o no. Para una decisión de esta envergadura, la penalización formal era, un elemento menor a considerar. Pero aunque la ley fuese ineficaz no por ello dejaba de tener efectos: empujaba a la clandestinidad y, para las mujeres sin recursos, a la insalubridad. La salud y vidas de muchas se afectaban o sacrificaban en aras de un gesto simbólico del legislador.
El especialista se pregunta en su intervención, ¿cuál es el sustento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la CNDH y la PGR? En el examen de estos recursos, Madrazo Lajous encuentra que los argumentos que se esgrimen en contra de la despenalización se apoyan en presupuestos, todos ellos errados y sustentados en falsas apreciaciones de la Constitución.
La postura de las mujeres católicas
Para María Consuelo Mejía, antropóloga y maestra en estudios latinoamericanos, la decisión de un aborto es un serio dilema ético que enfrentan las mujeres cuando se ven ante la circunstancia de un embarazo que no buscaron y que no desean. Es el último recurso al cual acuden después de analizar cuidadosamente todos los factores en favor y en contra de continuar o interrumpirlo.
Las mujeres que toman la decisión de abortar, no lo hacen con alegría en sus corazones; lo hacen orilladas por sus circunstancias, y en la mayoría de las ocasiones anteponen el bienestar de otras personas, de sus hijas e hijos, de su pareja, de su familia.
En su intervención, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, señala que la despenalización del aborto constituye un hecho histórico sin precedentes, un parteaguas, una alegría inmensa, una satisfacción enorme. Mejía se pronuncia por la vigencia del Estado laico ya que es la condición necesaria para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y para el respeto de las garantías individuales que la Constitución establece para todas las personas.
Al instaurar la separación entre el Estado y las iglesias, el Estado laico garantiza la convivencia armónica de la pluralidad religiosa; esto es, establece la posibilidad de que todas las creencias religiosas puedan coexistir en una sociedad sin imposiciones ni discriminación.
Ciencia política y despenalización
Adriana Ortiz Ortega, doctora en ciencia política por la universidad de Yale e investigadora de El Colegio de México, señala que una pregunta que surge cuando se discute el tema es si la despenalización en México podría dividir las aguas entre los que la apoyan y los grupos conservadores, mayoritariamente católicos. Este cuestionamiento, añade, se ha vuelto particularmente relevante a raíz de la participación de instancias federales que apoyan la defensa de los derechos del producto desde la concepción, frente a la despenalización del aborto propuesta por partidos diferentes al PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En su turno, Ortiz Ortega advierte que frente a la creciente laicidad que aleja el fantasma de la polarización, es importante profundizar en los beneficios que aporta a las mujeres mexicanas, que sean los partidos políticos los que tomen la iniciativa de incluir nuevas medidas atenuantes frente al aborto.
En una primera instancia, es de celebrarse el contrapeso de distintos institutos políticos frente a la creciente actividad de Acción Nacional para detener la reforma.
Sin embargo, desde una perspectiva más crítica, llama la atención que fuese necesario que los partidos políticos tomaran la iniciativa de proponer las demandas. Esta acción puede leerse tanto como el resultado de una inclusión del tema del aborto en la agenda pública, como una muestra del debilitamiento de los movimientos sociales y su dependencia hacia los partidos para el cabildeo de sus demandas.
Creencias religiosas e interés nacional
Elena Urrutia, mujer excepcional, investigadora de El Colegio de México y ex directora del Programa de Estudios de Género de esa institución, nos recuerda en su intervención la postura adoptada en Francia por el presidente Valéry Giscard D'Estaing, quien señaló en ocasión de la despenalización del aborto en su país: "(...) Yo soy católico, le dije (al papa Juan Pablo II, durante una entrevista en el Vaticano), pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos (...), sino (más bien lo) que tengo que (hacer es) velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a aquéllos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la Ley Civil la que puede imponerlas con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. Como católico -añadía- estoy en contra del aborto, como Presidente de los franceses considero necesaria su despenalización". Urrutia, fundadora y colaboradora de La Jornada, suscribe en su intervención las palabras de Valéry Giscard D'Estaing.
Anotaciones desde la filosofía
Por su parte, Margarita M. Valdés, doctora en filosofía, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM e integrante del Colegio de Bioética, aborda el tema de la discriminación en relación con la despenalización del aborto. Analiza los diferentes significados que se asignan al concepto de discriminación, en los que además de elementos como raza, religión y preferencias políticas, en algunos casos se incluye la edad. En este sentido, estudia la idea de discriminación por edad en el caso del embrión humano antes de las 12 semanas de gestación. Para algunos sectores que se oponen a la despenalización, "negar el derecho a la vida" a los embriones de menos de 3 meses de desarrollo constituye un acto discriminatorio.
La especialista, quien ha ocupado la Cátedra José Gaos de la Universidad Complutense de Madrid, señala que existen diferentes etapas como las de cigoto, mórula, embrión o feto que presentan importantes diferencias anatómicas y funcionales que impiden considerarlos como equivalentes, por lo que despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación no es un acto discriminatorio hacia los productos de la gestación humana en etapas anteriores, dado que hay diferencias relevantes entre éstos y los fetos, mayores a las 12 semanas. Quienes aducen que la reforma es una forma de discriminación, incurren en lo que en lógica corresponde a un tipo de falacia o "petición de principio".
El foro, que es coordinado por Javier Flores, se mantendrá abierto durante los próximos meses en sesiones de las que se informará con oportunidad. Entre los y las especialistas que han aceptado participar en las siguientes sesiones, se encuentran: Ana Amuchástegui, Olga Bustos, Vicente Díaz, Teresita de Barbieri, Fátima Flores, Marcela Lagarde y de los Ríos, Julio Muñoz Rubio, Marta Rivas, Ricardo Tapia Ibargüengoytia y Olivia Tena Guerrero.
http://www.jornada.unam.mx
Editorial
Derecho a decidir
Hoy iniciamos en La Jornada Internet un Foro sobre la Despenalización del Aborto. Se trata de un espacio para examinar uno de los temas que actualmente más preocupan a la sociedad mexicana. Han surgido voces divergentes a raíz de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al Código Penal local, mediante las cuales deja de ser un delito la interrupción del embarazo cuando este ocurra, por decisión de las mujeres, antes de las 12 semanas de gestación.
Lo primero que hay que observar es que asistimos a un cambio de significados profundos. Estamos ante el reconocimiento de un grave problema de salud pública. Miles de mujeres mexicanas mueren al año o sufren incapacidad por recurrir a prácticas clandestinas, caracterizadas por la insalubridad y la carencia de pericia médica. Son muertes y enfermedades que pueden ser evitadas, y que están relacionadas con la consideración del aborto como delito. Pero, por otra parte, hay quienes observan la despenalización como un atentado contra la vida y dignidad humanas.
Esta divergencia en el seno de la sociedad mexicana, ha tomado la forma de una controversia constitucional. Los jueces del máximo tribunal habrán de decidir dentro de algunos meses, si un derecho de las mujeres que ha sido conquistado en la ciudad de México, seguirá vigente o, por el contrario, se retrocede, con los consecuentes riesgos sobre la salud y la vida de miles de personas.
La salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, son esenciales para el avance de la sociedad. La autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, es la clave. Diversos estudios muestran que la población femenina con altos niveles de educación y condiciones sanitarias adecuadas, garantizan elevados niveles de salud y educación en sus hijos. La salud y bienestar de ellas es la base para la salud y bienestar del conjunto social.
En este foro hemos convocado a especialistas en diversos campos del conocimiento, desde la antropología, el feminismo, la sociología, la medicina, la filosofía, las neurociencias, el derecho y el periodismo, entre muchos otros, con el fin de mantener abierta una discusión seria e informada, por medio de la sección de Ciencias de La Jornada Internet, sobre el tema del aborto y su despenalización. El foro se prolongará hasta el momento en que la Suprema Corte de Justicia tome una decisión, que esperamos -y no tenemos por qué ocultar nuestra postura-, sea en favor de los derechos de las mujeres.
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/31/index.php?section=opinion&article=a03a2edi
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