LA DISCRIMINACIÓN NO RESPETA ETNIAS EN EL VALLE DE MÉXICO

HALLAN MISERIA EN TODAS PARTES LA DISCRIMINACIÓN NO RESPETA ETNIAS EN EL VALLE DE MÉXICO

LA DISCRIMINACIÓN NO RESPETA ETNIAS EN EL VALLE DE MÉXICO
Ser indígena es un estigma que llevarán siempre; como cargar una cruz muy pesada.
Por Emilio Fernández.
Corresponsal.
VALLE DE CHALCO, Méx.- Ser mujeres, indígenas y discriminadas es lo que las hace iguales, aunque a los ojos de todos son diferentes.
A Claudia Secundino Espinosa, una tlapaneca de la sierra de Guerrero, la miseria y las nulas oportunidades que había en su tierra la expulsaron hacia el centro del país.
Virginia López Sarabia, una mixteca de Santiago Noyoo, Oaxaca, salió del lugar donde nació hace 51 años en busca de la tierra prometida.
Ambas llegaron en distintos años a Valle de Chalco, el municipio mexiquense que se creó en noviembre de 1994 al que han arribado miles de representantes de las etnias del país.Ahí comprobaron que ser indígena es un estigma que las acompañará por el resto de sus vidas.Es como cargar una cruz muy pesada, dice Claudia, “porque todos se burlan de cómo eres, cómo hablas, cómo vistes”.Claudia vende fl ores en el panteón municipal de Xico. Los 50 ó 100 pesos que a veces obtiene le sirven de poco para alimentar a sus cuatro hijos que desde hace 15 días no han comido carne.Una tacita de té de hojas de limón con un bolillo en el desayuno; sopa de pasta y frijoles en la comida y otra taza de té con hojas de limón en la cena, es la dieta diaria de ella y sus pequeños.“Nadie me daba trabajo y a mi esposo tampoco porque somos tlapanecas”.La discriminación y la miseria han acompañado a su familia que vive en dos pequeños cuartos de una vecindad de la colonia Guadalupana Segunda Sección por los que paga 800 pesos de renta al mes.Tampoco tienen seguridad social y eso es otra forma de discriminación, aseguran Claudia y Virginia.

A Virginia la han tratado mal desde hace 35 años, primero en el Distrito Federal y luego en este municipio mexiquense sólo porque aún se le nota el acento mixteco cuando habla.“Me ven feo pero ya ni me hace”, indica.Defensor de indigenas A los 22 años se dio cuenta que era diferente. Alejo Juárez Cabrera, un zapoteco de San Juan Jaltepec, Oaxaca, salió de su pueblo cuando tenía esa edad.Al llegar a Ecatepec el hablar una lengua diferente al español, ser de tez morena y pertenecer a una etnia lo hicieron sentirse diferente, señalado, excluido.“Me discriminaron por ser indígena, no me daban trabajo por ser oaxaco, por ser paisano”, recordó.De Ecatepec emigró a Los Reyes La Paz y luego a Valle de Chalco donde el menosprecio fue una constante.El único empleo que encontraba era el de albañil porque no le tenían confi anza en otro sitio pues le decían que era diferente a los demás trabajadores.“Me sentía humillado, ofendido, me trataban como una basura, peor que a un perro”, contó.“Han pasado 22 años y sigo siendo discriminado en mi propio país, por mi propia gente”, lamentó.
Hasta que tuvo 12 años aprendió a hablar español. Apenas terminó la secundaria pero pronto se dio cuenta que nadie lo defendería si no era él mismo.Cansado de la discriminación que sufría decidió aprender por su cuenta y recurrió a los libros de Derecho para que no lo engañaran más.Con las leyes de su lado se protegió así mismo y empezó a brindar ayuda a los otros indígenas que escogieron Valle de Chalco como su residencia.Supo entonces que el racismo era el mismo para los zapotecos, mixtecos, mixes, otomíes, matlazincas, mazahuas, chamulas, mazatecos, o los rarámuris.“No había y no hay diferencia, todos son humillados en la ciudad porque la gente de aquí es aprovechada”, señala con un dejo de rencor.
El contacto con los representantes de las etnias lo motivó a publicar en el 2002 un diccionario trilingüe mixe-zapoteco-español para facilitar el aprendizaje de los indígenas que hablan esas lenguas.
La discriminación contra los nativos de las diferentes comunidades del país que viven en la zona metropolitana del Valle de México es tan natural que ya ni lo sienten porque piensan que es normal, considera.
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México: país de la discriminación indígena

México: país de la discriminación indígena
Los mixtecos, mazatecos, zapotecos, mixes, rarámuris y chamulas son los que concentran el mayor número de población

EL UNIVERSAL
Domingo, 29 de Julio de 2007
Valle de Chalco, Méx.-- Han pasado casi 500 años de la Conquista y los indígenas siguen siendo discriminados como si acabara de llegar Hernán Cortés. Los representantes de las etnias del país son segregados en todos los ámbitos.Andrés Sandoval Forero, miembro del Centro de Investigación de Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), sostuvo que la exclusión de las etnias en el desarrollo social y económico en la entidad mexiquense es una repetición de lo que ocurre a nivel nacional. Históricamente han sido menospreciados y seguirán siendo discriminados mientras las estructuras socioeconómicas del país no cambien, aseguró."El indígena, entre más indígena es más es discriminado", afirmó.De acuerdo con datos del Instituto Nacional Indigenista (INI) y del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2002 había un registro de 12 millones 707 mil indígenas en el país, que representaban el 13% del total de la población.En el estado de México, la entidad más poblada del país, se estimó para ese año que vivían 939 mil 355 representantes de etnias, que equivalían a 7.4% de la población indígena nacional. En términos estatales representaban 7.2%.El 30% de los indígenas que residen en territorio mexiquense, principalmente en la zona metropolitana del Valle de México, establecen el INI y el Conapo, provienen de otras entidades del país.La población indígena del estado de México se agrupa en cinco etnias: mazahua, matlazinca, otomí, tlahuica y náhuatl, y se localiza principalmente en 790 comunidades pertenecientes a 42 municipios.El Conapo hizo una clasificación de esas localidades: 20 de alta marginación, siete de media marginación, 12 de baja marginación y tres de muy baja marginación. Las etnias viven en situaciones económicas, sociales y educativas deplorables y en municipios que tienen condiciones marginales respecto al nivel medio de bienestar social.Sin embargo, un estudio reciente dado a conocer por el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del estado de México (Cedipiem), reveló que actualmente hay un registro de 340 mil indígenas en la entidad, de los cuales 170 mil pertenecen a los cinco grupos étnicos nativos de la entidad, y los otros 170 mil son indígenas de otras partes del país avecindados en ese territorio.Hace cinco años había un registro de casi un millón de indígenas, lo que significa que los representantes de esos grupos ya no dicen que son indígenas por el maltrato que han recibido de la sociedad mestiza, reconoció Rafael Díaz Bermúdez, titular del Cedipiem.En la entidad existen 189 localidades donde más de 70% de su población es indígena; en 155 localidades la presencia indígena se encuentra entre 40% y 69%; y el resto de la población, cuya presencia es menor a 40%, se ubica en 2 mil 272 localidades, estableció el Censo de Población y Vivienda realizado en 2000.Andrés Sandoval, investigador de la UAEM, advirtió que ahora hay dos focos rojos encendidos en la entidad mexiquense por la segregación de dos grupos nativos: los mazahuas y los tlahuicas.Los mazahuas del Sur del estado de México, además de que han visto cómo se han llevado el agua de la región en los últimos cinco lustros, padecen el desdén oficial pues nadie se preocupa de las condiciones en las que viven, indicó.La otra zona es Ocuilan, donde los cacicazgos han impedido que exista un desarrollo de los tlahuicas, los originarios de ese municipio, expresó.Un diagnóstico del Cedipiem en 2006, señaló que en la zona metropolitana del Valle de México habitan 111 mil representantes de las diferentes etnias del país.Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Coacalco, Tultepec y Tultitlán son los municipios donde más se concentran los llamados indígenas migrantes.Tan sólo en Valle de Chalco, establece la oficina municipal de Atención a Pueblos Indígenas, viven 53 mil de ellos, de los cuales 11 mil 872 hablan su propia lengua.En esta localidad del oriente mexiquense se han concentrado 40 diferentes grupos étnicos de la República Mexicana.Los mixtecos, mazatecos, zapotecos, mixes, rarámuris y chamulas son los que concentran el mayor número de población.
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AI descarta revocar su apoyo al aborto tras violación

AI descarta revocar su apoyo al aborto tras violación
REUTERS
Londres, 30 de julio. El grupo internacional de derechos humanos Amnistía Internacional no tiene planes de revocar su nueva política que respalda el aborto en mujeres víctimas de violencia sexual, violación o incesto, a pesar de la fuerte oposición de la Iglesia católica romana.
La secretaria general de la organización, Irene Khan, dijo que durante la reunión del Consejo Internacional de Amnistía en la ciudad de México, el próximo 11 de agosto, no confirmará ni desaprobará la política porque, ya ha sido adoptada tras extensas consultas con sus miembros.
La Iglesia católica, que en el pasado trabajó de cerca con Amnistía en campañas para abolir la pena de muerte, instó a sus miembros a suspender todo su apoyo al grupo, fundado por un laico católico para defender a prisioneros políticos.
Khan detalló que la nueva política, inspirada por las violaciones en zonas de guerra como Darfur, exhorta a los gobiernos a proveer abortos seguros cuando las mujeres conciben luego de una violación, incesto o cuando la vida de la madre embarazada está amenazada.
"El propósito de la reunión no es aprobar esta política, porque esta iniciativa ya existe", dijo, al agregar que la cuestión aún podría surgir para la discusión.
La política, debatida entre los 2.2 millones de miembros de Amnistía desde 2005, fue adoptada silenciosamente en abril.
El mes pasado, el Vaticano, que considera que el aborto es un asesinato y nunca está justificado, manifestó que la organización "traicionó su misión".
El cardenal Renato Marino, titular del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, dijo: "Si Amnistía Internacional persiste en este curso de acción, los individuos y organizaciones católicas deben retirar su apoyo".
"Revierta esta decisión"
A principios de este mes, el obispo William Skylstad, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, declaró que la decisión "socava la larga credibilidad moral de Amnistía" y divide a sus propios miembros, incluyendo muchos católicos activos dentro de ella.
"Apelo a los miembros del Consejo Internacional de Amnistía a que reviertan esta decisión", dijo en un comunicado.
Khan acentuó que el grupo, que previamente no tenía una postura sobre el aborto, debatió el cambio internamente durante dos años y medio, y tomó una decisión consistente con la larga campaña de Amnistía contra la violencia hacia las mujeres.
"Tener una política no significa que estamos en favor del aborto como un derecho: esa no es la postura que estamos tomando como organización", reveló.
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Inicia La Jornada Internet Foro sobre Despenalización del Aborto

Permanecerá hasta que la SCJN decida sobre los recursos de inconstitucionalidad
Inicia La Jornada Internet Foro sobre Despenalización del Aborto
Arranca hoy con las intervenciones de Marta Lamas, Alejandro Madrazo, María Consuelo Mejía, Adriana Ortiz Ortega, Elena Urrutia y Margarita Valdés
Está abierto a todos los lectores
Los interesados en participar en este debate pueden ingresar a la página
http://ciencias.jornada.com.mx

Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por las que se despenalizó el aborto, se produjeron en medio de una discusión que reveló la existencia de posturas encontradas en torno a este tema en la sociedad mexicana. Muestra de esta polarización es que hoy mientras en los hospitales administrados por el gobierno capitalino se cumple con las disposiciones legales aprobadas, en otras, de carácter federal, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud, se niega esta atención a las derechohabientes del DF.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República interpusieron sendas controversias constitucionales, con la finalidad de dar marcha atrás a los avances logrados en los derechos de las mujeres en la ciudad de México.
El tiempo que ha de transcurrir desde que fueron aprobadas las reformas señaladas hasta que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resuelva sobre las impugnaciones interpuestas, no puede caracterizarse por el silencio. Así, La Jornada, a través de su sección de Ciencias, y un grupo numeroso de especialistas, se han propuesto la realización del Foro sobre la Despenalización del Aborto con la finalidad de mantener abierto un espacio para la discusión sobre este importante tema. Este foro da inicio hoy en La Jornada Internet: http://ciencias.jornada.com.mx, con la participación de especialistas en diferentes campos del conocimiento. La participación de los lectores constituye uno de los elementos de la mayor importancia en el éxito de esta iniciativa.
Una mirada feminista
En su intervención en el foro, Marta Lamas, antropóloga y profesora de ciencia política del ITAM, examina, entre otros aspectos, el proceso que condujo a la despenalización del aborto por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: cinco meses de intensas discusiones y la votación mayoritaria favorable a la reforma de los partidos que integran la coalición de izquierda (PRD, PT, Convergencia, PRI y Alternativa) así como del Partido de Nueva Alianza. En la decisión hubo 17 votos en contra, del Partido Acción Nacional; 2 del PVEM (el único partido verde en el mundo con posturas conservadoras) y la abstención de un representante del PRI.
Para la especialista, fundadora del Grupo de Información en Reproducción Asistida y directora de la revista Debate Feminista, la entrada en vigor de este marco despenalizador, que es un acto de justicia social para el país, se logró en virtud de tres elementos: a) una mayoría de izquierda que expresa sus convicciones éticas en acciones legislativas; b) el trabajo de los grupos feministas que asesoraron y acompañaron el proceso; y c) la polarización poselectoral, que sigue caldeando los ánimos y que ha propiciado tomas de posición radicales.
La visión constitucionalista
Para Alejandro Madrazo Lajous, doctor en derecho por la Universidad de Yale y profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, la penalización del aborto previa a las reformas era simbólica. Miles de mujeres al año interrumpían e interrumpen sus embarazos, sea legal hacerlo o no. Para una decisión de esta envergadura, la penalización formal era, un elemento menor a considerar. Pero aunque la ley fuese ineficaz no por ello dejaba de tener efectos: empujaba a la clandestinidad y, para las mujeres sin recursos, a la insalubridad. La salud y vidas de muchas se afectaban o sacrificaban en aras de un gesto simbólico del legislador.
El especialista se pregunta en su intervención, ¿cuál es el sustento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la CNDH y la PGR? En el examen de estos recursos, Madrazo Lajous encuentra que los argumentos que se esgrimen en contra de la despenalización se apoyan en presupuestos, todos ellos errados y sustentados en falsas apreciaciones de la Constitución.
La postura de las mujeres católicas
Para María Consuelo Mejía, antropóloga y maestra en estudios latinoamericanos, la decisión de un aborto es un serio dilema ético que enfrentan las mujeres cuando se ven ante la circunstancia de un embarazo que no buscaron y que no desean. Es el último recurso al cual acuden después de analizar cuidadosamente todos los factores en favor y en contra de continuar o interrumpirlo.
Las mujeres que toman la decisión de abortar, no lo hacen con alegría en sus corazones; lo hacen orilladas por sus circunstancias, y en la mayoría de las ocasiones anteponen el bienestar de otras personas, de sus hijas e hijos, de su pareja, de su familia.
En su intervención, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, señala que la despenalización del aborto constituye un hecho histórico sin precedentes, un parteaguas, una alegría inmensa, una satisfacción enorme. Mejía se pronuncia por la vigencia del Estado laico ya que es la condición necesaria para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y para el respeto de las garantías individuales que la Constitución establece para todas las personas.
Al instaurar la separación entre el Estado y las iglesias, el Estado laico garantiza la convivencia armónica de la pluralidad religiosa; esto es, establece la posibilidad de que todas las creencias religiosas puedan coexistir en una sociedad sin imposiciones ni discriminación.
Ciencia política y despenalización
Adriana Ortiz Ortega, doctora en ciencia política por la universidad de Yale e investigadora de El Colegio de México, señala que una pregunta que surge cuando se discute el tema es si la despenalización en México podría dividir las aguas entre los que la apoyan y los grupos conservadores, mayoritariamente católicos. Este cuestionamiento, añade, se ha vuelto particularmente relevante a raíz de la participación de instancias federales que apoyan la defensa de los derechos del producto desde la concepción, frente a la despenalización del aborto propuesta por partidos diferentes al PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En su turno, Ortiz Ortega advierte que frente a la creciente laicidad que aleja el fantasma de la polarización, es importante profundizar en los beneficios que aporta a las mujeres mexicanas, que sean los partidos políticos los que tomen la iniciativa de incluir nuevas medidas atenuantes frente al aborto.
En una primera instancia, es de celebrarse el contrapeso de distintos institutos políticos frente a la creciente actividad de Acción Nacional para detener la reforma.
Sin embargo, desde una perspectiva más crítica, llama la atención que fuese necesario que los partidos políticos tomaran la iniciativa de proponer las demandas. Esta acción puede leerse tanto como el resultado de una inclusión del tema del aborto en la agenda pública, como una muestra del debilitamiento de los movimientos sociales y su dependencia hacia los partidos para el cabildeo de sus demandas.
Creencias religiosas e interés nacional
Elena Urrutia, mujer excepcional, investigadora de El Colegio de México y ex directora del Programa de Estudios de Género de esa institución, nos recuerda en su intervención la postura adoptada en Francia por el presidente Valéry Giscard D'Estaing, quien señaló en ocasión de la despenalización del aborto en su país: "(...) Yo soy católico, le dije (al papa Juan Pablo II, durante una entrevista en el Vaticano), pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos (...), sino (más bien lo) que tengo que (hacer es) velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a aquéllos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la Ley Civil la que puede imponerlas con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. Como católico -añadía- estoy en contra del aborto, como Presidente de los franceses considero necesaria su despenalización". Urrutia, fundadora y colaboradora de La Jornada, suscribe en su intervención las palabras de Valéry Giscard D'Estaing.
Anotaciones desde la filosofía
Por su parte, Margarita M. Valdés, doctora en filosofía, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM e integrante del Colegio de Bioética, aborda el tema de la discriminación en relación con la despenalización del aborto. Analiza los diferentes significados que se asignan al concepto de discriminación, en los que además de elementos como raza, religión y preferencias políticas, en algunos casos se incluye la edad. En este sentido, estudia la idea de discriminación por edad en el caso del embrión humano antes de las 12 semanas de gestación. Para algunos sectores que se oponen a la despenalización, "negar el derecho a la vida" a los embriones de menos de 3 meses de desarrollo constituye un acto discriminatorio.
La especialista, quien ha ocupado la Cátedra José Gaos de la Universidad Complutense de Madrid, señala que existen diferentes etapas como las de cigoto, mórula, embrión o feto que presentan importantes diferencias anatómicas y funcionales que impiden considerarlos como equivalentes, por lo que despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación no es un acto discriminatorio hacia los productos de la gestación humana en etapas anteriores, dado que hay diferencias relevantes entre éstos y los fetos, mayores a las 12 semanas. Quienes aducen que la reforma es una forma de discriminación, incurren en lo que en lógica corresponde a un tipo de falacia o "petición de principio".
El foro, que es coordinado por Javier Flores, se mantendrá abierto durante los próximos meses en sesiones de las que se informará con oportunidad. Entre los y las especialistas que han aceptado participar en las siguientes sesiones, se encuentran: Ana Amuchástegui, Olga Bustos, Vicente Díaz, Teresita de Barbieri, Fátima Flores, Marcela Lagarde y de los Ríos, Julio Muñoz Rubio, Marta Rivas, Ricardo Tapia Ibargüengoytia y Olivia Tena Guerrero.
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Editorial
Derecho a decidir
Hoy iniciamos en La Jornada Internet un Foro sobre la Despenalización del Aborto. Se trata de un espacio para examinar uno de los temas que actualmente más preocupan a la sociedad mexicana. Han surgido voces divergentes a raíz de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al Código Penal local, mediante las cuales deja de ser un delito la interrupción del embarazo cuando este ocurra, por decisión de las mujeres, antes de las 12 semanas de gestación.
Lo primero que hay que observar es que asistimos a un cambio de significados profundos. Estamos ante el reconocimiento de un grave problema de salud pública. Miles de mujeres mexicanas mueren al año o sufren incapacidad por recurrir a prácticas clandestinas, caracterizadas por la insalubridad y la carencia de pericia médica. Son muertes y enfermedades que pueden ser evitadas, y que están relacionadas con la consideración del aborto como delito. Pero, por otra parte, hay quienes observan la despenalización como un atentado contra la vida y dignidad humanas.
Esta divergencia en el seno de la sociedad mexicana, ha tomado la forma de una controversia constitucional. Los jueces del máximo tribunal habrán de decidir dentro de algunos meses, si un derecho de las mujeres que ha sido conquistado en la ciudad de México, seguirá vigente o, por el contrario, se retrocede, con los consecuentes riesgos sobre la salud y la vida de miles de personas.
La salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, son esenciales para el avance de la sociedad. La autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, es la clave. Diversos estudios muestran que la población femenina con altos niveles de educación y condiciones sanitarias adecuadas, garantizan elevados niveles de salud y educación en sus hijos. La salud y bienestar de ellas es la base para la salud y bienestar del conjunto social.
En este foro hemos convocado a especialistas en diversos campos del conocimiento, desde la antropología, el feminismo, la sociología, la medicina, la filosofía, las neurociencias, el derecho y el periodismo, entre muchos otros, con el fin de mantener abierta una discusión seria e informada, por medio de la sección de Ciencias de La Jornada Internet, sobre el tema del aborto y su despenalización. El foro se prolongará hasta el momento en que la Suprema Corte de Justicia tome una decisión, que esperamos -y no tenemos por qué ocultar nuestra postura-, sea en favor de los derechos de las mujeres.
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Abordará la SCJN aborto, donación de órganos y amparo a Proceso

Entran a debate en el periodo de sesiones que se inicia hoy
Abordará la SCJN aborto, donación de órganos y amparo a Proceso
JESUS ARANDA
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá en el periodo de sesiones que se inicia este miércoles asuntos en los que sus concepciones filosóficas, éticas y morales podrían quedar encima de los valores constitucionales que dicen defender. En este contexto, fuentes judiciales reconocieron que la discusión sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal polarizará las posiciones de los 11 ministros respecto al derecho a la vida, pero también con respecto al derecho que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo.
Otro tema en el que los ministros centrarán su atención es el relativo a la donación de órganos para fines terapéuticos, en donde podrían revisar el criterio establecido en abril de 2003, en el sentido de que los trasplantes de órganos entre vivos sólo pueden llevarse a cabo cuando exista parentesco por consanguinidad, o bien por matrimonio o concubinato, decisión que dejó fuera la donación entre vivos sin fines de lucro, entre amigos o conocidos del receptor.
En el caso de la acción de inconstitucionalidad que interpusieron la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal por las reformas que despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación, fuentes consultadas reconocieron que dado lo controvertido del tema, hay quienes opinaban al interior del pleno de ministros que lo mejor era que el asunto no llegara al máximo tribunal.
Y es que los ministros aún recuerdan cuando conocieron de la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Robles, la cual se mantuvo vigente porque no se alcanzaron los ocho votos necesarios para anular los artículos que permitían el aborto bajo las nuevas condiciones, cuando desfilaron por las oficinas de los juzgadores representantes oficiosos y oficiales de decenas de organizaciones, partidos, agrupaciones e individuos para opinar sobre el tema.
En todo caso, reconocieron funcionarios consultados, en el tema a abordar, "el derecho a la vida", resultará muy difícil que los ministros se despojen de su forma de pensar al momento de establecer la constitucionalidad de la reforma aprobada por los asambleístas capitalinos.
Por otra parte, se espera que después de meses de espera, el pleno conozca el amparo interpuesto por la revista Proceso con el que pretende evitar la destrucción de las boletas electorales de la elección presidencial pasada.
Trascendió que el ministro instructor, Mariano Azuela Güitrón, propone negarle la razón al semanario y, con ello, permitirle al Instituto Federal Electoral que destruya los más de 40 millones de boletas de esos comicios.
Por otra parte, se espera que a finales de este año, la Corte admita los primeros amparos en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE, ya que se estima que para esa fecha ya hayan sido resueltos en primera instancia algunos de los más de 148 mil recursos que fueron concentrados en un juzgado auxiliar creado ex profeso.
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Amnistía, "escandalizada" por el "ciclo vicioso de abuso y violencia en Oaxaca

Ulises Ruiz: "parcial", el informe de Khan; lo hicieron consejeros de la APPO, diceAmnistía, "escandalizada" por el "ciclo vicioso de abuso y violencia en Oaxaca
"OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
Oaxaca, clamor por la justicia, en el cual denuncia las múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estado"

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe Oaxaca, clamor por la justicia, en el cual denuncia las múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estado Foto: Ezequiel Gómez Leyva
Oaxaca, Oax., 31 de julio. Amnistía Internacional (AI) exigió a los gobiernos federal y estatal, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), investigar violaciones graves de los derechos humanos documentadas entre junio de 2006 y abril pasado en Oaxaca, a causa del conflicto político-social en el estado, para que sean castigados los responsables.
En respuesta, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz consideró que el informe sobre la situación en la entidad es "parcial", e incluso afirmó que lo escribieron consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
AI "está escandalizada por la situación que se ha presentado en Oaxaca; una respuesta autocrática (a las protestas sociales de la APPO), llena y plagada de violaciones a los derechos humanos, sólo perpetuará un ciclo vicioso de abuso, violencia y descontento", afirmó la secretaria general del organismo internacional, Irene Zubaida Khan, quien presentó, en conferencia de prensa, el informe Oaxaca: clamor por la justicia.
De acuerdo con el documento, policías federales, estatales y municipales, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Tribunal Superior de Justicia estatal y autoridades municipales que apoyan al partido en el gobierno de Oaxaca, el PRI, han incurrido en uso de fuerza excesiva, detención arbitraria y un régimen de incomunicación, malos tratos y tortura, así como amenazas, hostigamiento de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, además de violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo.
Agregó que no se han aclarado las circunstancias en que murieron al menos 18 personas, entre ellas el periodista estadunidense Brad Will, ni se ha identificado ni sometido a proceso a ninguno de los presuntos responsables. Se acotó que en varios de esos casos participaron miembros de la policía no uniformada, o grupos de hombres armados coordinados, al parecer, con fuerzas de seguridad.
Acompañada por el investigador de AI para México, Rupert Knox, la abogada en derecho público internacional y derechos humanos, originaria de Bangladesh, sostuvo que muy pocas violaciones a los derechos humanos perpetradas en Oaxaca se han investigado sin dilación, de forma imparcial y en profundidad.
"Existen pocos datos que apunten a investigaciones serias e imparciales de las autoridades", señaló. Agregó que a las víctimas se les ha negado el acceso a abogados, a atención médica y a procesos justos, porque la mayoría de las evidencias en su contra "fueron fabricadas".
Khan subrayó que los esfuerzos de las autoridades para presentar "como criminales y subversivos" a los simpatizantes de la APPO "no son más que una táctica para evadir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos", como homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, negación de un juicio imparcial y pasividad ante la queja de abusos.
Indicó que las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de mantener el orden público y proteger la seguridad de la sociedad, "pero los abusos cometidos han violado tratados internacionales de derechos humanos que México se ha comprometido a respetar.
"La prueba más importante para una democracia es cómo manejar dentro de la ley las protestas de opositores, y no permitir que las fuerzas de seguridad pasen los límites marcados", apuntó.
Destacó que AI, a pesar de terminar el informe Oaxaca: clamor por la justicia apenas en junio pasado, aún documenta violaciones a garantías en la entidad, como las ocurridas en el enfrentamiento entre policías y simpatizantes de la APPO el pasado día 16 en las inmediaciones del cerro del Fortín.
Manifestó su "particular preocupación" por el caso de Emeterio Merino Cruz Vásquez, quien se encuentra en coma en el Hospital de Especialidades por traumatismo craneoencefálico, resultado de una golpiza que la policía le propinó.
"Su familia me mostró evidencias (fotografías publicadas en la prensa) de cómo fue arrestado sin un rasguño, y cómo fue golpeado después. Es tan obvio que no es aceptable que a pesar de las evidencias no se haya suspendido a los agentes involucrados", comentó.
Hizo notar que si bien las autoridades federales, estatales y municipales se han comprometido formalmente a aplicar la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para indagar abusos, "aún no han mostrado signos de determinación para efectuar investigaciones efectivas o modificar los procedimientos y prácticas para impedir nuevas violaciones".
Khan dijo confiar en que el gobierno estatal atienda la recomendación de la CNDH y las de AI para castigar a los responsables o, de lo contrario, el gobierno mexicano deberá rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.
AI emitió 12 recomendaciones, entre ellas garantizar que la SCJN sea independiente, imparcial y exhaustiva; que la recomendación 15/2007 de la CNDH se aplique de forma efectiva, y que las autoridades federales lleven a cabo investigaciones sobre todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Oaxaca.
Además, señaló que se deben garantizar investigaciones completas, activas e imparciales para aclarar las circunstancias de las muertes ocurridas durante el conflicto, así como las denuncias de detención arbitraria y en régimen de incomunicación, tortura y malos tratos.
También solicitó garantizar una investigación completa, imparcial e inmediata sobre los hombres armados no identificados y los agentes de policía vestidos de civil que, al parecer, operaban en connivencia con las autoridades.
Por la mañana, la misión de alto nivel de AI, integrada por Susan Lee y Judit Arenas, directoras del Programa Regional para las Américas y de la Oficina de la Secretaría General, respectivamente, se reunió con sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, así como con miembros de organizaciones civiles. En la tarde sostuvieron un encuentro con funcionarios de la administración estatal encabezados por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Replica el gobernador
Después de reunirse con Khan, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz consideró que el reporte de AI es "parcial", e incluso afirmó que lo escribieron consejeros estatales de la APPO. "No compartimos el informe", reiteró. Y calificó las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas por las víctimas de "acusaciones aventuradas y sin ningún fundamento". Expuso que AI no consideró la posición de su gobierno ni mucho menos "las voces de los oaxaqueños" afectados durante el conflicto político-social, si bien anunció que su administración castigará a los servidores públicos que hayan participado en violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, Khan lamentó que el gobierno estatal no tomara con seriedad el informe de AI, y dijo que en su encuentro previo con funcionarios no tuvo ningún indicio de que se hayan iniciado investigaciones sobre las transgresiones, con el propósito de castigar a los responsables.
Antes de reunirse con Ruiz Ortiz, la secretaria general de AI dialogó con los secretarios general de Gobierno y de Protección Ciudadana, Teófilo Manuel García Corpus y Sergio Segreste Ríos, respectivamente, así como con la subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos Rueda.

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México debe respetar acuerdos sobre derechos humanos: Parlamento italiano

Legisladores del país europeo se dicen preocupados por frecuentes casos de abusos
México debe respetar acuerdos sobre derechos humanos: Parlamento italiano
Lamentan que la lucha contra el narcotráfico "lesione el estado de derecho"
EMIR OLIVARES ALONSO


El Parlamento italiano manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en México; por ejemplo, la represión en Oaxaca y en San Salvador Atenco, la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, y los abusos contra periodistas y pueblos indios. Por ello, exhortó a las autoridades mexicanas a cumplir los acuerdos internacionales en la materia y a solucionar los casos mencionados.
La semana pasada el órgano legislativo emitió la resolución 7-00253, en la cual abordó la situación de las garantías básicas en México. Además, en ésta afirmó que, pese a que el Estado mexicano ha mostrado apertura y disponibilidad al escrutinio internacional, los casos citados y la lucha contra el crimen organizado que ha emprendido el gobierno de Felipe Calderón "resultan causa de preocupación" por las violaciones a los derechos humanos.
En torno a la situación en Oaxaca, los parlamentarios señalaron: "las condiciones del estado de derecho no han sido restablecidas en la entidad, debido a la dura represión del gobernador local contra los manifestantes el año pasado, impidiendo a la libremente constituida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca manifestar democráticamente su disenso".
Por ello, solicitó al Estado mexicano restablecer en esa entidad el ejercicio legítimo de las libertades democráticas y el cese de la persecución contra disidentes.
El Parlamento italiano advirtió que la violencia contra las mujeres en México, particularmente en Chihuahua, sigue alentando el fenómeno de los feminicidios, "basado en una sustancial impunidad y en un peligroso entrecruzamiento con el clima de intimidación provocado por el narcotráfico". En ese sentido, convocó a las autoridades a que la fiscalía que atiende esos ilícitos luche "de manera definitiva" contra ese tipo de crímenes.
Respecto del caso Atenco, indicó que hubo casos de detenciones arbitrarias, maltratos, falta de garantías procesales e impunidad, pese a las violaciones a los derechos humanos de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
En ese sentido, el pasado 17 de julio el Parlamento recibió a Martha Pérez, integrante del FPDT, quien dio a conocer la represión de que fueron víctimas los pobladores de Atenco los días tres y cuatro de mayo de 2006, la reactivación de las órdenes de aprehensión contra activistas y la sentencia, a más de 67 años de prisión, contra el líder del frente, Ignacio del Valle, y otros dos integrantes, condenas que los legisladores italianos calificaron de "política que criminaliza los movimientos y la participación social y política en México". La comparecencia de Pérez dio elementos a éstos para que solicitaran más información sobre la participación del gobierno federal en la represión contra el FPDT.
"Los derechos de las comunidades indígenas, particularmente en Chiapas, aún no han sido reconocidos plenamente, a pesar de las promesas oficiales, sobre todo respecto a lo que se refiere a los recursos naturales, el desarrollo sustentable, y el respeto a su identidad y formas de autogobierno", asegura la resolución. Y solicitaron ampliar la legislación al respecto, con base en los acuerdos de San Andrés.
En cuanto al tema de los periodistas, argumentaron que la libertad de expresión se "ve comprometida significativamente", debido al "estado de precariedad en el ejercicio de esa profesión, lo cual se evidencia con homicidios, secuestros e intimidaciones a informadores comprometidos con la denuncia del crimen organizado".
Asimismo, recomendó al gobierno de Felipe Calderón que "la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se lleve a cabo con eficacia, pero sin lesionar los principios del estado de derecho, los cuales distinguen completamente los deberes de las fuerzas policiacas de las militares".
Ante esa problemática, los legisladores italianos exhortaron al Estado mexicano a que, con base en la cláusula democrática del acuerdo entre México y la Unión Europea y en los pactos con la Organización de las Naciones Unidas, garantice el cumplimiento de los derechos humanos y resuelva los casos en que se hayan violado dichas garantías. Se comprometieron a que el gobierno de Italia colaborará con México en la materia.
Además, solicitaron que a la política sobre derechos humanos se incorpore el trabajo de la sociedad. El contexto de ésta, señalaron, se presentará en la próxima reunión del foro euro-mexicano de la sociedad civil, para que se busquen y diseñen planes para la defensa de esas garantías.
http://www.jornada.unam.mx

Muestra Felipe Calderón desdén, por Los Derechos Humanos

Muestra Calderón desdén por los derechos humanos:
AIleonardo boix
Londres, 30 de julio (apro).- El gobierno de Felipe Calderón “no tiene como prioridad avanzar en el tema de los derechos humanos”, dice Robert Knox, investigador sobre México de la organización Amnistía Internacional (AI).“No hemos visto ninguna señal clara y evidente de que este gobierno (de Calderón) tenga la determinación de resolver los problemas sobre derechos humanos”, afirma.Y añade que para el nuevo gobierno mexicano, Oaxaca es “una prueba de fuego”, pues desde 2006, “las autoridades federales y el gobierno estatal han dejado en la impunidad homicidios, torturas, detenciones y cateos arbitrarios, así como una serie de violaciones individuales y colectivas ocurridas a lo largo del conflicto” en ese estado.Insiste: “Hay que reconocer que estamos hablando de un gobierno (el de Calderón) que no ha cumplido siquiera un año en el poder, pero aun así podemos ver su falta de políticas en materia de derechos humanos”.Comenta que ésta es una de las muchas preguntas que AI planteará al gobierno mexicano.Y es que, a partir del próximo 31 de julio, una delegación de alto nivel de AI –encabezada por su secretaria general Irene Khan-- realizará una visita de cinco días a México para evaluar la situación de los derechos humanos en éste país y emitir un informe al respecto. “No dudaremos en denunciar las violaciones cometidas”, advierte Knox, quien será uno de los miembros de dicha delegación.Entrevistado por Apro minutos antes de viajar a México, Knox dice que dicho informe incluirá el caso de Oaxaca. Afirma que en él “vamos a decir que no hay únicamente una cuestión de responsabilidad estatal, pues las autoridades federales han sido señaladas como involucradas en violaciones de derechos humanos desde finales de octubre pasado y, a partir de lo que nosotros hemos podido documentar, no ha habido investigaciones adecuadas para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables”. Durante su visita a México, la delegación de AI tiene planeado reunirse con sobrevivientes de abusos de derechos humanos, organizaciones civiles, legisladores, ministros de la Suprema Corte de Justicia y autoridades federales y estatales, como la canciller Patricia Espinosa; el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, y el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.Josefina Salomón, encargada de asuntos de prensa de AI informó a Apro que la delegación solicitó una reunión con el presidente Calderón, la cual no ha tenido respuesta. “Realmente queremos sentarnos con el gobierno federal para expresarle nuestras preocupaciones, que son tan grandes como cuando estaba (Vicente) Fox en el poder”, declaró. Y señaló que, en caso de que no sean concedidas las solicitudes para reunirse tanto con las autoridades federales como estatales, “lo veremos como una señal negativa, de que no les interesa el tema de los derechos humanos”. De hecho, la visita iniciará en Oaxaca para “recabar información sobre los más recientes acontecimientos de exceso de violencia” del pasado 16 de julio, señaló Knox. Después, la delegación viajará a la ciudad de México y al estado de Guerrero.Entrevistada por Apro, Salomón adelanta que, durante las reuniones con las autoridades, los miembros de AI abordarán el tema de “los abusos que se han cometido. Les pediremos que se juzguen a los responsables y que se tomen medidas para evitar que hayan más víctimas”.Oaxaca, el objetivoKnox, por su parte, dice que la estancia en Oaxaca de AI les permitirá “constatar casos emblemáticos” de abusos a los derechos humanos, los cuales quedarán documentados en el informe que emita posteriormente ésta organización. “También hablaremos con las autoridades locales e intentaremos que no haya impunidad en esos casos, lo que actualmente existe. Ese va a ser el objetivo principal en Oaxaca”.Knox dice que la situación en éste estado “es compleja”, pero aclaró que “sigue siendo responsabilidad fundamental del Estado y de las autoridades federales, estatales y municipales”, garantizar el bienestar de los ciudadanos, “y hasta el momento no hemos podido constatar la determinación para llevar a cabo ese objetivo”. Añade: “Oaxaca es un tema puntual y actual de violaciones muy graves que ocurrieron, que están ocurriendo y han vuelto a ocurrir”. Y subraya que sigue siendo “una prueba muy dura” para las autoridades “que asumieron la responsabilidad de no dejar de investigar”.Señala que el gobierno de Calderón “puede modificar su actitud y hacer lo que no ha ocurrido durante muchos años: resolver los problemas sobre derechos humanos. Tiene toda facultad y, si quisiera, toda la capacidad para atender esos casos de abusos”. Knox agrega que la delegación de AI planteará al gobernador Ulises Ruiz “que se asuman las responsabilidades sobre el respeto a los derechos humanos”. Explica: “Aunque existen agentes municipales y estatales, la responsabilidad recae directamente en el Ejecutivo del estado. Primero, para prevenir y, segundo, para investigar y esclarecer las acciones y las responsabilidades. No hemos visto esas acciones y los últimos acontecimientos de la semana pasada muestran que hubo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales”, señala Knox en referencia a los hechos del pasado 19 de julio, cuando profesores y miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se enfrentaron con los policías estatales, lo que dejó un saldo de al menos 19 heridos y 40 personas detenidas. “Esto demuestra otra vez que la impunidad que ha existido en los últimos años seguirá contribuyendo a que se cometan más violaciones. Hasta que no exista la determinación de acabar con una policía que utiliza la fuerza excesiva para controlar manifestaciones y para enfrentar cualquier movilización o movimiento social, habrá más violaciones de derechos humanos”, afirma el investigador de AI. En ese sentido, señala que se requiere ese “cambio fundamental” y que “la única forma de garantizarlo es a partir de que las personas responsables (de abusos) sean investigadas y enjuiciadas por la Justicia. “Esos serán los mensajes que llevaremos al gobierno de Oaxaca encabezado por Ulises Ruiz. Obviamente no tomaremos ninguna posición sobre las elecciones que va a haber próximamente, pero es una cuestión de investigar los hechos”, subraya.Reitera que AI “reconoce y siempre ha reconocido”, que la situación de seguridad pública en Oaxaca “es muy compleja” y que “no ha sido un trabajo fácil”. Pero, advierte, “es justamente la obligación del Estado” ofrecer esas garantías “y no se puede suponer que un grupo de manifestantes esté actuando de forma ilegal, sin pruebas, cuando el Estado tiene la obligación de actuar dentro del marco de la ley”. “En el informe que presentaremos eso lo vamos a tratar”, adelanta.Calderón, como FoxDurante la entrevista, Knox admite que, durante el gobierno de Vicente Fox, “hubo avances importantes en temas de apertura, del escrutinio internacional y de los compromisos con los organismos internacionales de derechos humanos”. “Pero –advierte-- eso no se tradujo en cambios substanciales o estructurales a nivel del país. Lo que hemos visto actualmente es una falta de prioridad de este gobierno en avanzar en temas de derechos humanos. No hemos visto ninguna señal clara o evidente de que haya determinación de este gobierno para resolver los asuntos de derechos humanos”. Añade: “Ojalá que, con esta visita de Amnistía, se concrete esa agenda y esa determinación y voluntad política para realmente atender los problemas existentes, que son muchos”. Al preguntarle qué espera lograr AI con su visita de alto rango y con la publicación de su informe, Knox asegura: “Nosotros esperamos que nuestro informe cambie cosas en este gobierno y en el país (…) Porque creemos que es importante lo que hacemos, vamos a México para tratar temas como cuál debe ser la actitud y las acciones del gobierno federal --que aunque no ha tenido una responsabilidad directa de todo-- tiene un liderazgo que es imprescindible para demostrar a los otros niveles del Estado que no se pueden tolerar las violaciones a los derechos humanos”. Por último, pide a Calderón “que tome en cuenta” la agenda que tratará de impulsar Amnistía Internacional “y actúe sobre esas recomendaciones que nosotros le vamos a hacer, porque ese es el primer paso para integrar los derechos humanos en las políticas de Estado”.
http://www.proceso.com.mx/noticia.html?nta=52718

LA SECRETARIA GENERAL DE AMNISTÍA INTERNACIONAL SE REÚNE EN MÉXICO CON VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS SERVIMEDIA
MADRID,
30-JUL-2007
La secretaria general de Amnistía Internacional (AI), Irene Khan, tiene previsto visitar México desde mañana hasta el 5 de agosto, según informó la organización. Formarán también parte de la delegación Susan Lee, directora del Programa Regional de AI para América; Judit Arenas, jefa de la Oficina de la Secretaria General; Rupert Knox, investigador de AI sobre México, y Nancy Tapias-Torrado, adjunta de investigación y acción de Amnistía sobre México. La delegación visitará la ciudad de México y los estados de Oaxaca y Guerrero, donde se reunirá con representantes del Gobierno, supervivientes y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos y miembros de la sociedad civil. Esta es la tercera visita de Irene Khan a México al frente de una delegación desde 2003 y la primera que hace con el nuevo Gobierno. Amnistía Internacional ha solicitado una reunión con el presidente Calderón

Discriminación, constante del mercado laboral

Redacción El Universal Domingo 29 de julio de 2007
Los empleadores condicionan plazas a raza, edad y apariencia física
Millones de personas en el Distrito Federal y el estado de México no logran obtener un empleo digno y bien remunerado en la economía formal debido a su apariencia física, raza, edad o por tener discapacidad física o mental.
La discriminación es una característica constante del mercado de trabajo en ambas entidades, donde autoridades, especialistas, empresas y organizaciones sociales reconocen como un déficit de nuestra cultura y de las leyes la exclusión a determinados sectores sociales de una oportunidad laboral.
EL UNIVERSAL investigó las formas en que se discrimina en los mercados laborales del DF y el estado de México, y encontró, entre otras cosas, que algunos empleadores prefieren contratar a una mujer de “talla 5” antes que por su capacidad profesional.
Otros descartan a quien padece una discapacidad sin conocer sus potencialidades, y menos están dispuestos a adecuar sus instalaciones.
La experiencia y responsabilidad de los ancianos es insuficiente para convencer a los empleadores de contratarlos, pues los consideran decadentes y enfermizos.
Los jóvenes tampoco la tienen fácil para encontrar trabajo, pues a las limitaciones del mercado laboral se suma la escasa disposición de las instituciones, privadas y públicas, a capacitarlos. Ni siquiera un título universitario les asegura un empleo.
Y si el DF y su zona conurbada concentran al más importante grupo de indígenas del país, también se caracterizan por marginarlos a trabajos de poca paga y alto riesgo.
Una de las alternativas para estos sectores es el autoempleo, mientras que organizaciones no gubernamentales y algunas iniciativas oficiales trabajan para romper barreras discriminatorias del mercado laboral para determinados grupos, aunque sus resultados son limitados.
Pero el grueso de los que son discriminados por su aspecto físico, sexo, raza, edad o escolaridad tienen que hallar alternativas laborales, incluso la mendicidad, para cubrir sus necesidades básicas.

Discriminados por leyes e instituciones
JUAN ARVIZU El Universal Domingo 29 de julio de 2007
En la ciudad de México el sector de la construcción es el nicho ocupacional para campesinos e indígenas de origen otomí, náhuatl, mazahua, mazateco y mixteco
La discriminación laboral a los indígenas en la Ciudad de México está “latente”, esto es, escondida: les cierra las puertas de la economía moderna. A la gran mayoría la margina como albañiles, artesanos, vendedores ambulantes, sirvientas, boleros.
Quienes con capacidad profesional logran entran a empresas, difícilmente ocupan puestos de mando, incluso en el sector público. La discriminación es institucional.
La metrópoli los rechaza por su apariencia y, peor aún, por su lengua. En el asfalto, renegar del origen étnico es básico para subsistir a la desventaja insalvable de ser indígena.
El Distrito Federal y su zona conurbada, forman “la mayor congregación urbana de carácter indígena del país”, señala un estudio de Jorge Enrique Horbath, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
“Ser indígena significa ser pobre y mantener características de discriminación”, como obtener “menos remuneración por su trabajo”, expone el “Informe sobre la discriminación en el campo laboral 2005”, de la propia Flacso y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Ambos estudios dan cuenta de la desventaja de un indígena respecto de un no indígena en la Ciudad de México.
“Los mejores ingresos para los indígenas se dan en las delegaciones Benito Juárez, Azcapotzalco, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc, con más de dos dólares por hora”. Allí mismo, los no indígenas ganan tres dólares por hora, expone Horbath. En otras localidades la paga cae a medio dólar la hora y menos.
La Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México (AMICM), dice que muchos culminan licenciaturas, maestrías y doctorados, pero “no hay trabajos para nosotros: el título no vale a egresados de universidades públicas”.
Reconoce que falta visión y apoyo empresarial, sobrevivir a la incosteable economía artesanal, salir de la etapa de los empleos bajos de mozo, mandadero, obrero.
Una encuesta del Conapred con indígenas, indica que el derecho menos respetado es el de trabajar con pago justo.
Los indígenas consideran (59%) que tienen pocas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Un 7.5% dice que carece de oportunidades en absoluto.
“Los indígenas ya establecidos en la ciudad, trabajan y viven (al igual que en sus pueblos) en condiciones de pobreza: habitan en la periferia sin acceso a servicios; tienen empleos precarios; sus niños abandonan la escuela para participar en el ingreso familiar, a través de la mendicidad o el empleo informal”, reporta el Informe Flacso-Conapred.
En la ciudad de México el sector de la construcción es el nicho ocupacional para campesinos e indígenas de origen otomí, náhuatl, mazahua, mazateco y mixteco. “Es el oficio más desgastante, riesgoso, mal pagado”, agrega.
“Cuando niegan su origen”, los indígenas consiguen alternativas de movilidad, como electrictricistas, plomeros, carpinteros, yeseros. Más abajo está el sector de talleres pequeños, peor pagados.
Lo que se practica en el DF contra los indígenas es una “discriminación institucional”, toda vez que ya es rutinaria, resalta el estudio Flacso-Conapred, y urge a romper ese círculo vicioso. Un tercio de la población mexicana es discriminadora hacia las comunidades indígenas.
Quienes “logran superar las barreras de la discriminación en la economía moderna, se ven sometidos a fuertes presiones, ejercidas por sus compañeros de trabajo, relata el informe elaborado por Jorge Enrique Horbath.
La baja formación profesional de los indígenas, “da como resultado pocas posibilidades de desempeñar tareas de autoridad” en unidades empresariales y productivas, aun dentro del sector público”.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_152893.html

Exclusión con rostro de mujer
ANGÉLICA SIMÓN El Universal Domingo 29 de julio de 2007
La segregación laboral y la división sexual del trabajo, persiste; se sigue encasillando al sexo femenino en áreas que tienen que ver con los roles preestablecidos como servicios y educación, alertan especialistas
La discriminación laboral camina en tacones por la ciudad. Tiene distintos rostros: hostigamiento sexual, despido o no contratación por embarazo, menores salarios que los varones a iguales tareas, condicionamiento sobre la apariencia física, la talla, la ropa, o el estado civil, violencia laboral e incluso abuso sexual.
De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo del Distrito Federal, en los últimos seis años, 3 mil 836 mujeres de la capital del país demandaron a sus patrones por alguna de estas causas y los números van al alza.
Según las estadísticas, de 2001 a 2006 las denuncias por hostigamiento sexual subieron 122%; los despidos por embarazo 106%; las presentadas por violencia laboral 61% y la discriminación en general, 133%.
Tan sólo en lo que va del año, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la ciudad de México ha recibido 403 denuncias por esos motivos.
Ana María Loaeza, titular de la Subprocuraduría de Atención a Mujeres resaltó que el despido por embarazo se mantiene como la principal causa de discriminación reportada (40%).
“Parece ser que el estar embarazada es un crimen y que los patrones olvidan que es una condición natural de la mujer, que además está reconocida en la ley y perfectamente normada”, señaló.
El hostigamiento sexual, con 17% es el segundo problema laboral que enfrentan las habitantes de la capital del país con más frecuencia.
El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal reporta que el hostigamiento sexual es uno de los principales factores para que las mujeres no accedan a los cargos de dirección en los centros laborales y ello, afirma el organismo, implica la limitación ocupacional como parte de la discriminación que los hombres ejercen contra la población femenina ante la escasez de oportunidades de trabajo.
La violencia física o verbal también son formas de discriminar, así como negar el ascenso, la falta de capacitación, y en general otorgarles menores prestaciones.
Existe una marcada discriminación laboral que es cualquier tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia que tenga como resultado eliminar o alterar la igualdad de oportunidades o de trato hacia las mujeres en el trabajo.
Prevalecen roles preestablecidos
Ana Buquet Corleto, secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Género, afirma que persiste la segregación laboral y la división sexual del trabajo; es decir, se sigue encasillando a las mujeres en trabajos que tienen que ver con los roles preestablecidos como son los servicios y la educación, y su presencia es todavía mucho menor que la de los hombres en espacios directivos.
Asimismo, señala Buquet, persiste la segregación salarial: menores sueldos y prestaciones. Información de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal indica que en la ciudad de México existen diferencias salariales entre 7% y 35% de mujeres y hombres que desempeñan el mismo cargo aun cuando el precepto constitucional refiere que a trabajos iguales, salarios iguales.
Además, no sólo persisten las viejas formas de discriminación, sino que hay otras nuevas como por ejemplo los condicionamientos de tallas, estatura o apariencia física marcados por los estereotipos de belleza, así como la soltería.
La investigadora apunta que a pesar de vivir en una ciudad que está trabajando en consolidarse como un espacio democrático y equitativo, la discriminación sigue siendo un problema porque tiene que ver con un orden cultural que se arrastra históricamente.
Vivimos aún bajo una estructura patriarcal con prejuicios que se basan en la idea de inferioridad hacia las mujeres, explica la especialista.
“Que un gobierno se preocupe por ser equitativo, no quiere decir que logrará erradicar la discriminación en corto tiempo”, afirma Buquet Corleto.
Hay avances, dice, pero faltan cambios más de fondo, estructurales que tienen que ver con reformas educativas, que se incluya en los libros de texto la visión de género, así como leyes que promuevan políticas institucionales y empresariales a favor de la igualdad.
Combatir la discriminación
Aunque la discriminación está prohibida en la Constitución y en toda la normatividad laboral, poco se puede hacer contra ésta, reconoce Ana María Loaeza, de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
“De que está contemplado está contemplado, pero es difícil contar con los elementos para probar en un juicio y que se castigue a un patrón por discriminar, por eso se interponen juicios por despido injustificado”, indica la funcionaria.
Pero no sólo hay ese vacío. La discriminación, afirma la subprocuradora, se puede dar antes, durante y con el despido.
“Antes, solicitando más requisitos de los que establece la ley, condicionando aspectos físicos, estado civil, entre otros; durante: no capacitando, pagando menos, hostigando o menospreciando y con el despido”, explica.
Cuando es antes, no se puede hacer nada porque no son trabajadoras, “laboralmente hablando no se puede sancionar a las empresas porque no existe una normatividad que diga que si tu empleador pide estos requisitos adicionales a la norma será sancionado”.
El problema de fondo, coinciden las especialistas, gira en torno a los vacíos legales, a que no hay una cultura laboral ni una cultura de la igualdad y la necesidad.
“La situación económica y el desempleo han alcanzado niveles alarmantes en donde la gente aun con conocimiento de causa toma los empleos, a pesar de que de antemano saben que las condiciones no son las de la ley; en el caso de las mujeres se está dando una figura de jefa de familia y ante esa responsabilidad se aceptan condiciones que bajo otras circunstancias no se aceptarían, pero ante la necesidad extrema no les queda otra alternativa”, concluye Loaeza.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_152906.html

“Empleo, sólo para las de talla 5”
ANGÉLICA SIMÓN El Universal Domingo 29 de julio de 2007
Ser bajita de estatura, no ser “talla 5, máximo 7”, no haber hecho carrera en escuela de paga, venir de provincia, no ser “jovencita”, fueron algunos de los problemas que enfrentó Éricka para conseguir trabajo.
A pesar de contar con amplia experiencia en actividades secretariales, tener un curso técnico impartido por la Secretaría de Educación Pública en esta materia, Éricka no pudo conseguir empleo en su área. A sus 33 años de edad y con amplia experiencia, actualmente se dedica a promover tarjetas bancarias en un centro comercial.
Eso sí, asegura, tomó esa opción laboral después de tres meses de búsqueda y pasar por todo tipo de escrutinios, incluso personales, como si era casada o vivía en pareja, si a su edad tenía o no planes cercanos de casarse o tener hijos y cuántos.
“Tú entenderás que necesitamos gente que no sea mamá ni esté en sus planes serlo porque luego empiezan con los permisos, las incapacidades, las faltas y nosotros necesitamos gente que trabaje’. Eso es lo que me decían y tenía que contestar que, efectivamente no tenía ese tipo de planes para poder tener una oportunidad”, comenta Éricka.
“Cuando comencé a desesperarme por la falta de empleo y de dinero fui a buscar trabajo como demostradora en las tiendas, tenía que ser talla 5, máximo 7”.
Esos requerimientos, asegura, no sólo le cerraban las puertas, sino que además le afectaban la autoestima.
“Resulta que en esta ciudad no importan si estás preparado o no, si tienes experiencia o no. Si no eres bonita y vienes de una de esas escuelas reconocidas, tus oportunidades de encontrar trabajo son muy pocas”.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_152907.html

Un laberinto sin salida para los discapacitados
MÓNICA ARCHUNDIA El Universal Domingo 29 de julio de 2007
La falta de rampas y de semáforos con señales auditivas, entre otras barreras arquitectónicas, les impide desarrollarse en el ámbito social, académico y laboral
La discriminación hacia las personas con discapacidad aún es grave en la ciudad de México y se manifiesta con la simple existencia de barreras arquitectónicas que les impiden su adecuada movilidad. “Lo que sucede es que a veces es tan invisible que la gente no lo ve...las dificultades para ingresar a un trabajo o a la escuela también son formas de discriminación”.
Así lo afirma Amalia Gamio, coordinadora del programa para la defensa de los derechos y la dignidad de personas con discapacidad del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), quien considera como soluciones el cumplimiento de las leyes que protegen a este sector y establecer en ellas sanciones más elevadas a quienes las violen.
Francesca Sasso, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco, coincide en este tema: “Sigue habiendo discriminación en todos los medios porque muchas instituciones no son adecuadas para personas con discapacidad y eso es una discriminación en las estructuras arquitectónicas...no hay señalización para personas ciegas o sordas”.
Y añade que “muchos se quedan en sus casas por su discapacidad para movilizarse, aunque sí son capaces para integrarse, además a muchos dejan de llevarlos a terapias porque no hay quién los movilice, porque hay que cargarlos”.
Ricardo Bucio, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), considera a la ciudad como un laberinto sin salidas para personas con discapacidad por la insuficiencia de rampas, la mala condición de las banquetas y la falta de semáforos con señales auditivas.
De los más de mil puentes peatonales que existen en el DF sólo siete pueden ser usados por esta población; además, para acceder a los autobuses del gobierno este sector debe aguardar su paso en avenidas principales.
Julio César Núñez Quintana, presidente de la Fundación Si tú quieres...¡yo puedo!, es usuario frecuente del Metrobús y sabe que descender en las estaciones Deportivo 18 de Marzo, Euzkaro, Potrero, La Raza, Circuito, San Simón, Manuel González e Insurgentes es una hazaña ya que el acceso a las paradas se consigue a través de largas escaleras.
Moverse en su silla de ruedas resulta difícil cuando intenta trasladarse en la ciudad, ya sea por cuestiones de trabajo o de diversión.
Se estima que la tasa de participación económica de la población con discapacidad en el Distrito Federal es de 25.4 y de 27.3% en el estado de México.
Sin embargo, Gamio se refiere a la necesidad de elaborar un censo específico sobre personas con discapacidad ya que el simple hecho de que no exista es ya una forma de discriminación.
Según el XII Censo de Población y Vivienda 2000 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en el DF hay 159 mil 754 personas con discapacidad.
No obstante un estudio presentado en 2006 por el gobierno local, la UNICEF y la asociación civil Alternativas de Comunicación para Necesidades Especiales revela la existencia de 77 mil 582 con afectaciones permanentes en zonas de muy alta, alta y media marginación.
En el caso de la ciudad se considera que 36 mil 563 personas con discapacidad tienen alguna ocupación laboral. Las principales discapacidades son de tipo motriz, sensorial y mental.
El estudio titulado “El reto de la inclusión y atención integral de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en el DF” señala que 41.4% de los menores de entre seis y 15 años que vive en marginación muy alta carece de escolaridad y una de las principales causas de ello es la pobreza y falta de información.
Además, el porcentaje más alto de personas con discapacidad —44%— corresponde a la población de entre seis y 12 años.
El análisis revela que 67.9% de menores de entre seis y 15 años no recibe educación especial porque no encuentra el servicio o no puede pagar los gastos que implica.
Aunque 70.5% de la discapacidad permanente detectada entre niños que viven en zonas marginadas del Distrito Federal tiene su origen en el nacimiento, ésta se encuentra vinculada a la falta de servicios médicos.
Según el INEGI, en la capital el promedio de escolaridad de las personas con discapacidad es 6.2 años, casi dos puntos por arriba del estado de México, donde se ubica en 4.5.
En esa entidad el instituto ha detectado a 189 mil 341 personas con discapacidad, desde recién nacidos hasta adultos mayores, de las cuales el 80.5% es derechohabiente del IMSS.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_152909.html

De sabios a personas en desuso
SARA PANTOJA El Universal Domingo 29 de julio de 2007
Antes curaban con sus remedios y ahora, las personas de la tercera edad son víctimas del abandono. No hay leyes que los amparen y para sus familias son una carga
Hace poco más de 500 años, en la ciudad de México los adultos mayores eran los más respetados, los más sabios y a los que más se les tomaba en cuenta para decidir. Hoy, la tendencia es verlos como improductivos, ineficientes, enfermos y decadentes, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Antes, eran los que curaban con sus remedios y hasta se comunicaban con los dioses. Ahora, son discriminados de múltiples formas empezando desde el hogar, donde su propia familia los trata a gritos.
“Les afecta la discriminación laboral, el abandono familiar y la violencia física y psicológica; así como la falta de mecanismos que otorguen garantías a su patrimonio”, según el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).
Magdalena Adriana González Furlong, directora de la dependencia informa que cada día 800 personas en el país cumplen 60 años, lo que significa que al año 292 mil personas ingresan al sector social de la llamada tercera edad.
Según las cifras de la dependendencia, en México hay 8.6 millones de personas mayores de 60 años; es decir, uno de cada 20 ciudadanos.
Según el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática de 2005, en el DF habitan 955 mil adultos mayores.
Datos de la Secretaría de Salud local señalan que tan sólo en el DF, 5% de ellos han reportado ser víctimas de abuso o maltrato. Y uno de cada cien dijo sufrir violencia física.
Graciela Casas, especialista de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que la discriminación empieza por el concepto de la vejez, de la que dice: “se le ve como caduco, en desuso, en vez de valorar su experiencia”.
A este grupo lo discrimina la sociedad y las instituciones, dice.
“No les dan tarjeta de crédito bancaria porque no ofrecen garantías y tampoco consiguen seguros de vida por su edad. No hay un estereotipo de éxito de vejez”, indica.
Las actuales administraciones están atendiendo sus problemas, “con fines políticos, pero están dando resultados, agrega.
Pero más allá de lo que diga la Ley de Derechos de los Adultos Mayores, la discriminación se siente en las calles.
Desprecio en el trabajo
“Sí hay discriminación en el trabajo hacia nosotros los viejos”, asegura Sebastián López Colmenares, de 65 años. Él lleva más de cuatro décadas trabajando en un taller.
“Ahí contratan a chamacos con el sueldo mínimo de 400 pesos y yo con experiencia de 45 años en el negocio me dan 300 si quieres, me dicen y así pasa donde quiera”.
Don Sebastián tiene que sostener a su esposa, a su nuera y a sus nietas de 10 y 3 años, cuyo padre emigró a Estados Unidos.
La discriminación hacia los adultos “en plenitud” puede ocasionar depresión y hasta la muerte, según Juan Carlos González Llamas, director de Gerontología del INAPAM.
“Uno de los padecimientos psicológicos más fuertes en el anciano es la depresión. Entre sus causas se cuenta el no ser independiente”.
González Llamas agrega que en el país sólo 25% de las personas de 60 años o más han cotizado en la seguridad social, lo que implica que el resto pueda estar desenvolviéndose en la economía informal, sin ningún tipo de garantía laboral ni de salud.
Además de la discriminación en la salud y en el trabajo, este sector sufre rechazo hasta con las autoridades. Del 1 de enero al 30 de abril de 2006, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibió un total de 200 quejas de adultos mayores.
De éstas, el organismo reportó que 175 casos se consideraron como presuntamente violatorios de derechos humanos. Entre las instancias y autoridades más señaladas por los denunciantes estuvieron las instituciones y órganos encargados de procurar o administrar justicia y garantizar la seguridad pública.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_152910.html

Aun en libertad,siguen presos de su pasado
CLAUDIA BOLAÑOS El Universal Domingo 29 de julio de 2007
A pesar de que por ley los presos deberían tener acceso a capacitación, la escasa formación que se les da en los penales poco ayuda a cambiar el futuro de esas personas
Antes de entrar a la cárcel se dedicaban a trabajos temporales y al salir de ella siguen en la misma línea o peor porque muchos enfrentan actos de discriminación por ser ex convictos, a lo cual se suma su escasa capacitación laboral.
El artículo 112 del Reglamento de los centros de reclusión del Distrito Federal dice: “El trabajo y la capacitación para el mismo en los Centros de Reclusión, son elementos del tratamiento para la readaptación social del interno, sin los cuales no podrá determinarse plenamente ésta”.
Pero al quedar en libertad, los ex internos se encuentran con que casi no hay oportunidades laborales para ellos, ya sea por haber estado presos, por no tener capacitación laboral o por carecer de un aval moral, indican asociaciones civiles, investigadores del sistema penitenciario y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE), indica en el texto “Delincuencia, marginalidad y desempeño institucional”, que crece la población carcelaria que trabajaba desde niños y adolescentes.
“Es un rasgo de que tuvieron que trabajar y esa situación les restó posibilidades educativas”, según datos de la Dirección de Ejecución de Sanciones, y agrega que 98% de los internos son de escasos recursos. De acuerdo con la Dirección de Prevención y Readaptación Social del DF, antes de ser encarcelados se desempeñaban en trabajos informales.
Al salir no hay seguimiento de las labores que realizan, aunque según la subdirectora de Fundación Familia Alternativa, Nayeli Luna Buendia —asociación que ayuda a personas que salen de prisión y no tienen a donde ir— la mayoría se emplea en negocios propios, comercio informal y trabajos temporales como ayudantes.
La escasa formación laboral que se les da en los penales poco ayuda a cambiar la realidad de esas personas, y lo peor es que varios ni siquiera se sienten como una persona con derechos, por lo cual no hay quejas que refieran actos de discriminación laboral, da a conocer Víctor Morales Noble, director de Seguimiento de Recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Aunque es violatorio y ya ni siquiera se dan como documento oficial, hay quienes temen a que se les pidan constancias de antecedentes no penales.
La subdirectora de Fundación Familia Alternativa, Luna Buendía menciona que es difícil que alguien quiera emplear a personas que han estado presas.
Para algunos que provienen de familias criminógenas la situación es peor, “porque ya los están esperando para que continúen en el negocio”, explica conforme a la experiencia de la fundación.
Consultada al respecto, la investigadora Elena Azaola refiere que los ex presos han pagado a la sociedad lo que debían, y sin embargo les quitan oportunidades de reinsertarse en la sociedad.
Víctor Morales considera que la problemática está enfocada a la falta de preparación de los que están privados de su libertad legalmente, porque aunque la norma contempla la readaptación a través del trabajo, no se cumple.
Las cifras de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social indican que de los aproximadamente 33 mil 500 internos que hay en la ciudad de México, unos 16 mil trabajan y 17 mil no.
No obstante, los 28 socios industriales que hay en los penales del DF, sólo hay oportunidad para unos pocos, y únicamente la empresa Vicky Form ofrece empleo a los liberados, indica el representante de Derechos Humanos.
“Y el resto de la población no recibe capacitación para desarrollarse en empresas, sino que se les enseña a trabajar las artesanías o hacen comisiones de la misma institución, lo cual no los prepara para competir en el mercado laboral”.
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/vi_152913.html

La educación, vía para que mujeres sean "sujetas de derecho"

La educación, vía para que mujeres sean ''sujetas de derecho''
Redacción Publicado el 2007-07-26 01:41:49
Desde la construcción de la ciudadanía Por Lourdes Godínez LealMéxico, 25 julio 07 (CIMAC).- Se puede educar para que las mujeres y los hombres puedan exigir de la misma forma sus derechos, para que ellas "sean sujetas de derecho", pero se requiere de un trabajo en equipo tanto de organizaciones civiles, gobierno, autoridades e iniciativa privada, afirmó Greta Papadimetriou Cámara, coordinadora de la Red Latinoamericana de Educación para la Paz y los Derechos Humanos.

"Desde la educación podemos cambiar la cultura, no discriminar, no hacer a un lado a alguien por su color de piel, por su preferencia sexual, es un problema estructural", señaló, pero se puede ir avanzando desde la lucha social en este cambio cultural, desde la construcción de la ciudadanía.

Durante el Encuentro Latinoamericano de Experiencias Educativas para la Paz, los Derechos Humanos y la Equidad de Género, que se inauguró hoy, la también coordinadora del evento consideró fundamental que la Secretaría de Educación Pública se comprometa con este movimiento de Educación para la paz, aunque observó que en sus programas de educación cívica ya se habla de resolución no violenta de conflictos.

Esto es de gran importancia, porque en México existe una violación permanente de los derechos humanos, hay represión y castigo y pocas personas pueden exigirlos, por lo que hay que hacer un trabajo intenso desde las aulas y desde la construcción de la ciudadanía, señaló Papadimetriou.

La también asesora externa de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal explicó que la ciudadanía tiene que ver con la convivencia en un mismo espacio respetando las reglas y normas establecidas para ésta.

ENCUENTRO LATINOAMERICANO

El Encuentro Latinoamericano de Experiencias Educativas para la Paz, los Derechos Humanos y la Equidad de Género, se realiza desde hace 20 años y fue una iniciativa de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de su programa de educación para la paz y derechos humanos.

En él se reúnen expertos en educación de 12 países latinoamericanos y de España para discutir, analizar y compartir sus experiencias en el modelo de Educación para la Paz
El Encuentro Latinoamericano fue inaugurado por Emilio Álvarez Icaza, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y culminará el próximo viernes.
07/LGL/GG
http://www.criterios.com/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=12093