Mini Numa

Francisco Valdés Ugalde
13 de julio de 2008

A veces las grandes avenidas de la historia las abren los humildes y no los poderosos. La comunidad mixteca guerrerense de Mini Numa ha planteado un importante desafío a la justicia.
Dirigentes indígenas de esa comunidad mixteca se han desplazado al Distrito Federal para pedir al presidente Calderón que cumpla con la promesa de ampliar la atención en un hospital cercano a esta comunidad para cumplir con su “derecho a la salud”. Mini Numa representa una situación que no tiene desperdicio para poner en jaque el sistema constitucional de los “derechos sociales”, de los que el PRI se valió durante mucho tiempo para controlar a grandes grupos sociales.
En noviembre pasado, los interesados presentaron un amparo contra el gobierno estatal por incumplir con sus derechos a la salud y a la no discriminación. No es costumbre popular recurrir a la justicia federal para pedir protección de los derechos “sociales”. Normalmente lo que vemos son marchas y movilizaciones, a veces violentas. Ciertamente, algunas organizaciones recurren al amparo en contra de leyes que a su parecer los perjudican. Pero poco se acude a la justicia para pedir la protección de derechos sociales.
Existe una larga tradición que los concibe o bien como dádivas del “sistema” a cambio de obediencia y silencio, o como asuntos programáticos que la República podría ofrecer en el final de los tiempos, es decir, nunca. En esta trampa cultural y política se fueron encimando en la Constitución el derecho al trabajo, al “salario remunerativo”, a la tierra, a la alimentación, a la salud, etcétera.
Pero nunca se pensó en serio qué quiere decir exigir estos derechos frente a la autoridad de última instancia que es hoy, en democracia, la justicia constitucional.
Recordemos que en esta materia el mayor atraso está en la protección de los débiles. Han alcanzado mejorías en la justicia constitucional los poderosos: gobierno, partidos y gremios con gran capacidad para movilizar recursos en su favor. Pero, ¿y los campesinos? ¿Y los indígenas? ¿En qué ventanilla de gobierno un desempleado puede exigir el derecho que le otorga la Constitución en la primera frase del artículo 123: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”?
Los de Mini Numa muestran la paradoja con contundencia: exigen un derecho consagrado en la Constitución que nunca fue acompañado de políticas para hacerlo cumplir a cabalidad. Veremos si ante los débiles la justicia mexicana tiene el valor de hacer honor a su nombre.
ugalde@unam.mx
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
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