Por: Carlos Lortia 09/09/2007
Los pacientes que consumen drogas y alcohol en México no cuentan con centros que les brinden una verdadera rehabilitación, y sólo se vuelven víctimas de maltratos y vejaciones por parte de quienes los operan.
De acuerdo con el censo del Consejo Nacional contra las Adicciones (Conadic), en el país existen más de mil 700 de estos lugares de ayuda. Sin embargo, sólo una cuarta parte de ellos cumple con los requerimientos que marca la legislación para brindar una asistencia integral.
En entrevista con Excélsior, el secretario técnico de Conadic, Carlos José Rodríguez Ajenjo, reveló que los centros de rehabilitación que operan de forma irregular, atropellando los derechos humanos de los pacientes, no se apegan a los lineamientos establecidos, y reconoció que el gobierno no tienen facultades para meterlos en cintura.
"Mira, no son clandestinos, pero, efectivamente, no operan conforme a la Norma Oficial Mexicana 028 que debiera aplicar en estos centros y que sabemos que no se es así. Son más bien esfuerzos de buena voluntad o de gente que quiere resolver el problema a sus colegas, que no toman en cuenta los derechos humanos y los violan".
Para Rodríguez Ajenjo, la norma se aplica, cuando mucho, en unos 400 centros, por lo que pretenden que "se aplique la norma en el 100% de estos centros; nosotros no tenemos facultades para forzar, no tenemos esa atribución, necesitamos apoyarnos en la autoridad regulatoria para vigilar que se respete la norma. Es una aspiración; sin duda el siguiente paso es también apoyar, fortalecer a las mejores organizaciones de este tipo a manera de subsidios para que puedan desarrollar su trabajo".
Inventario de las adicciones
De acuerdo con cifras del Consejo Nacional contra las Adicciones, actualmente existen en promedio, 18 millones de fumadores, tres millones 500 mil personas con dependencia al alcohol, de las cuales 1.5 millones son casos severos que requerirían tratamiento urgente, y unos 600 mil usuarios de drogas como la mariguana, cocaína y éxtasis, de las cuales 280 mil requieren terapia.
El funcionario de Conadic se dijo preocupado de que en los últimos siete años la edad de los que consumen drogas va en descenso.
"Mire, efectivamente las encuestas revelan que primero hay un incremento prácticamente en todos los grupos, pero especialmente en los últimos años, a partir de 2000, empieza a disparase el tema de los estimulantes de una manera mucho más vertiginosa; la cocaína y posteriormente las metanfetaminas, incluidas algunas drogas muy peligrosas como el crack, se están utilizando de manera amplia en sectores juveniles.
"La edad de inicio en las drogas también ha disminuido, es decir, cada vez es más temprana; las encuestas más recientes realizadas en algunas ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey o el Distrito Federal lo demuestran, por eso tenemos preocupación, porque los jóvenes están empezando a consumirlas algunos años antes."
—¿A qué edades? –se le preguntó al funcionario.
—Digamos que a partir de los 12 años se inician en el tabaquismo; a los 14 empiezan a usar drogas ilegales, y en medio de todo esto está el alcohol, que puede venir desde los 12 años.
Los "favores" de Zhenli
Actualmente, el Conadic trabaja en la construcción de 32 centros que ya están en obra, y continúan en trámite otros 38, para complementar la primera cifra de 70 instalaciones, obras que tendrán un costo total de 98 millones de pesos.
A partir de enero se comenzará con la construcción de 230 centros más, que serán financiados con el dinero que se le decomisó en la residencia de Lomas de Chapultepec al empresario de origen chino, Zheli Ye Gon, el mayor introductor de seudoefedrina a territorio nacional proveniente de China.
Rodríguez Ajenjo señaló que "para los 230 centros restantes se tiene prevista una asignación de 371 millones de pesos, provenientes de los bienes decomisados y que fueron asignados a la Secretaría de Salud y al Conadic.
Los centros de rehabilitación que operan al margen de la ley cobran tarifas que van desde los 150 pesos semanales, hasta cantidades muy significativas, todo con la promesa de que sacarán del problema a sus pacientes. Sin embargo, la realidad es que en algunos casos no cuentan ni con un doctor o personal capacitado para tratar a personas con adicciones.
"... y ahí va mi jefecita, llorando, a recogerme"
Alertan autoridades sobre el elevado número de menores de edad que usan drogas sintéticas
La drogadicción entre niños de escasa edad era cosa de otro país; hasta hace pocos años, en México ni se pensaba que los menores pudieran inhalar algún solvente, tomar pastillas o fumar crack.
Esto llegó y se volvió un problema, sin que ninguna autoridad le dé la atención adecuada. Ahora, pequeños de diez años o menos son la carnada perfecta para los narcomenudistas.
El rompimiento del tejido social, el trajín de los días y la falta de acercamiento en el seno familiar es, según especialistas, caldo de cultivo para que un menor se pueda acercar a las drogas.
El crack es una de las drogas más recurrentes entre los menores de edad, sobre todo en el norte del país, afirmó el secretario técnico del Consejo Nacional contra las Adicciones, Carlos José Rodríguez Ajenjo.
"Es un fenómeno que desgraciadamente se ha generalizado. En las clínicas del norte del país, hasta 90 por ciento de los pacientes que están internados son jóvenes que consumen crack", expuso.
Abusos precoces
Domingo tiene 17 años, lleva tres meses internado en el Centro de Rehabilitación "Un Amigo Más", en Nezahualcóyotl. Se drogaba desde hace varios años y ahora está en proceso de rehabilitación. Así narra cómo se inició en las drogas.
"Me empecé a drogar con thinner, chochos y mariguana".
—¿Dónde conseguías todo eso –se le pregunta al menor.
—Yo me juntaba siempre con pandillas y empecé a conocer todo eso porque mis amigos ya son así, grandes, mayores de edad, de 20 p’arriba y ellos la conseguían; conocen a gente que… de ese tipo de gente que trasladan toda la droga y todo eso, los empecé a conocer y conozco a mucha gente así allá afuera.
—¿Viviste en la calle?
—Sí, varias veces, yo sí me llegué a quedar así en la banqueta; y ahí iba mi jefecita llorando arecogerme.
—¿Cómo hacías para comprar la droga?
—Mis amigos tienen pistolas, nos íbamos en las combis y atracábamos a todos los pasajeros, los dejábamos encuerados... mis amigos tenían pistolas".
Gustavo tiene 15 años de edad y también está internado. Es adicto a las drogas, y antes de ingresar aún iba a la primaria.
Dice que sus problemas se deben a que "tengo una rebeldía con mi madre. No me dejaba guiar, no obedecía las reglas de mi casa y, pues, yo busqué una salida, un refugió con mis amigos, con las drogas.
—¿Qué tipo de drogas usabas?
—La piedra. Es una piedrita blanca, un poco amarilla, que la consigues por 50 pesos, por 100, un gramo o dos gramos.
—¿Tú qué comprabas?
—Yo compraba de 50 pesos o de un gramo, que te viene valiendo como 130 pesos.
—¿De dónde sacabas el dinero?
—Le pedía dinero a mi madre. Ella salía a trabajar y me dejaba para mi semana, entonces yo lo juntaba y ya cuando veía que tenía cierta cantidad me salía a comprar la droga".
—¿Quién te enseñó?
—Yo, saliendo de la escuela, veía una bola de chavos y yo veía que les tenían miedo a esos chavos, o sea toda la gente tenía miedo a ellos y yo quería sentirme igual que ellos, o sea que me tuvieran un respeto. Entonces empecé a ir a tocadas a bailes y pues yo veía que mi mamá llegaba cansada y ya no me regañaba y yo pensaba que estaba bien".
Eduardo tiene ya 15 años y tres de usar drogas. "Empecé a probar el alcohol, y pues era una cosa que no me gustaba, por lo amargo que sabía pero como yo no tuve contacto con mi madre para platicar, pues ella trabajaba y después empecé a conocer lo que es el PVC... Fue creciendo mi drogadicción. Ya después empecé a probar mariguana, hasta queme corrieron de lasecundaria.
"Mi madre me preguntó que yo qué quería ser de grande y pues me trajo a esta institución de recuperación, pues para poder salir adelante, más que nada".
Estos tres niños ahora, pretenden hacer una vida normal y, como parte de su rehabilitación, se volvieron cocineros.
Ahora preparan alimentos en la cocina de su nueva casa, para el resto de sus compañeros que, al igual que ellos, llegaron buscando ayuda.
La enfermedad de las drogas se puede curar y si se requiere de ayuda se puede llamar al centro de orientación telefónica al número 01 800 911 2000.
Fuente:http://www.nuevoexcelsior.com.mx/27_1050.htm
domingo, 9 de septiembre de 2007
viernes, 7 de septiembre de 2007
Invitación para el Foro: Reforma Política para el DF.
*La Coalición Parlamentaria Socialdemócrata, de la Asamblea Legislativa, Convoca, y lo invita, al Foro de Reforma Política para el D.F.
Miércoles 12 de Septiembre
Museo de la Ciudad de México
Pino Suárez No. 30
Centro Histórico
Programa
HORA ACTIVIDAD:
Museo de la Ciudad de México
Pino Suárez No. 30
Centro Histórico
Programa
HORA ACTIVIDAD:
Registro :
9:00 a 9:30
9:00 a 9:30
Inauguración:
9:30 a 9:50
9:30 a 9:50
10:00 a 11:15
1ª Mesa: Diseño Institucional y Derechos Políticos
1ª Mesa: Diseño Institucional y Derechos Políticos
11:15 a 11:30
Receso
Receso
11:30 a 12:45
2ª Mesa: Acceso a la Justicia
2ª Mesa: Acceso a la Justicia
12:45 a 13:00
Receso
Receso
13:00 a 14:15
3ª Mesa: Sustentabilidad y Desarrollo
3ª Mesa: Sustentabilidad y Desarrollo
14:15 a 14:45
Clausura
*Integrada por:
Clausura
*Integrada por:
Dip. Jorge Carlos Díaz Cuervo, Dip. Enrique Pérez Correa, Dip. Alejandro Ramírez Rodríguez, Dip. Ricardo García Hernández y Dip. Francisco Xavier Alvarado Villazón.
Mayores Informes:
5521-8011, ext 301 y 303
miércoles, 5 de septiembre de 2007
La Red Mexicana de Trabajo Sexual : "Tenemos derecho a prevenir la transmisión del VIH/Sida y otras ITS
Las trabajadoras sexuales también tenemos derecho de tener derechos sexuales. Contra el SIDA, el silencio y la discriminación: Organización, movilización y resistencia ciudadana.]
Nuestros derechos laborales también son derechos sexuales
Jaime Montejo
Trabajadoras y trabajadores sexuales de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, reunidas en el primer taller regional de atención primaria a la salud sexual y derechos del consumidor de condones, proclaman sus derechos sexuales y reproductivos en las instalaciones de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, después de conocer la situación de violación sistemática de tales derechos en toda la república mexicana a un año de celebrarse la XVII Conferencia Internacional de SIDA en la Ciudad de México.
A continuación el documento donde exponen sus derechos sexuales y reproductivos y cómo estos son violados en el país:
Las trabajadoras y trabajadores sexuales participantes en el Taller de la Región Centro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, damos a conocer la siguiente Proclama Pública de los Derechos Sexuales y Reproductivos de nuestro SECTOR DE LA CLASE OBRERA:
1.-) Nos percibimos que la legislación estatal de salud le da rango de ley a la explotación sexual, económica y psicológica de quienes trabajan en el sexo como la Ley de Salud del estado de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas. Los lineamientos para el ejercicio del trabajo sexual en el estado de Guanajuato, reglamentos y otras disposiciones municipales de Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Morelos y Quintana Roo, legalizan el control sanitario del sexo comercial. Asimismo, los Códigos Civiles de los estados de la república, como el de Nuevo León y Distrito Federal son utilizados para extorsionar a las trabajadoras sexuales y amenazarlas con quitarles a sus hijos si no pagan las cuotas impuestas por líderes corruptas, autoridades y padrotes.
2.-) Sucesos como el acaecido la noche del once de julio del año pasado, cuando catorce bailarinas y trabajadoras sexuales fueron violadas por más de veinte soldados del 14º regimiento de caballería motorizada del Ejército Mexicano en Castaños, municipio de Coahuila, donde estaban asignados al resguardo de material electoral. Los militares, además de desnudarlas, obligarlas a bailar sin ropa y violarlas en repetidas ocasiones, simularon un fusilamiento colocando a las mujeres de espaldas contra la pared; cuando los disparos debieron llegar, irrumpieron en carcajadas. Ha pasado un año desde entonces, la justicia no llega todavía por tratarse, en el caso de las víctimas de trabajadoras sexuales y en el caso de los presuntos responsables, de militares. Tampoco hay una Recomendación emitida por la CNDH que protege a los militares ante cualquier denuncia de violación de derechos humanos. Algunos de los responsables de la violación tumultuaria sonRubén Venzor general en la sexta zona militar que ha encubierto a sus subalternos, Juan José Gaytán sargento segundo de caballería y superior jerárquico de los inculpados y todos los soldados involucrados.
3.-) La agresión de que fueron víctimas las trabajadoras sexuales independientes de Apizaco Tlaxcala el viernes 31 de agosto a las 5 P.M., por parte de la AFI, por oponerse a la instalación de una zona de tolerancia donde la explotación sexual comercial infantil (ESCI) y el narcomenudeo sería una realidad cotidiana.
4.-) El Gobierno del Distrito Federal y las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco y Coyoacán pusieron en marcha el jueves 23 de agosto a las 11 P.M., un programa de seguridad, mejoramiento urbano y ordenamiento del ambulantaje y la prostitución en calzada de Tlalpan contra los compañeros trabajadores sexuales de la Cooperativa Ángeles en búsqueda de la libertad y de otros colectivos, que no se apegó a las disposiciones de la Ley de Cultura Cívica y su Reglamento.
5.-) Los cinco asesinatos de trabajadoras sexuales de la Merced denunciados el 11 de julio, Día Nacional del Trabajo Sexual, a los cuáles añadimos tres más a la fecha.
6.-) Los operativos de la Delegación Venustiano Carranza, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del D.F., presuntamente contra las mafias de prostitución infantil de la zona, donde las trabajadoras sexuales adultas recibieron un trato cruel y degradante, consistente en ser fotografiadas desnudas y posteriormente publicar dichas imágenes en diarios de circulación local y nacional.
7.-) La extorsión de que son objeto trabajadoras sexuales independientes del Jardín Morelos de Guadalajara Jalisco, por parte de elementos de la Policía Municipal.
8.-) La explotación sexual comercial infantil que se lleva a cabo en cerca de nueve mil giros negros de la delegación Cuauhtémoc (según denunció en su momento, Lenia Batres) de los cuáles son propietarios Pancho Soto, Tzusumo, Iglesias, del Vals, Gless y otros “empresarios del sexo” emparentados con diferentes carteles del narcotráfico como lo atestigua el Informe de Giros Negros elaborado por Mariano Herrán Salvatti, ex jefe antidrogas de la PGR, uno de los hombres más cercanos al entonces procurador Jorge Madrazo, y también ex procurador de Justicia en Chiapas; documento que jamás entregó a sus superiores y que Javier Martínez M difundió el 15 de octubre de 2005 en la revista “La Crisis”.
9.-) La eterna circulación de condones sin registro sanitario en los lugares donde nos ocupamos con nuestros clientes, como ocurre actualmente en la zona de la Merced y que ponen en riesgo nuestra vida y salud, exponiéndonos al VIH/SIDA, ITS y embarazos no deseados.
10.-) La pérdida de la patria potestad o de la custodia de nuestros hijos por dedicarnos al sexo comercial.
Ante esta situación, declaramos que los derechos sexuales y reproductivos de las y los trabajadores sexuales son los siguientes:
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos tienen un punto en común: hacen referencia a nuestros cuerpos, respecto a la sexualidad y reproducción. Y tomando en cuenta que nuestro cuerpo es un territorio individual, es muy importante que nuestras decisiones sean autónomas e informadas y estas sean respetadas por el Estado y las demás personas. Aquí encontrarás algunos de nuestros derechos. Es importante conocerlos, comprenderlos y sobre todo ejercerlos.
1.- El Derecho a la Libertad Sexual: Es la expresión de la sexualidad de la forma como lo desees, como te haga sentir mejor, sin que nadie se aproveche, o trate de explotarte o abusar de ti. En este sentido, las y los trabajadores sexuales que trabajamos para algún negocio tenemos derecho a disfrutar de las prestaciones sociales que el derecho laboral establece para el resto de oficios y profesiones y quienes trabajamos por nuestra propia cuenta de manera independiente, tenemos el derecho a ser reconocidas como trabajadoras-es no asalariadas. Asimismo, tenemos derecho a no ser extorsionadas, a no ser objeto de explotación sexual, económica o psicológica. Los niños, las niñas y adolescentes menores de edad tienen derecho a no ser víctimas de explotación sexual comercial infantil. También tenemos derecho a que se castige a quienes se dedican a la trata de personas.
2.- El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Sexual y Seguridad del Cuerpo Sexual: Es la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre tu vida sexual, en un contexto de tu propia ética personal y social, incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación o de violencia de cualquier tipo. En este sentido, tenemos el derecho a que el control sanitario que se ejerce sobre las y los trabajadores sexuales tenga el carácter de voluntario, confidencial y que cuente con nuestro consentimiento informado; así mismo, tenemos derecho a disfrutar de la totalidad de los ingresos que nuestro trabajo nos allega, sin que nadie nos lo quite. Igualmente tenemos derecho a prevenir la transmisión del VIH/Sida y otras ITS, implementando en nuestra relación de pareja y en el trabajo sexual el sexo seguro y el sexo protegido. También tenemos derecho a decidir continuar trabajando en el sexo si esa es nuestra voluntad.
3.- El Derecho a la Privacidad Sexual: Es el derecho a tomar decisiones individuales sobre tus comportamientos sexuales, disfrutando de todo aquello que te haga sentir bien, es importante tener en cuenta que estos comportamientos no deben interferir con los derechos sexuales de otros u otras. En este sentido, las y los trabajadores sexuales tenemos el derecho a no portar documentos exclusivos para quienes trabajamos en el sexo, a no estar incluidas en padrones o censos, a no ser fichadas como presuntas infractoras y a que se respete nuestra imagen y ésta no sea transmitida sin nuestro consentimiento informado.
4.- El Derecho a la Igualdad Sexual: Se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, orientación sexual e identidad de género. En este sentido, las y los trabajadores del sexo tenemos derecho a que el resto de la sociedad y las autoridades nos traten con el mismo respeto que se merecen nuestros clientes. La no discriminación significa, entre otras cosas que no se nos apliquen controles sanitarios ya que a los clientes no se les aplica y a que no se nos recluya en zonas de tolerancia donde somos más susceptibles de vivir en condiciones de explotación sexual. Así mismo, este derecho implica que conozcamos las técnicas básicas de negociación sexual del condón con clientes y pareja.
5.- El Derecho al Placer Sexual: Es el derecho a disfrutar del ejercicio de tu sexualidad, incluyendo el autoerotismo. Asimismo, tenemos derecho a decidir en el ejercicio de nuestro trabajo (sexual) el disfrute o no de dichas relaciones sexuales comerciales.
6.- El Derecho a la Expresión Sexual Emocional: Es el derecho a expresar nuestra sexualidad a través de la comunicación, el contacto y el amor. La expresión sexual es más que el placer erótico de los actos sexuales. En este sentido, las y los trabajadores sexuales tenemos el derecho a expresar a los demás que ofrecemos servicios sexuales y también tenemos derecho a no hacerlo, si esa es nuestra voluntad.
7.- El Derecho a la Libre Asociación Sexual: Significa la posibilidad de casarse, de divorciarse o de convivir y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales como el sexo comercial voluntario. Asimismo, en el caso de las y los trabajadores sexuales, tenemos el derecho a que la legislación laboral proteja nuestro trabajo, tenemos derecho a conformar cooperativas para que nadie nos explote ni saque provecho económico de nuestro trabajo sexual, también tenemos derecho a sindicalizarnos y a trabajar de forma independiente.
8.- El Derecho a decidir libremente cuántos hijos tener: Es el Derecho que toda persona tiene a decidir sobre tener hijos, hijas o no, el número y el espaciamiento entre ellos. En este derecho esta incluido el acceso y a la información veraz de todos los métodos de regulación de la fertilidad. En este sentido las y los trabajadores sexuales tenemos derecho a que no se nos impongan métodos anticonceptivos si esa no es nuestra voluntad. Así mismo, tenemos derecho a tener la patria potestad de nuestros hijos, sin que el ejercicio de nuestro trabajo sea un impedimento legal como lo establecen varios códigos civiles de la república como el de Nuevo León y D.F.
9.- El Derecho a Información Basada en el Conocimiento Científico: Es el derecho a saber todo sobre tu sexualidad y la forma como vivirla a plenitud, disfrutarla con amor y cuidado para tu salud, con información que debe ser generada a través de un proceso científico y ético y difundido en formas apropiadas en todos los niveles sociales. En este sentido las y los trabajadores sexuales tenemos el derecho de conocer nuestra sexualidad para protegernos de ITS como el VIH-Sida y el cáncer cervico uterino relacionado con el virus del papiloma humano, con nuestros clientes y pareja. Así mismo, tenemos derecho a que las acciones de prevención y control de las ITS y VIH-Sida promueven al uso del condón al 100% en contextos de sexo comercial y se basen en evidencia científica y no en prejuicios que se institucionalizan en controles sanitarios que no redundan en la protección de la salud pública.
10.- El Derecho a la Educación Sexual Integral-Comprensiva: Es el derecho que todos y todas tenemos a conocer y comprender mejor nuestro cuerpo y sexualidad, a estar informado sobre el funcionamiento y las respuestas que este tiene a estímulos, este proceso dura toda la vida, desde el nacimiento, e involucra la responsabilidad de todos y todas. En este sentido las y los trabajadores sexuales tenemos el derecho a conocer la respuesta sexual humana para ejercer nuestro trabajo de forma informada y disfrutar nuestra intimidad en el momento en el que así lo queramos.
11.- El Derecho al Cuidado de la Salud Sexual: El cuidado de la salud sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y disfunciones sexuales. En este sentido, las y los trabajadores sexuales tenemos derecho a contar con diferentes opciones para atender nuestra salud sexual y tenemos el derecho a participar o no en ellas.
12.- El Derecho a la Calidad de los Insumos de Salud Sexual: Es un derecho primordial, sin él, otros derechos sexuales, serían tan sola una intención. Incluye el derecho a que los condones y los demás anticonceptivos, cuenten con un control de calidad que nos garantice la protección y seguridad esperada. En este sentido, las y los trabajadores sexuales tenemos derecho a que los condones que nos donan, venden o regalan, el sector público, privado y social, nos asegure una protección en el ejercicio del trabajo sexual o en el disfrute de nuestra intimidad con la pareja.
En México Distrito Federal, agosto 27 a 31 del año 2007, http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=40605
Nuestros derechos laborales también son derechos sexuales
Jaime Montejo
Trabajadoras y trabajadores sexuales de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, reunidas en el primer taller regional de atención primaria a la salud sexual y derechos del consumidor de condones, proclaman sus derechos sexuales y reproductivos en las instalaciones de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, después de conocer la situación de violación sistemática de tales derechos en toda la república mexicana a un año de celebrarse la XVII Conferencia Internacional de SIDA en la Ciudad de México.
A continuación el documento donde exponen sus derechos sexuales y reproductivos y cómo estos son violados en el país:
Las trabajadoras y trabajadores sexuales participantes en el Taller de la Región Centro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual, damos a conocer la siguiente Proclama Pública de los Derechos Sexuales y Reproductivos de nuestro SECTOR DE LA CLASE OBRERA:
1.-) Nos percibimos que la legislación estatal de salud le da rango de ley a la explotación sexual, económica y psicológica de quienes trabajan en el sexo como la Ley de Salud del estado de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas. Los lineamientos para el ejercicio del trabajo sexual en el estado de Guanajuato, reglamentos y otras disposiciones municipales de Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Morelos y Quintana Roo, legalizan el control sanitario del sexo comercial. Asimismo, los Códigos Civiles de los estados de la república, como el de Nuevo León y Distrito Federal son utilizados para extorsionar a las trabajadoras sexuales y amenazarlas con quitarles a sus hijos si no pagan las cuotas impuestas por líderes corruptas, autoridades y padrotes.
2.-) Sucesos como el acaecido la noche del once de julio del año pasado, cuando catorce bailarinas y trabajadoras sexuales fueron violadas por más de veinte soldados del 14º regimiento de caballería motorizada del Ejército Mexicano en Castaños, municipio de Coahuila, donde estaban asignados al resguardo de material electoral. Los militares, además de desnudarlas, obligarlas a bailar sin ropa y violarlas en repetidas ocasiones, simularon un fusilamiento colocando a las mujeres de espaldas contra la pared; cuando los disparos debieron llegar, irrumpieron en carcajadas. Ha pasado un año desde entonces, la justicia no llega todavía por tratarse, en el caso de las víctimas de trabajadoras sexuales y en el caso de los presuntos responsables, de militares. Tampoco hay una Recomendación emitida por la CNDH que protege a los militares ante cualquier denuncia de violación de derechos humanos. Algunos de los responsables de la violación tumultuaria sonRubén Venzor general en la sexta zona militar que ha encubierto a sus subalternos, Juan José Gaytán sargento segundo de caballería y superior jerárquico de los inculpados y todos los soldados involucrados.
3.-) La agresión de que fueron víctimas las trabajadoras sexuales independientes de Apizaco Tlaxcala el viernes 31 de agosto a las 5 P.M., por parte de la AFI, por oponerse a la instalación de una zona de tolerancia donde la explotación sexual comercial infantil (ESCI) y el narcomenudeo sería una realidad cotidiana.
4.-) El Gobierno del Distrito Federal y las delegaciones Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco y Coyoacán pusieron en marcha el jueves 23 de agosto a las 11 P.M., un programa de seguridad, mejoramiento urbano y ordenamiento del ambulantaje y la prostitución en calzada de Tlalpan contra los compañeros trabajadores sexuales de la Cooperativa Ángeles en búsqueda de la libertad y de otros colectivos, que no se apegó a las disposiciones de la Ley de Cultura Cívica y su Reglamento.
5.-) Los cinco asesinatos de trabajadoras sexuales de la Merced denunciados el 11 de julio, Día Nacional del Trabajo Sexual, a los cuáles añadimos tres más a la fecha.
6.-) Los operativos de la Delegación Venustiano Carranza, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del D.F., presuntamente contra las mafias de prostitución infantil de la zona, donde las trabajadoras sexuales adultas recibieron un trato cruel y degradante, consistente en ser fotografiadas desnudas y posteriormente publicar dichas imágenes en diarios de circulación local y nacional.
7.-) La extorsión de que son objeto trabajadoras sexuales independientes del Jardín Morelos de Guadalajara Jalisco, por parte de elementos de la Policía Municipal.
8.-) La explotación sexual comercial infantil que se lleva a cabo en cerca de nueve mil giros negros de la delegación Cuauhtémoc (según denunció en su momento, Lenia Batres) de los cuáles son propietarios Pancho Soto, Tzusumo, Iglesias, del Vals, Gless y otros “empresarios del sexo” emparentados con diferentes carteles del narcotráfico como lo atestigua el Informe de Giros Negros elaborado por Mariano Herrán Salvatti, ex jefe antidrogas de la PGR, uno de los hombres más cercanos al entonces procurador Jorge Madrazo, y también ex procurador de Justicia en Chiapas; documento que jamás entregó a sus superiores y que Javier Martínez M difundió el 15 de octubre de 2005 en la revista “La Crisis”.
9.-) La eterna circulación de condones sin registro sanitario en los lugares donde nos ocupamos con nuestros clientes, como ocurre actualmente en la zona de la Merced y que ponen en riesgo nuestra vida y salud, exponiéndonos al VIH/SIDA, ITS y embarazos no deseados.
10.-) La pérdida de la patria potestad o de la custodia de nuestros hijos por dedicarnos al sexo comercial.
Ante esta situación, declaramos que los derechos sexuales y reproductivos de las y los trabajadores sexuales son los siguientes:
Los derechos sexuales y los derechos reproductivos tienen un punto en común: hacen referencia a nuestros cuerpos, respecto a la sexualidad y reproducción. Y tomando en cuenta que nuestro cuerpo es un territorio individual, es muy importante que nuestras decisiones sean autónomas e informadas y estas sean respetadas por el Estado y las demás personas. Aquí encontrarás algunos de nuestros derechos. Es importante conocerlos, comprenderlos y sobre todo ejercerlos.
1.- El Derecho a la Libertad Sexual: Es la expresión de la sexualidad de la forma como lo desees, como te haga sentir mejor, sin que nadie se aproveche, o trate de explotarte o abusar de ti. En este sentido, las y los trabajadores sexuales que trabajamos para algún negocio tenemos derecho a disfrutar de las prestaciones sociales que el derecho laboral establece para el resto de oficios y profesiones y quienes trabajamos por nuestra propia cuenta de manera independiente, tenemos el derecho a ser reconocidas como trabajadoras-es no asalariadas. Asimismo, tenemos derecho a no ser extorsionadas, a no ser objeto de explotación sexual, económica o psicológica. Los niños, las niñas y adolescentes menores de edad tienen derecho a no ser víctimas de explotación sexual comercial infantil. También tenemos derecho a que se castige a quienes se dedican a la trata de personas.
2.- El Derecho a la Autonomía Sexual, Integridad Sexual y Seguridad del Cuerpo Sexual: Es la posibilidad de tomar decisiones autónomas sobre tu vida sexual, en un contexto de tu propia ética personal y social, incluye el control y el placer de nuestros cuerpos libres de tortura, mutilación o de violencia de cualquier tipo. En este sentido, tenemos el derecho a que el control sanitario que se ejerce sobre las y los trabajadores sexuales tenga el carácter de voluntario, confidencial y que cuente con nuestro consentimiento informado; así mismo, tenemos derecho a disfrutar de la totalidad de los ingresos que nuestro trabajo nos allega, sin que nadie nos lo quite. Igualmente tenemos derecho a prevenir la transmisión del VIH/Sida y otras ITS, implementando en nuestra relación de pareja y en el trabajo sexual el sexo seguro y el sexo protegido. También tenemos derecho a decidir continuar trabajando en el sexo si esa es nuestra voluntad.
3.- El Derecho a la Privacidad Sexual: Es el derecho a tomar decisiones individuales sobre tus comportamientos sexuales, disfrutando de todo aquello que te haga sentir bien, es importante tener en cuenta que estos comportamientos no deben interferir con los derechos sexuales de otros u otras. En este sentido, las y los trabajadores sexuales tenemos el derecho a no portar documentos exclusivos para quienes trabajamos en el sexo, a no estar incluidas en padrones o censos, a no ser fichadas como presuntas infractoras y a que se respete nuestra imagen y ésta no sea transmitida sin nuestro consentimiento informado.
4.- El Derecho a la Igualdad Sexual: Se refiere a la oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del sexo, orientación sexual e identidad de género. En este sentido, las y los trabajadores del sexo tenemos derecho a que el resto de la sociedad y las autoridades nos traten con el mismo respeto que se merecen nuestros clientes. La no discriminación significa, entre otras cosas que no se nos apliquen controles sanitarios ya que a los clientes no se les aplica y a que no se nos recluya en zonas de tolerancia donde somos más susceptibles de vivir en condiciones de explotación sexual. Así mismo, este derecho implica que conozcamos las técnicas básicas de negociación sexual del condón con clientes y pareja.
5.- El Derecho al Placer Sexual: Es el derecho a disfrutar del ejercicio de tu sexualidad, incluyendo el autoerotismo. Asimismo, tenemos derecho a decidir en el ejercicio de nuestro trabajo (sexual) el disfrute o no de dichas relaciones sexuales comerciales.
6.- El Derecho a la Expresión Sexual Emocional: Es el derecho a expresar nuestra sexualidad a través de la comunicación, el contacto y el amor. La expresión sexual es más que el placer erótico de los actos sexuales. En este sentido, las y los trabajadores sexuales tenemos el derecho a expresar a los demás que ofrecemos servicios sexuales y también tenemos derecho a no hacerlo, si esa es nuestra voluntad.
7.- El Derecho a la Libre Asociación Sexual: Significa la posibilidad de casarse, de divorciarse o de convivir y de establecer otros tipos de asociaciones sexuales como el sexo comercial voluntario. Asimismo, en el caso de las y los trabajadores sexuales, tenemos el derecho a que la legislación laboral proteja nuestro trabajo, tenemos derecho a conformar cooperativas para que nadie nos explote ni saque provecho económico de nuestro trabajo sexual, también tenemos derecho a sindicalizarnos y a trabajar de forma independiente.
8.- El Derecho a decidir libremente cuántos hijos tener: Es el Derecho que toda persona tiene a decidir sobre tener hijos, hijas o no, el número y el espaciamiento entre ellos. En este derecho esta incluido el acceso y a la información veraz de todos los métodos de regulación de la fertilidad. En este sentido las y los trabajadores sexuales tenemos derecho a que no se nos impongan métodos anticonceptivos si esa no es nuestra voluntad. Así mismo, tenemos derecho a tener la patria potestad de nuestros hijos, sin que el ejercicio de nuestro trabajo sea un impedimento legal como lo establecen varios códigos civiles de la república como el de Nuevo León y D.F.
9.- El Derecho a Información Basada en el Conocimiento Científico: Es el derecho a saber todo sobre tu sexualidad y la forma como vivirla a plenitud, disfrutarla con amor y cuidado para tu salud, con información que debe ser generada a través de un proceso científico y ético y difundido en formas apropiadas en todos los niveles sociales. En este sentido las y los trabajadores sexuales tenemos el derecho de conocer nuestra sexualidad para protegernos de ITS como el VIH-Sida y el cáncer cervico uterino relacionado con el virus del papiloma humano, con nuestros clientes y pareja. Así mismo, tenemos derecho a que las acciones de prevención y control de las ITS y VIH-Sida promueven al uso del condón al 100% en contextos de sexo comercial y se basen en evidencia científica y no en prejuicios que se institucionalizan en controles sanitarios que no redundan en la protección de la salud pública.
10.- El Derecho a la Educación Sexual Integral-Comprensiva: Es el derecho que todos y todas tenemos a conocer y comprender mejor nuestro cuerpo y sexualidad, a estar informado sobre el funcionamiento y las respuestas que este tiene a estímulos, este proceso dura toda la vida, desde el nacimiento, e involucra la responsabilidad de todos y todas. En este sentido las y los trabajadores sexuales tenemos el derecho a conocer la respuesta sexual humana para ejercer nuestro trabajo de forma informada y disfrutar nuestra intimidad en el momento en el que así lo queramos.
11.- El Derecho al Cuidado de la Salud Sexual: El cuidado de la salud sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones y disfunciones sexuales. En este sentido, las y los trabajadores sexuales tenemos derecho a contar con diferentes opciones para atender nuestra salud sexual y tenemos el derecho a participar o no en ellas.
12.- El Derecho a la Calidad de los Insumos de Salud Sexual: Es un derecho primordial, sin él, otros derechos sexuales, serían tan sola una intención. Incluye el derecho a que los condones y los demás anticonceptivos, cuenten con un control de calidad que nos garantice la protección y seguridad esperada. En este sentido, las y los trabajadores sexuales tenemos derecho a que los condones que nos donan, venden o regalan, el sector público, privado y social, nos asegure una protección en el ejercicio del trabajo sexual o en el disfrute de nuestra intimidad con la pareja.
En México Distrito Federal, agosto 27 a 31 del año 2007, http://www.kaosenlared.net/noticia.php?id_noticia=40605
Fracasan los programas de educación sexual que sólo promueven abstinencia
No retrasan el inicio de las relaciones ni reducen el número de parejas, revela estudio
Fracasan los programas de educación sexual que sólo promueven abstinencia
Hay que enviar mensajes claros a los adolescentes sobre lo que se espera de ellos: Kirby
ANGELES CRUZ MARTíNEZ
Los programas de educación sexual que únicamente promueven la abstinencia tienen grandes carencias, como en Estados Unidos, donde prevalecen políticas de ese tipo, pues 95 por ciento de adolescentes tiene relaciones antes del matrimonio, prácticamente nadie retrasa el inicio de su vida sexual, no reducen la frecuencia de los encuentros y tampoco el número de parejas, aseguró Douglas Kirby, investigador de la Asociación estadunidense de Educación, Capacitación e Investigación.
El también consultor de organizaciones internacionales realizó una amplia investigación sobre 83 programas de educación sexual en Estados Unidos y otros países, y comprobó que aun los mejor estructurados son insuficientes para reducir los embarazos no deseados y las infecciones, si no son acompañados de programas de salud sexual y reproductiva.
En su trabajo, Kirby identificó varias características de los planes exitosos, entre ellas que contienen mensajes claros sobre la conducta esperada de los adolescentes. Les dicen, por ejemplo, que la forma más segura de evitar embarazos e infecciones es no tener relaciones sexuales, pero si las tienen deben utilizar condón en cada uno de sus encuentros.
Los programas analizados no se limitan a transmitir información, sino que incorporan aspectos para analizar y mejorar las actitudes. También proporcionan herramientas para que los jóvenes puedan negarse a la actividad sexual si no la desean o para plantear a sus parejas el uso de preservativos.
Además de la explicación del profesor, las estrategias educativas en las naciones estudiadas incorporan actividades adicionales, en las que se requiere participación activa de los alumnos, como la identificación de farmacias y centros de salud, donde se ofrecen servicios en los que ellos puedan confiar.
Kirby está de visita en México, a invitación de la Red Democracia y Sexualidad (Demysex), con la finalidad de difundir los resultados de su investigación, con la que además la organización civil reitera su respaldo a las acciones que la Secretaría de Educación Pública ha impulsado para incluir los temas de educación sexual en las escuelas secundarias.
En conferencia de prensa, el investigador comentó que en su análisis incluyó la comparación de siete programas de abstinencia y 48 de educación sexual integral, en los cuales encontró que sólo uno de los primeros lograba que los jóvenes retrasaran el inicio de su vida sexual, mientras 15 planes integrales alcanzaron ese objetivo.
Respecto de la disminución de la frecuencia de las relaciones, dos programas de abstinencia lograron esa meta, contra seis de lo segundos. El análisis encontró que sólo un proyecto de abstinencia redujo el número de parejas, contra 10 de los otros proyectos.
El uso de condones no se incrementó con las estrategias de abstinencia, lo que sí consiguieron 15 programas integrales.
Respecto del inicio de las relaciones sexuales, Kirby subrayó que cuando los jóvenes cuentan con información clara, confiable y completa, de ninguna manera fomentan esa conducta, por lo cual recomendó el diseño de planes que hayan demostrado su efectividad y concentrarlos de manera especial en las zonas de más alto riesgo de infección por VIH/sida u otras enfermedades de transmisión sexual y mayor prevalencia de embarazos en adolescentes.
http://www.jornada.unam.mx/2007/09/05/index.php?section=sociedad&article=047n1soc
Fracasan los programas de educación sexual que sólo promueven abstinencia
Hay que enviar mensajes claros a los adolescentes sobre lo que se espera de ellos: Kirby
ANGELES CRUZ MARTíNEZ
Los programas de educación sexual que únicamente promueven la abstinencia tienen grandes carencias, como en Estados Unidos, donde prevalecen políticas de ese tipo, pues 95 por ciento de adolescentes tiene relaciones antes del matrimonio, prácticamente nadie retrasa el inicio de su vida sexual, no reducen la frecuencia de los encuentros y tampoco el número de parejas, aseguró Douglas Kirby, investigador de la Asociación estadunidense de Educación, Capacitación e Investigación.
El también consultor de organizaciones internacionales realizó una amplia investigación sobre 83 programas de educación sexual en Estados Unidos y otros países, y comprobó que aun los mejor estructurados son insuficientes para reducir los embarazos no deseados y las infecciones, si no son acompañados de programas de salud sexual y reproductiva.
En su trabajo, Kirby identificó varias características de los planes exitosos, entre ellas que contienen mensajes claros sobre la conducta esperada de los adolescentes. Les dicen, por ejemplo, que la forma más segura de evitar embarazos e infecciones es no tener relaciones sexuales, pero si las tienen deben utilizar condón en cada uno de sus encuentros.
Los programas analizados no se limitan a transmitir información, sino que incorporan aspectos para analizar y mejorar las actitudes. También proporcionan herramientas para que los jóvenes puedan negarse a la actividad sexual si no la desean o para plantear a sus parejas el uso de preservativos.
Además de la explicación del profesor, las estrategias educativas en las naciones estudiadas incorporan actividades adicionales, en las que se requiere participación activa de los alumnos, como la identificación de farmacias y centros de salud, donde se ofrecen servicios en los que ellos puedan confiar.
Kirby está de visita en México, a invitación de la Red Democracia y Sexualidad (Demysex), con la finalidad de difundir los resultados de su investigación, con la que además la organización civil reitera su respaldo a las acciones que la Secretaría de Educación Pública ha impulsado para incluir los temas de educación sexual en las escuelas secundarias.
En conferencia de prensa, el investigador comentó que en su análisis incluyó la comparación de siete programas de abstinencia y 48 de educación sexual integral, en los cuales encontró que sólo uno de los primeros lograba que los jóvenes retrasaran el inicio de su vida sexual, mientras 15 planes integrales alcanzaron ese objetivo.
Respecto de la disminución de la frecuencia de las relaciones, dos programas de abstinencia lograron esa meta, contra seis de lo segundos. El análisis encontró que sólo un proyecto de abstinencia redujo el número de parejas, contra 10 de los otros proyectos.
El uso de condones no se incrementó con las estrategias de abstinencia, lo que sí consiguieron 15 programas integrales.
Respecto del inicio de las relaciones sexuales, Kirby subrayó que cuando los jóvenes cuentan con información clara, confiable y completa, de ninguna manera fomentan esa conducta, por lo cual recomendó el diseño de planes que hayan demostrado su efectividad y concentrarlos de manera especial en las zonas de más alto riesgo de infección por VIH/sida u otras enfermedades de transmisión sexual y mayor prevalencia de embarazos en adolescentes.
http://www.jornada.unam.mx/2007/09/05/index.php?section=sociedad&article=047n1soc
Homosexuales y mujeres, víctimas de "El machismo invisible”
La psicoterapeuta Marina Castañeda retorna a la escena literaria con una nueva edición "ampliada y actualizada" de su libro "El machismo invisible", donde encontrarás datos sobre la violencia hacia las mujeres, homofobia y testimonios
por Tonatiuh Fernández[tona.mebarak@gmail.com]
El machismo es, a opinión de Castañeda, un conjunto de actitudes y costumbres que sostienen que el hombre es infinitamente superior a la mujer. Por ello, fomenta la homofobia cuando muchos varones "eliminan de su repertorio erógeno ciertas partes de su propio cuerpo como las nalgas, el ano y los pezones, por asociarlas a prácticas homosexuales", explica la especialista en la versión más reciente de su libro El machismo invisible regresa, editado por Taurus. Una buena cantidad de hombres heterosexuales en México considera que exponer actitudes y detalles "cariñosos" con sus parejas les resta virilidad y hombría, pues creen que las muestras de afecto y los sentimientos son atributos casi "exclusivos" de los homosexuales, así lo explica la también historiadora en su texto. Además de promover la homofobia, el machismo en la sociedad contemporánea crea roles de género entre hombres y mujeres, patenta indiscriminadamente la ineficacia de la arcaica división del trabajo y relega a las féminas a un segunda plano en la actividad profesional. En consecuencia, Marina Castañeda asegura que los costos de continuar alentando esta actitud (principalmente arraigada en los hombres), trae serios efectos psicológicos y sociales. "El hecho de que la mitad de la población sea relegada a un papel secundario en el hogar, el trabajo y la toma de decisiones repercute sobre el bienestar de todos. El costo del machismo ha cobrado una relevancia cada vez mayor en el análisis de productividad, en las investigaciones sobre la salud y educación, en la reflexión sobre la democracia y la representación política en todos los países occidentales", puntualiza Castañeda en El machismo invisible regresa".Sin embargo, a lo largo de su amplia experiencia profesional como psicoterapeuta e investigadora, Marina Castañeda exhibe una cara inexplorada del machismo. Ilustra con historias verídicas recogidas de sus incontables sesiones terapéuticas, la convivencia de las mujeres en el machismo."(Las mujeres) confiesan que en muchas ocasiones y en muchas áreas de la vida han permitido que los hombres las maltraten, con tal de no quedarse solas. (Además), reconocen que han educado a sus hijos varones en el esquema machista para que no sean afeminados y que les han enseñado a sus hijas, desde muy temprana infancia, a obedecer y atender a los hombres", asegura. A través de las más de 300 páginas de El machismo invisible regresa, encontrarás historias impactantes cargadas de realidad y de una profunda y exhaustiva investigación, asimismo, te identificarás con alguna de las situaciones descritas sin importar si eres hombre, mujer u homosexual.
por Tonatiuh Fernández[tona.mebarak@gmail.com]
El machismo es, a opinión de Castañeda, un conjunto de actitudes y costumbres que sostienen que el hombre es infinitamente superior a la mujer. Por ello, fomenta la homofobia cuando muchos varones "eliminan de su repertorio erógeno ciertas partes de su propio cuerpo como las nalgas, el ano y los pezones, por asociarlas a prácticas homosexuales", explica la especialista en la versión más reciente de su libro El machismo invisible regresa, editado por Taurus. Una buena cantidad de hombres heterosexuales en México considera que exponer actitudes y detalles "cariñosos" con sus parejas les resta virilidad y hombría, pues creen que las muestras de afecto y los sentimientos son atributos casi "exclusivos" de los homosexuales, así lo explica la también historiadora en su texto. Además de promover la homofobia, el machismo en la sociedad contemporánea crea roles de género entre hombres y mujeres, patenta indiscriminadamente la ineficacia de la arcaica división del trabajo y relega a las féminas a un segunda plano en la actividad profesional. En consecuencia, Marina Castañeda asegura que los costos de continuar alentando esta actitud (principalmente arraigada en los hombres), trae serios efectos psicológicos y sociales. "El hecho de que la mitad de la población sea relegada a un papel secundario en el hogar, el trabajo y la toma de decisiones repercute sobre el bienestar de todos. El costo del machismo ha cobrado una relevancia cada vez mayor en el análisis de productividad, en las investigaciones sobre la salud y educación, en la reflexión sobre la democracia y la representación política en todos los países occidentales", puntualiza Castañeda en El machismo invisible regresa".Sin embargo, a lo largo de su amplia experiencia profesional como psicoterapeuta e investigadora, Marina Castañeda exhibe una cara inexplorada del machismo. Ilustra con historias verídicas recogidas de sus incontables sesiones terapéuticas, la convivencia de las mujeres en el machismo."(Las mujeres) confiesan que en muchas ocasiones y en muchas áreas de la vida han permitido que los hombres las maltraten, con tal de no quedarse solas. (Además), reconocen que han educado a sus hijos varones en el esquema machista para que no sean afeminados y que les han enseñado a sus hijas, desde muy temprana infancia, a obedecer y atender a los hombres", asegura. A través de las más de 300 páginas de El machismo invisible regresa, encontrarás historias impactantes cargadas de realidad y de una profunda y exhaustiva investigación, asimismo, te identificarás con alguna de las situaciones descritas sin importar si eres hombre, mujer u homosexual.
Sin avances en la investigación del caso de mujeres indígenas triquis desaparecidas
Sin avances en la investigación del caso de mujeres indígenas triquis desaparecidas
05/09/2007 12:08:30 PM
Autor: Pïjy Gutiérrez
yoots_2@yahoo.com.mx
Oaxaca, (México). 05 de Septiembre.- Familiares de dos mujeres desaparecidas en la región Triqui, denunciaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aun no tiene avances en este caso, con la excusa “que es difícil entrar a la zona por la presencia de grupos políticos”.En conferencia de prensa, Emelia Ortiz, familiar de las desaparecidas informó que el procurador Evencio Martínez Nicolás ha manifestado que no se tiene avances porque la región es una zona donde existen conflictos políticos entre organizaciones.Las dos mujeres, Virginia y Daniela Ortiz Ramirez desaparecieron el 5 de julio del 2007 en el trayecto de Putla de Guerrero a Juxtlahuaca, ante ello se inició la averiguación previa 187/2007, sin embargo, hasta el momento no se tienen resultados.La presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh-Oaxaca), Yesica Sánchez Maya manifestó que al no existir algún avance “la violencia feminicida se consolida por la complicidad, omisión, discriminación y misoginia”.Los familiares y la defensora de derechos humanos informaron que existe una denuncia de una menor de edad en la misma región, que fue violada sexualmente, sin embargo, tampoco se ha tenido avances.En lo que va del año, la Limeddh tiene documentados tres casos de mujeres desaparecidas en la zona urbana, y ahora estos dos, registrados en la región triqui.Por su parte Raquel Chávez, colaboradora de la Limeddh, señaló que la declaración del procurador Evencio Martínez sobre la aparición de 120 mujeres que supuestamente estaban desaparecidas, es una “simulación”, ya que los familiares ni las aparecidas han hecho público este hecho.El procurador había informado que se habían localizado 120 mujeres que se reportaban como desaparecidas, las cuales habían desaparecido por problemas familiares y personales, ante ello, Chávez dijo que “la mayoría de las desaparciones son forzadas y no son por problemas familiares”.
http://www.oloramitierra.com.mx/?mod=read&sec=general&id=13802&titulo=Sin_avances_en_la_investigaci%C3%B3n_del_caso_de_mujeres_ind%C3%ADgenas_triquis_desaparecidas
05/09/2007 12:08:30 PM
Autor: Pïjy Gutiérrez
yoots_2@yahoo.com.mx
Oaxaca, (México). 05 de Septiembre.- Familiares de dos mujeres desaparecidas en la región Triqui, denunciaron que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) aun no tiene avances en este caso, con la excusa “que es difícil entrar a la zona por la presencia de grupos políticos”.En conferencia de prensa, Emelia Ortiz, familiar de las desaparecidas informó que el procurador Evencio Martínez Nicolás ha manifestado que no se tiene avances porque la región es una zona donde existen conflictos políticos entre organizaciones.Las dos mujeres, Virginia y Daniela Ortiz Ramirez desaparecieron el 5 de julio del 2007 en el trayecto de Putla de Guerrero a Juxtlahuaca, ante ello se inició la averiguación previa 187/2007, sin embargo, hasta el momento no se tienen resultados.La presidenta de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh-Oaxaca), Yesica Sánchez Maya manifestó que al no existir algún avance “la violencia feminicida se consolida por la complicidad, omisión, discriminación y misoginia”.Los familiares y la defensora de derechos humanos informaron que existe una denuncia de una menor de edad en la misma región, que fue violada sexualmente, sin embargo, tampoco se ha tenido avances.En lo que va del año, la Limeddh tiene documentados tres casos de mujeres desaparecidas en la zona urbana, y ahora estos dos, registrados en la región triqui.Por su parte Raquel Chávez, colaboradora de la Limeddh, señaló que la declaración del procurador Evencio Martínez sobre la aparición de 120 mujeres que supuestamente estaban desaparecidas, es una “simulación”, ya que los familiares ni las aparecidas han hecho público este hecho.El procurador había informado que se habían localizado 120 mujeres que se reportaban como desaparecidas, las cuales habían desaparecido por problemas familiares y personales, ante ello, Chávez dijo que “la mayoría de las desaparciones son forzadas y no son por problemas familiares”.
http://www.oloramitierra.com.mx/?mod=read&sec=general&id=13802&titulo=Sin_avances_en_la_investigaci%C3%B3n_del_caso_de_mujeres_ind%C3%ADgenas_triquis_desaparecidas
Acusan ambulantes del Centro Histórico de discriminación y exclusión al GDF
Acusan ambulantes del Centro Histórico de discriminación y exclusión al GDF
Laura Gómez
Los comerciantes, en su mayoría indígenas, exigen ser incluidos en programa de reubicación
México, DF. Comerciantes ambulantes del Centro Histórico presentaron este miércoles una queja en contra el Gobierno del Distrito Federal (GDF) por discriminación y exclusión en que ha incurrido para incorporarlos a los programas de reubicación, a fin de cumplir con la “limpia” de la vía pública a partir de 12 de octubre.
Francisco Padilla, dirigente del grupo de artesanos y vendedores del Centro histórico, señaló que desde hace dos meses cuando se anunció el programa, ninguno de sus representados de origen mazahua, triqui y otomí, fueron incorporados en algunas de las plazas a construirse en el perímetro A de esa zona.
Los más de 500 comerciantes exigieron sean considerados en dichos programas, dado que es la única actividad de la que tienen conocimiento y corren el riesgo de no contar con ninguna otra oportunidad para mantener a sus familias.
Por ello, exigieron que se le incorpore a los planes de reubicación y de no ser así, dijeron, se mantendrán en las calle “toreando”.
La tercera visitaduría de derechos humanos del Distrito Federal se encargará de analizar la queja y entregarles una respuesta en las siguientes semanas, indicó Padilla.
Mencionó que al momento no han tenido ningún contacto con las autoridades capitalinas para hacerlos participe de esta iniciativa que confió en que no fracase como sucedió en 1993 con la construcción de plazas comerciales, hoy convertidas en bodegas.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/09/05/acusan-ambulantes-de-discriminacion-y-exclusion-al-gdf
Laura Gómez
Los comerciantes, en su mayoría indígenas, exigen ser incluidos en programa de reubicación
México, DF. Comerciantes ambulantes del Centro Histórico presentaron este miércoles una queja en contra el Gobierno del Distrito Federal (GDF) por discriminación y exclusión en que ha incurrido para incorporarlos a los programas de reubicación, a fin de cumplir con la “limpia” de la vía pública a partir de 12 de octubre.
Francisco Padilla, dirigente del grupo de artesanos y vendedores del Centro histórico, señaló que desde hace dos meses cuando se anunció el programa, ninguno de sus representados de origen mazahua, triqui y otomí, fueron incorporados en algunas de las plazas a construirse en el perímetro A de esa zona.
Los más de 500 comerciantes exigieron sean considerados en dichos programas, dado que es la única actividad de la que tienen conocimiento y corren el riesgo de no contar con ninguna otra oportunidad para mantener a sus familias.
Por ello, exigieron que se le incorpore a los planes de reubicación y de no ser así, dijeron, se mantendrán en las calle “toreando”.
La tercera visitaduría de derechos humanos del Distrito Federal se encargará de analizar la queja y entregarles una respuesta en las siguientes semanas, indicó Padilla.
Mencionó que al momento no han tenido ningún contacto con las autoridades capitalinas para hacerlos participe de esta iniciativa que confió en que no fracase como sucedió en 1993 con la construcción de plazas comerciales, hoy convertidas en bodegas.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2007/09/05/acusan-ambulantes-de-discriminacion-y-exclusion-al-gdf
domingo, 2 de septiembre de 2007
Olvída Calderón, a sus "héroes"
Los 'héroes' olvidados de Calderón
Reportaje
Deja 'guerra' impunidad y desamparo. Hace cuatro meses, en el marco de la "lucha contra el narcotráfico", el Presidente declaró héroes nacionales a cinco soldados emboscados en Carácuaro; hoy sus familias dicen que las promesas de apoyo quedaron en el olvido
Laurence Pantin (2 septiembre 2007).- Cuando Celia Barrera se despidió de su pareja, el cabo Armando Valentín Aguilar, en la madrugada del lunes 30 de abril, no se imaginaba que era la última vez que lo veía con vida.Como de costumbre, antes de que saliera de casa para el cuartel, Celia le dio un beso y le pidió que se cuidara. Lo único distinto a lo de siempre fue que Armando se paró un momento en el marco de la puerta como si dudara en marcharse. Finalmente, sin decir nada, dio el paso y cerró tras él la puerta.El 2 de mayo, alrededor de las 13:00 horas, una vecina de Celia recibía una llamada para avisarle que Armando había fallecido junto con cuatro compañeros, emboscados presuntamente por narcotraficantes en el municipio de Carácuaro.Ese día, casi en el mismo momento en el que se informaba a los familiares del trágico suceso, el presidente Felipe Calderón hacía referencia al caso en un discurso pronunciado en Tabasco, a donde había acudido a poner en marcha un programa social.
El Presidente endureció el rostro, improvisó unas líneas para condenar esa afrenta del narco y aseguró que se recordaría como héroes a los cinco soldados asesinados."Y en mi propia tierra, en Michoacán, por ejemplo, anoche cayeron en cumplimiento del deber varios militares", expresó en tono enérgico, "a México y al presidente de la República le (sic) queda muy claro que murieron como héroes y como héroes serán tratados y serán recordados. Por eso extiendo mi más sincero pésame a sus familiares, les garantizo que tendrán todo el apoyo, pero también el reconocimiento y el recuerdo de gratitud del pueblo de México".
Tres días después, en la ceremonia de conmemoración de la Batalla de Puebla, el presidente declaraba que el país enfrenta hoy nuevos frentes de batalla y deploraba nuevamente la pérdida de los cinco militares caídos en cumplimiento de su deber.
"El sacrificio de estos patriotas no será en vano", dijo en esa ocasión, y prometió: "en honor a su memoria, su muerte no quedará impune".
Pero Celia y las familias de otros dos cabos que fallecieron ese día consideran que ninguna de esas promesas se cumplió.
A cuatro meses de la muerte de los soldados, siguen esperando que se detenga a los responsables de la muerte de los soldados y acusan a las autoridades federales de no haberles entregado la pensión mensual a la que tienen derecho.
Si bien las madres de los soldados caídos recibieron los seguros de vida y de retiro que les correspondían por un monto de cerca de 400 mil pesos, las viudas solamente recibieron una compensación de 180 mil pesos, que pensaban destinar a la educación de sus hijos, pero que empezaron a gastar ya que no recibieron la pensión destinada a reemplazar el ingreso perdido de sus esposos.
También culpan al gobierno estatal de incumplir su promesa de otorgarles una casa y ayudarles a encontrar un empleo.
Enfoque contactó a los familiares de los tres soldados originarios de Michoacán que murieron en la emboscada. Se entrevistó a la pareja y al padre del cabo Valentín Aguilar, la madre del cabo Israel Téllez Villanueva, así como la madre y la suegra del cabo Júpiter Francisco Carrillo Cornejo. Las viudas de estos últimos dos se negaron a hablar por miedo a represalias.
Las familias de los otros dos soldados caídos, el sargento segundo Humberto Ruiz Hernández y el coronel Antioco Hernández Morales, oriundos de Oaxaca y Guerrero respectivamente, no fueron localizadas. La pérdida Armando tenía 16 años y estaba a punto de salir de la secundaria cuando le pidió a Celia, de un año menor, que fuera su novia. Poco después, pese que a él quería seguir estudiando, él entró al Ejército porque su familia no tenía para apoyarlo, explica su padre, José Guadalupe Valentín, un campesino de Queréndaro, un pueblo a 35 kilómetros de Morelia.Cuatro años después, Armando le pidió a Celia que se fueran a vivir juntos.Celia aceptaba que Armando fuera militar porque a él le gustaba mucho su trabajo. "Pero a veces sí, me preocupaba porque luego a veces se lo llevaban a la Sierra y duraba mucho tiempo para venir y sin hablar por teléfono", comenta la joven viuda.Para pasar más tiempo con ella y su hijo de tres años, Armando intentó subir de grado y se fue varios meses a Puebla para estudiar el examen para sargento segundo. Sin embargo, reprobó la prueba de natación y siguió como cabo.Como cabo falleció, exactamente, ocho años después de darse de alta en el Ejército. Tenía 24 años.Meses después de perderlo, hay veces en que Celia llora toda la noche sin conseguir el sueño, porque extraña a su esposo.Pero no solamente llora por soledad. También llora cuando recuerda que la muerte de su pareja quedó impune.Considera que no se les ha hecho justicia a los soldados fallecidos. "Él (Calderón) debe de cumplir con su palabra porque si él ya lo dijo... y es cosa de que ahorita ya no se ha oído nada de ellos", dice entre sollozos, "o sea, como si ya los hubieran dejado así, como si hubieran matado a cualquiera. Y eso no debe de ser porque él ya lo había dicho que los iba a recordar".
Impunidad
La aparente firmeza de Calderón en perseguir a los responsables de la emboscada se reflejó en el despliegue de fuerzas que siguió a la tragedia. En menos de 72 horas, más de mil 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaban en apoyo al personal de la 21 Zona Militar para tomar el control de Carácuaro y patrullar los municipios aledaños, a bordo de camiones y decenas de helicópteros.Según un comunicado difundido por la Procuraduría General de la República el 10 de mayo, el resultado de estas operaciones terrestres y aéreas fue la detención de 36 personas, 13 de las cuales fueron consignadas. Sin embargo, los delitos que se les imputó no fueron los de complicidad o participación en la emboscada que llevó a la muerte de los cinco soldados, sino de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.Otros resultados del despliegue de elementos del Ejército son las quejas que, desde el 4 de mayo, fueron presentadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones a las garantías individuales, como son detenciones arbitrarias, actos de tortura, cateos ilegales y atentados contra la integridad física.
El 15 de mayo, José Luis Soberanes, titular del organismo, también daba a conocer que cuatro menores de edad habían interpuesto una denuncia por violación.Cuando se contactó a la Segunda Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para obtener más información sobre su investigación de estas quejas, ésta se negó a dar información argumentando que tiene planeado entregar una resolución a principios de septiembre.
"La visitadora se está reservando para dar a conocer los resultados a toda la prensa", explicó Lázaro Serranía Álvarez, subdirector de Información de la dependencia.
Celia comenta que cuando escuchó rumores de las violaciones y de que algunos de los detenidos habían salido libres, las otras viudas y ella fueron al cuartel de la 21 Zona Militar.
"Fuimos a decirle al sargento que nosotros queríamos justicia pues, porque no estábamos de acuerdo en lo que les habían hecho", relata, refiriéndose a la persona encargada de atender a las viudas en el cuartel, que identificó como el sargento Monroy."Y nos dijo que quién nos había dicho que estaban saliendo, le dijimos que se oían comentarios, y nos dijo que no había salido nadie".
Por su parte, Leonila Villanueva, madre del cabo Israel Téllez Villanueva, quien también falleció en la emboscada, opina que las noticias que revelaron las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas son mentiras.Aunque avala la incursión del Ejército en Carácuaro, deplora que no se haya detenido a los responsables de la emboscada y no cree que se les vaya a hacer justicia a los soldados. "Yo sé que siguen sueltos unos de los que se juntaron para hacerles el 'cuatro' que dicen que les hicieron", afirma.
Desamparados
Como cabos, Armando, Israel y Júpiter Francisco ganaban 5 mil 700 pesos al mes.Para Armando y Celia, ése era su único ingreso familiar, ya que Armando pidió a Celia que dejara su trabajo en la cocina de un restaurante cuando se juntaron. Vivían humildemente, con su hijo de tres años, en una casa de una habitación con suelo y paredes de concreto, a 10 metros de la casa de los padres del militar.A Israel y su esposa, quien dejó de trabajar como enfermera cuando se embarazó, no les alcanzaba para rentar, por lo que vivían, con su bebé de cinco meses, en la misma casa que la madre de él, Leonila Villanueva.La situación era similar para Júpiter Francisco y su esposa, quienes no tenían dinero suficiente para mantener a su hijo de siete años, cuidar al padre de él y salirse de la casa de la madre de ella, María de Jesús Navarro Ramírez."El tenía aspiraciones y quería sacar de Infonavit alguna casita, para poder ayudar a su papá porque su papá está muy enfermo", explica María de Jesús. Pero su muerte prematura no le dio tiempo de cumplir sus sueños y dejó desamparados a su esposa y a su hijo.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna de las viudas o de las madres había recibido la pensión que les corresponde, equivalente a los 5 mil 700 pesos que ganaban mensualmente los soldados.
El retraso de cuatro meses en el pago de la pensión no se justifica, ya que el artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) establece:
"las pensiones fijadas en esta Ley serán pagadas a partir del día siguiente de la muerte del militar".
María de Jesús explica que cada vez que su hija y las otras viudas van al cuartel a preguntar por la pensión, les hacen esperar varias horas para luego decirles que tienen que regresar ocho o 15 días más tarde."Ya estuvo suave, porque no se está haciendo. O sea, hay muchas trabas y yo lo que quiero es que se dé cuenta el Presidente", dice.
'Los registran como solteros'
En cuanto a los otros derechos que acompañan la muerte de un soldado en el ejercicio de sus funciones, primero se entregaron 250 mil pesos para cubrir los gastos de funeral de los fallecidos.Aunque los tres soldados vivían con su pareja y tenían hijos, su seguro de vida y su seguro colectivo de retiro fueron entregados a sus madres, pues para el Ejército ellos son solteros.El monto de estos seguros osciló entre 386 y 422 mil pesos, según los familiares de los soldados, dependiendo de su antigüedad en la corporación.A raíz de esta situación, la relación entre viudas y suegras se ha deteriorado. Es el caso de Edith Plancarte, la viuda de Israel Téllez Villanueva, quien se fue de la casa que compartía con su esposo y su suegra, Leonila Villanueva, después de enterarse de que ella no quería cederle sus derechos.Además, ya que Israel apoyaba a su madre mensualmente con el gasto, ahora Leonila está pidiendo que cuando se comience a pagar la pensión mensual, una parte sea para ella.No es una casualidad que las madres recibieran los seguros, de acuerdo con María de Jesús, ya que el Ejército obliga a los soldados a declararse solteros para darse de alta en la corporación.Su yerno, Júpiter Francisco, se casó formalmente antes de entrar al Ejército; sin embargo, cuando se dio de alta como soldado lo registraron como soltero, por lo que tuvo que elegir como beneficiaria de sus derechos en caso de fallecimiento a su madre y no a su esposa."Los registran como solteros porque es un requisito que les piden allí, porque todos están iguales", afirma. "Y todos me dijeron que sí, es cierto que es un requisito".Las viudas solamente recibieron una compensación de 180 mil pesos, explica Celia. "Nada más nos dijeron allí en el cuartel que eso les correspondía a las esposas", cuenta."O sea, que todas las esposas no recibimos más dinero que los 180. Porque todos los seguros de vida, todas las mamás de ellos los recibieron. Nada más las esposas recibimos eso porque tenían (de beneficiarias), si algo les pasaba a ellos, que lo recibieran sus mamás. A lo mejor por eso, por parte de la 21 Zona, nos dieron a nosotros eso".
Enfoque pidió una entrevista al general Mauro Enrique Tello Quiñones, comandante de la 21 Zona Militar, para confirmar esta información, pero éste se negó a contestar cualquier pregunta, alegando que no está autorizado para hacer declaraciones.
Celia, como las otras viudas, pensaba ahorrar ese dinero para los estudios de su hijo, pero ya que no ha recibido la pensión de su esposo empezó a gastarlo para sobrevivir.También en otros derechos adquiridos por los soldados, como el de atención médica, los familiares han enfrentado problemas.
En contradicción con lo establecido por el artículo 142 de la Ley del ISSFAM, personal de la 21 Zona Militar informó a los padres de los soldados que iban a dejar de tener derecho al Servicio Médico Integral proporcionado por el Instituto, al que estaban afiliados cuando estaban con vida.
Leonila Villanueva, madre del cabo Téllez Villanueva, dice que quien la informó de esta disposición es la persona encargada de cuestiones de atención médica en el cuartel, a quien ella identifica como "la subsargenta Elizabeth"."Me dijo que si me habían atendido era, no por obligación, sino por cortesía. Pero (me dijo) 'ya falleció su hijo, ya no tiene derecho usted a los servicios'", relata Leonila.
Leonila tenía previsto operarse de una hernia umbilical el 11 de septiembre e ignora si le van a cobrar o no la cirugía.
Una situación semejante padecen los padres de Armando Valentín Aguilar, quienes estaban afiliados al ISSFAM y ya han sido avisados de que perderán ese derecho.
Hace tres meses, las familias fueron citadas en el cuartel de la 21 Zona Militar para un homenaje a los soldados, y fueron conminados a escribirle una carta al Presidente, para que le expusieran sus necesidades.
Los padres de Armando pidieron, precisamente, que se les conservara su derecho a la atención médica.
Para María Carmen Macías Vázquez, especialista en derecho social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Ejército está faltando a sus obligaciones al no haber pagado aún las pensiones."Es hasta como de sorprenderse. Alguien que estuvo en vida a las órdenes irrestrictas para todas las necesidades, ahora sus derechohabientes están olvidados porque no hay una declaratoria que debió de haber sido inmediata, bueno, una pensión que debió de haber sido entregada de manera inmediata por el instituto", expresa.
En cuanto a la atención médica, la Ley del ISSFAM no establece expresamente cómo queda la situación de los familiares de un militar fallecido. Sin embargo, de acuerdo con Macías Vázquez, es de suponerse que los derechos de que goza en su vida un militar se extienden después su muerte."No es necesario que me diga 'a la muerte de él va a seguir el servicio médico, no, ése es un derecho que tienen si así los designó (el militar antes de morir) y no tendrá por qué variar", añade.
Intervención de Cárdenas Batel
A los pocos días de perder a Armando, Celia recibió la visita de Mariano Sánchez, el coordinador de Atención Ciudadana del gobierno de Michoacán, quien le dio el pésame por parte del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, y le ofreció el apoyo de la entidad. Como a las otras viudas radicadas en la entidad, le prometió una casa y ayuda para mantenerse económicamente."Me dijeron que me iban a poner una pequeña tiendita para que me ayudara, pero no nos han dicho ya nada", cuenta Celia, "ya firmamos según las escrituras y el compra-venta de la casa, pero no nos la han entregado".En el caso de la viuda del cabo Téllez Villanueva, quien entonces vivía con su suegra, Leonila Villanueva, el gobernador se desplazó en persona para darle el pésame y, además de la casa, le prometió colocarla en un trabajo, ya que tiene un título de enfermera.
Por su parte, la viuda del cabo Carrillo Cornejo tuvo que ir a buscar al gobernador a la Casa de Gobierno, porque éste no la visitó. Su madre, María de Jesús Navarro, quien estuvo en el encuentro, cuenta que Cárdenas Batel también prometió a su hija una casa y ayuda para poner un negocio en el que pueda autoemplearse.
Hasta el cierre de esta edición, las viudas no habían recibido ni casa ni ayuda para obtener un empleo o poner un negocio propio.
Según María de Jesús, el gobernador encargó a su coordinador de Atención Ciudadana darle seguimiento al asunto. Sin embargo, lo acusa de no respetar las instrucciones del mandatario estatal. Cuando las viudas se reunieron con Sánchez posteriormente y le preguntaron por el apoyo económico, respondió que primero se vería lo de la casa.Sin embargo, las viudas firmaron un convenio el pasado 13 de julio con el gobierno estatal, en el que la autoridad se comprometía a entregarles su casa en octubre. Pero ya que la elección para designar un nuevo gobernador en la entidad será en noviembre, Celia y María de Jesús dudan que se vaya a dar el apoyo prometido a las viudas. Piensan que si cambia la administración, las promesas quedarán en el olvido.
Por otra parte, María de Jesús relata que cuando su hija firmó el convenio para su casa, ella se fijó en la dirección de la vivienda y fue a verla. Allí, se dio cuenta de que la casa prometida era en realidad un pie de casa y decidió pedirle a Sánchez una explicación."Se lo dije en persona: 'Oye, Mariano, ¿es una casa lo que se les va a dar o es un pie de casa?'", relata. "Y me dijo, 'Es una casa, señora'. Le dije: 'Ah, es que nosotros fuimos a ver y es un pie de casa'. Y dice: 'Ah, a caballo dado, no se le ve...' -no recuerdo lo otro- o sea, dándonos a entender que nos están regalando y todavía nos ponemos nuestros moños".
María de Jesús escuchó a una secretaria del coordinador de Atención Ciudadana mencionar que el gobernador había dado instrucciones para asignar 200 mil pesos a la construcción de cada casa. No obstante, cuando llamó a la constructora encargada de la edificación de las casas de las viudas, le dijeron que su costo era de 160 mil pesos.
Al final de una reunión donde María de Jesús planteó este problema, Sánchez amenazó a las viudas con quitarles el apoyo prometido."Dice mi hija que la regañó muy feo porque le dijo: 'por tu culpa no les voy a dar a nadie nada'", narra la madre de la viuda.
Finalmente, en otra reunión en el Palacio de Gobierno, el funcionario pidió a las viudas apoyar a su esposa, Alma Bahena, quien busca una diputación local por el PRD en sur del Estado."A todas se los dijo: 'Mi esposa se va a lanzar para diputada por la Sur. Quiero que la apoyen'", expone María de Jesús.
En repetidas ocasiones se solicitó una entrevista con el gobernador Cárdenas Batel para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no se había recibido ninguna respuesta.
¿Una batalla perdida?
Celia parece muy alejada de las batallas políticas que se avecinan en Michoacán. Lo que le preocupa ahora es criar a su hijo."Tengo miedo de no educarlo bien, que se me haga vago o vicioso, no educarlo, pues... entre los dos", dice con cierta angustia en la voz.Incluso tiene miedo de que su hijo pueda algún día caer en las adicciones. Por eso piensa que luchar contra el narcotráfico es importante, aunque deplora que tengan que perderse vidas por ello y duda de la posibilidad de acabar con el problema."Tengo miedo de que sea, pues, el contrario de su papá", expresa al referirse a su hijo.Pero paradójicamente, también teme que el niño se parezca demasiado a su padre."Igual también tengo miedo de que un día me diga que él quiere ser como su papá y que entre allí (al Ejército)".No es que Celia desprecie el sacrificio de su pareja. "Siempre voy a estar orgullosa de él porque era alguien que siempre le gustaba cumplir con su deber", expresa.No, el miedo de Celia es más sencillo. No quiere perder a su hijo.
Emboscados
Estos cinco militares cayeron en Michoacán, justo donde iniciaron los operativos antinarco.
Cabo de infantería Armando Valentín Aguilar. Nació en Queréndaro, Michoacán, el 23 de septiembre de 1982. Se dio de alta el 1o. de mayo de 1999. Le sobreviven su pareja y un hijo de tres años.
Cabo conductor Israel Téllez Villanueva. Nació en Morelia el 9 de mayo de 1986. Se dio de alta el 25 de mayo de 2004. Le sobreviven su esposa y un hijo de cinco meses.
Cabo escribiente Júpiter Francisco Carrillo Cornejo. Nació en Morelia el 10 de noviembre de 1983. Se dio de alta el 27 de septiembre de 2004. Le sobreviven su esposa y un hijo de 7 años.
Sargento segundo de infantería Humberto Ruiz Hernández. Nació en Santiago Ixtlayuca, Oaxaca, el 15 de junio de 1973. Se dio de alta el 25 de agosto de 1983. Le sobreviven su esposa y un hijo.
Coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Antioco Hernández Morales. Nació en Chilpancingo, Guerrero, el 22 de mayo de 1962. Se dio de alta el 1o. de septiembre de 1979. Le sobreviven su esposa y tres hijos, uno de ellos de dos meses.
regresar a titulares
Reportaje
Deja 'guerra' impunidad y desamparo. Hace cuatro meses, en el marco de la "lucha contra el narcotráfico", el Presidente declaró héroes nacionales a cinco soldados emboscados en Carácuaro; hoy sus familias dicen que las promesas de apoyo quedaron en el olvido
Laurence Pantin (2 septiembre 2007).- Cuando Celia Barrera se despidió de su pareja, el cabo Armando Valentín Aguilar, en la madrugada del lunes 30 de abril, no se imaginaba que era la última vez que lo veía con vida.Como de costumbre, antes de que saliera de casa para el cuartel, Celia le dio un beso y le pidió que se cuidara. Lo único distinto a lo de siempre fue que Armando se paró un momento en el marco de la puerta como si dudara en marcharse. Finalmente, sin decir nada, dio el paso y cerró tras él la puerta.El 2 de mayo, alrededor de las 13:00 horas, una vecina de Celia recibía una llamada para avisarle que Armando había fallecido junto con cuatro compañeros, emboscados presuntamente por narcotraficantes en el municipio de Carácuaro.Ese día, casi en el mismo momento en el que se informaba a los familiares del trágico suceso, el presidente Felipe Calderón hacía referencia al caso en un discurso pronunciado en Tabasco, a donde había acudido a poner en marcha un programa social.
El Presidente endureció el rostro, improvisó unas líneas para condenar esa afrenta del narco y aseguró que se recordaría como héroes a los cinco soldados asesinados."Y en mi propia tierra, en Michoacán, por ejemplo, anoche cayeron en cumplimiento del deber varios militares", expresó en tono enérgico, "a México y al presidente de la República le (sic) queda muy claro que murieron como héroes y como héroes serán tratados y serán recordados. Por eso extiendo mi más sincero pésame a sus familiares, les garantizo que tendrán todo el apoyo, pero también el reconocimiento y el recuerdo de gratitud del pueblo de México".
Tres días después, en la ceremonia de conmemoración de la Batalla de Puebla, el presidente declaraba que el país enfrenta hoy nuevos frentes de batalla y deploraba nuevamente la pérdida de los cinco militares caídos en cumplimiento de su deber.
"El sacrificio de estos patriotas no será en vano", dijo en esa ocasión, y prometió: "en honor a su memoria, su muerte no quedará impune".
Pero Celia y las familias de otros dos cabos que fallecieron ese día consideran que ninguna de esas promesas se cumplió.
A cuatro meses de la muerte de los soldados, siguen esperando que se detenga a los responsables de la muerte de los soldados y acusan a las autoridades federales de no haberles entregado la pensión mensual a la que tienen derecho.
Si bien las madres de los soldados caídos recibieron los seguros de vida y de retiro que les correspondían por un monto de cerca de 400 mil pesos, las viudas solamente recibieron una compensación de 180 mil pesos, que pensaban destinar a la educación de sus hijos, pero que empezaron a gastar ya que no recibieron la pensión destinada a reemplazar el ingreso perdido de sus esposos.
También culpan al gobierno estatal de incumplir su promesa de otorgarles una casa y ayudarles a encontrar un empleo.
Enfoque contactó a los familiares de los tres soldados originarios de Michoacán que murieron en la emboscada. Se entrevistó a la pareja y al padre del cabo Valentín Aguilar, la madre del cabo Israel Téllez Villanueva, así como la madre y la suegra del cabo Júpiter Francisco Carrillo Cornejo. Las viudas de estos últimos dos se negaron a hablar por miedo a represalias.
Las familias de los otros dos soldados caídos, el sargento segundo Humberto Ruiz Hernández y el coronel Antioco Hernández Morales, oriundos de Oaxaca y Guerrero respectivamente, no fueron localizadas. La pérdida Armando tenía 16 años y estaba a punto de salir de la secundaria cuando le pidió a Celia, de un año menor, que fuera su novia. Poco después, pese que a él quería seguir estudiando, él entró al Ejército porque su familia no tenía para apoyarlo, explica su padre, José Guadalupe Valentín, un campesino de Queréndaro, un pueblo a 35 kilómetros de Morelia.Cuatro años después, Armando le pidió a Celia que se fueran a vivir juntos.Celia aceptaba que Armando fuera militar porque a él le gustaba mucho su trabajo. "Pero a veces sí, me preocupaba porque luego a veces se lo llevaban a la Sierra y duraba mucho tiempo para venir y sin hablar por teléfono", comenta la joven viuda.Para pasar más tiempo con ella y su hijo de tres años, Armando intentó subir de grado y se fue varios meses a Puebla para estudiar el examen para sargento segundo. Sin embargo, reprobó la prueba de natación y siguió como cabo.Como cabo falleció, exactamente, ocho años después de darse de alta en el Ejército. Tenía 24 años.Meses después de perderlo, hay veces en que Celia llora toda la noche sin conseguir el sueño, porque extraña a su esposo.Pero no solamente llora por soledad. También llora cuando recuerda que la muerte de su pareja quedó impune.Considera que no se les ha hecho justicia a los soldados fallecidos. "Él (Calderón) debe de cumplir con su palabra porque si él ya lo dijo... y es cosa de que ahorita ya no se ha oído nada de ellos", dice entre sollozos, "o sea, como si ya los hubieran dejado así, como si hubieran matado a cualquiera. Y eso no debe de ser porque él ya lo había dicho que los iba a recordar".
Impunidad
La aparente firmeza de Calderón en perseguir a los responsables de la emboscada se reflejó en el despliegue de fuerzas que siguió a la tragedia. En menos de 72 horas, más de mil 200 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional llegaban en apoyo al personal de la 21 Zona Militar para tomar el control de Carácuaro y patrullar los municipios aledaños, a bordo de camiones y decenas de helicópteros.Según un comunicado difundido por la Procuraduría General de la República el 10 de mayo, el resultado de estas operaciones terrestres y aéreas fue la detención de 36 personas, 13 de las cuales fueron consignadas. Sin embargo, los delitos que se les imputó no fueron los de complicidad o participación en la emboscada que llevó a la muerte de los cinco soldados, sino de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y delitos contra la salud.Otros resultados del despliegue de elementos del Ejército son las quejas que, desde el 4 de mayo, fueron presentadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por presuntas violaciones a las garantías individuales, como son detenciones arbitrarias, actos de tortura, cateos ilegales y atentados contra la integridad física.
El 15 de mayo, José Luis Soberanes, titular del organismo, también daba a conocer que cuatro menores de edad habían interpuesto una denuncia por violación.Cuando se contactó a la Segunda Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para obtener más información sobre su investigación de estas quejas, ésta se negó a dar información argumentando que tiene planeado entregar una resolución a principios de septiembre.
"La visitadora se está reservando para dar a conocer los resultados a toda la prensa", explicó Lázaro Serranía Álvarez, subdirector de Información de la dependencia.
Celia comenta que cuando escuchó rumores de las violaciones y de que algunos de los detenidos habían salido libres, las otras viudas y ella fueron al cuartel de la 21 Zona Militar.
"Fuimos a decirle al sargento que nosotros queríamos justicia pues, porque no estábamos de acuerdo en lo que les habían hecho", relata, refiriéndose a la persona encargada de atender a las viudas en el cuartel, que identificó como el sargento Monroy."Y nos dijo que quién nos había dicho que estaban saliendo, le dijimos que se oían comentarios, y nos dijo que no había salido nadie".
Por su parte, Leonila Villanueva, madre del cabo Israel Téllez Villanueva, quien también falleció en la emboscada, opina que las noticias que revelaron las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas son mentiras.Aunque avala la incursión del Ejército en Carácuaro, deplora que no se haya detenido a los responsables de la emboscada y no cree que se les vaya a hacer justicia a los soldados. "Yo sé que siguen sueltos unos de los que se juntaron para hacerles el 'cuatro' que dicen que les hicieron", afirma.
Desamparados
Como cabos, Armando, Israel y Júpiter Francisco ganaban 5 mil 700 pesos al mes.Para Armando y Celia, ése era su único ingreso familiar, ya que Armando pidió a Celia que dejara su trabajo en la cocina de un restaurante cuando se juntaron. Vivían humildemente, con su hijo de tres años, en una casa de una habitación con suelo y paredes de concreto, a 10 metros de la casa de los padres del militar.A Israel y su esposa, quien dejó de trabajar como enfermera cuando se embarazó, no les alcanzaba para rentar, por lo que vivían, con su bebé de cinco meses, en la misma casa que la madre de él, Leonila Villanueva.La situación era similar para Júpiter Francisco y su esposa, quienes no tenían dinero suficiente para mantener a su hijo de siete años, cuidar al padre de él y salirse de la casa de la madre de ella, María de Jesús Navarro Ramírez."El tenía aspiraciones y quería sacar de Infonavit alguna casita, para poder ayudar a su papá porque su papá está muy enfermo", explica María de Jesús. Pero su muerte prematura no le dio tiempo de cumplir sus sueños y dejó desamparados a su esposa y a su hijo.
Hasta el cierre de esta edición, ninguna de las viudas o de las madres había recibido la pensión que les corresponde, equivalente a los 5 mil 700 pesos que ganaban mensualmente los soldados.
El retraso de cuatro meses en el pago de la pensión no se justifica, ya que el artículo 45 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) establece:
"las pensiones fijadas en esta Ley serán pagadas a partir del día siguiente de la muerte del militar".
María de Jesús explica que cada vez que su hija y las otras viudas van al cuartel a preguntar por la pensión, les hacen esperar varias horas para luego decirles que tienen que regresar ocho o 15 días más tarde."Ya estuvo suave, porque no se está haciendo. O sea, hay muchas trabas y yo lo que quiero es que se dé cuenta el Presidente", dice.
'Los registran como solteros'
En cuanto a los otros derechos que acompañan la muerte de un soldado en el ejercicio de sus funciones, primero se entregaron 250 mil pesos para cubrir los gastos de funeral de los fallecidos.Aunque los tres soldados vivían con su pareja y tenían hijos, su seguro de vida y su seguro colectivo de retiro fueron entregados a sus madres, pues para el Ejército ellos son solteros.El monto de estos seguros osciló entre 386 y 422 mil pesos, según los familiares de los soldados, dependiendo de su antigüedad en la corporación.A raíz de esta situación, la relación entre viudas y suegras se ha deteriorado. Es el caso de Edith Plancarte, la viuda de Israel Téllez Villanueva, quien se fue de la casa que compartía con su esposo y su suegra, Leonila Villanueva, después de enterarse de que ella no quería cederle sus derechos.Además, ya que Israel apoyaba a su madre mensualmente con el gasto, ahora Leonila está pidiendo que cuando se comience a pagar la pensión mensual, una parte sea para ella.No es una casualidad que las madres recibieran los seguros, de acuerdo con María de Jesús, ya que el Ejército obliga a los soldados a declararse solteros para darse de alta en la corporación.Su yerno, Júpiter Francisco, se casó formalmente antes de entrar al Ejército; sin embargo, cuando se dio de alta como soldado lo registraron como soltero, por lo que tuvo que elegir como beneficiaria de sus derechos en caso de fallecimiento a su madre y no a su esposa."Los registran como solteros porque es un requisito que les piden allí, porque todos están iguales", afirma. "Y todos me dijeron que sí, es cierto que es un requisito".Las viudas solamente recibieron una compensación de 180 mil pesos, explica Celia. "Nada más nos dijeron allí en el cuartel que eso les correspondía a las esposas", cuenta."O sea, que todas las esposas no recibimos más dinero que los 180. Porque todos los seguros de vida, todas las mamás de ellos los recibieron. Nada más las esposas recibimos eso porque tenían (de beneficiarias), si algo les pasaba a ellos, que lo recibieran sus mamás. A lo mejor por eso, por parte de la 21 Zona, nos dieron a nosotros eso".
Enfoque pidió una entrevista al general Mauro Enrique Tello Quiñones, comandante de la 21 Zona Militar, para confirmar esta información, pero éste se negó a contestar cualquier pregunta, alegando que no está autorizado para hacer declaraciones.
Celia, como las otras viudas, pensaba ahorrar ese dinero para los estudios de su hijo, pero ya que no ha recibido la pensión de su esposo empezó a gastarlo para sobrevivir.También en otros derechos adquiridos por los soldados, como el de atención médica, los familiares han enfrentado problemas.
En contradicción con lo establecido por el artículo 142 de la Ley del ISSFAM, personal de la 21 Zona Militar informó a los padres de los soldados que iban a dejar de tener derecho al Servicio Médico Integral proporcionado por el Instituto, al que estaban afiliados cuando estaban con vida.
Leonila Villanueva, madre del cabo Téllez Villanueva, dice que quien la informó de esta disposición es la persona encargada de cuestiones de atención médica en el cuartel, a quien ella identifica como "la subsargenta Elizabeth"."Me dijo que si me habían atendido era, no por obligación, sino por cortesía. Pero (me dijo) 'ya falleció su hijo, ya no tiene derecho usted a los servicios'", relata Leonila.
Leonila tenía previsto operarse de una hernia umbilical el 11 de septiembre e ignora si le van a cobrar o no la cirugía.
Una situación semejante padecen los padres de Armando Valentín Aguilar, quienes estaban afiliados al ISSFAM y ya han sido avisados de que perderán ese derecho.
Hace tres meses, las familias fueron citadas en el cuartel de la 21 Zona Militar para un homenaje a los soldados, y fueron conminados a escribirle una carta al Presidente, para que le expusieran sus necesidades.
Los padres de Armando pidieron, precisamente, que se les conservara su derecho a la atención médica.
Para María Carmen Macías Vázquez, especialista en derecho social del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Ejército está faltando a sus obligaciones al no haber pagado aún las pensiones."Es hasta como de sorprenderse. Alguien que estuvo en vida a las órdenes irrestrictas para todas las necesidades, ahora sus derechohabientes están olvidados porque no hay una declaratoria que debió de haber sido inmediata, bueno, una pensión que debió de haber sido entregada de manera inmediata por el instituto", expresa.
En cuanto a la atención médica, la Ley del ISSFAM no establece expresamente cómo queda la situación de los familiares de un militar fallecido. Sin embargo, de acuerdo con Macías Vázquez, es de suponerse que los derechos de que goza en su vida un militar se extienden después su muerte."No es necesario que me diga 'a la muerte de él va a seguir el servicio médico, no, ése es un derecho que tienen si así los designó (el militar antes de morir) y no tendrá por qué variar", añade.
Intervención de Cárdenas Batel
A los pocos días de perder a Armando, Celia recibió la visita de Mariano Sánchez, el coordinador de Atención Ciudadana del gobierno de Michoacán, quien le dio el pésame por parte del gobernador Lázaro Cárdenas Batel, y le ofreció el apoyo de la entidad. Como a las otras viudas radicadas en la entidad, le prometió una casa y ayuda para mantenerse económicamente."Me dijeron que me iban a poner una pequeña tiendita para que me ayudara, pero no nos han dicho ya nada", cuenta Celia, "ya firmamos según las escrituras y el compra-venta de la casa, pero no nos la han entregado".En el caso de la viuda del cabo Téllez Villanueva, quien entonces vivía con su suegra, Leonila Villanueva, el gobernador se desplazó en persona para darle el pésame y, además de la casa, le prometió colocarla en un trabajo, ya que tiene un título de enfermera.
Por su parte, la viuda del cabo Carrillo Cornejo tuvo que ir a buscar al gobernador a la Casa de Gobierno, porque éste no la visitó. Su madre, María de Jesús Navarro, quien estuvo en el encuentro, cuenta que Cárdenas Batel también prometió a su hija una casa y ayuda para poner un negocio en el que pueda autoemplearse.
Hasta el cierre de esta edición, las viudas no habían recibido ni casa ni ayuda para obtener un empleo o poner un negocio propio.
Según María de Jesús, el gobernador encargó a su coordinador de Atención Ciudadana darle seguimiento al asunto. Sin embargo, lo acusa de no respetar las instrucciones del mandatario estatal. Cuando las viudas se reunieron con Sánchez posteriormente y le preguntaron por el apoyo económico, respondió que primero se vería lo de la casa.Sin embargo, las viudas firmaron un convenio el pasado 13 de julio con el gobierno estatal, en el que la autoridad se comprometía a entregarles su casa en octubre. Pero ya que la elección para designar un nuevo gobernador en la entidad será en noviembre, Celia y María de Jesús dudan que se vaya a dar el apoyo prometido a las viudas. Piensan que si cambia la administración, las promesas quedarán en el olvido.
Por otra parte, María de Jesús relata que cuando su hija firmó el convenio para su casa, ella se fijó en la dirección de la vivienda y fue a verla. Allí, se dio cuenta de que la casa prometida era en realidad un pie de casa y decidió pedirle a Sánchez una explicación."Se lo dije en persona: 'Oye, Mariano, ¿es una casa lo que se les va a dar o es un pie de casa?'", relata. "Y me dijo, 'Es una casa, señora'. Le dije: 'Ah, es que nosotros fuimos a ver y es un pie de casa'. Y dice: 'Ah, a caballo dado, no se le ve...' -no recuerdo lo otro- o sea, dándonos a entender que nos están regalando y todavía nos ponemos nuestros moños".
María de Jesús escuchó a una secretaria del coordinador de Atención Ciudadana mencionar que el gobernador había dado instrucciones para asignar 200 mil pesos a la construcción de cada casa. No obstante, cuando llamó a la constructora encargada de la edificación de las casas de las viudas, le dijeron que su costo era de 160 mil pesos.
Al final de una reunión donde María de Jesús planteó este problema, Sánchez amenazó a las viudas con quitarles el apoyo prometido."Dice mi hija que la regañó muy feo porque le dijo: 'por tu culpa no les voy a dar a nadie nada'", narra la madre de la viuda.
Finalmente, en otra reunión en el Palacio de Gobierno, el funcionario pidió a las viudas apoyar a su esposa, Alma Bahena, quien busca una diputación local por el PRD en sur del Estado."A todas se los dijo: 'Mi esposa se va a lanzar para diputada por la Sur. Quiero que la apoyen'", expone María de Jesús.
En repetidas ocasiones se solicitó una entrevista con el gobernador Cárdenas Batel para conocer su versión, pero al cierre de esta edición no se había recibido ninguna respuesta.
¿Una batalla perdida?
Celia parece muy alejada de las batallas políticas que se avecinan en Michoacán. Lo que le preocupa ahora es criar a su hijo."Tengo miedo de no educarlo bien, que se me haga vago o vicioso, no educarlo, pues... entre los dos", dice con cierta angustia en la voz.Incluso tiene miedo de que su hijo pueda algún día caer en las adicciones. Por eso piensa que luchar contra el narcotráfico es importante, aunque deplora que tengan que perderse vidas por ello y duda de la posibilidad de acabar con el problema."Tengo miedo de que sea, pues, el contrario de su papá", expresa al referirse a su hijo.Pero paradójicamente, también teme que el niño se parezca demasiado a su padre."Igual también tengo miedo de que un día me diga que él quiere ser como su papá y que entre allí (al Ejército)".No es que Celia desprecie el sacrificio de su pareja. "Siempre voy a estar orgullosa de él porque era alguien que siempre le gustaba cumplir con su deber", expresa.No, el miedo de Celia es más sencillo. No quiere perder a su hijo.
Emboscados
Estos cinco militares cayeron en Michoacán, justo donde iniciaron los operativos antinarco.
Cabo de infantería Armando Valentín Aguilar. Nació en Queréndaro, Michoacán, el 23 de septiembre de 1982. Se dio de alta el 1o. de mayo de 1999. Le sobreviven su pareja y un hijo de tres años.
Cabo conductor Israel Téllez Villanueva. Nació en Morelia el 9 de mayo de 1986. Se dio de alta el 25 de mayo de 2004. Le sobreviven su esposa y un hijo de cinco meses.
Cabo escribiente Júpiter Francisco Carrillo Cornejo. Nació en Morelia el 10 de noviembre de 1983. Se dio de alta el 27 de septiembre de 2004. Le sobreviven su esposa y un hijo de 7 años.
Sargento segundo de infantería Humberto Ruiz Hernández. Nació en Santiago Ixtlayuca, Oaxaca, el 15 de junio de 1973. Se dio de alta el 25 de agosto de 1983. Le sobreviven su esposa y un hijo.
Coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Antioco Hernández Morales. Nació en Chilpancingo, Guerrero, el 22 de mayo de 1962. Se dio de alta el 1o. de septiembre de 1979. Le sobreviven su esposa y tres hijos, uno de ellos de dos meses.
regresar a titulares
Abierta represión en Montes Azules; planean saqueo de la riqueza biótica
El desalojo de comunidades indígenas dará pie a la explotación comercial de la zona
Abierta represión en Montes Azules; planean saqueo de la riqueza biótica
HERMANN BELLINGHAUSEN
La estrategia oficial de desalojo y control en Montes Azules, Chiapas, que entró en una fase de aceleración impaciente y autoritaria, incluye abierta represión política, violencia paramilitar, intransigencia policiaca y prefabricación de cargos contra los indígenas avalada por los tribunales judiciales y agrarios. Detrás acechan proyectos tan “conservacionistas” como nuevas autopistas y represas, exploración de minerales estratégicos e hidrocarburos, bioprospección trasnacional, saqueo de recursos bióticos, acaparamiento comercial del agua, ecoturismo de lujo y otras actividades no menos lucrativas y desnacionalizadoras.
Las autoridades no escatiman mecanismos de impunidad para los “operadores” de la represión que, como en Oaxaca y el estado de México, se apoyan en acciones violentas contra la población y el crecimiento exponencial de los presos políticos en cárceles estatales y federales. A partir de la segunda semana de agosto en Chiapas hay nuevos presos indígenas zapatistas en el penal de El Amate, que se suman al escandaloso encierro de Diego Méndez Arcos, campesino chol que por acudir a ayudar a sus hermanos masacrados en Nuevo Velasco Suárez, en noviembre de 2006, fue “acusado” de los crímenes cometidos en realidad por paramilitares y presuntamente policías, y que permanecen impunes.
No sólo ha sido anunciada, anhelada, suspirada por los gobiernos panistas de los años recientes; la apropiación definitiva y radical del corazón de la selva Lacandona (especialmente Montes Azules, pero no sólo) empezó en el sexenio de Ernesto Zedillo. Con la doble navaja militarización-“conservacionismo”, el gobierno federal metió una tijera para despoblar la selva profunda, cercarla y administrarla dentro del nuevo juego económico neoliberal y global.
En el documento Desalojos en Montes Azules: recursos estratégicos; soberanía nacional y derechos indígenas en juego, dado a conocer esta semana, Maderas del Pueblo del Sureste recapitula a partir de “las provocadoras campañas de ‘reforestación’ militar” (1999), desarrolladas por el gobierno zedillista, el gobernador Roberto Albores y la titular de la Semarnap, Julia Carabias, seguidas por “los ‘incendios’ forestales inventados en mayo de 2000 por el mismo trío para convalidar acciones de desalojo,‘ingenuamente’ retomadas por algunos grupos conservacionistas urbanos y académicos”.
Ya durante los gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar Mendiguchía se intentaron operativos de desalojo entre marzo y diciembre de 2002, pero fueron “abortados” por la presión pública. Siguieron desalojos “quirúrgicos” en Lucio Cabañas (diciembre de 2002) y Nuevo San Rafael (enero de 2004), y una “estrategia de reubicación forzosa ‘negociada’ entre junio de 2003 y abril de 2006, que encabezó la subdelegada especial de la Reforma Agraria, hoy diputada federal panista Martha Cecilia Díaz Gordillo”.
En los linderos del régimen calderonista reaparecieron acciones de tipo paramilitar “ejercidas por jóvenes tzeltales de Nueva Palestina en contra del poblado Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006, enmarcadas en la virtual declaración pública de guerra de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)”, abunda el documento. Ahora, al calor de los desalojos recientes, los organismos civiles que defienden los derechos de las comunidades y documentan lo que ocurre son objeto de acusaciones y amenazas. Es el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Maderas del Pueblo.
En su declaración testimonial (29 de julio) ante la Fiscalía General del estado, Florencio Gómez Martínez, vecino de la subcomunidad lacandona de Frontera Corozal y autoidentificado como empleado federal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, acusó de “invasores” y “destructores” de la selva a los pobladores de “Nuevo Salvador Allende” (San Manuel): “Hemos tratado de llegar a un arreglo con los invasores, pero como son protegidos por organizaciones y entre ellos Fray Bartolomé de Las Casas (sic) y Maderas del Pueblo del Sureste, que sólo se dedican a crear conflictos (pues) aleccionan a los invasores para que nos amenacen con armas de fuego”. Esta declaración, considerada una “amenaza” por dichas ONG, se agrega a otras acusaciones e intimidaciones. La anterior, de la “Opdic” (sic) y la “Fundación Selva Lacandona’, señalaba a las ONG independientes como los “asesinos y causantes” de la masacre en Viejo Velasco.
http://www.jornada.unam.mx/2007/08/31/index.php?section=politica&article=013n1pol
Abierta represión en Montes Azules; planean saqueo de la riqueza biótica
HERMANN BELLINGHAUSEN
La estrategia oficial de desalojo y control en Montes Azules, Chiapas, que entró en una fase de aceleración impaciente y autoritaria, incluye abierta represión política, violencia paramilitar, intransigencia policiaca y prefabricación de cargos contra los indígenas avalada por los tribunales judiciales y agrarios. Detrás acechan proyectos tan “conservacionistas” como nuevas autopistas y represas, exploración de minerales estratégicos e hidrocarburos, bioprospección trasnacional, saqueo de recursos bióticos, acaparamiento comercial del agua, ecoturismo de lujo y otras actividades no menos lucrativas y desnacionalizadoras.
Las autoridades no escatiman mecanismos de impunidad para los “operadores” de la represión que, como en Oaxaca y el estado de México, se apoyan en acciones violentas contra la población y el crecimiento exponencial de los presos políticos en cárceles estatales y federales. A partir de la segunda semana de agosto en Chiapas hay nuevos presos indígenas zapatistas en el penal de El Amate, que se suman al escandaloso encierro de Diego Méndez Arcos, campesino chol que por acudir a ayudar a sus hermanos masacrados en Nuevo Velasco Suárez, en noviembre de 2006, fue “acusado” de los crímenes cometidos en realidad por paramilitares y presuntamente policías, y que permanecen impunes.
No sólo ha sido anunciada, anhelada, suspirada por los gobiernos panistas de los años recientes; la apropiación definitiva y radical del corazón de la selva Lacandona (especialmente Montes Azules, pero no sólo) empezó en el sexenio de Ernesto Zedillo. Con la doble navaja militarización-“conservacionismo”, el gobierno federal metió una tijera para despoblar la selva profunda, cercarla y administrarla dentro del nuevo juego económico neoliberal y global.
En el documento Desalojos en Montes Azules: recursos estratégicos; soberanía nacional y derechos indígenas en juego, dado a conocer esta semana, Maderas del Pueblo del Sureste recapitula a partir de “las provocadoras campañas de ‘reforestación’ militar” (1999), desarrolladas por el gobierno zedillista, el gobernador Roberto Albores y la titular de la Semarnap, Julia Carabias, seguidas por “los ‘incendios’ forestales inventados en mayo de 2000 por el mismo trío para convalidar acciones de desalojo,‘ingenuamente’ retomadas por algunos grupos conservacionistas urbanos y académicos”.
Ya durante los gobiernos de Vicente Fox y Pablo Salazar Mendiguchía se intentaron operativos de desalojo entre marzo y diciembre de 2002, pero fueron “abortados” por la presión pública. Siguieron desalojos “quirúrgicos” en Lucio Cabañas (diciembre de 2002) y Nuevo San Rafael (enero de 2004), y una “estrategia de reubicación forzosa ‘negociada’ entre junio de 2003 y abril de 2006, que encabezó la subdelegada especial de la Reforma Agraria, hoy diputada federal panista Martha Cecilia Díaz Gordillo”.
En los linderos del régimen calderonista reaparecieron acciones de tipo paramilitar “ejercidas por jóvenes tzeltales de Nueva Palestina en contra del poblado Viejo Velasco el 13 de noviembre de 2006, enmarcadas en la virtual declaración pública de guerra de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic)”, abunda el documento. Ahora, al calor de los desalojos recientes, los organismos civiles que defienden los derechos de las comunidades y documentan lo que ocurre son objeto de acusaciones y amenazas. Es el caso del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Maderas del Pueblo.
En su declaración testimonial (29 de julio) ante la Fiscalía General del estado, Florencio Gómez Martínez, vecino de la subcomunidad lacandona de Frontera Corozal y autoidentificado como empleado federal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, acusó de “invasores” y “destructores” de la selva a los pobladores de “Nuevo Salvador Allende” (San Manuel): “Hemos tratado de llegar a un arreglo con los invasores, pero como son protegidos por organizaciones y entre ellos Fray Bartolomé de Las Casas (sic) y Maderas del Pueblo del Sureste, que sólo se dedican a crear conflictos (pues) aleccionan a los invasores para que nos amenacen con armas de fuego”. Esta declaración, considerada una “amenaza” por dichas ONG, se agrega a otras acusaciones e intimidaciones. La anterior, de la “Opdic” (sic) y la “Fundación Selva Lacandona’, señalaba a las ONG independientes como los “asesinos y causantes” de la masacre en Viejo Velasco.
http://www.jornada.unam.mx/2007/08/31/index.php?section=politica&article=013n1pol
27% de los niños indígenas viven en Oaxaca y Chiapas
27% de los niños indígenas viven en Oaxaca y Chiapas
Niños indígenas. Foto: Notimex
Los estados de Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo también cuentan con una importante población infantil indígena.
México, D.F.- De los tres millones 975 mil 363 niños indígenas de 0 a 14 años de edad en el país, un millón 77 mil 38 viven en los estados de Oaxaca y Chiapas, que representan 27 por ciento del total nacional.
Según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del gobierno federal, los estados de Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo también cuentan con una importante población infantil indígena, con 370 mil 053, 343 mil 140, 325 mil 873, 218 mil 991 y 200 mil 425 menores, respectivamente.
Los estados de San Luis Potosí y Quintana Roo registran 137 mil 309 y 124 mil 941 niños indígenas, en ese orden, y el resto de las entidades no rebasa los 100 mil menores, siendo Coahuila el que menos tiene, con sólo 98 infantes.
De estos tres millones 975 mil 363 niños, tres millones 634 mil 405 se ubican en municipios indígenas y 340 mil 958 en municipios con presencia indígena; por sexo, dos millones cinco mil 535 son niños y un millón 969 mil 828 son niñas.
Respecto a la presencia en las aulas de niños indígenas de 6 a 14 años de edad, Tabasco encabeza la lista con 93.5 por ciento de asistencia, seguido de Hidalgo y San Luis Potosí con 93.3 cada uno, Quintana Roo con 93.1, Campeche y Yucatán con 91.2 y Sonora con 91 por ciento de su población infantil en edad escolar.
Por el contrario, el estado de Coahuila presenta el menor nivel de asistencia escolar de niños indígenas de 6 a 14 años de edad, con 64.5 por ciento, seguido de Chihuahua con 69.1, Durango con 75.6, Chiapas con 80.1 y Jalisco con 81.8 por ciento.
Notimex
Niños indígenas. Foto: Notimex
Los estados de Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo también cuentan con una importante población infantil indígena.
México, D.F.- De los tres millones 975 mil 363 niños indígenas de 0 a 14 años de edad en el país, un millón 77 mil 38 viven en los estados de Oaxaca y Chiapas, que representan 27 por ciento del total nacional.
Según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del gobierno federal, los estados de Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo también cuentan con una importante población infantil indígena, con 370 mil 053, 343 mil 140, 325 mil 873, 218 mil 991 y 200 mil 425 menores, respectivamente.
Los estados de San Luis Potosí y Quintana Roo registran 137 mil 309 y 124 mil 941 niños indígenas, en ese orden, y el resto de las entidades no rebasa los 100 mil menores, siendo Coahuila el que menos tiene, con sólo 98 infantes.
De estos tres millones 975 mil 363 niños, tres millones 634 mil 405 se ubican en municipios indígenas y 340 mil 958 en municipios con presencia indígena; por sexo, dos millones cinco mil 535 son niños y un millón 969 mil 828 son niñas.
Respecto a la presencia en las aulas de niños indígenas de 6 a 14 años de edad, Tabasco encabeza la lista con 93.5 por ciento de asistencia, seguido de Hidalgo y San Luis Potosí con 93.3 cada uno, Quintana Roo con 93.1, Campeche y Yucatán con 91.2 y Sonora con 91 por ciento de su población infantil en edad escolar.
Por el contrario, el estado de Coahuila presenta el menor nivel de asistencia escolar de niños indígenas de 6 a 14 años de edad, con 64.5 por ciento, seguido de Chihuahua con 69.1, Durango con 75.6, Chiapas con 80.1 y Jalisco con 81.8 por ciento.
Notimex
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
