El juicio al presidente de la CODHEY llega a la Cámara de Diputados

María Eugenia Núñez Zapata

Ante la ceguera legislativa y la sordera patológica que se han evidenciado en todo lo relativo a las denuncias de las irregularidades de la CODHEY, ante el tortuguismo con el que se conduce la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, así como ante la cantinflesca respuesta que dio a la Dra. Sandra Peniche, las Organizaciones No Gubernamentales en uso de sus derechos y en apego a la ley han acudido ya a la Cámara de Diputados.Por eso sostenemos que el procedimiento anunciado por los diputados para “elegir a los Nuevos Consejeros” de la CODHEY es a todas luces un irresponsable empecinamiento que puede llevar a Yucatán a ocupar los primeros lugares de los titulares de la prensa nacional, pero de la nota roja.

Por lo anterior y para ilustrar la ignorancia, me permito informarles que desde hace dos semanas la diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez, representante del Grupo Parlamentario de Alternativa en la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. promovió el siguiente Punto de Acuerdo por el que se:

EXHORTA AL CONGRESO DE YUCATÁN A ADMITIR LA DEMANDA DE JUICIO POLÍTICO PRESENTADA CONTRA EL LICENCIADO JORGE VICTORIA MALDONADO, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE DICHO ESTADO.

La diputada Elsa Conde procedió, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, puntualizando que de acuerdo a los siguientes

ANTECEDENTES:

Debido a que el día 5 de febrero del presente año, 12 organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los Derechos Humanos en el Estado de Yucatán (Codhey) presentaron, ante la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Yucatán, formal demanda de juicio político en contra del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, licenciado Jorge Victoria Maldonado. Dicha demanda fue presentada por “las graves y reiteradas violaciones a la ley y reglamento de la Comisión”.Según los demandantes, las acciones y omisiones de la Comisión son graves, e implican una violación reiterada a su propia ley y reglamento.
Entre las principales violaciones señaladas en la demanda están: grave rezago en la tramitación de las quejas, recomendaciones que tardan más de 3 años en emitirse, los plazos que tiene para resolver quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos, un procedimiento ineficiente al momento de realizar investigaciones, presión a las víctimas para que concilien con las autoridades, insensibilidad, incapacidad y negligencia de sus funcionarios, ausencia de publicidad, ausencia de informes especiales y recomendaciones generales a pesar de la existencia de patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos en la entidad, carencia de médicos especializados para valorar a víctimas de tortura y otros malos tratos, investigaciones basadas en informes de las autoridades responsables, y ausencia de medidas reparadoras del daño, entre muchas otras.Todas las conductas y omisiones documentadas y señaladas son atribuibles al licenciado Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión, pues sus decisiones, políticas y desatenciones son las que han impedido la consolidación de la Comisión como un espacio que sea efectivamente una defensoría del pueblo.Incluso las reiteradas violaciones del presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos del Estado a su propia ley, a su reglamento y a los Principios de París, y directrices internacionales llevaron a que tres de los cuatro Consejeros Consultivos de esa institución pública de Derechos Humanos a RENUNCIAR en noviembre del año pasado, situación que exhibe la gravedad de la situación que impera en el organismo público de derechos humanos del estado de Yucatán.Debido a que:

*La Constitución del estado de Yucatán establece en su artículo 98 que se impondrá mediante juicio político las sanciones correspondientes a los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos o de su buen despacho.
*De igual manera establece que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.
*También en su artículo 99 establece que el Presidente de la Comisión estatal de Derechos Humanos sí es sujeto de juicio político.
*La Constitución ampara que cualquier ciudadano bajo su responsabilidad y mediante la presentación de las pruebas correspondientes puede formular la denuncia de juicio político ante el Congreso del Estado. Y que corresponde a éste dar el curso correspondiente a la denuncia y en su caso sancionar, destituir o inhabilitar al servidor público.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán en su artículo 12 dispone que una vez recibida y ratificada por el Oficial Mayor la denuncia de juicio político, dentro de los tres días naturales siguientes se turnará de inmediato a la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales para que dictamine: si la conducta atribuida es procedente; si el indiciado es sujeto de juicio político conforme a la ley; si la denuncia es procedente y por lo tanto iniciar el procedimiento respectivo.Sin embargo, a casi dos meses de haberse presentado la demanda antes señalada, ni la Oficialía Mayor del Congreso del Estado ni la Comisión de Puntos Constitucionales han dado respuesta a la solicitud ni admitido la demanda, hecho que contraviene la normatividad de la entidad antes citada, pues sólo deben esos dos órganos legislativos verificar que se cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la ley, no hacer un análisis del fondo del asunto, situación que en su momento le correspondería a la comisión instructora que a ese efecto se nombre. Esto sin duda es una violación no sólo a la ley sino a la Constitución misma, por parte del Congreso local.

REITERAMOS que se propuso el siguiente Punto de Acuerdo

ÚNICO. Se exhorta al Congreso del Estado de Yucatán para que admita la demanda de juicio político presentada por diversas organizaciones civiles en contra del licenciado Jorge Victoria Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán y con ello se dé cumplimiento a lo establecido en la Constitución del estado de Yucatán y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Estimados lectores, lo que puede suceder es muy serio, pues de proseguir el Congreso de Yucatán con su intención de “elegir a los nuevos consejeros” para sustituir a los que renunciaron, estarían poniendo en riesgo la legalidad del Estado de Yucatán. Las y los diputados del Congreso del Estado tienen la palabra para evitar que con justificaciones legaloides se VIOLENTE el ESPIRITU DE LA LEY, las y los diputados de TODOS los partidos políticos deberán asumir su responsabilidad y el costo político-electoral de darle la espalda a las denuncias de la sociedad, porque tengan la plena seguridad de que desde la Sociedad Civil Organizada de Yucatán se hará lo propio!
http://www.poresto.net/ciudad/29010-el-juicio-al-presidente-de-la-codhey-llega-a-la-camara-de-diputados