Las barreras también las fijan los gobiernos

Laura Toribio
04-Diciembre-2008
El sector público también contribuye a discriminar a la personas con discapacidad.

Según la última Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño realizada en 2003, en México hay nueve millones de personas con discapacidad, y únicamente 450 mil (0.8 por ciento de la población económicamente activa nacional) tienen trabajo en las instituciones de gobierno, porcentaje muy inferior al de países europeos.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ayer se reconoció que el país aún está muy carente de políticas incluyentes, sobre todo en la administración pública.
El secretario técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, José Javier Osorio Salcido, informó que junto con la Secretaría del Trabajo se está promoviendo la incorporación progresiva de las personas con discapacidad a la función pública, y además la elaboración programas de capacitación para incluirlos en las empresas.
Se calcula que 200 mil personas con discapacidad son funcionarios públicos de los gobiernos de los estados. Y que en las secretarías federales trabajan 255 mil personas con discapacidad.
La meta para 2012 es incrementar en 100 por ciento el número de personas con discapacidad integradas laboralmente en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Esto tomando en cuenta que la Encuesta Nacional de Discriminación de 2005 señala que 41 por ciento de los entrevistados considera que las personas con discapacidad no trabajan tan bien como los demás.
“En el sector público todavía no lo definimos bien el porcentaje, la Secretaría del Trabajo trae un porcentaje muy amplio; inclusive nos había propuesto el cuatro por ciento de las personas con discapacidad incluirlas en la función pública; pero España, que tiene un porcentaje más amplio, todavía no alcanza el dos por ciento, España tiene 1.9 por ciento de incorporación.
“Creemos que podemos fijarnos metas amplias para cubrir los espacios en la inclusión a las personas con discapacidad en las instituciones públicas, pero obviamente con la Ley del Servicio Profesional de Carrera ya se están compitiendo las plazas, también estamos incluyendo a las personas con discapacidad de acuerdo a los talentos que tienen para desarrollar el puesto”, señaló Osorio.
El secretario técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad aseveró que los legisladores tienen la obligación de armonizar la Ley General de las Personas con Discapacidad con la Convención de las Naciones Unidas.
Actualmente, en la Cámara de Diputados hay 15 iniciativas para reformar dicha ley que fue publicada desde 2005 pero nunca se reglamentó. La postura del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) es que la ley no sólo debe ser modificada sino abrogada porque ya quedó rebasada al mantener un enfoque asistencialista y medicalista.
Sin embargo, Osorio Salcido consideró que no es necesario hacer una nueva ley.
En entrevista, Amalia Gamio Ríos, coordinadora del Programa para los Derechos de las Personas con Discapacidad del Conapred, afirmó que se tendría ya que pensar en establecer un Instituto Nacional de Discapacidad que tenga la fuerza para coordinar la elaboración de políticas públicas.
“Se tiene que pensar en un Instituto, como el de las Mujeres o el de Adultos Mayores, que realmente pueda establecer coordinación para el establecimiento de políticas publicas y separarlo de los aspectos de salud, porque eso nos remarca enormemente el enfoque medicalista”, dijo
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/pulsonacional/las_barreras_tambien_las_fijan_los_gobiernos/434391