Ante el desprecio de la vida… ¡Ahora lo que sigue! Una propuesta basada en Derechos Humanos

Observo, con gran preocupación como el gobierno, tanto de Peña Nieto como de Mancera, intentan dar trámite “fast track” a la tragedia ocurrida por los terremotos del 7 y 19 de septiembre, pareciera una fase de “tramitología del desastre”, que todo salga rápido y en friega. Recurriendo a esquemas financieros para “reconstruir” viviendas de personas afectadas, sin que esto termine de convencernos.

La razones muy sencillas: 1ª el proceso electoral, el cual arranca en medio de esta tragedia, intentado frenéticamente de tapar rápido, cualquier acto de corrupción y negligencia, con el objetivo de menguar el castigo ciudadano en su intención de voto para 2018; porque en este caso, tanto los partidos que componen el Frente Amplio: PRD y PAN, han sido los gobiernos protagonistas del desastre ocurrido en la estrenada Ciudad de México, así como en Morelos y Puebla –como leí hace unos días por ahí, “los desastres se construyen no son fortuitos”, junto al PRI en Puebla también, Oaxaca y Chiapas; 2ª esta clase política guiada por viejos preceptos, como el famoso “año de Hidalgo”, efectos que veremos después a finales del próximo año; y bueno finalmente, la 3ª sacar raja política, como ya se ha censurado en medios de comunicación.

Sin embargo, y ante la prontitud de limpiar los escombros, otorgar financiamientos e intentar en un esfuerzo esquizofrénico de los políticos por devolver la normalidad a estas entidades federativas, existen los tiempos de las víctimas, de la población en general que nos vemos atropelladas, no por menos decir, avasalladas por la inercia que han generado, por eso es necesario hacer un alto y detenernos por un instante a pensar las cosas, para poder evaluarlas y estar en posición de reaccionar.

El proceso de reconstrucción debe ser un acto de profundas modificaciones ciudadanas, debemos de comenzar a plantearnos seriamente las condiciones y principios sobre los cuales nos regiremos en nuestra edificación, cambios que no alcanzarán tan solo con los resultados en las urnas, sino que tienen que ir más allá en su alcance, estos que deben de regirse por un compromiso sustancial para recuperar nuestra dignidad humana como sociedad; tomando en cuenta en todo momento la seguridad humana para su planteamiento.

Para tal encomienda, es necesario hacer constantemente ejercicios de otredad a fondo. Por ejemplo, pensemos por un momento, que compramos un departamento; representa un patrimonio que se ha forjado con el trabajo cotidiano, con esfuerzos severos a nuestras finanzas, a privarnos de muchas cosas, con tal de tener un espacio, un lugar propio donde vivir, pensando muy probablemente en la seguridad de envejecer de manera digna, con un techo que nos cubra y un bien económico para nuestros familiares en un futuro. Ahí mismo, se forja la familia, espacios que dejan de ser solo paredes, generan un sentimiento de pertenencia, de protección, el lugar donde descansar sin temores ni miedo: el hogar, recubierto de electrodomésticos, centros de entretenimiento y tecnológicos, muebles y demás para la consecución de nuestro día a día, alguno de ellos obsequiados por seres queridos, con enorme valor sentimental. También, es el lugar donde guardamos inversiones monetarias o de otro tipo, como automóviles y demás. Este espacio, también puede ser rentado, pero con cada pago se asegura la tranquilidad de vivir bajo el cobijo de un techo para nosotros y nuestras familias; estas que son extendidas.

Lo mismo sucede, con  los centros educativos, las escuelas junto con todo el bagaje que esto tiene, será el segundo hogar de nosotros o de nuestros descendientes, espacios seguros, donde serán cuidados.

Toda esta seguridad es generada por el contrato social que nos hemos dado y establecido, por medio de una serie de normatividades y regulaciones que generan la certeza, de que se encuentran protegidas nuestras vidas y las de nuestros seres queridos, esta confianza que se otorga al tenerle por cierto, ya que todo en teoría se encuentra en orden. No pensamos al comprar una propiedad, que estamos frente a un robo o fraude; pues sí se está construyendo, es porque cuenta con el cumplimiento de toda la normatividad al respecto, los permisos y la revisión de las autoridades para que se cumpla; sin embargo, buscamos siempre, que se nos proporcione toda la información posible, para checar, por cuenta propia que esto suceda, realizando quizás torpemente y sin ser especialistas en la materia, nuestra propia investigación. Así, asumimos que se actúa de buena fe, lo que para los derechos humanos es interpretada como comportamiento fraterno y deberes con la comunidad debidamente cumplidas. 

Un día, un movimiento telúrico, cambia toda esa seguridad, se desploman o dañan nuestras propiedades; no solo se pierden las paredes, se pierden los hogares, la seguridad, los patrimonios, nuestras propias vidas, las vidas de seres amados. Entonces se desploma el contrato social que hemos firmado, observar que otras personas, que viven a lado nuestro no perdieron sus propiedades, y nosotros sí, es la peor zozobra posible. Así, no solo se aplastaron vidas sino también la dignidad humana.

En el momento, la reacción de rescate, arropada por la sociedad ciudadana, el consuelo entre nosotras, las personas comunes y corrientes, genera un ánimo de campo de seguridad, de solidaridad fraterna con quien lo ha perdido todo. Esperando la actuación de las autoridades para poner todo en orden; sin embargo, esto no llegó, la apropiación del rescate cercó toda posibilidad de confianza con los poderes, siendo el cerco informativo la confirmación de ello; las devastadoras denuncias de familiares por la inacción de las autoridades, en el rescate de los seres queridos, dan testigo de la grotesca escena; posteriormente el robo de bienes fue aún peor; es necesario reconocer que la tragedia nacional se vive en dos vías, entre aquellas que sin poder alguno logramos mucho y aquellos que con todo y su poder lograron poco.

Tal ejercicio, nos hace dimensionar que por cada edificación dañada o derribada por el sismo, constituye una violación a los derechos humanos, con dos dimensiones: la individual como víctimas directas, y la colectiva por el temor generalizado de incertidumbre; ambas se constituyen como víctimas por la corrupción. Definida por transparencia internacional como: “el abuso del poder encomendado para el beneficio propio”; propuesta que cuenta con tres elementos sustanciales:

Primero: el abuso de poder, como aquel exceso de atribuciones y fuerza que realiza la autoridad –la cual es planeada, elaborada y ejecutada por una persona o grupo de personas que se encuentran en funciones públicas- poniéndose de acuerdo en cómo violar la ley, dando como resultado, la ubicación en situación de vulnerabilidad a las personas y sus derechos humanos;

El segundo, la encomienda: encargo que somete a la autoridad a capricho y voluntades de intereses mezquinos, es decir, alguien que tienen a su disposición a servidores públicos y representantes para la realización de una acción que contravenga la ley o peor, que se modifique a su antojo para favorecerles con objetivos específicos y claros –realizada por particulares que buscan violar la normatividad;

Tercera, beneficio propio: en provecho de intereses individualistas -autoridades y particulares-, que trae consecuencias graves a otras personas y a la sociedad en su conjunto, como la pérdida de la vida y el deterioro de su calidad.

Por lo anterior, se viola el artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que establece en su parte final, la obligación de observar un comportamiento fraternal entre seres humanos, relacionado con el artículo 25 al violar los deberes respecto a la comunidad, ambos artículos bajo una dimensión de solidaridad. Lo que implica desde luego, no actuar corruptamente, y no caer en impunidades al momento del castigo.

A partir de lo anterior, las violaciones a los derechos humanos en puntual se conforman por no cumplir con las obligaciones de México como Estado Parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por no liberar a nuestra sociedad del temor y la miseria; antes, durante y posterior a la catástrofe, violando los artículos:

1° Por actos de corrupción e impunidad, en relación al nulo respeto y protección de la dignidad humana, y del comportamiento fraterno;

3° No se procuró salvaguardar la vida de quienes la perdieron, debido a la corrupción en la construcción de edificios derrumbados por el terremoto, así como a su seguridad; en una segunda dimensión tampoco se cumple en la actualidad con las personas damnificadas;

8° Debido al estado de impunidad, se violenta el derecho a un recurso efectivo que le ampare contra actos de corrupción, que llevo a la perdida de seres queridos, salud y patrimonio. Por tanto, representa la inseguridad jurídica estando a merced del gobierno, que provocó con su mala actuación el deterioro en la calidad de vida de las víctimas;

 En concordancia con lo anterior, se encuentran violentados los artículos 16.3 derecho de la familia, 17 propiedad privada, 19 libertad de expresión en su dimensión de recibir información, 22 derecho a la seguridad, 25.1 nivel de vida adecuado, 26 educación, 27 culturales y  29.1 de los deberes de las personas.

Para la Reconstrucción

En un intento por tratar de concentrar la reconstrucción a raíz de las violaciones a los derechos humanos, nos encontramos con varias vías, todas ellas fundamentadas principalmente en el principio PROPERSONA, es decir, todas las acciones para la re-edificación deben ser pensadas, diseñadas, planeadas y ejecutadas en el sentido más amplio de protección a la dignidad de las personas damnificadas, por tanto las posibles vías son:

1° La vía de resarcir el daño:

Estas acciones son la materialización de las políticas públicas en bienestar para las víctimas del sismo, así las fases de esta vía sería:

a      Regresar al estado anterior, previo al terremoto, la calidad de vida creada por cada persona; por tanto, se les debe resarcir en su totalidad sus documentaciones, propiedades e inversiones.

Acciones:

a.1 Se les debe dar la calidad de víctimas;

a.2 Se debe de construir viviendas ubicadas en las demarcaciones donde tenían sus propiedades y no desplazarles a otras partes; por ello, darles un crédito constituye un acto mezquino re-victimizante y vuelve a violar derechos humanos por parte del gobierno, ya que el dinero con que se reconstruirá no le pertenece al gobierno, sino al Estado quien es el “resarcidor”, al mismo tiempo no solo las constructoras fueron las corruptas si no el mismo gobierno que ahora intenta resarcirles, la cuenta debe ser pagadas por ambas partes;

a.3 Se debe crear protocolos de atención, para tramitarles: credencial del INE, actas de nacimiento, escrituras, pasaportes, títulos y cédulas profesionales, así como cualquier otro documento acreditador que poseían con anterioridad, para cualquier trámite, como son facturas de automóviles, tarjetas de circulación y licencias de manejo, seguros de vida, automóviles y vivienda, credenciales de la tercera edad.

b    Actos de no repetición. Como reglamentos de construcción más estrictos, fiscalización de procesos en designación de licencias de construcción y remodelación:

b.1 Espacios urbanos: los cuales deberían generar una red de lugares seguros en casos de catástrofes naturales, son vías que deben estar libres de obstáculos que les puedan dañar, como es el caso de los postes de luz, son una trampa, una telaraña que actualmente contienen miles de cables, es necesario que el gobierno de la ciudad les quite y distribuya de otra manera, también el tipo de material y la distancia de entierro debe ser proporcional al peso, ya que la gran mayoría de ellos esta ladeado y en mal estado, incluso antes de los sismos;

b.2 Espacios educativos: después de observar los videos, de evacuación de las estancias del ISSSTE y la forma en como actuaron para sacar y proteger a todos esos menores de edad; y de la caída de la escuela Rebsamen, así como el deterioro de cientos de escuelas, se debe cambiar la norma de construcción de los centros escolares de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, los cuales deben ser no mayores a un piso, así como escaleras independientes y en buena cantidad, que no se caigan con el sismo;

b.3 Distribución de espacios educativos: la cantidad de alumnado por salón debe ser el adecuado para permitir evacuación pronta, que mochilas no se encuentren estorbando, así como dos puertas de salida por salón;

b.4 Revisión de protocolos de acción en las escuelas, para checar escenarios de repliegue y contención, así como de evacuación.

b.5 Realizar, por lo menos una vez al mes, simulacros por protección civil;

b.6 Programas de prevención del desastre, como puede ser: implementar el uso de silbatos, kits de protección (mochilas con lo necesario ante desastres naturales); en cines contar con videos para informar en caso de alerta sísmica como actuar, muy parecido a los que utiliza el Auditorio Nacional), generar protocolos para detener cualquier construcción que se esté llevando en ese momento para ser evaluado por peritos;

b.7 Generar protocolo de auditoria ciudadana, el cual generará procedimientos de seguridad estructural, resultando en un documento que certifique por parte del gobierno, que las edificaciones son seguras, con el objetivo de tener un mecanismo de control contra la corrupción, ya que al extender estos documentos, sí se hace de manera corrupta, serían el medio documental comprobatorio de ello y poder materializar así la corrupción y negligencia.

b.8 Gentrificación, se debe de regular la venta de casas para ser demolidas y construidos edificios, lo que deteriora la calidad de vida de las personas originarias, impactando en altos niveles de contaminación, tráfico de todo tipo, falta de agua, subida de impuesto predial y modificaciones a patrones conductuales colectivos por quienes llegan a estos espacios;

b.9 Accesibilidad, para que personas de la tercera edad y con algún tipo de discapacidad, dejar las escaleras por rampas, con inclinaciones adecuadas, zonas de seguridad y pasamanos adecuados, luz auxiliar y que sean resistentes a sismos;

Así mismo, cuando se adquiera una propiedad, la inmobiliaria deberá entregar un expediente de seguridad, el cual deberá estar compuesto con el certificado de seguridad, ubicación del inmueble dentro del mapa de riesgos de la Ciudad de México, áreas de seguridad, y protocolos de actuación en casos de sismos, incendios e inundaciones;

c      2ª De re-dignificación. En dos ámbitos, derecho a la verdad y construcción de memorial.

3ª La responsabilidad: ésta a diferencia de la anterior, se va a los aspectos profundos de investigar la razón real y verdadera de la caída de estructuras, en donde se explique el impacto real de gentrificación, sí existe responsabilidad de las constructoras y/o de las autoridades o ambas, con la diferencia que se requiere de responsables físicos y no meramente “simbólicos”, los cuales no van a la cárcel. Ya que la percepción que compartimos muchas personas, es que se ha sobre construido en estos dos últimos sexenios de manera irresponsable, hemos visto como en una misma calle al mismo tiempo se construyen 2 o tres edificios, el caso de la delegación Benito Juárez, resulta ser paradigmática, ya que cuenta con una cantidad importante de estas edificaciones que van de todos los tamaños habidos y por haber.

A parte de las construcciones menores a doce años, se encuentran también las más antiguas, como aquellas que se encuentran sobre Eje Central; conocer sí existía por parte de quienes ahí vivían que el edificio se encontraba o no con problemas visiblemente expuestas, y saber sí el gobierno y protección civil tenían conocimiento o no, y conocer cómo se actuó caso por caso, ya que son más de 3 mil estructuras dañadas.

Y así, estar en posibilidades de poder fincar responsabilidad a empresas constructoras y autoridades, quienes concedieron permisos y supuestamente fueron visitadas; será necesario revisar estudios de dinámica de suelos, vibraciones etc. Ya que la violación a los derechos humanos genera una fuerte ruptura de la confianza de las personas gobernadas a los gobernante, esta debe de reconstruirse también, por medio de la actuación de peritajes, autónomos independientes y con reconocimiento de su calidad profesional, lo que deja fuera a  ingenieros y arquitectos pagados por gobiernos y por empresas constructoras, debido a que no se puede ser juez y parte, tiene que ser un tercero, entre ellos se encuentra la vía internacional.

Otra parte de la responsabilidad recaerá en las escuelas, es necesario analizar parte por parte lo sucedido en el Colegio Rebsamen, saber sí son ciertas las anomalías que se difundieron por redes sociales o no, y sí fueran comprobadas la necesidad de actuar contundentemente conforme a las responsabilidades que van desde dueños, protección civil, SEP y autoridades tanto delegacionales como de gobierno central. Esto pone en la lupa a todo el sistema de escuelas privadas en México, es necesario generar un protocolo de certificación de seguridad, de la misma forma que replantear investigaciones a dueños de estos, y de protocolos de actuación caso por caso, ya que las edificaciones no son homogéneas, lo cual deberían de serlo.

Otro punto, son los  centros de trabajo, oficinas que se encuentran dañadas, la gran mayoría son gubernamentales, por tanto, se debe de investigar a dueños y funcionarios públicos, ya que se tiene la percepción que estos son rentados por los mismo círculos de Poder, obligando a regresar a laborar dentro de ellos, cuando estos no presentan seguridad para personas trabajadoras; igualmente se debe de extender certificado de seguridad;

4a vía. La certeza. Este debe constar de:

La administración de los recursos, tanto monetarios como materiales y en especie donados por la ciudadanía. Y es que se necesita certeza real que estos no vayan a ser desviados por el gobierno; existe información del domino público que palas y demás donaciones fueron ya apropiadas por el gobierno, nuevamente se deben de asignar a protección civil y no a militares y policías, porque nuevamente es necesario recordarle al gobierno que no existe la desconfianza en ellos.

Es necesario que sea de conocimiento general las zonas de riesgo para construcciones, avalado por sociedad civil y academia.

Aquí nada de que no hay culpables, nada que fue el pasado, nada que no se sabía; acá se trata de violaciones graves a los derechos humanos, los cuales fueron realizados por dos partes, el gobierno y las empresas o particulares, la respuesta ahora tiene que ser otra; porque no basta con que los partidos políticos renuncien, sedan o como se les quiera llamar el término técnico, de no recibir o donar las prerrogativas para las campañas, sino la calidad de la justicia, esta que debe ser social, debe ser subjetiva para aplicar a cada persona por su caso en particular, y que debe ser ejemplar, nunca más otro 85, sin responsables y sin justicia.

Por la conquista de nuestros derechos.

Rodolfo Vitela Melgar

Ciudadano Libre.