Por Silvia Garduño
Buscan hacer visible este fenómeno en México. Presentan diagnóstico sobre condiciones de vulnerabilidad la CNDH y CEIDAS
(8 septiembre 2009).- Las niñas mixtecas de 8 y 9 años de edad, Sol y Marimar, fueron vendidas por su padre. Terminaron en un prostíbulo en Nueva York, donde eran explotadas sexualmente.
"Casi no nos daban de comer, y si no queríamos ir con los señores, nos golpeaban, nos castigaban, nos metían palos en la colita.
"Con señores de la Embajada de México, nos trajeron a México y el DIF nos mandó de regreso a nuestra casa. Mi papá se enojó mucho y en menos de dos semanas nos volvió a vender por dos chivas y dos cartones de cerveza y nos dijo que no nos quería volver a ver ahí.
"Estábamos nuevamente en el mismo burdel en Nueva York", relata una de las menores que fueron rescatadas por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, una organización no gubernamental que lucha contra la trata de personas.
Su testimonio ha sido incluido en el Primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, elaborado por la CNDH y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), presentado ayer en el Senado.
En dicho informe, los organismos sostienen que la trata de personas es un delito que se comete al amparo de la invisibilidad y de la impunidad; además, cuestionan la falta de un sistema de información que permita describir con precisión los alcances.
"Pudo documentarse que en el ámbito de las políticas públicas, el Gobierno federal y los Gobiernos estatales cuentan con programas con bajas capacidades para prevenir y combatir la trata de personas", advirtió Mario Luis Fuentes, director de CEIDAS.
En 2008, cuando entró en vigor la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, el Gobierno federal únicamente inició 24 averiguaciones previas por este delito.
De las 24 averiguaciones previas, solamente dos han sido consignadas, señala el estudio con base en información reportada por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
Entre las víctimas se encuentran mujeres mexicanas y extranjeras, procedentes principalmente de El Salvador, Corea, Argentina, China, Honduras, Perú y Guatemala.
En 2008, sólo se dio atención a 30 personas víctimas del delito de trata de personas.
"Debe hablarse de una indiferencia por parte de los gobiernos. La trata de personas no forma parte de las prioridades del Estado", señala el documento.
El ex director del DIF Nacional cuestionó que la implementación de la Ley ha sido muy lenta.
"El Programa Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas no se ha elaborado y la Fiscalía especializada para perseguir este delito no tiene titular", manifestó.
Hace unos días, Guadalupe Morfín, titular de la Fiscalía renunció a su cargo para contender por la presidencia de la CNDH.
Explotación hacia EU
México es el segundo país que más víctimas de trata provee a EU:
(Número de casos en 2007)
Tailandia 48
México 42
Guatemala 23
Filipinas 22
China 21
Otros países 144
Así lo dijo
"Las dependencias responsables de la persecución y prevención del delito aportan poca información sobre el delito de trata de personas. Por otro lado, el número de casos identificados es pequeño en relación con la magnitud del delito".
Diagnóstico de CNDH y CEIDAS
Impulsan denuncia
(8 septiembre 2009).- El Observatorio Nacional contra la Trata de Personas, que encabeza la CNDH, tiene como fin establecer vínculos de colaboración entre autoridades y sociedad civil para prevenir e sancionar e impulsar la cultura de la denuncia sobre este delito.
Además de la CNDH, el Observatorio estará conformado por los tres niveles de gobierno, organizaciones gubernamentales, comunidades indígenas, asociaciones religiosas, académicos, organizaciones sindicales y empresariales.
"El Observatorio será un instrumento frente a la necesidad de dar seguimiento a las acciones de las autoridades y los esfuerzos gubernamentales que se llevan a cabo en materia de prevención, persecución y sanción del delito de trata de personas
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
Fecha de publicación: 8 septiembre 2009
martes, 8 de septiembre de 2009
lunes, 7 de septiembre de 2009
Otras 5 semanas de cárcel para Jacinta, pese al "no acuso" de la PGR
Organización Editorial Mexicana
5 de septiembre de 2009
El Sol de México
Ciudad de México.- Otras cinco semanas deberá pasar en prisión Jacinta Francisco Marcial, así como Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas por la Procuraduría General de la República (PGR) de secuestrar el 26 de agosto de 2006 a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal e Investigaciones (AFI) en Querétaro, no obstante que esta dependencia presentó "conclusiones no acusatorias", afirmó Leopoldo Maldonado, abogado de la indígena.
En entrevista con este diario, Leopoldo Maldonado, también abogado del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", señaló que la dependencia respondió de esta forma debido a que un tribunal unitario de circuito ordenó la reposición del juicio, toda vez que se encontraron "contradicciones sustanciales en la acusación, porque hay una duda razonable en cuanto a la responsabilidad de Jacinta y sus coacusadas", por parte del Ministerio Público Federal y del juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en Querétaro.
Afirmó que la liberación podría darse antes si la PGR actúa con diligencia y se desahogan los 60 careos procesales que aún deben desarrollarse para determinar si Jacinta Francisco Marcial fue la responsable del delito.
En este sentido, adelantó que el próximo 14 de septiembre se realizará una audiencia donde la Procuraduría deberá presentar a cuatro de los seis elementos que supuestamente fueron privados de su libertad cuando realizaban un operativo contra la piratería en el poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, para que una vez desahogados los procesos y el posterior cierre de la instrucción que decrete el juez, la PGR deba presentar las "conclusiones no acusatorias", que en términos concretos significaría retirar las acusaciones contra las tres procesadas.
* Acompañantes
El litigante afirmó que con la liberación de Jacinta, también abandonarían el Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes son coacusadas por el delito de privación ilegal de la libertad, porque no habría responsabilidad para nadie, aunque la Procuraduría sólo se refiera a Jacinta.
Asimismo, señaló que en cuanto salga libre Jacinta se solicitará a la PGR actuar de oficio para "establecer las responsabilidades correspondientes, tanto penales como administrativas" a los responsables de la injusta encarcelación.
Cabe recordar que Jacinta Francisco Marcial, de 46 años, quien ha estado presa por más de tres años, antes de su detención se dedicaba al comercio en la vía pública
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1313576.htm
Exigen sanciones a servidores públicos por caso Jacinta
Organización Editorial Mexicana
5 de septiembre de 2009
Manrique Gandaria / El Sol de México
Ciudad de México.- La liberación de la indígena Jacinta Francisco Marcial es apenas el primer paso de una serie de medidas que deben tomarse para reconocerle su inocencia y repararle el daño, además debe sancionarse a los servidores públicos que mintieron sobre este caso, exclamó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
A través de un comunicado, el organismo consideró que el de Jacinta es un caso paradigmático en México, pues quedó demostrado lo vulnerables que pueden ser las mujeres frente al sistema de procuración y administración de justicia que hay en el país.
"Esto ocurre sobre todo cuando se combinan condiciones como ser indígena y pobre, ahí toma forma una triple discriminación y violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que no deben tener cabida en una sociedad que se precie de ser democrática", se dijo.
El Inmujeres se congratuló con el anuncio de la PGR de que en el proceso penal 48/2006, que se sigue en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, en contra de Jacinta Francisco Marcial y coacusadas, por el presunto secuestro de seis servidores públicos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), formulará "conclusiones no acusatorias", lo que le permitirá obtener de inmediato la libertad a esta indígena otomí.
Consideró que la liberación de Jacinta es apenas el primer paso de una serie de medidas que deberá tomar la PGR en reconocimiento de su inocencia, así como de las coacusadas, como repararle el daño por los más de tres años en los que fue injustamente privada de su libertad.
Pero, sobre todo, indicó, iniciar las investigaciones para fincar responsabilidades de aquellos servidores públicos de la PGR que hayan falseado información o hechos que trajeron como consecuencia el inicio del procedimiento penal en contra de Jacinta, así como de las coacusadas: Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
El instituto confió en que la PGR encontrará en este caso la extraordinaria oportunidad para implementar en el futuro normas internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, e incorporar la perspectiva de género y etnia en su quehacer institucional, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres y el que no se repitan estos hechos.
Destacó que continuará atendiendo a su mandato de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres en México, con el seguimiento al proceso en contra de Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, y confía que en breve sean también absueltas por el delito de secuestro, pues el Inmujeres, al igual que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional y la CNDH, a través de la Recomendación 47/2009.
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1313575.htm
5 de septiembre de 2009
El Sol de México
Ciudad de México.- Otras cinco semanas deberá pasar en prisión Jacinta Francisco Marcial, así como Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas por la Procuraduría General de la República (PGR) de secuestrar el 26 de agosto de 2006 a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal e Investigaciones (AFI) en Querétaro, no obstante que esta dependencia presentó "conclusiones no acusatorias", afirmó Leopoldo Maldonado, abogado de la indígena.
En entrevista con este diario, Leopoldo Maldonado, también abogado del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", señaló que la dependencia respondió de esta forma debido a que un tribunal unitario de circuito ordenó la reposición del juicio, toda vez que se encontraron "contradicciones sustanciales en la acusación, porque hay una duda razonable en cuanto a la responsabilidad de Jacinta y sus coacusadas", por parte del Ministerio Público Federal y del juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en Querétaro.
Afirmó que la liberación podría darse antes si la PGR actúa con diligencia y se desahogan los 60 careos procesales que aún deben desarrollarse para determinar si Jacinta Francisco Marcial fue la responsable del delito.
En este sentido, adelantó que el próximo 14 de septiembre se realizará una audiencia donde la Procuraduría deberá presentar a cuatro de los seis elementos que supuestamente fueron privados de su libertad cuando realizaban un operativo contra la piratería en el poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, para que una vez desahogados los procesos y el posterior cierre de la instrucción que decrete el juez, la PGR deba presentar las "conclusiones no acusatorias", que en términos concretos significaría retirar las acusaciones contra las tres procesadas.
* Acompañantes
El litigante afirmó que con la liberación de Jacinta, también abandonarían el Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes son coacusadas por el delito de privación ilegal de la libertad, porque no habría responsabilidad para nadie, aunque la Procuraduría sólo se refiera a Jacinta.
Asimismo, señaló que en cuanto salga libre Jacinta se solicitará a la PGR actuar de oficio para "establecer las responsabilidades correspondientes, tanto penales como administrativas" a los responsables de la injusta encarcelación.
Cabe recordar que Jacinta Francisco Marcial, de 46 años, quien ha estado presa por más de tres años, antes de su detención se dedicaba al comercio en la vía pública
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1313576.htm
Exigen sanciones a servidores públicos por caso Jacinta
Organización Editorial Mexicana
5 de septiembre de 2009
Manrique Gandaria / El Sol de México
Ciudad de México.- La liberación de la indígena Jacinta Francisco Marcial es apenas el primer paso de una serie de medidas que deben tomarse para reconocerle su inocencia y repararle el daño, además debe sancionarse a los servidores públicos que mintieron sobre este caso, exclamó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
A través de un comunicado, el organismo consideró que el de Jacinta es un caso paradigmático en México, pues quedó demostrado lo vulnerables que pueden ser las mujeres frente al sistema de procuración y administración de justicia que hay en el país.
"Esto ocurre sobre todo cuando se combinan condiciones como ser indígena y pobre, ahí toma forma una triple discriminación y violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que no deben tener cabida en una sociedad que se precie de ser democrática", se dijo.
El Inmujeres se congratuló con el anuncio de la PGR de que en el proceso penal 48/2006, que se sigue en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, en contra de Jacinta Francisco Marcial y coacusadas, por el presunto secuestro de seis servidores públicos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), formulará "conclusiones no acusatorias", lo que le permitirá obtener de inmediato la libertad a esta indígena otomí.
Consideró que la liberación de Jacinta es apenas el primer paso de una serie de medidas que deberá tomar la PGR en reconocimiento de su inocencia, así como de las coacusadas, como repararle el daño por los más de tres años en los que fue injustamente privada de su libertad.
Pero, sobre todo, indicó, iniciar las investigaciones para fincar responsabilidades de aquellos servidores públicos de la PGR que hayan falseado información o hechos que trajeron como consecuencia el inicio del procedimiento penal en contra de Jacinta, así como de las coacusadas: Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
El instituto confió en que la PGR encontrará en este caso la extraordinaria oportunidad para implementar en el futuro normas internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, e incorporar la perspectiva de género y etnia en su quehacer institucional, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres y el que no se repitan estos hechos.
Destacó que continuará atendiendo a su mandato de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres en México, con el seguimiento al proceso en contra de Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, y confía que en breve sean también absueltas por el delito de secuestro, pues el Inmujeres, al igual que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional y la CNDH, a través de la Recomendación 47/2009.
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1313575.htm
Falta de información favorece a la discriminación
Agencias
El Director de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón, Ignacio Mendoza Wong Sánchez, dijo que la mayor parte de las personas que ven en la calle a un indocumentado pidiendo dinero, lo relacionan con un delincuente cuando su único objetivo al igual que millones de mexicanos, es encontrar un trabajo para producir ingresos y obtener una mejor calidad de vida.
[1]Torreón.- El Director de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón, Ignacio Mendoza Wong Sánchez, manifestó que la falta de educación e información entre la comunidad tiene como resultado la discriminación y el desinterés humano por ser solidarios con otras personas de diferentes culturas, orígenes y creencias.
Dijo que la mayor parte de las personas que ven en la calle a un indocumentado pidiendo dinero, lo relacionan con un delincuente cuando su único objetivo al igual que millones de mexicanos, es encontrar un trabajo para producir ingresos y obtener una mejor calidad de vida.
En ese sentido, recomendó que tanto instituciones educativas y empresas, destinen parte de su programa laboral, acciones de contribución social y compresión “y más en esta temporada de rachas de inseguridad y la crisis”, expuso.
“Nos cegamos ante las ayudas que piden estas personas, de cierta forma nos mentalizamos pensando que si les damos dinero o alguna contribución alimenticias, estaríamos apoyando a un delincuente o una persona que viene a México a ganarse la vida momentáneamente mientras cruzan la frontera con Estados Unidos, y pareciera que quisieran hacernos daños, no nos podemos quejar el trato de las autoridades norteamericanas cuando en este país se hace exactamente lo mismo o a veces hasta peor”, explicó.
Al respecto, señaló que instituciones religiosas y organismos empresariales han tenido que “tomar cartas en el asunto” ya que los migrantes no son considerados como tal y sin una seria responsabilidad ciudadana”, agregó.
“Es claro que todos conocemos a un amigo, familiar, compañero de la escuela o cualquier otra persona que sabe o alguna vez intentó cruzar la frontera y conseguir el sueño americano, ahí nos podemos dar cuenta cuál es la realidad de estas personas que viven extorciones, robos, maltratos físicos y psicológicos y siempre viajan en una situación indigna y sin ninguna prevención de riesgos”, indicó.
Al respecto comentó que la Iglesia Católica de Torreón, trabaja en proyectos como el de banco de alimentos y ropa, además de difundir debidamente la ayuda sobre las necesidades que estas personas tienen.
Torreón Estados
http://www.milenio.com/node/280654
El Director de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón, Ignacio Mendoza Wong Sánchez, dijo que la mayor parte de las personas que ven en la calle a un indocumentado pidiendo dinero, lo relacionan con un delincuente cuando su único objetivo al igual que millones de mexicanos, es encontrar un trabajo para producir ingresos y obtener una mejor calidad de vida.
[1]Torreón.- El Director de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón, Ignacio Mendoza Wong Sánchez, manifestó que la falta de educación e información entre la comunidad tiene como resultado la discriminación y el desinterés humano por ser solidarios con otras personas de diferentes culturas, orígenes y creencias.
Dijo que la mayor parte de las personas que ven en la calle a un indocumentado pidiendo dinero, lo relacionan con un delincuente cuando su único objetivo al igual que millones de mexicanos, es encontrar un trabajo para producir ingresos y obtener una mejor calidad de vida.
En ese sentido, recomendó que tanto instituciones educativas y empresas, destinen parte de su programa laboral, acciones de contribución social y compresión “y más en esta temporada de rachas de inseguridad y la crisis”, expuso.
“Nos cegamos ante las ayudas que piden estas personas, de cierta forma nos mentalizamos pensando que si les damos dinero o alguna contribución alimenticias, estaríamos apoyando a un delincuente o una persona que viene a México a ganarse la vida momentáneamente mientras cruzan la frontera con Estados Unidos, y pareciera que quisieran hacernos daños, no nos podemos quejar el trato de las autoridades norteamericanas cuando en este país se hace exactamente lo mismo o a veces hasta peor”, explicó.
Al respecto, señaló que instituciones religiosas y organismos empresariales han tenido que “tomar cartas en el asunto” ya que los migrantes no son considerados como tal y sin una seria responsabilidad ciudadana”, agregó.
“Es claro que todos conocemos a un amigo, familiar, compañero de la escuela o cualquier otra persona que sabe o alguna vez intentó cruzar la frontera y conseguir el sueño americano, ahí nos podemos dar cuenta cuál es la realidad de estas personas que viven extorciones, robos, maltratos físicos y psicológicos y siempre viajan en una situación indigna y sin ninguna prevención de riesgos”, indicó.
Al respecto comentó que la Iglesia Católica de Torreón, trabaja en proyectos como el de banco de alimentos y ropa, además de difundir debidamente la ayuda sobre las necesidades que estas personas tienen.
Torreón Estados
http://www.milenio.com/node/280654
Reintegran a sus familias a 51 de 126 niños recuperados de Casitas del Sur
Israel Yáñez G
Ciudad
Lunes 7 de Sep., 2009
La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito informó que 51 de los 126 menores que fueron rescatados de los albergues de Casitas del Sur el pasado mes de enero ya fueron reintegrados a su ceno familiar, luego que dichas familias cumplieron con los requerimientos legales para recibir a los niños.
Las autoridades reconocieron que no ha sido fácil reintegrarlos a sus hogares, ya que muchos de ellos se canalizaron al albergue Casitas del Sur porque fueron víctimas de violencia intrafamiliar, como violación y abuso sexual, maltrato físico y emocional, y falta de cuidados y manutención por parte de sus padres.
Los mandos reconocieron que de los 51 menores regresados, una gran parte presenta un conflicto civil entre sus progenitores, quienes estaban en un proceso de divorcio o cualquier otro tipo de malentendido entre ellos, y que no necesariamente concernía a los niños.
Ante la complejidad del problema que se presentó en Casitas del Sur, las parejas hicieron todo lo posible por ponerse de acuerdo para recuperar a sus hijos y, de ese modo, 40 por ciento de los niños rescatados ha regresado satisfactoriamente al lado de sus padres o tutores, informaron las autoridades capitalinas.
Detallaron que alrededor de 32 menores —25 por ciento de los niños— quedaron en calidad de expósitos, y el Estado deberá hacerse cargo de ellos, por lo que fueron enviados a casas-hogar especializadas para su custodia.
Este grupo de menores fue identificado por personal de la casa-hogar y por la ex directora Elvira Casco Majalca, actualmente sujeta a proceso en un penal de máxima seguridad federal y quien informó a la PGJDF sobre la fecha y forma en que dichos menores llegaron a Casitas del Sur y cómo eran nombrados, por lo cual señaló a estos 32 menores como de origen incierto y sin ningún pariente.
Como resultado de los operativos del pasado 29 de enero en el predio ubicado en el número 125 de la calle de 16 de Septiembre, en la colonia San Miguel Xicalco, y en el numero 447 de la Autopista México-Cuernavaca, colonia San Pedro Mártir, el DIF nacional tomó a los menores bajo su custodia para su valoración.
De esta manera, los 75 menores restantes se encuentran bajo el resguardo del DIF nacional y de otros albergues a los que fueron canalizados, y todos ellos son parte de un proceso judicial ya sea por abuso sexual, violencia intrafamiliar o divorcios.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=456124
Ciudad
Lunes 7 de Sep., 2009
La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito informó que 51 de los 126 menores que fueron rescatados de los albergues de Casitas del Sur el pasado mes de enero ya fueron reintegrados a su ceno familiar, luego que dichas familias cumplieron con los requerimientos legales para recibir a los niños.
Las autoridades reconocieron que no ha sido fácil reintegrarlos a sus hogares, ya que muchos de ellos se canalizaron al albergue Casitas del Sur porque fueron víctimas de violencia intrafamiliar, como violación y abuso sexual, maltrato físico y emocional, y falta de cuidados y manutención por parte de sus padres.
Los mandos reconocieron que de los 51 menores regresados, una gran parte presenta un conflicto civil entre sus progenitores, quienes estaban en un proceso de divorcio o cualquier otro tipo de malentendido entre ellos, y que no necesariamente concernía a los niños.
Ante la complejidad del problema que se presentó en Casitas del Sur, las parejas hicieron todo lo posible por ponerse de acuerdo para recuperar a sus hijos y, de ese modo, 40 por ciento de los niños rescatados ha regresado satisfactoriamente al lado de sus padres o tutores, informaron las autoridades capitalinas.
Detallaron que alrededor de 32 menores —25 por ciento de los niños— quedaron en calidad de expósitos, y el Estado deberá hacerse cargo de ellos, por lo que fueron enviados a casas-hogar especializadas para su custodia.
Este grupo de menores fue identificado por personal de la casa-hogar y por la ex directora Elvira Casco Majalca, actualmente sujeta a proceso en un penal de máxima seguridad federal y quien informó a la PGJDF sobre la fecha y forma en que dichos menores llegaron a Casitas del Sur y cómo eran nombrados, por lo cual señaló a estos 32 menores como de origen incierto y sin ningún pariente.
Como resultado de los operativos del pasado 29 de enero en el predio ubicado en el número 125 de la calle de 16 de Septiembre, en la colonia San Miguel Xicalco, y en el numero 447 de la Autopista México-Cuernavaca, colonia San Pedro Mártir, el DIF nacional tomó a los menores bajo su custodia para su valoración.
De esta manera, los 75 menores restantes se encuentran bajo el resguardo del DIF nacional y de otros albergues a los que fueron canalizados, y todos ellos son parte de un proceso judicial ya sea por abuso sexual, violencia intrafamiliar o divorcios.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=456124
También en adopción de bebés se discrimina
Parejas mexicanas los prefieren sanos y recién nacidos; las extranjeras optan por niños indígenas o discapacitados
Liliana Alcántara
El Universal
Lunes 07 de septiembre de 2009
liliana.alcantara@eluniversal.com.mx
Niños sanos y recién nacidos. Esos son los principales requisitos que solicita el 90% de las parejas mexicanas que desean adoptar un niño. En cambio, la mayor parte de los extranjeros que viene a México para adoptar han acogido a niños con discapacidad, mayores de cinco años de edad y con rasgos indígenas. Esa es, dicen los especialistas, es una muestra de una falta de cultura de la adopción de los mexicanos, pero además resulta una práctica por demás discriminatoria.
En este proceso, las parejas también son sujetas a criterios poco claros y subjetivos para poder adoptar. Un análisis hecho por Ingrid Brena, experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que en 14 entidades del país la legislación exige a los posibles padres de familia tener “buenas costumbres”, sin especificar los criterios a los que se refieren con ese concepto.
Esos estados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
Un diagnóstico hecho por el DIF nacional y la Secretaría de Salud establece que en el país hay alrededor de 657 centros de asistenciales, entre públicos, privados y de la sociedad civil, donde se llevan a cabo diferentes procesos de adopción, aunque en el mismo documento se señala que “no hay un censo puntual de los centros que dependen de las instituciones privadas, muchas de las cuales llevan años realizando adopciones”.
Mónica Ríos Tarín, directora general jurídica del DIF nacional, explicó que en los sistemas estatales no hay forma de que los solicitantes de adopción elijan los rasgos físicos del niño o la niña, pero sí se les pregunta la edad que prefieren y si quieren un niño con discapacidad o no. La mayoría de los mexicanos elige menores de tres años y dicen que no a los que tienen alguna discapacidad.
Historias de éxito... de extranjeros
Existen historias de éxito, pero que involucran, sobre todo, a extranjeros. Rebeca fue abandonada cuando aún no cumplía el año de edad. Fue llevada a una casa cuna del DIF, en Coyoacán, donde permaneció hasta los cuatro años de edad.
Sus primeros tres años de vida en esta institución fueron normales pero después el personal que la asistía comenzó a notar en ella dificultades para hablar y atender instrucciones.
Luego de realizarse una valoración médica, supieron que la pequeña Rebeca tenía sordera total. Nadie quería adoptarla hasta que una pareja de Estados Unidos llegó a esta casa cuna a través de la Agencia Cristiana Mundial y decidió decir sí a la adopción de una niña o un niño con discapacidad. Una vez aprobada la solicitud y hechas todas las valoraciones, Rebeca fue adoptada y trasladada a casa de sus ahora padres en Carolina del Norte. El seguimiento hecho por el DIF refiere que Rebeca está con los padres y en el hogar adecuados.
El caso de Diana
Diana, una niña indígena, vivió en la casa-cuna Hogar y Vida desde los cuatro meses de edad en estado de desamparo. Pero ninguna pareja mexicana quiso adoptarla, primero, por sus rasgos físicos, pero después mientras crecía, era rechazada por su edad.
Se fue a los ocho años de edad a un hogar que la aceptó, luego de que una pareja de ciudadanos franceses realizó todos los trámites legales para adoptarla.
Mónica Ríos, directora general jurídica del DIF nacional, explicó a KIOSKO que para generar una nueva cultura de la adopción en México, basada en el interés superior del niño y la niña, esta institución realiza una campaña a nivel nacional en la que se promociona la adopción de niños mayores de tres años de edad y con alguna discapacidad.
“Lo que divulgamos —dijo la funcionaria— en las reuniones estatales del sistema DIF es que ellos también tienen derecho a vivir en una familia y por eso llamamos a las parejas mexicanas que desean adoptar a que no lo piensen y adopten a esos niños. Nadie de quienes lo han hecho se ha arrepentido”.
Precisó que, por ahora, en el DIF nacional se suspendieron las adopciones de niños recién nacidos “porque actualmente no tenemos niños recién nacidos cuya situación jurídica esté resuelta para ser susceptibles a adopción”.
Sobre los requisitos para adoptar, la funcionaria señaló que son los necesarios para procurar al niño un hogar y una vida familiar adecuadas.
—Y ¿cuál es la familia adecuada?, se le preguntó.
—No hay un estándar absoluto. Se analiza caso por caso. Lo único que pretendemos descartar es que ninguno de los miembros de la familia padezca alguna patología o una situación psicológica que le impida estar al pendiente de la familia, como una depresión. Se verifica la situación económica, pero no si es de bajos o ingresos altos, sino que tenga un ingreso mínimo indispensable y una forma de administrarse.
“Helena” y su esposo no pueden tener hijos biológicos y decidieron adoptar. Ambos residen en el Distrito Federal, pero por recomendaciones de amigos acudieron a una casa de asistencia privada en San Luis Potosí llamada Tiempo Nuevo en donde, en menos de un año, pudieron adoptar a un recién nacido.
Ahora, cinco años después de la primera experiencia y con deseos de extender la familia recurrieron a una segunda adopción en el Estado de México, en la institución privada de Joli Guani, donde el proceso sólo duró cuatro meses.
En los dos casos, la documentación requerida fue la misma: identificaciones, estados de cuenta bancarios y comprobantes de ingresos, exámenes psicológicos y socioeconómicos, pero además el aval de un sacerdote.
“Nosotros pensamos que ese requisito es para que ellos puedan verificar que pertenecemos a un grupo, no tanto porque quieran que sólo las parejas de determinada religión adopten niños”, dijo.
De acuerdo con Ingrid Brena, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además de que 14 estados piden a los solicitantes de adopción “tener buenas costumbres”, en Tamaulipas y Nuevo León se exige a la pareja tener por lo menos 2 años de casados y que no tengan descendencia.
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/4021.html
Liliana Alcántara
El Universal
Lunes 07 de septiembre de 2009
liliana.alcantara@eluniversal.com.mx
Niños sanos y recién nacidos. Esos son los principales requisitos que solicita el 90% de las parejas mexicanas que desean adoptar un niño. En cambio, la mayor parte de los extranjeros que viene a México para adoptar han acogido a niños con discapacidad, mayores de cinco años de edad y con rasgos indígenas. Esa es, dicen los especialistas, es una muestra de una falta de cultura de la adopción de los mexicanos, pero además resulta una práctica por demás discriminatoria.
En este proceso, las parejas también son sujetas a criterios poco claros y subjetivos para poder adoptar. Un análisis hecho por Ingrid Brena, experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que en 14 entidades del país la legislación exige a los posibles padres de familia tener “buenas costumbres”, sin especificar los criterios a los que se refieren con ese concepto.
Esos estados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
Un diagnóstico hecho por el DIF nacional y la Secretaría de Salud establece que en el país hay alrededor de 657 centros de asistenciales, entre públicos, privados y de la sociedad civil, donde se llevan a cabo diferentes procesos de adopción, aunque en el mismo documento se señala que “no hay un censo puntual de los centros que dependen de las instituciones privadas, muchas de las cuales llevan años realizando adopciones”.
Mónica Ríos Tarín, directora general jurídica del DIF nacional, explicó que en los sistemas estatales no hay forma de que los solicitantes de adopción elijan los rasgos físicos del niño o la niña, pero sí se les pregunta la edad que prefieren y si quieren un niño con discapacidad o no. La mayoría de los mexicanos elige menores de tres años y dicen que no a los que tienen alguna discapacidad.
Historias de éxito... de extranjeros
Existen historias de éxito, pero que involucran, sobre todo, a extranjeros. Rebeca fue abandonada cuando aún no cumplía el año de edad. Fue llevada a una casa cuna del DIF, en Coyoacán, donde permaneció hasta los cuatro años de edad.
Sus primeros tres años de vida en esta institución fueron normales pero después el personal que la asistía comenzó a notar en ella dificultades para hablar y atender instrucciones.
Luego de realizarse una valoración médica, supieron que la pequeña Rebeca tenía sordera total. Nadie quería adoptarla hasta que una pareja de Estados Unidos llegó a esta casa cuna a través de la Agencia Cristiana Mundial y decidió decir sí a la adopción de una niña o un niño con discapacidad. Una vez aprobada la solicitud y hechas todas las valoraciones, Rebeca fue adoptada y trasladada a casa de sus ahora padres en Carolina del Norte. El seguimiento hecho por el DIF refiere que Rebeca está con los padres y en el hogar adecuados.
El caso de Diana
Diana, una niña indígena, vivió en la casa-cuna Hogar y Vida desde los cuatro meses de edad en estado de desamparo. Pero ninguna pareja mexicana quiso adoptarla, primero, por sus rasgos físicos, pero después mientras crecía, era rechazada por su edad.
Se fue a los ocho años de edad a un hogar que la aceptó, luego de que una pareja de ciudadanos franceses realizó todos los trámites legales para adoptarla.
Mónica Ríos, directora general jurídica del DIF nacional, explicó a KIOSKO que para generar una nueva cultura de la adopción en México, basada en el interés superior del niño y la niña, esta institución realiza una campaña a nivel nacional en la que se promociona la adopción de niños mayores de tres años de edad y con alguna discapacidad.
“Lo que divulgamos —dijo la funcionaria— en las reuniones estatales del sistema DIF es que ellos también tienen derecho a vivir en una familia y por eso llamamos a las parejas mexicanas que desean adoptar a que no lo piensen y adopten a esos niños. Nadie de quienes lo han hecho se ha arrepentido”.
Precisó que, por ahora, en el DIF nacional se suspendieron las adopciones de niños recién nacidos “porque actualmente no tenemos niños recién nacidos cuya situación jurídica esté resuelta para ser susceptibles a adopción”.
Sobre los requisitos para adoptar, la funcionaria señaló que son los necesarios para procurar al niño un hogar y una vida familiar adecuadas.
—Y ¿cuál es la familia adecuada?, se le preguntó.
—No hay un estándar absoluto. Se analiza caso por caso. Lo único que pretendemos descartar es que ninguno de los miembros de la familia padezca alguna patología o una situación psicológica que le impida estar al pendiente de la familia, como una depresión. Se verifica la situación económica, pero no si es de bajos o ingresos altos, sino que tenga un ingreso mínimo indispensable y una forma de administrarse.
“Helena” y su esposo no pueden tener hijos biológicos y decidieron adoptar. Ambos residen en el Distrito Federal, pero por recomendaciones de amigos acudieron a una casa de asistencia privada en San Luis Potosí llamada Tiempo Nuevo en donde, en menos de un año, pudieron adoptar a un recién nacido.
Ahora, cinco años después de la primera experiencia y con deseos de extender la familia recurrieron a una segunda adopción en el Estado de México, en la institución privada de Joli Guani, donde el proceso sólo duró cuatro meses.
En los dos casos, la documentación requerida fue la misma: identificaciones, estados de cuenta bancarios y comprobantes de ingresos, exámenes psicológicos y socioeconómicos, pero además el aval de un sacerdote.
“Nosotros pensamos que ese requisito es para que ellos puedan verificar que pertenecemos a un grupo, no tanto porque quieran que sólo las parejas de determinada religión adopten niños”, dijo.
De acuerdo con Ingrid Brena, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además de que 14 estados piden a los solicitantes de adopción “tener buenas costumbres”, en Tamaulipas y Nuevo León se exige a la pareja tener por lo menos 2 años de casados y que no tengan descendencia.
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/4021.html
jueves, 27 de agosto de 2009
Ubican estados con más trata de personas. Buscan en trata más 'blancos'
El informe señala al menos a 47 bandas ligadas a la trata de personas en el País
Por Hugo Corzo
Ciudad de México (27 agosto 2009).- La Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra de Estados Unidos identificó siete estados de México como los principales puntos de actividades de explotación sexual y laboral de personas.
El Informe del Instrumento para el Estudio de las Condiciones de la Trata de Personas en México del 2009, presentado este jueves por la División de América Latina de la Barra, se concentró en las "entidades con situaciones particulares" en la trata de personas.
Las entidades con mayor registro de trata de personas son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.
El informe destacó un alto cumplimiento con el Protocolo de la Trata de Personas en cuanto a la fijación del marco legal.
Además, se menciona la presencia de 47 bandas del crimen organizado que están relacionadas también con el delito de trata de personas en México.
El informe apunta que las cifras que dan los órganos internacionales y nacionales sobre la estadística de personas víctimas de este delito fluctúa entre las 20 mil y 500 mil personas.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/1028645
Buscan en trata más 'blancos'
Señalan que el delito se ha robustecido con nuevas formas de enganchar a víctimas
Por Silvia Garduño
Ciudad de México (27 agosto 2009).- La trata de personas en México es un delito que goza de "cabal salud", opina el profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Rodolfo Casillas.
"Está más robustecido que antes. Es una actividad delictiva que sigue creciendo, ensanchándose territorialmente, abarcando distintos actores sociales", sostiene.
Advierte que se debe poner atención en las nuevas modalidades de trata, en las cuales, el grado de sofisticación es tal, que la violencia física no es necesaria.
"Tengo testimonios de chicas que viven en zonas residenciales con chofer a la puerta. Los papás para su conciencia tranquila hacen que el chofer las lleve a las discotecas. Lo que no saben son los peligros que llegan a ocurrir dentro de las discotecas".
El investigador relata el caso de una joven de 15 años, residente de Polanco, en el Distrito Federal, que llega a un antro con sus amigas.
Enfrente de ellas está un grupo de jóvenes varones. Un señor se acerca a este grupo y ofrece 5 mil pesos a un muchacho que no los necesita, pero que reta a sacar a bailar a la niña de 15 años.
El hombre le dice al muchacho que si quieren pedir algo de tomar, él se los paga.
El joven acepta el reto y obtiene éxito. Le invita un trago a la niña a cuenta del hombre adulto. La bebida viene "preparada". La muchacha se lo toma, se empieza a sentir mal. El muchacho no sabe qué hacer. El hombre se acerca a la pareja, le da 5 mil pesos al joven y a ella la sacan "medio drogada".
"Le toman foto, video. Al ratillo que la chava se recupera, le dicen 'mira lo que hiciste, si no quieran que lo sepan, vas a hacer lo que te digamos'. Esa niña ya cayó.
"De la parte norte, allá por Polanco, las traen a la zona del sur, donde nadie las conoce. Llegan, hacen lo que tienen que hacer y a la hora que tienen que salir de la escuela están en la puerta para que las lleven a su casa".
"No se necesita la violencia física, en todo caso es un recurso extremo", indica.
Casillas observa que en lo que se refiere a la trata de personas, hay áreas compartidas con otro tipo de delitos y organizaciones delictivas que tienden a crecer, lo que hace más compleja la detección de quienes están atrás.
El investigador valora que aunque existe la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas en México, ha habido una "tibia" actuación gubernamental en la materia para hacer cumplir la ley.
Uno de los problemas es que prácticamente la Ley nunca ha sido presupuestada.
Para 2010, indica, tampoco habrá presupuesto, pues apenas se acaba de constituir la Comisión Intersecretarial que todavía no ha hecho un plan nacional en la materia.
Aunado a ello, sólo Chiapas y DF han creado leyes específicas.
Casillas advierte que en los estados existe una gran heterogeneidad en causales, medios comisivos y sanciones.
"Esa gran dispersión de esfuerzos tan desiguales significa que la actuación gubernamental cojea de muchas cosas", considera.
El investigador señala que uno de los problemas centrales en hacer frente a la trata de personas es enfocarse en crear solo ámbitos de atención a las víctimas o en establecer procesos jurídicos para los victimarios.
"La tarea principal es tratar de incidir en los procesos sociales que dan lugar a la víctima y al victimario. Ese trabajo ni siquiera se ha iniciado", considera.
En ese sentido, el delito que persigue la La Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) opina, es mucho más grande que su mandato.
"No sólo es con la participación de las instancias de seguridad pública como se va a resolver este problema, cuando no se le está dando la atención debida a los aspectos culturales, sociales, de empleo, de desarrollo social", manifiesta.
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http://www.reforma.com/nacional/articulo/1028508
Por Hugo Corzo
Ciudad de México (27 agosto 2009).- La Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra de Estados Unidos identificó siete estados de México como los principales puntos de actividades de explotación sexual y laboral de personas.
El Informe del Instrumento para el Estudio de las Condiciones de la Trata de Personas en México del 2009, presentado este jueves por la División de América Latina de la Barra, se concentró en las "entidades con situaciones particulares" en la trata de personas.
Las entidades con mayor registro de trata de personas son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.
El informe destacó un alto cumplimiento con el Protocolo de la Trata de Personas en cuanto a la fijación del marco legal.
Además, se menciona la presencia de 47 bandas del crimen organizado que están relacionadas también con el delito de trata de personas en México.
El informe apunta que las cifras que dan los órganos internacionales y nacionales sobre la estadística de personas víctimas de este delito fluctúa entre las 20 mil y 500 mil personas.
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Buscan en trata más 'blancos'
Señalan que el delito se ha robustecido con nuevas formas de enganchar a víctimas
Por Silvia Garduño
Ciudad de México (27 agosto 2009).- La trata de personas en México es un delito que goza de "cabal salud", opina el profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Rodolfo Casillas.
"Está más robustecido que antes. Es una actividad delictiva que sigue creciendo, ensanchándose territorialmente, abarcando distintos actores sociales", sostiene.
Advierte que se debe poner atención en las nuevas modalidades de trata, en las cuales, el grado de sofisticación es tal, que la violencia física no es necesaria.
"Tengo testimonios de chicas que viven en zonas residenciales con chofer a la puerta. Los papás para su conciencia tranquila hacen que el chofer las lleve a las discotecas. Lo que no saben son los peligros que llegan a ocurrir dentro de las discotecas".
El investigador relata el caso de una joven de 15 años, residente de Polanco, en el Distrito Federal, que llega a un antro con sus amigas.
Enfrente de ellas está un grupo de jóvenes varones. Un señor se acerca a este grupo y ofrece 5 mil pesos a un muchacho que no los necesita, pero que reta a sacar a bailar a la niña de 15 años.
El hombre le dice al muchacho que si quieren pedir algo de tomar, él se los paga.
El joven acepta el reto y obtiene éxito. Le invita un trago a la niña a cuenta del hombre adulto. La bebida viene "preparada". La muchacha se lo toma, se empieza a sentir mal. El muchacho no sabe qué hacer. El hombre se acerca a la pareja, le da 5 mil pesos al joven y a ella la sacan "medio drogada".
"Le toman foto, video. Al ratillo que la chava se recupera, le dicen 'mira lo que hiciste, si no quieran que lo sepan, vas a hacer lo que te digamos'. Esa niña ya cayó.
"De la parte norte, allá por Polanco, las traen a la zona del sur, donde nadie las conoce. Llegan, hacen lo que tienen que hacer y a la hora que tienen que salir de la escuela están en la puerta para que las lleven a su casa".
"No se necesita la violencia física, en todo caso es un recurso extremo", indica.
Casillas observa que en lo que se refiere a la trata de personas, hay áreas compartidas con otro tipo de delitos y organizaciones delictivas que tienden a crecer, lo que hace más compleja la detección de quienes están atrás.
El investigador valora que aunque existe la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas en México, ha habido una "tibia" actuación gubernamental en la materia para hacer cumplir la ley.
Uno de los problemas es que prácticamente la Ley nunca ha sido presupuestada.
Para 2010, indica, tampoco habrá presupuesto, pues apenas se acaba de constituir la Comisión Intersecretarial que todavía no ha hecho un plan nacional en la materia.
Aunado a ello, sólo Chiapas y DF han creado leyes específicas.
Casillas advierte que en los estados existe una gran heterogeneidad en causales, medios comisivos y sanciones.
"Esa gran dispersión de esfuerzos tan desiguales significa que la actuación gubernamental cojea de muchas cosas", considera.
El investigador señala que uno de los problemas centrales en hacer frente a la trata de personas es enfocarse en crear solo ámbitos de atención a las víctimas o en establecer procesos jurídicos para los victimarios.
"La tarea principal es tratar de incidir en los procesos sociales que dan lugar a la víctima y al victimario. Ese trabajo ni siquiera se ha iniciado", considera.
En ese sentido, el delito que persigue la La Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) opina, es mucho más grande que su mandato.
"No sólo es con la participación de las instancias de seguridad pública como se va a resolver este problema, cuando no se le está dando la atención debida a los aspectos culturales, sociales, de empleo, de desarrollo social", manifiesta.
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miércoles, 26 de agosto de 2009
Trata de Personas: Desaparición y esclavitud
La desaparición de personas repunta del País; alertan sobre la naturalización de la explotación humana entre autoridades y ciudadanía
Por Daniel de la Fuente
Ciudad de México (26 agosto 2009).- El 18 de noviembre de 1994 una mujer llegó a casa de María Elena Solís, en el DF, a pedir trabajo de sirvienta.
Un día después, esta persona se llevó a la nieta de María Elena, en ese tiempo de 2 años de edad.
La mujer, hoy de más de 65 años, entonces vendedora de manteles por la mañana y de quesadillas en un puesto por la tarde, narra la traumática experiencia.
"Cuando nos dimos cuenta de que la mujer no estaba, pedimos apoyo a patrullas. Pensamos que iban a pedirnos fotos de la niña, pero nos canalizaron a una delegación y luego a otra y a otra.
"Estuvimos sentados horas, pensando que en todo ese tiempo la mujer tenía oportunidad de enviar a la niña al extranjero".
María Elena dice que, tras poner la denuncia, comenzó a pegar volantes con la imagen de la pequeña y a pedir ayuda a los medios de comunicación.
"Entonces sucedió que el 22 de diciembre de ese año se robaron a un niño de 8 meses. Nosotros no lo relacionamos, pero el 4 de enero se robaron a una niña más, de 4 años, en Tláhuac".
María Elena acudió con la familia de esta última niña y se enteró de que ambos menores habían sido robados de la misma forma, por lo que ambas familias empezaron a volantear juntas.
Hasta que alguien les dijo que en un pueblo cercano "vendían niños".
Los padres de la pequeña de Tláhuac llegaron a ese lugar atroz y le hicieron creer a quienes lo conducían que querían comprar a un niño y fue cuando ambos descubrieron a su hija.
"El señor agarró a la mujer que se encargaba de la venta y la señora tomó a su hija, se subieron todos al carro y se fueron con el ministerio público.
"Yo llegué allí y fue cuando me enteré de que mi nieta sí había estado allí, pero ya había sido vendida a una pareja".
Tras muchas pesquisas, largas y angustiosas, el 9 de enero María Elena se reencontró con su nieta. Habían pasado 51 días.
A partir de allí, la vida de esta comerciante cambió para siempre porque debía cumplir la promesa que le había hecho a Dios en ausencia de la niña: "Si la encuentro, si me la devuelven, ayudaré a otras personas como yo".
"Así empecé. Lo primero que hice fue trabajar el caso de dos niñas robadas en Tultitlán, una de 10 años, otra de 13, y era tanta mi devoción hacia el caso (que nunca quedó solucionado) que me iba de casa en casa buscándolas.
"Llegó un momento en que mis hijos decían: 'Mamá, aquí está tu nieta, ya la encontramos'. Yo creo que en estos casos como que se pierde un poco la razón".
María Elena persistió. Al tiempo, le dio nombre y apellido a su esfuerzo: Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, entidad realmente seria que, desde los 90, ha recuperado a más de 500 menores.
María Elena explica que, en promedio, del total de casos que tienen el 50 por ciento corresponde a sustracción de menores por algún familiar; el 20 por ciento son por robos y el 30 por ciento equivale a la ambigua definición de desaparición, sea de menores, personas adultas o discapacitados.
Ella calcula miles de desapariciones. Habla hasta de 500 mil y, buena parte, víctimas de trata.
"Normalmente se nos complican las cosas porque las legislaciones estatales son distintas y es todo un protocolo que un estado le pida ayuda a otro para investigar sobre robos de niños", cuenta.
"Incluso con las autoridades federales nos hemos topado con obstáculos, porque tampoco las leyes y las acciones están homologadas en los distintos países".
María Elena describe un caso: una vez en un programa de televisión transmitieron numerosas fotografías de menores desaparecidos, entre ellas las de las dos niñas mencionados anteriormente: Ana Lilia Burgos y Yazmín Monserrat Herrera Corona.
"La primera se comunicó con nosotros, mandó fotos. 'Es mi hija', dijo la mamá. Escribió que estaba en una red en Buenos Aires, que nos hablaba desde un cibercafé, escondiéndose, porque si la descubrían le podría pasar algo".
Fueron a la SIEDO y le escribieron al Procurador para decirle que pidiera la repatriación, pero fue en vano. Lo peor fue que la niña dejó de escribir.
No volvieron a saber de ella.
"Ya son muchos años y nadie hizo nada", lamenta. "Hoy tiene más de 25 años... si está viva".
De otros niños cuenta destinos igual de atroces: asesinados por sus captores, usados para pasar drogas o entretener sexualmente a desalmados para luego terminar sin vida al lado de carreteras, campos baldíos.
Peor aun cuando, sin identidad, las víctimas son tomadas por la delincuencia, pues parte de los niños desaparecidos no están registrados.
"Cuántas niñas y niños son sacrificados y no volvemos a saber de ellos porque se los llevan a la fosa común. ¡Cuántos!".
Por esto, María Elena recomienda tener una cartilla de los hijos con una foto del menor de no más de seis meses de antigüedad, las huellas dactilares estampadas en un papel blanco y un cabello con raíz, por si es necesario la prueba de ADN.
• • •
Para responder a la pregunta de dónde está parte de los desaparecidos del país y de otras naciones quizá baste mirar hacia las esquinas, campos, table dances y otro tipo de actividades que, en buena medida, son forzosas.
Yuriria Álvarez, coordinadora jurídica de Proteja, asociación que promueve reformas en los códigos estatales para sancionar la trata con penas superiores al lenocinio y el abuso sexual, expresa que en cualquier parte del País se puede hallar casos de trata porque, desafortunadamente, se ha naturalizado el fenómeno.
"Basta ir a las zonas de tolerancia del DF, en San Pablo, donde las niñas están en la calle, o en Quintana Roo, donde sabemos que hay hoteles en los que existe la trata y, cada vez que lo afirmo, los que me escuchan asienten. Todos lo saben".
Yuriria señala que la explotación laboral se puede presenciar en calles, campos y prostíbulos.
"Por mi experiencia es en las fronteras donde se agudiza el problema, ya que los extranjeros que no pueden hacer estas cosas en sus países se vienen para acá, o los que se quedan en la frontera intentando migrar tienen que hacer algo para vivir".
REFORMA ha publicado cómo desde Tlaxcala son enganchadas mujeres y niñas a las que luego se les ve de sexoservidoras en La Merced. Y como esos puntos, hay miles en México.
Organismos internacionales señalan que, por ejemplo, en Ciudad Juárez, donde los feminicidios han tenido relevancia internacional, también está presente la trata de personas.
Yuriria califica a la ciudad como lugar "de consumo" de niñas y mujeres que son captadas en Chiapas, Tlaxcala y terminan en Tijuana, Ciudad Juárez y en la capital nuevoleonesa.
"El asunto en Monterrey está muy bien manejado, pensaría en delincuencia organizada, no como en otros estados, donde el padre o la tía son los tratantes.
"Allí (en Monterrey) lo hacen muy bien", ironiza.
La periodista Lydia Cacho, quien ha dicho que prepara un libro sobre trata, va más allá.
"Mis fuentes de América Latina, tanto víctimas y sobrevivientes, como agentes consulares de países de origen de las víctimas, coinciden en que el centro de 'recepción y distribución de las mujeres es Nuevo Leon'".
Nuevo León es uno más de los estados que no contemplan en su Código Penal la trata, aun y cuando ha tenido casos: el dueño de los tables Amnesia, Colorado's y Premier, Rogelio Garza "El Diablo", acribillado el pasado 26 de junio, era investigado a nivel federal por tráfico de bailarinas.
Alicia Pérez Duarte, ex titular de la Fiscalía para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas de la PGR, dice que figuras como "El Diablo" existen porque Monterrey como ciudad pujante ha hecho atractivos sus "servicios ejecutivos".
"Lo mismo sucede en otras 'ciudades deseo', como Acapulco, Cancún, Guadalajara, donde por su pujanza hay tolerancia social a la prostitución y pornografía infantil para surtir las 'necesidades' de señores y señoras que necesitan 'relajarse'", explica.
"Hay que tener tolerancia cero, porque desde la aparición del sida la mayor parte de las víctimas son jóvenes, muchísimas menores de edad. Hay cientos de miles de menores, jóvenes, mujeres, insertos en el infierno de la trata, en salas de masaje, tables dance, como parejas de delincuentes o explotadas laboralmente o en la mendicidad".
Lo común, dice, es que a los negocios de trata estén ligadas personas de poder económico y político. Sin embargo, en los 22 meses que estuvo de funcionaria federal pudo confirmar "sus peores sospechas": la trata está visible, está allí, todo mundo la palpa y puede ser testigo de lo que sucede con niñas y niños.
"Los casos se encajonan en las oficinas burocráticas y lo peor es que la cifra negra es altísima. No podemos tener cifra oficial porque precisamente dentro de los mecanismos de persecución de delitos las cosas se traban".
Por otra parte, afirma, como la trata suele estar vinculada con la delincuencia organizada, quienes han intentado investigarla en los últimos años han sido desaparecidos o asesinados.
El más importante hasta hoy es José Nemesio Lugo Félix, quien fuera coordinador del Centro de Planeación e Información para el Combate a la Delincuencia, y que fue abatido el 14 de mayo del 2007 a las afueras de sus oficinas y a unos meses de que detuviera a los líderes visibles de una red de trata denominada "Las Divas".
Alicia Pérez Duarte recuerda esa investigación.
"En la fiscalía trabajamos con Nemesio por dos objetivos: para hacer regresar a las jóvenes (ligadas a 'Las Divas') y darles la confianza para que proporcionaran información sobre las personas que las estaban 'tratando'", dice.
"Desafortunadamente nos topamos con una problemática compleja: la justicia de este País exige que las víctimas acusen de manera directa a sus agresores, sin importar que se les ponga en un riesgo real".
Además, reconoce, no hay coordinación entre dependencias: mientras que la PGR quiere que las mujeres se queden, Migración las quiere fuera del País.
Al investigar a "Las Divas", explica, se dieron cuenta de que es una red de redes que opera en la frontera con Quintana Roo y Chiapas, y que está vinculada con centros turísticos.
Hoy el sitio se denomina Zona Divas, y presta impunemente servicios de prostitución en Cancún, Guadalajara, Puebla y "Otras Ciudades", en las que se incluye Monterrey.
"Zona Divas" no sólo opera en México, sino en Chile, Colombia, Brasil, España y Argentina, donde nació la red, la cual como muchas otras provoca el libre tránsito de mujeres que, posiblemente, están reportadas como desaparecidas en sus países de origen.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
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http://www.reforma.com/nacional/articulo/1028163
Por Daniel de la Fuente
Ciudad de México (26 agosto 2009).- El 18 de noviembre de 1994 una mujer llegó a casa de María Elena Solís, en el DF, a pedir trabajo de sirvienta.
Un día después, esta persona se llevó a la nieta de María Elena, en ese tiempo de 2 años de edad.
La mujer, hoy de más de 65 años, entonces vendedora de manteles por la mañana y de quesadillas en un puesto por la tarde, narra la traumática experiencia.
"Cuando nos dimos cuenta de que la mujer no estaba, pedimos apoyo a patrullas. Pensamos que iban a pedirnos fotos de la niña, pero nos canalizaron a una delegación y luego a otra y a otra.
"Estuvimos sentados horas, pensando que en todo ese tiempo la mujer tenía oportunidad de enviar a la niña al extranjero".
María Elena dice que, tras poner la denuncia, comenzó a pegar volantes con la imagen de la pequeña y a pedir ayuda a los medios de comunicación.
"Entonces sucedió que el 22 de diciembre de ese año se robaron a un niño de 8 meses. Nosotros no lo relacionamos, pero el 4 de enero se robaron a una niña más, de 4 años, en Tláhuac".
María Elena acudió con la familia de esta última niña y se enteró de que ambos menores habían sido robados de la misma forma, por lo que ambas familias empezaron a volantear juntas.
Hasta que alguien les dijo que en un pueblo cercano "vendían niños".
Los padres de la pequeña de Tláhuac llegaron a ese lugar atroz y le hicieron creer a quienes lo conducían que querían comprar a un niño y fue cuando ambos descubrieron a su hija.
"El señor agarró a la mujer que se encargaba de la venta y la señora tomó a su hija, se subieron todos al carro y se fueron con el ministerio público.
"Yo llegué allí y fue cuando me enteré de que mi nieta sí había estado allí, pero ya había sido vendida a una pareja".
Tras muchas pesquisas, largas y angustiosas, el 9 de enero María Elena se reencontró con su nieta. Habían pasado 51 días.
A partir de allí, la vida de esta comerciante cambió para siempre porque debía cumplir la promesa que le había hecho a Dios en ausencia de la niña: "Si la encuentro, si me la devuelven, ayudaré a otras personas como yo".
"Así empecé. Lo primero que hice fue trabajar el caso de dos niñas robadas en Tultitlán, una de 10 años, otra de 13, y era tanta mi devoción hacia el caso (que nunca quedó solucionado) que me iba de casa en casa buscándolas.
"Llegó un momento en que mis hijos decían: 'Mamá, aquí está tu nieta, ya la encontramos'. Yo creo que en estos casos como que se pierde un poco la razón".
María Elena persistió. Al tiempo, le dio nombre y apellido a su esfuerzo: Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos, entidad realmente seria que, desde los 90, ha recuperado a más de 500 menores.
María Elena explica que, en promedio, del total de casos que tienen el 50 por ciento corresponde a sustracción de menores por algún familiar; el 20 por ciento son por robos y el 30 por ciento equivale a la ambigua definición de desaparición, sea de menores, personas adultas o discapacitados.
Ella calcula miles de desapariciones. Habla hasta de 500 mil y, buena parte, víctimas de trata.
"Normalmente se nos complican las cosas porque las legislaciones estatales son distintas y es todo un protocolo que un estado le pida ayuda a otro para investigar sobre robos de niños", cuenta.
"Incluso con las autoridades federales nos hemos topado con obstáculos, porque tampoco las leyes y las acciones están homologadas en los distintos países".
María Elena describe un caso: una vez en un programa de televisión transmitieron numerosas fotografías de menores desaparecidos, entre ellas las de las dos niñas mencionados anteriormente: Ana Lilia Burgos y Yazmín Monserrat Herrera Corona.
"La primera se comunicó con nosotros, mandó fotos. 'Es mi hija', dijo la mamá. Escribió que estaba en una red en Buenos Aires, que nos hablaba desde un cibercafé, escondiéndose, porque si la descubrían le podría pasar algo".
Fueron a la SIEDO y le escribieron al Procurador para decirle que pidiera la repatriación, pero fue en vano. Lo peor fue que la niña dejó de escribir.
No volvieron a saber de ella.
"Ya son muchos años y nadie hizo nada", lamenta. "Hoy tiene más de 25 años... si está viva".
De otros niños cuenta destinos igual de atroces: asesinados por sus captores, usados para pasar drogas o entretener sexualmente a desalmados para luego terminar sin vida al lado de carreteras, campos baldíos.
Peor aun cuando, sin identidad, las víctimas son tomadas por la delincuencia, pues parte de los niños desaparecidos no están registrados.
"Cuántas niñas y niños son sacrificados y no volvemos a saber de ellos porque se los llevan a la fosa común. ¡Cuántos!".
Por esto, María Elena recomienda tener una cartilla de los hijos con una foto del menor de no más de seis meses de antigüedad, las huellas dactilares estampadas en un papel blanco y un cabello con raíz, por si es necesario la prueba de ADN.
• • •
Para responder a la pregunta de dónde está parte de los desaparecidos del país y de otras naciones quizá baste mirar hacia las esquinas, campos, table dances y otro tipo de actividades que, en buena medida, son forzosas.
Yuriria Álvarez, coordinadora jurídica de Proteja, asociación que promueve reformas en los códigos estatales para sancionar la trata con penas superiores al lenocinio y el abuso sexual, expresa que en cualquier parte del País se puede hallar casos de trata porque, desafortunadamente, se ha naturalizado el fenómeno.
"Basta ir a las zonas de tolerancia del DF, en San Pablo, donde las niñas están en la calle, o en Quintana Roo, donde sabemos que hay hoteles en los que existe la trata y, cada vez que lo afirmo, los que me escuchan asienten. Todos lo saben".
Yuriria señala que la explotación laboral se puede presenciar en calles, campos y prostíbulos.
"Por mi experiencia es en las fronteras donde se agudiza el problema, ya que los extranjeros que no pueden hacer estas cosas en sus países se vienen para acá, o los que se quedan en la frontera intentando migrar tienen que hacer algo para vivir".
REFORMA ha publicado cómo desde Tlaxcala son enganchadas mujeres y niñas a las que luego se les ve de sexoservidoras en La Merced. Y como esos puntos, hay miles en México.
Organismos internacionales señalan que, por ejemplo, en Ciudad Juárez, donde los feminicidios han tenido relevancia internacional, también está presente la trata de personas.
Yuriria califica a la ciudad como lugar "de consumo" de niñas y mujeres que son captadas en Chiapas, Tlaxcala y terminan en Tijuana, Ciudad Juárez y en la capital nuevoleonesa.
"El asunto en Monterrey está muy bien manejado, pensaría en delincuencia organizada, no como en otros estados, donde el padre o la tía son los tratantes.
"Allí (en Monterrey) lo hacen muy bien", ironiza.
La periodista Lydia Cacho, quien ha dicho que prepara un libro sobre trata, va más allá.
"Mis fuentes de América Latina, tanto víctimas y sobrevivientes, como agentes consulares de países de origen de las víctimas, coinciden en que el centro de 'recepción y distribución de las mujeres es Nuevo Leon'".
Nuevo León es uno más de los estados que no contemplan en su Código Penal la trata, aun y cuando ha tenido casos: el dueño de los tables Amnesia, Colorado's y Premier, Rogelio Garza "El Diablo", acribillado el pasado 26 de junio, era investigado a nivel federal por tráfico de bailarinas.
Alicia Pérez Duarte, ex titular de la Fiscalía para Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas de la PGR, dice que figuras como "El Diablo" existen porque Monterrey como ciudad pujante ha hecho atractivos sus "servicios ejecutivos".
"Lo mismo sucede en otras 'ciudades deseo', como Acapulco, Cancún, Guadalajara, donde por su pujanza hay tolerancia social a la prostitución y pornografía infantil para surtir las 'necesidades' de señores y señoras que necesitan 'relajarse'", explica.
"Hay que tener tolerancia cero, porque desde la aparición del sida la mayor parte de las víctimas son jóvenes, muchísimas menores de edad. Hay cientos de miles de menores, jóvenes, mujeres, insertos en el infierno de la trata, en salas de masaje, tables dance, como parejas de delincuentes o explotadas laboralmente o en la mendicidad".
Lo común, dice, es que a los negocios de trata estén ligadas personas de poder económico y político. Sin embargo, en los 22 meses que estuvo de funcionaria federal pudo confirmar "sus peores sospechas": la trata está visible, está allí, todo mundo la palpa y puede ser testigo de lo que sucede con niñas y niños.
"Los casos se encajonan en las oficinas burocráticas y lo peor es que la cifra negra es altísima. No podemos tener cifra oficial porque precisamente dentro de los mecanismos de persecución de delitos las cosas se traban".
Por otra parte, afirma, como la trata suele estar vinculada con la delincuencia organizada, quienes han intentado investigarla en los últimos años han sido desaparecidos o asesinados.
El más importante hasta hoy es José Nemesio Lugo Félix, quien fuera coordinador del Centro de Planeación e Información para el Combate a la Delincuencia, y que fue abatido el 14 de mayo del 2007 a las afueras de sus oficinas y a unos meses de que detuviera a los líderes visibles de una red de trata denominada "Las Divas".
Alicia Pérez Duarte recuerda esa investigación.
"En la fiscalía trabajamos con Nemesio por dos objetivos: para hacer regresar a las jóvenes (ligadas a 'Las Divas') y darles la confianza para que proporcionaran información sobre las personas que las estaban 'tratando'", dice.
"Desafortunadamente nos topamos con una problemática compleja: la justicia de este País exige que las víctimas acusen de manera directa a sus agresores, sin importar que se les ponga en un riesgo real".
Además, reconoce, no hay coordinación entre dependencias: mientras que la PGR quiere que las mujeres se queden, Migración las quiere fuera del País.
Al investigar a "Las Divas", explica, se dieron cuenta de que es una red de redes que opera en la frontera con Quintana Roo y Chiapas, y que está vinculada con centros turísticos.
Hoy el sitio se denomina Zona Divas, y presta impunemente servicios de prostitución en Cancún, Guadalajara, Puebla y "Otras Ciudades", en las que se incluye Monterrey.
"Zona Divas" no sólo opera en México, sino en Chile, Colombia, Brasil, España y Argentina, donde nació la red, la cual como muchas otras provoca el libre tránsito de mujeres que, posiblemente, están reportadas como desaparecidas en sus países de origen.
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http://www.reforma.com/nacional/articulo/1028163
martes, 25 de agosto de 2009
GDF y CDH presentan mañana el Programa de Derechos Humanos
El plan, diseñado por 800 personas, incluye mil 412 líneas de acción
Se pretende atender el acceso de grupos vulnerables a servicios básicos
Claudia Álvarez Laris
El gobierno capitalino y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) darán a conocer este martes el Programa de Derechos Humanos que deberán aplicar todas las dependencias capitalinas en favor de las garantías “de todas las personas que habitan y transitan en la ciudad de México”, anunció el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa.
Este programa, refirió, es innovador, pues por primera vez en el mundo se aplica en un gobierno local y servirá de instrumento que permita a los ciudadanos evaluar los avances en materia de justicia en la capital del país.
Este proyecto, cuya elaboración tuvo un costo aproximado de dos millones de pesos, contempla 2 mil 412 líneas de acción que permitirán un ejercicio pleno de los derechos humanos de los capitalinos.
Con ellas, señaló el subsecretario, se pretende atender el acceso de los grupos vulnerables a los servicios básicos como son salud, educación, agua, entre otros, y erradicar paulatinamente los actos de discriminación que sufren cotidianamente, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y acceso a la justicia.
Además considera 400 indicadores aproximadamente que permitirán calificar en forma paulatina el avance del programa, elaborado por 300 servidores públicos y 500 especialistas de universidades, miembros de la sociedad civil, del Tribunal Superior de Justicia, Asamblea Legislativa local, CDHDF, y organismos autónomos, que fueron asesorados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la materia.
Dentro de este proyecto, el Gobierno del Distrito Federal impulsará un “presupuesto con enfoque de derechos humanos”, a través del cual se exigirá a las dependencias capitalinas incluir en sus programas operativos anuales las líneas de acción contenidas en el Programa de Derechos Humanos del DF; de no hacerlo, advirtió, no recibirán su presupuesto.
“En este sentido, a partir del siguiente año, 72 por ciento de las actividades Institucionales del Presupuesto del GDF estarán directamente vinculadas con el Programa de Derechos Humanos.”
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/25/index.php?section=capital&article=032n1cap
Se pretende atender el acceso de grupos vulnerables a servicios básicos
Claudia Álvarez Laris
El gobierno capitalino y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) darán a conocer este martes el Programa de Derechos Humanos que deberán aplicar todas las dependencias capitalinas en favor de las garantías “de todas las personas que habitan y transitan en la ciudad de México”, anunció el subsecretario de Gobierno, Juan José García Ochoa.
Este programa, refirió, es innovador, pues por primera vez en el mundo se aplica en un gobierno local y servirá de instrumento que permita a los ciudadanos evaluar los avances en materia de justicia en la capital del país.
Este proyecto, cuya elaboración tuvo un costo aproximado de dos millones de pesos, contempla 2 mil 412 líneas de acción que permitirán un ejercicio pleno de los derechos humanos de los capitalinos.
Con ellas, señaló el subsecretario, se pretende atender el acceso de los grupos vulnerables a los servicios básicos como son salud, educación, agua, entre otros, y erradicar paulatinamente los actos de discriminación que sufren cotidianamente, mediante el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y acceso a la justicia.
Además considera 400 indicadores aproximadamente que permitirán calificar en forma paulatina el avance del programa, elaborado por 300 servidores públicos y 500 especialistas de universidades, miembros de la sociedad civil, del Tribunal Superior de Justicia, Asamblea Legislativa local, CDHDF, y organismos autónomos, que fueron asesorados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en la materia.
Dentro de este proyecto, el Gobierno del Distrito Federal impulsará un “presupuesto con enfoque de derechos humanos”, a través del cual se exigirá a las dependencias capitalinas incluir en sus programas operativos anuales las líneas de acción contenidas en el Programa de Derechos Humanos del DF; de no hacerlo, advirtió, no recibirán su presupuesto.
“En este sentido, a partir del siguiente año, 72 por ciento de las actividades Institucionales del Presupuesto del GDF estarán directamente vinculadas con el Programa de Derechos Humanos.”
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/25/index.php?section=capital&article=032n1cap
Trata de Personas: Desde el infierno
Durante su encierro, Ana atestiguó el sombrío mundo de la trata y, gracias a organismos como Proteja, la joven está en rehabilitación
Por Daniel de la Fuente
Distrito Federal (25 agosto 2009).- El día que cumplió 14 años, Ana fue vendida por su padre a un hombre que pagó por ella 15 mil pesos.
Esa mañana de septiembre de hace unos años, el hombre la invitó a comprarle su regalo.
La verdad fue que la llevó del DF a Puebla, donde la esperaba el sujeto que la compró.
Aún hoy la chica ignora si su padre lo hizo para pagar un adeudo o para allegarse dinero fresco. Poco importa.
El sujeto que la recibió fue el primero de muchos y Puebla el primero de varios estados a los que Ana sería llevada para su explotación sexual.
La historia fue contada por su protagonista, quien radica en el DF, y suele repetirla en foros a los que ella es llevada para dar su testimonio por parte de la asociación Proteja (Proyecto de Apoyo a Refugios para Víctimas de Trata de Personas).
Ésta es la única instancia que promueve la tipificación de la trata en los códigos estatales.
Gabriela Saavedra, directora de Proteja, recuerda que la trata es la captación y traslado de personas para explotación sexual, laboral y para extracción de órganos. Sus víctimas, sin embargo, no existen ni como cifras para la PGR.
"En la trata hay engaño, abuso", dice.
"Se da dentro o fuera del país, y afecta más a mujeres, niños y niñas".
Niñas como Ana.
• • •
Ana narra a cuentagotas, pero en frases contundentes, su desventura.
Le es difícil expresarse.
La acompañan Gabriela Saavedra y Yuriria Álvarez, directora y asesora, respectivamente, de Proteja, y Aquiles Colimoro, coordinador jurídico de la Fundación Casa de las Mercedes, sitio en el que ella vive desde hace tiempo y que brinda atención a niñas y adolescentes en situación de calle.
"Ana es una sobreviviente, ya entenderás por qué", agrega Aquiles y la joven comienza su testimonio. Atroz.
"Toda la gente piensa que a una niña normal nunca le va a pasar esto o que en su familia no va a suceder", agrega con una seguridad que contrasta con su timidez inicial.
"Yo venía de una casa bien, no nos hacía falta nada".
La realidad, lo reconocerá más tarde, es que las cosas no funcionaban del todo normales en su hogar. Ella se hacía cargo de atender al hermano menor y al padre, lavar y planchar, asear la casa, en tanto su madre dormía durante el día y salía a trabajar por la noche de prostituta.
El padre de Ana era quien conseguía los clientes, pero él cobraba. La niña no sabía esto, pues le decían que su madre trabajaba en un restaurante.
"Ellos (sus padres) consumían mariguana y cocaína, se ponían muy violentos, sobre todo mamá, yo creo que ya de tan histérica, tan fastidiada del trato que le daba papá", cuenta Ana.
Su madre, advierte, nunca le expresó lo que vendría para ella.
En realidad, la mujer lo ignoraba parcialmente. Sin embargo, dice Ana que hubiese sido alertador saber lo que su madre era forzada a hacer por las noches.
"Nunca me dijo 'tú sigues' o algo parecido, porque dice que cuando me fui creyó que estaba estudiando con una tía", explica.
"Pero nunca me dio la alternativa, la opción de salir de allí".
Acaso lo que alguna vez llegó a escuchar de su madre fue el calificativo que le daba al padre: el perro infeliz.
• • •
Casi desde que la dejó con el primer hombre que la compró, "el perro infeliz" desapareció de su vida. No abusó sexualmente de ella, tampoco del hermano, pero sí la golpeaba.
Aquiles explica que, en caso de poner una denuncia en su contra, la autoridad habría podido dar con su paradero.
Sin embargo, cuando la chica habla de su venta se refiere a ella como "cuando me fui".
"Esto es porque sabe que es un delito lo que él cometió contra ella y podría ir a la cárcel, pero también se debe a que Ana aún no termina de asimilar lo que vivió", explica Aquiles y hace una pausa para que la chica continúe con su historia.
"El primero me pegó, me pegó muy fuerte", relata ella.
Tras numerosos abusos, el hombre la empezó a "compartir" con otros que solían visitarle.
Ana no sabe bien a bien si era "rentada" por dinero.
Un segundo hombre la compró en Morelia y así siguió un tercero, en Veracruz. La cruzaban por otros estados, en auto, para que no se le grabara la ruta.
En todas partes, cuenta, asistió a colegios de paga y, al salir, era acompañada por escoltas.
Lo mismo al resto. Ana afirma que en cada lugar donde estuvo el mínimo era de cuatro niñas y, máximo, de nueve. Todas menores y de complexión similar: delgadas, altas, no muy desarrolladas físicamente.
"Por lo que explica Ana creemos que trabajó en negocios de masajes que no se anuncian en el periódico, dado que quienes atienden a 'clientes VIP' son menores", cuenta Aquiles.
"Aunque ha pasado tiempo, Ana nos ha hablado poco de su experiencia, pero por lo que dice percibimos que, cada día, era un infierno para ellas".
Aquiles describe lo que a Ana le es imposible: cada mañana debían arreglarse, ponerse la ropa interior que les era proporcionada y asear su espacio.
En tanto llegaban los clientes, debían atender teléfonos y dar información sobre los servicios, que iban desde el sexo oral hasta el coito.
El tiempo máximo por servicio era de 45 minutos. Las jovencitas eran seleccionadas de un catálogo brindado en la recepción.
El precio era de 800 a 3 mil pesos, de acuerdo al servicio.
Ana desconoce la cifra de clientes.
Fueron tantos.
Ninguno le ofreció sacarla de esos sitios, hablarle sobre alguna opción de fuga. Algunos, patéticamente, le confesaron estar enamorados de ella, pero argumentaban no poder ofrecerle más por estar casados.
Ana poco o nada cuenta sobre sus compañeras, quizá porque casi no hablaban entre sí porque se les tenía prohibido, aunque en ocasionales charlas Ana percibía sus sitios de origen: el sur, las playas, el extranjero.
A partir de lo que la niña ha platicado, Aquiles afirma que las menores eran vigiladas todo el tiempo, incluso con cámaras en los baños. Por su parte, ella dice que a las que les ganaba el llanto sólo las veía sin hacer algo.
"Era pánico, eso era lo que sentíamos, pero no podíamos hacer nada. ¿Huir? ¿Cómo?".
Aquiles interviene: les era difícil pensar porque sus "propietarios" las obligaban a consumir drogas. Hoy, Ana lucha contra la adicción a la cocaína, el crack y la metanfetamina.
Las historias abundan en la memoria de Ana. Una vez presenció que una niña fue sacada muerta en una bolsa. Un cliente la asesinó a golpes.
"La sacaron para que todas la vieran", interviene Aquiles.
Así pasaron los meses y los años. Cuenta la joven que hubo cumpleaños, navidades, pero nada les representaban estos días a las secuestradas.
Tampoco tenían demasiadas expectativas de salir: se veían como condenadas sin remedio a ese modo de vida indigno.
El fin se dio de tajo, cuenta ella. Entró un día a la escuela y de allí se fue al DF con un tío, quien la llevó con su mamá y su hermano, quienes pensaban que se había ido por su propio pie.
No sabe nada de sus captores. Tampoco en qué lugares estuvo ni quiénes la compraron.
La madre la inscribió en un colegio de religiosas, pero al poco la niña saltó. La reclusión no le venía bien.
A los días llegó a la Fundación Casa de las Mercedes y conoció a los especialistas encabezados por Aquiles, quienes la han apoyado en el camino de regreso de las drogas y la explotación sexual a través de terapias.
Eventualmente, dice Ana, piensa en las niñas y lo que fue de su destino.
• • •
No hay cifras sobre las víctimas de trata en México, pero Proteja estima miles.
"Por ello consideramos urgente la creación de refugios para víctimas y la tipificación del delito en los códigos estatales", explica Gabriela Saavedra.
Por su parte, Aquiles Colimoro puede contar las peores historias de terror. Testigo de existencias desgarradas, lo mismo habla de la dramática caída de una niña salvadoreña en manos de una mafia de tráfico sexual de la frontera con Estados Unidos, que el abuso sin nombre de una pequeña de ocho meses a la que el primer cliente, en Acapulco, dañó gravemente durante la violación.
Muchos clientes y promotores, recalca, son artistas, políticos, empresarios. Figuras públicas y prominentes.
Las niñas mexicanas, agrega, son cotizadas en las antros de Tokio o en los sótanos de Nueva York a miles de dólares, en tanto las de otros países no se quedan atrás: de acuerdo a datos que él posee, niñas cubanas son traídas al país por 5 mil dólares.
De ser regresadas a la isla al cabo de un año, el tratante devuelve mil al cliente.
"Por todo esto, dije al principio que Ana es una sobreviviente, pero ¿y las demás?".
Por su parte, Ana estudia leyes.
Afirma que lo hace para defender a quienes sean empujadas al mismo camino que ella.
"Tengo ganas de vivir", dice.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/1027792
Por Daniel de la Fuente
Distrito Federal (25 agosto 2009).- El día que cumplió 14 años, Ana fue vendida por su padre a un hombre que pagó por ella 15 mil pesos.
Esa mañana de septiembre de hace unos años, el hombre la invitó a comprarle su regalo.
La verdad fue que la llevó del DF a Puebla, donde la esperaba el sujeto que la compró.
Aún hoy la chica ignora si su padre lo hizo para pagar un adeudo o para allegarse dinero fresco. Poco importa.
El sujeto que la recibió fue el primero de muchos y Puebla el primero de varios estados a los que Ana sería llevada para su explotación sexual.
La historia fue contada por su protagonista, quien radica en el DF, y suele repetirla en foros a los que ella es llevada para dar su testimonio por parte de la asociación Proteja (Proyecto de Apoyo a Refugios para Víctimas de Trata de Personas).
Ésta es la única instancia que promueve la tipificación de la trata en los códigos estatales.
Gabriela Saavedra, directora de Proteja, recuerda que la trata es la captación y traslado de personas para explotación sexual, laboral y para extracción de órganos. Sus víctimas, sin embargo, no existen ni como cifras para la PGR.
"En la trata hay engaño, abuso", dice.
"Se da dentro o fuera del país, y afecta más a mujeres, niños y niñas".
Niñas como Ana.
• • •
Ana narra a cuentagotas, pero en frases contundentes, su desventura.
Le es difícil expresarse.
La acompañan Gabriela Saavedra y Yuriria Álvarez, directora y asesora, respectivamente, de Proteja, y Aquiles Colimoro, coordinador jurídico de la Fundación Casa de las Mercedes, sitio en el que ella vive desde hace tiempo y que brinda atención a niñas y adolescentes en situación de calle.
"Ana es una sobreviviente, ya entenderás por qué", agrega Aquiles y la joven comienza su testimonio. Atroz.
"Toda la gente piensa que a una niña normal nunca le va a pasar esto o que en su familia no va a suceder", agrega con una seguridad que contrasta con su timidez inicial.
"Yo venía de una casa bien, no nos hacía falta nada".
La realidad, lo reconocerá más tarde, es que las cosas no funcionaban del todo normales en su hogar. Ella se hacía cargo de atender al hermano menor y al padre, lavar y planchar, asear la casa, en tanto su madre dormía durante el día y salía a trabajar por la noche de prostituta.
El padre de Ana era quien conseguía los clientes, pero él cobraba. La niña no sabía esto, pues le decían que su madre trabajaba en un restaurante.
"Ellos (sus padres) consumían mariguana y cocaína, se ponían muy violentos, sobre todo mamá, yo creo que ya de tan histérica, tan fastidiada del trato que le daba papá", cuenta Ana.
Su madre, advierte, nunca le expresó lo que vendría para ella.
En realidad, la mujer lo ignoraba parcialmente. Sin embargo, dice Ana que hubiese sido alertador saber lo que su madre era forzada a hacer por las noches.
"Nunca me dijo 'tú sigues' o algo parecido, porque dice que cuando me fui creyó que estaba estudiando con una tía", explica.
"Pero nunca me dio la alternativa, la opción de salir de allí".
Acaso lo que alguna vez llegó a escuchar de su madre fue el calificativo que le daba al padre: el perro infeliz.
• • •
Casi desde que la dejó con el primer hombre que la compró, "el perro infeliz" desapareció de su vida. No abusó sexualmente de ella, tampoco del hermano, pero sí la golpeaba.
Aquiles explica que, en caso de poner una denuncia en su contra, la autoridad habría podido dar con su paradero.
Sin embargo, cuando la chica habla de su venta se refiere a ella como "cuando me fui".
"Esto es porque sabe que es un delito lo que él cometió contra ella y podría ir a la cárcel, pero también se debe a que Ana aún no termina de asimilar lo que vivió", explica Aquiles y hace una pausa para que la chica continúe con su historia.
"El primero me pegó, me pegó muy fuerte", relata ella.
Tras numerosos abusos, el hombre la empezó a "compartir" con otros que solían visitarle.
Ana no sabe bien a bien si era "rentada" por dinero.
Un segundo hombre la compró en Morelia y así siguió un tercero, en Veracruz. La cruzaban por otros estados, en auto, para que no se le grabara la ruta.
En todas partes, cuenta, asistió a colegios de paga y, al salir, era acompañada por escoltas.
Lo mismo al resto. Ana afirma que en cada lugar donde estuvo el mínimo era de cuatro niñas y, máximo, de nueve. Todas menores y de complexión similar: delgadas, altas, no muy desarrolladas físicamente.
"Por lo que explica Ana creemos que trabajó en negocios de masajes que no se anuncian en el periódico, dado que quienes atienden a 'clientes VIP' son menores", cuenta Aquiles.
"Aunque ha pasado tiempo, Ana nos ha hablado poco de su experiencia, pero por lo que dice percibimos que, cada día, era un infierno para ellas".
Aquiles describe lo que a Ana le es imposible: cada mañana debían arreglarse, ponerse la ropa interior que les era proporcionada y asear su espacio.
En tanto llegaban los clientes, debían atender teléfonos y dar información sobre los servicios, que iban desde el sexo oral hasta el coito.
El tiempo máximo por servicio era de 45 minutos. Las jovencitas eran seleccionadas de un catálogo brindado en la recepción.
El precio era de 800 a 3 mil pesos, de acuerdo al servicio.
Ana desconoce la cifra de clientes.
Fueron tantos.
Ninguno le ofreció sacarla de esos sitios, hablarle sobre alguna opción de fuga. Algunos, patéticamente, le confesaron estar enamorados de ella, pero argumentaban no poder ofrecerle más por estar casados.
Ana poco o nada cuenta sobre sus compañeras, quizá porque casi no hablaban entre sí porque se les tenía prohibido, aunque en ocasionales charlas Ana percibía sus sitios de origen: el sur, las playas, el extranjero.
A partir de lo que la niña ha platicado, Aquiles afirma que las menores eran vigiladas todo el tiempo, incluso con cámaras en los baños. Por su parte, ella dice que a las que les ganaba el llanto sólo las veía sin hacer algo.
"Era pánico, eso era lo que sentíamos, pero no podíamos hacer nada. ¿Huir? ¿Cómo?".
Aquiles interviene: les era difícil pensar porque sus "propietarios" las obligaban a consumir drogas. Hoy, Ana lucha contra la adicción a la cocaína, el crack y la metanfetamina.
Las historias abundan en la memoria de Ana. Una vez presenció que una niña fue sacada muerta en una bolsa. Un cliente la asesinó a golpes.
"La sacaron para que todas la vieran", interviene Aquiles.
Así pasaron los meses y los años. Cuenta la joven que hubo cumpleaños, navidades, pero nada les representaban estos días a las secuestradas.
Tampoco tenían demasiadas expectativas de salir: se veían como condenadas sin remedio a ese modo de vida indigno.
El fin se dio de tajo, cuenta ella. Entró un día a la escuela y de allí se fue al DF con un tío, quien la llevó con su mamá y su hermano, quienes pensaban que se había ido por su propio pie.
No sabe nada de sus captores. Tampoco en qué lugares estuvo ni quiénes la compraron.
La madre la inscribió en un colegio de religiosas, pero al poco la niña saltó. La reclusión no le venía bien.
A los días llegó a la Fundación Casa de las Mercedes y conoció a los especialistas encabezados por Aquiles, quienes la han apoyado en el camino de regreso de las drogas y la explotación sexual a través de terapias.
Eventualmente, dice Ana, piensa en las niñas y lo que fue de su destino.
• • •
No hay cifras sobre las víctimas de trata en México, pero Proteja estima miles.
"Por ello consideramos urgente la creación de refugios para víctimas y la tipificación del delito en los códigos estatales", explica Gabriela Saavedra.
Por su parte, Aquiles Colimoro puede contar las peores historias de terror. Testigo de existencias desgarradas, lo mismo habla de la dramática caída de una niña salvadoreña en manos de una mafia de tráfico sexual de la frontera con Estados Unidos, que el abuso sin nombre de una pequeña de ocho meses a la que el primer cliente, en Acapulco, dañó gravemente durante la violación.
Muchos clientes y promotores, recalca, son artistas, políticos, empresarios. Figuras públicas y prominentes.
Las niñas mexicanas, agrega, son cotizadas en las antros de Tokio o en los sótanos de Nueva York a miles de dólares, en tanto las de otros países no se quedan atrás: de acuerdo a datos que él posee, niñas cubanas son traídas al país por 5 mil dólares.
De ser regresadas a la isla al cabo de un año, el tratante devuelve mil al cliente.
"Por todo esto, dije al principio que Ana es una sobreviviente, pero ¿y las demás?".
Por su parte, Ana estudia leyes.
Afirma que lo hace para defender a quienes sean empujadas al mismo camino que ella.
"Tengo ganas de vivir", dice.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/1027792
lunes, 24 de agosto de 2009
Ebulá, pueblo maya destruido en Campeche
Hermann Bellinghausen
Del sureste llegan preguntas de hoy que parecen de hace un siglo. Son las que despierta la destrucción total de Ebulá por órdenes del empresario Eduardo Escalante, suegro del malogrado presidenciable panista Juan Camilo Mouriño. Así como suena: un grupo de 100 hombres suyos, caracterizados por las víctimas como parapolicías” o “sicarios”, se encargó del trabajito del señor patrón.
“¿Por qué no está en la cárcel Eduardo Escalante, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalojo ilegal, sino la completa destrucción de viviendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los habitantes de San Antonio Ebulá, además de agredir a los habitantes y expulsarlos de su propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009?”
La policía que llegó al lugar ese día, en vez de proteger a los pobladores y su patrimonio, protegió a los parapolicías contratados para destruir el pueblo “¿Por qué no detuvo a quienes, ante sus ojos y en plena flagrancia, agredieron a los habitantes de Ebulá y destruyeron un pueblo que su fundó hace más de 40 años?”
El Grupo Indignación, importante organismo defensor de los derechos humanos en la península de Yucatán, interroga al gobierno y al congreso campechano, al presidente Felipe Calderón, a las comisiones gubernamentales de derechos humanos e indígenas, y hasta a la procuraduría federal ambiental.
“¿Por qué el gobierno de Campeche no usa la fuerza pública para garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras?” Las preguntas queman. ¿Cuánto silencio más puede soportar nuestro México? Así de irracional y primitivo como suena, esto sucede ahora mismo, bajo el panismo neoporfirista que nos trajo la “transcisión democrática” para seguir sientiéndonos neoliberalmente modernos sin que jamás se haya ido el PRI.
“¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre particulares? ¿Por qué el subsecretario de Gobierno ofrece ‘apoyos’ a los desplazados en vez de sancionar a los responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo y la restitución y reparación de los daños? ¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo al empresario Escalante? ¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido consultado sobre las obras que se pretenden construir en su territorio?”
Ebulá es reconocido como población por el Instituto Federal Electoral, el Ejecutivo federal, la Secretaría de Educación Pública, el Congreso y los gobiernos estatal y municipal. Agredido por un patrón cualquiera (asociado con la familia Mouriño, boyante como se sabe en gasolineras, carreteras, “contratos”, especulación inmobiliaria, privatización del suelo, poder político y otros prósperos negocios), a Ebulá su propio gobierno le niega su carácter de pueblo.
El Grupo Indignación cuestiona que permanezcan impunes el intento de desalojo de 2007, en el que se destruyeron más de 20 casas, la escuela del Conafe y el templo católico, y luego un “violento y por supuesto ilegal intento de desalojo” del pasado 26 de mayo. Se “destruyeron seis casas, se agredió a los pobladores y se les fabricaron delitos”.
La comisión estatal de derechos humanos no acudió el 13 de agosto, cuando a las 8:30 horas se le informó del desalojo en la comunidad, ni ha escuchado ningún testimonio de los indígenas no obstante que los tiene muy a la mano, pues permanecen en un plantón frente al palacio de gobierno de Campeche, protestando. “¿Por qué la comisión no ha dictado medidas cautelares que garanticen a las y los habitantes de San Antonio Ebulá medidas de seguridad para el retorno a su pueblo y la restitución de sus bienes?”
Las preguntas caen en cascada: “¿Por qué el Congreso de Campeche no ha conminado a las autoridades a proteger y hacer efectivos los derechos de los pobladores de Ebulá?” Y yéndose un poco atrás: “¿Por qué el pueblo de Ebulá no ha podido obtener certeza legal sobre sus tierras en los más de 20 años que lleva interponiendo todos los recursos necesarios? ¿Por qué Escalante se arroga la posesión de esas tierras?”
Entrampado en una sucesión incómoda, el gobierno de Campeche tiene dos importantes papas calientes para su decaída legitimidad social: seis presos políticos de Candelaria por resistir las altas tarifas eléctricas, y ahora una comunidad destruida impunemente por un cacique poderoso. Qué tiempos aquellos señor don Porfirio. Los campesinos mayas de Ebulá fueron golpeados y expulsados de su comunidad, privados de sus medios de subsistencia, sus viviendas destruidas, sus pertenencias robadas y sus animales asesinados. ¿Que los protege la legislación internacional? Vamos, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue capaz de intervenir tras la destrucción de los recursos forestales que tenía el suelo de Ebulá.
Vivimos un tiempo de preguntas. Muchas. Demasiadas. Una lleva a otra y a otra, y el gobierno no se molesta nunca en contestarlas. Pero sus hechos hablan.
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/24/index.php?section=opinion&article=a13a1cul
Del sureste llegan preguntas de hoy que parecen de hace un siglo. Son las que despierta la destrucción total de Ebulá por órdenes del empresario Eduardo Escalante, suegro del malogrado presidenciable panista Juan Camilo Mouriño. Así como suena: un grupo de 100 hombres suyos, caracterizados por las víctimas como parapolicías” o “sicarios”, se encargó del trabajito del señor patrón.
“¿Por qué no está en la cárcel Eduardo Escalante, que por su propia cuenta efectuó, no sólo un desalojo ilegal, sino la completa destrucción de viviendas, animales, árboles y todo el patrimonio de los habitantes de San Antonio Ebulá, además de agredir a los habitantes y expulsarlos de su propio pueblo el pasado 13 de agosto de 2009?”
La policía que llegó al lugar ese día, en vez de proteger a los pobladores y su patrimonio, protegió a los parapolicías contratados para destruir el pueblo “¿Por qué no detuvo a quienes, ante sus ojos y en plena flagrancia, agredieron a los habitantes de Ebulá y destruyeron un pueblo que su fundó hace más de 40 años?”
El Grupo Indignación, importante organismo defensor de los derechos humanos en la península de Yucatán, interroga al gobierno y al congreso campechano, al presidente Felipe Calderón, a las comisiones gubernamentales de derechos humanos e indígenas, y hasta a la procuraduría federal ambiental.
“¿Por qué el gobierno de Campeche no usa la fuerza pública para garantizar el retorno de los pobladores a sus tierras?” Las preguntas queman. ¿Cuánto silencio más puede soportar nuestro México? Así de irracional y primitivo como suena, esto sucede ahora mismo, bajo el panismo neoporfirista que nos trajo la “transcisión democrática” para seguir sientiéndonos neoliberalmente modernos sin que jamás se haya ido el PRI.
“¿Por qué el gobierno de Campeche dice que no puede hacer nada y argumenta que se trata de un problema entre particulares? ¿Por qué el subsecretario de Gobierno ofrece ‘apoyos’ a los desplazados en vez de sancionar a los responsables, garantizar el retorno de la gente a su pueblo y la restitución y reparación de los daños? ¿Por qué el gobierno de Campeche continúa protegiendo al empresario Escalante? ¿Por qué el pueblo de San Antonio Ebulá nunca ha sido consultado sobre las obras que se pretenden construir en su territorio?”
Ebulá es reconocido como población por el Instituto Federal Electoral, el Ejecutivo federal, la Secretaría de Educación Pública, el Congreso y los gobiernos estatal y municipal. Agredido por un patrón cualquiera (asociado con la familia Mouriño, boyante como se sabe en gasolineras, carreteras, “contratos”, especulación inmobiliaria, privatización del suelo, poder político y otros prósperos negocios), a Ebulá su propio gobierno le niega su carácter de pueblo.
El Grupo Indignación cuestiona que permanezcan impunes el intento de desalojo de 2007, en el que se destruyeron más de 20 casas, la escuela del Conafe y el templo católico, y luego un “violento y por supuesto ilegal intento de desalojo” del pasado 26 de mayo. Se “destruyeron seis casas, se agredió a los pobladores y se les fabricaron delitos”.
La comisión estatal de derechos humanos no acudió el 13 de agosto, cuando a las 8:30 horas se le informó del desalojo en la comunidad, ni ha escuchado ningún testimonio de los indígenas no obstante que los tiene muy a la mano, pues permanecen en un plantón frente al palacio de gobierno de Campeche, protestando. “¿Por qué la comisión no ha dictado medidas cautelares que garanticen a las y los habitantes de San Antonio Ebulá medidas de seguridad para el retorno a su pueblo y la restitución de sus bienes?”
Las preguntas caen en cascada: “¿Por qué el Congreso de Campeche no ha conminado a las autoridades a proteger y hacer efectivos los derechos de los pobladores de Ebulá?” Y yéndose un poco atrás: “¿Por qué el pueblo de Ebulá no ha podido obtener certeza legal sobre sus tierras en los más de 20 años que lleva interponiendo todos los recursos necesarios? ¿Por qué Escalante se arroga la posesión de esas tierras?”
Entrampado en una sucesión incómoda, el gobierno de Campeche tiene dos importantes papas calientes para su decaída legitimidad social: seis presos políticos de Candelaria por resistir las altas tarifas eléctricas, y ahora una comunidad destruida impunemente por un cacique poderoso. Qué tiempos aquellos señor don Porfirio. Los campesinos mayas de Ebulá fueron golpeados y expulsados de su comunidad, privados de sus medios de subsistencia, sus viviendas destruidas, sus pertenencias robadas y sus animales asesinados. ¿Que los protege la legislación internacional? Vamos, ni la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente fue capaz de intervenir tras la destrucción de los recursos forestales que tenía el suelo de Ebulá.
Vivimos un tiempo de preguntas. Muchas. Demasiadas. Una lleva a otra y a otra, y el gobierno no se molesta nunca en contestarlas. Pero sus hechos hablan.
http://www.jornada.unam.mx/2009/08/24/index.php?section=opinion&article=a13a1cul
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