Organización Editorial Mexicana
5 de septiembre de 2009
El Sol de México
Ciudad de México.- Otras cinco semanas deberá pasar en prisión Jacinta Francisco Marcial, así como Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas por la Procuraduría General de la República (PGR) de secuestrar el 26 de agosto de 2006 a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal e Investigaciones (AFI) en Querétaro, no obstante que esta dependencia presentó "conclusiones no acusatorias", afirmó Leopoldo Maldonado, abogado de la indígena.
En entrevista con este diario, Leopoldo Maldonado, también abogado del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", señaló que la dependencia respondió de esta forma debido a que un tribunal unitario de circuito ordenó la reposición del juicio, toda vez que se encontraron "contradicciones sustanciales en la acusación, porque hay una duda razonable en cuanto a la responsabilidad de Jacinta y sus coacusadas", por parte del Ministerio Público Federal y del juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en Querétaro.
Afirmó que la liberación podría darse antes si la PGR actúa con diligencia y se desahogan los 60 careos procesales que aún deben desarrollarse para determinar si Jacinta Francisco Marcial fue la responsable del delito.
En este sentido, adelantó que el próximo 14 de septiembre se realizará una audiencia donde la Procuraduría deberá presentar a cuatro de los seis elementos que supuestamente fueron privados de su libertad cuando realizaban un operativo contra la piratería en el poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, para que una vez desahogados los procesos y el posterior cierre de la instrucción que decrete el juez, la PGR deba presentar las "conclusiones no acusatorias", que en términos concretos significaría retirar las acusaciones contra las tres procesadas.
* Acompañantes
El litigante afirmó que con la liberación de Jacinta, también abandonarían el Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes son coacusadas por el delito de privación ilegal de la libertad, porque no habría responsabilidad para nadie, aunque la Procuraduría sólo se refiera a Jacinta.
Asimismo, señaló que en cuanto salga libre Jacinta se solicitará a la PGR actuar de oficio para "establecer las responsabilidades correspondientes, tanto penales como administrativas" a los responsables de la injusta encarcelación.
Cabe recordar que Jacinta Francisco Marcial, de 46 años, quien ha estado presa por más de tres años, antes de su detención se dedicaba al comercio en la vía pública
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1313576.htm
Exigen sanciones a servidores públicos por caso Jacinta
Organización Editorial Mexicana
5 de septiembre de 2009
Manrique Gandaria / El Sol de México
Ciudad de México.- La liberación de la indígena Jacinta Francisco Marcial es apenas el primer paso de una serie de medidas que deben tomarse para reconocerle su inocencia y repararle el daño, además debe sancionarse a los servidores públicos que mintieron sobre este caso, exclamó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
A través de un comunicado, el organismo consideró que el de Jacinta es un caso paradigmático en México, pues quedó demostrado lo vulnerables que pueden ser las mujeres frente al sistema de procuración y administración de justicia que hay en el país.
"Esto ocurre sobre todo cuando se combinan condiciones como ser indígena y pobre, ahí toma forma una triple discriminación y violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que no deben tener cabida en una sociedad que se precie de ser democrática", se dijo.
El Inmujeres se congratuló con el anuncio de la PGR de que en el proceso penal 48/2006, que se sigue en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, en contra de Jacinta Francisco Marcial y coacusadas, por el presunto secuestro de seis servidores públicos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), formulará "conclusiones no acusatorias", lo que le permitirá obtener de inmediato la libertad a esta indígena otomí.
Consideró que la liberación de Jacinta es apenas el primer paso de una serie de medidas que deberá tomar la PGR en reconocimiento de su inocencia, así como de las coacusadas, como repararle el daño por los más de tres años en los que fue injustamente privada de su libertad.
Pero, sobre todo, indicó, iniciar las investigaciones para fincar responsabilidades de aquellos servidores públicos de la PGR que hayan falseado información o hechos que trajeron como consecuencia el inicio del procedimiento penal en contra de Jacinta, así como de las coacusadas: Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
El instituto confió en que la PGR encontrará en este caso la extraordinaria oportunidad para implementar en el futuro normas internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, e incorporar la perspectiva de género y etnia en su quehacer institucional, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres y el que no se repitan estos hechos.
Destacó que continuará atendiendo a su mandato de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres en México, con el seguimiento al proceso en contra de Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, y confía que en breve sean también absueltas por el delito de secuestro, pues el Inmujeres, al igual que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional y la CNDH, a través de la Recomendación 47/2009.
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1313575.htm
lunes, 7 de septiembre de 2009
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