OSC de Puebla demandarán ante Conapred a Arzobispo

Seminaristas con VIH podrían ser pederastas, dijo
Por Kara Castillo/corresponsal

Puebla, Pue., 27 enero 09 (CIMAC).- El Arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca Pacheco, será evidenciado ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), luego de la infortunada declaración en la que informó que se prohibía el ingreso al Seminario Palafoxiano a personas con resultados positivos en las pruebas de VIH, pues podrían ser pederastas.

En su rueda de prensa dominical, el prelado dijo: “Se someten a pruebas (los seminaristas) inclusive del VIH, para que no se nos cuele un enfermo, estamos atentos a esto, no estamos dormidos, pero a veces las cosas nos rebasan, pero si están enfermos no los aceptamos”.

Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos de Puebla (CDHP) y organizaciones defensoras de los derechos humanos acusaron que la práctica viola la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación y exhortaron al jerarca católico a informarse, pues la declaración no sólo revela desconocimiento de la Ley federal, sino un ánimo discriminatorio atroz y poco cristiano.

Las declaraciones del sacerdote se hicieron en el contexto del anuncio de los mecanismos para garantizar que en el proceso de ingreso de los aspirantes al seminario, según explicó a la prensa local, de tal manera que no se aceptaran a hombres “con tendencias homosexuales o a pederastas”.

Agregó el Arzobispo que “estarán atentos para identificar conductas impropias de los sacerdotes, que pongan en riesgo a los feligreses, como la pederastia, por lo que aquellos que deseen sumarse a la iglesia deberán someterse a evaluaciones rigurosas”.

DISCRIMINACIÓN E IGNORANCIA

Esta declaración, coincidieron activistas sociales, es una clara discriminación contra las personas que viven con VIH/SIDA, es una violación a sus Derechos Humanos. Además, el rechazo social es un obstáculo para la atención de los pacientes.

Precisaron que la discriminación responde a la ignorancia sobre las formas y riesgos de transmisión de esta infección y a la creencia de que todas las personas que viven con VIH o SIDA son homosexuales, trabajadores sexuales y usuarios de drogas por vía intravenosa.

“Se viola el derecho constitucional de las personas que desean ser sacerdotes, afirmó Brahim Zamora, representante de la red democracia y sexualidad (Demisex), quien cuestionó “yo quisiera que el jerarca explicara cómo es que una prueba de VIH previene la pederastia. No sé si el sacerdote Nicolás Aguilar se sometió a una prueba Elisa o una prueba rápida para detectar el virus. No entendemos por qué vivir con el virus podría entorpecer el ministerio”, preguntó.

“Lo que se deja ver es el absoluto desconocimiento de la ley y del abordaje incluso científico en el que ha avanzado para plantearse la pandemia”, explicó el activista.

Olvida también el Arzobispo, señaló Zamora, que según la norma establecida por la Federación, para realizar cualquier prueba es necesario el consentimiento informado, confidencial y voluntario.

Ésta no puede ser impuesta bajo ningún criterio ni como requisito para el acceso a bienes y servicios, contraer matrimonio, obtener empleo, formar parte de instituciones educativas o para recibir atención médica. Tampoco será causal para la rescisión de un contrato laboral, la expulsión de una escuela, la evacuación de una vivienda, la salida del país o el ingreso al estado. La prueba sólo debe servir para garantizar la protección de la salud de cada persona, detalló.

“Con esta declaración, señaló Onán Vázquez, de Vida Plena, el Arzobispo detiene y retrasa el trabajo de las organizaciones que trabajamos para la prevención de la pandemia, esta visión del jerarca es la que preocupa, pues el VIH es un virus, no un crimen, lo que debe atacarse es el padecimiento, no a las personas. Su declaración incrementa el estigma y la discriminación, convirtiéndose en barreras que dificultan el acceso a realizarse cualquier diagnóstico de VIH debido al miedo que provoca su criminalización y exclusión”.

La reducción del estigma es factor clave para prevenir la transmisión sexual de las ITS, aseguraron los activistas, quienes afirmaron que la declaración del prelado será llevada hasta Conapred, quien podría emitir una recomendación y quizá ofrecer cursos para el seminario y organismos estatales religiosos.

Antonia Silva, responsable del programa de Gestión y Atención para personas con VIH/SIDA y Lupos de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, consideró preocupante la declaración del Arzobispo, pues es un acto discriminatorio de los Derechos Humanos.

“Nosotros, en el afán de defender los Derechos Humanos, exhortamos e invitamos a la autoridad eclesiástica a fin de que se informe y eviten las prácticas discriminatorias por una enfermedad o situación. Los Derechos Humanos nos asisten a todos independientemente de cualquier circunstancia”, precisó Silva.

09/KC/GG
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