Alberto Cuenca
El Universal
Domingo 27 de septiembre de 2009
Ayer fue el turno de las y los sin voz, de quienes se comunican a través de señas, de aquellos que acusan discriminación y exclusión por el hecho de no compartir los códigos que usa el resto de la sociedad
alberto.cuenca@eluniversal.com.mx
Ayer fue el turno de las y los sin voz, de quienes se comunican a través de señas, de aquellos que acusan discriminación y exclusión por el hecho de no compartir los códigos que usa el resto de la sociedad.
Con un tambor sustituyeron a las palabras y así se hicieron escuchar a lo largo del Paseo de la Reforma, por donde marcharon para exigir derechos, reconocimiento y oportunidades. Eran alrededor de 200, aunque la Secretaría de Seguridad Pública local estimó que no rebasaba ni 70 el número de integrantes de la Tercera Marcha por el Día Internacional de la Lengua de Señas que partió del Ángel hacia el Hemiciclo a Juárez.
Esta es una movilización que se celebra en todo el mundo el último sábado de septiembre. Para la marcha que se realizó ayer, la convocatoria corrió a cargo de la Coalición de Personas Sordas del Distrito Federal y de la Unión Nacional de Sordos de México.
En ciudades de Francia, Argentina, Canadá, Guatemala y Estados Unidos hubo marchas similares que subrayan la importancia de romper las barreras de la comunicación, aunque en la capital del país esta marcha tuvo su sello y demandas particulares.
Piden reconocimiento oficial
Ayer, los participantes exigieron que la lengua de señas mexicanas cuente con un reconocimiento oficial, para que sea impartida en todo tipo de escuelas.
Los organizadores de la marcha estiman que hay alrededor de 26 mil habitantes en el Distrito Federal que enfrentan discapacidad auditiva, y que por ello no cuentan con acceso a una educación de calidad, así como a una fuente de empleo digna.
Pidieron a los empresarios sumarse a esta lucha, para abrir fuentes de empleo a las personas sordas y capacitar a su propio personal en la lengua de señas que facilite la adaptación de personas con esta discapacidad.
Reclaman subtítulos en la televisión
Exigieron que las televisoras, como medios de comunicación, cuenten con intérpretes o agreguen subtítulos a sus contenidos para garantizar que el mensaje llegue a todos.
Acusaron que, por ejemplo, durante la contingencia por la alerta sanitaria de abril pasado, ellos conocieron hasta días después que el virus de la influenza A H1N1 provocaba muertos entre los mexicanos. “Cuando inició la contingencia no sabíamos que pasaba, estábamos confundidos, veíamos que todas las personas usaban cubrebocas pero no sabíamos por qué”, relataba Érick Álvaro Arellano a través de una intérprete.
http://www.eluniversal.com.mx/ciudad/97709.html
domingo, 27 de septiembre de 2009
miércoles, 23 de septiembre de 2009
23 de septiembre: Día Internacional contra la Explotación Sexual
México:
Día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas
Desde el año 2000 México forma parte del Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
08:00:00
El 27 de noviembre del 2007, el gobierno de México emitió el Decreto que expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y el 27 de febrero del 2009 se publicó el Reglamento correspondiente a dicha ley.
La importancia del Reglamento reside primordialmente en la integración de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, instalada el pasado 16 de julio, de la que forma parte la Procuraduría General de la República.
Esta Comisión tiene el mandato expreso de integrar el Programa Nacional contra la Trata de Personas para diseñar y operar las políticas públicas necesarias y adecuadas, y para hacer operacionalmente eficaz y eficiente la política del Estado Mexicano en materia de prevención, investigación, persecución, sanción y represión judicial de todo lo referente a las conductas constitutivas del delito de trata de personas.
Por su parte, la Procuraduría General de la República ha hecho esfuerzos muy importantes para combatir este delito complejo y multifacético, y para enfrentarlo de tal forma que no queden resquicios por los que la delincuencia pudiera legalmente evadir la acción de la justicia.
La PGR ha impulsado ante el Congreso de la Unión, las reformas constitucionales en materia penal que tipifican la trata de personas en sus modalidades relativas a la Delincuencia Organizada y ha promovido decididamente las reformas necesarias a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y otras leyes referentes a prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas; reformas que se materializaron entre 2008 y 2009.
En la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se estableció la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos para combatir la trata de personas cuando se configura la tipificación delictiva propia de la delincuencia organizada. A la vez, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) contempla y asume los temas relativos a la trata de personas en el ámbito internacional cuando estos delitos son de la competencia de las autoridades mexicanas.
http://puentelibre.com.mx/not_detalle.php?id_n=27497
Oaxaca, destino y tránsito para tratantes de personas
* Mujeres y niños son “enganchados” desde territorio oaxaqueño; la pobreza incrementa el riesgo de caer en una red de tratantes
Nadia ALTAMIRANO DÍAZ*
23/09/2009, 00:09:00 AM
La pobreza que existe en Oaxaca incrementa el riesgo de que las mujeres, niñas y niños caigan en alguna red de trata de personas, ya sea para ser explotados sexual o laboralmente. Además de que las víctimas son “enganchadas” desde aquí, el territorio oaxaqueño entra en la cadena delictiva como un lugar de destino y tránsito.
En el informe “Instrumento para el Estudio de las Condiciones de la Trata de Personas en México 2009”, presentado por la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra de Estados Unidos, Oaxaca es una de las 17 entidades del país en las que operan 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual y laboral.
“La misma pobreza y su vulnerabilidad hace que sean más fácil de enganchar, las llevan a los centros turísticos de las grandes capitales o al Distrito Federal y ahí las explotan”, opina Helene Le Goff, oficial de proyecto de la Organización Internacional para las Migraciones, para quien el tema no se ciñe nada más transportar a personas de un país a otro porque hay también mexicanas que son víctimas de este tipo de esclavitud moderna en su propio país.
La especialista en trata de personas, género y niñez, ofreció ayer un taller en la ciudad de Oaxaca a personal directivo y operativo de las instancias involucradas en el tema, el cual fue organizado por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas del Gobierno Federal.
Además de que la trata de personas es un delito que se comete con fines de explotación sexual también la hay por explotación laboral, un aspecto “mucho menos visualizado” y que en el caso de las oaxaqueñas va vinculado al trabajo en hogares ajenos.
“Lo que a mí me preocupa es que ahora estamos en la fase en que la trata con fin sexual está visible pero no pasa lo mismo con la que tiene un fin laboral" dejamos pasar muchos casos de personas que pudieron dejar de ser víctimas de la trata pero que ahí siguen porque hay un montón de medios de coerción que se los impide y la sociedad lo tolera, y vemos como normal porque lo confundimos con la explotación laboral y no nos damos cuenta de la gravedad de lo que ocurre en el campos agrícolas o en los hogares”, analiza.
Las enganchan “con amor”
En el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual, la Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas del Gobierno Federal, Teresita Gómez de León del Río, señala que el engaño, la seducción y el enamoramiento son los métodos más utilizados para “enganchar” a las víctimas.
“Los lenones o proxenetas son hombres seductores que por lo regular enamoran a las mujeres, les prometen casarse con ellas, se la llevan a vivir con ellos, les compran ropa y luego las ponen a trabajar de mesera en un bar o las prostituyen. Cuando las ponen a trabajar las dejan de ver y las amenazan con regresarlas a sus casas y matarlas si no les entregan el dinero”.
Además, hay un sentimiento de la víctima hacia su tratante de que les deben dinero porque les compró ropa o porque les facilitan la droga o el alcohol que les enseñaron a consumir para atender sexualmente a 7 u 8 clientes en una misma noche.
Pocas denuncias
Aunque en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas se han integrado 30 averiguaciones previas en este año, en ninguna está involucrada alguna persona de origen oaxaqueño, lo que no significa que en Oaxaca este delito no ocurre.
“Las autoridades deben estar bien capacitadas porque si no se tienen las herramientas y los conocimientos para darse cuenta de que en algún caso existe trata de personas el delito no se tipifica”, ya que la víctima no reconoce el delito.
“Sí dicen mi novio me violento, me engaño, hizo que tuviera relaciones con otros pero para caer en la cuenta que son víctimas de trata de personas les lleva muchos años viviendo situaciones de gran deterioro, es un delito muy complejo”.
En noviembre de 2007 entró en vigor la Ley federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, cuatro años después de que México ratificó el Protocolo de Palermo, un instrumento internacional que definió la trata de personas.
En Oaxaca fue hasta este 2009 cuando se tipificó el delito de trata de personas por lo que el Procurador General de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, lo considera un delito “nuevo” al que le falta hacerle difusión para que las víctimas se atrevan a denunciarlo, ya que a la fecha sólo recuerda la existencia de tres averiguaciones previas al respecto.
____________
* nadiaaltamira @gmail.com
http://www.imparcialenlinea.com/?mod=leer&id=97915&sec=primera&titulo=Oaxaca,_destino_y_tr%C3%A1nsito__para_tratantes_de_personas
El ombudsman critica rezagos
Cintya Contreras
23 de septiembre del 2009
Al entregar su último informe de labores, dijo que hay vacíos en la atención a grupos vulnerables
Un nuevo modelo de organismo público de derechos humanos es el saldo que entrega el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, después de ocho años de gestión.
La exigencia de la reparación del daño, mediante recomendaciones; la gestión para el resarcimiento de las violaciones a las garantías individuales y la promoción de los derechos entre la ciudadanía, fueron algunos, dijo, de los logros alcanzados.
Al presentar su último informe de gestión 2001-2009, destacó la elaboración del Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
“Llegar a este punto no ha sido fácil y podría ser un costoso error considerar estos logros como definitivos e inamovibles. Muchos y lamentables ejemplos nos hacen ver cotidianamente que los alcances no sólo están en riesgo, sino que pueden revertirse”, comentó.
Aseguró que durante su gestión, que concluye el próximo 30 de septiembre, “rompimos paradigmas, dejamos atrás una visión reactiva enfocada exclusivamente en la defensa, en la emisión de recomendaciones y en los casos concretos, para atender las causas estructurales que dan origen a las violaciones a derechos humanos, con el fin de incidir en el diseño e implementación de políticas públicas”.
De acuerdo con el ombudsman, entre los pendientes y vacíos que aún faltan por atender, por parte de las autoridades, está el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, niños y niñas, portadores de VIH o que viven con Sida; personas víctimas de trata o explotación sexual comercial, inmigrantes y las que tienen orientación sexual diversa, entre otros grupos.
Representantes de organizaciones civiles, diputados, ex legisladores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, asistieron al acto, en el que también se inauguró oficialmente la nueva sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, al sur de la ciudad, cuyo diseño es 100% accesible y su operación sustentable.
Al entregar su último informe de labores, dijo que hay vacíos en la atención a grupos vulnerablesUn nuevo modelo de organismo público de derechos humanos es el saldo que entrega el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, después de ocho años de gestión.
La exigencia de la reparación del daño, mediante recomendaciones; la gestión para el resarcimiento de las violaciones a las garantías individuales y la promoción de los derechos entre la ciudadanía, fueron algunos, dijo, de los logros alcanzados.
Al presentar su último informe de gestión 2001-2009, destacó la elaboración del Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
“Llegar a este punto no ha sido fácil y podría ser un costoso error considerar estos logros como definitivos e inamovibles. Muchos y lamentables ejemplos nos hacen ver cotidianamente que los alcances no sólo están en riesgo, sino que pueden revertirse”, comentó.
Aseguró que durante su gestión, que concluye el próximo 30 de septiembre, “rompimos paradigmas, dejamos atrás una visión reactiva enfocada exclusivamente en la defensa, en la emisión de recomendaciones y en los casos concretos, para atender las causas estructurales que dan origen a las violaciones a derechos humanos, con el fin de incidir en el diseño e implementación de políticas públicas”.
De acuerdo con el ombudsman, entre los pendientes y vacíos que aún faltan por atender, por parte de las autoridades, está el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, niños y niñas, portadores de VIH o que viven con Sida; personas víctimas de trata o explotación sexual comercial, inmigrantes y las que tienen orientación sexual diversa, entre otros grupos.
Representantes de organizaciones civiles, diputados, ex legisladores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, asistieron al acto, en el que también se inauguró oficialmente la nueva sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, al sur de la ciudad, cuyo diseño es 100% accesible y su operación sustentable.
Al entregar su último informe de labores, dijo que hay vacíos en la atención a grupos vulnerablesUn nuevo modelo de organismo público de derechos humanos es el saldo que entrega el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, después de ocho años de gestión.
La exigencia de la reparación del daño, mediante recomendaciones; la gestión para el resarcimiento de las violaciones a las garantías individuales y la promoción de los derechos entre la ciudadanía, fueron algunos, dijo, de los logros alcanzados.
Al presentar su último informe de gestión 2001-2009, destacó la elaboración del Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
“Llegar a este punto no ha sido fácil y podría ser un costoso error considerar estos logros como definitivos e inamovibles. Muchos y lamentables ejemplos nos hacen ver cotidianamente que los alcances no sólo están en riesgo, sino que pueden revertirse”, comentó.
Aseguró que durante su gestión, que concluye el próximo 30 de septiembre, “rompimos paradigmas, dejamos atrás una visión reactiva enfocada exclusivamente en la defensa, en la emisión de recomendaciones y en los casos concretos, para atender las causas estructurales que dan origen a las violaciones a derechos humanos, con el fin de incidir en el diseño e implementación de políticas públicas”.
De acuerdo con el ombudsman, entre los pendientes y vacíos que aún faltan por atender, por parte de las autoridades, está el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, niños y niñas, portadores de VIH o que viven con Sida; personas víctimas de trata o explotación sexual comercial, inmigrantes y las que tienen orientación sexual diversa, entre otros grupos.
Representantes de organizaciones civiles, diputados, ex legisladores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, asistieron al acto, en el que también se inauguró oficialmente la nueva sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, al sur de la ciudad, cuyo diseño es 100% accesible y su operación sustentable.
. http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/politicacapitalina/el_ombudsman_critica_rezagos/729467
Forma de esclavitud
Ligadas al tráfico de migrantes, explotación sexual y trabajo forzoso de mujeres y niñas principalmente son las dos formas más comunes de trata en el mundo,
Mónica Fernández /APRO
Coacción, humillaciones, amenazas, acoso, golpes, privación ilegal de la libertad, seducción, compra-venta de personas, desaparición, esclavitud y secuestro, son algunos actos que conlleva la trata de mujeres para la prostitución, condiciones que evidencian graves violaciones a sus derechos.
En la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, que se llevó a cabo en Dhaka, Bangladesh, en 1999, se eligió el 23 de septiembre de cada año
como el Día Internacional en contra explotación y Tráfico de Mujeres y Niños, hecho que busca hacer conciencia entre los gobiernos y sociedad civil sobre las causas y consecuencias de este crimen que afecta a todas las regiones del mundo.
Diversos son los tratados que se han adoptado para proteger a las mujeres; entre ellos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979; Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000; Protocolo para la Prevención, Supresión y Sanción del Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que viene a complementar a la anterior, y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1994.
Varios estudios señalan que, en el caso de México, el Gobierno confunde la problemática de la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes, lo que plantea tres grandes problemas políticos:
El primero de ellos indica que no se ha llegado a comprender la complejidad del fenómeno de la migración indocumentada, pues no se tiene un plan de trabajo concreto que aborde el tráfico de migrantes que muchas veces no involucra trabajo o servicio forzado en el ámbito sexual.
En segundo lugar, e independientemente de que es una responsabilidad del Estado tomar medidas para erradicar el trabajo o servicio forzado relacionado con lo sexual, no se tienen mecanismos de protección a víctimas en los que se tomen en cuenta las necesidades reales de las mujeres y, en especial, los niños y las niñas; sencillamente se disponen vertientes que responden a lo que el legislador piensa que es lo correcto, sin identificar lo que debería ser lo correcto.
En tercer lugar, la razón de que las leyes sobre trabajo o servicio forzado para el sector sexual manifiestan un vacío político, ya que la explotación ejercida contra personas, tanto nacionales como extranjeras, no se limita a lo sexual, sino que abarca el campo de lo laboral.
Por tanto, es imperante que se especifiquen los esfuerzos de nuestro país para abordar una problemática multifacética que requiere de un trabajo interinstitucional e interdisciplinario, asegura el Informe sobre la Trata de Personas En El Salvador, Guatemala, Honduras y México, presentado en el marco del 123 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La trata como una actividad de compra-venta de placer sexual, de secuestro, de violencia familiar y de violación se ha convertido en un negocio que genera grandes ganancias aunque, por la complejidad de dicho ilícito, es difícil obtener el número exacto de personas involucradas.
En el informe "Tráfico de mujeres, legislación y políticas públicas del estado de Tlaxcala", que en 2006 elaboró el centro Fray Julián Gracés se señala que sobre este tema existen dos perspectivas fundamentales en la labor de investigación:
a) Perspectiva de derechos humanos: tomando en cuenta que el tráfico de mujeres vulnera dos principios esenciales para la vivencia de los derechos, la dignidad y la libertad, expresando al mismo tiempo diversas formas de discriminación y vejando los derechos humanos en su totalidad.
b) Perspectiva de género: considerando que la violación a los derechos humanos se acentúa por la discriminación hacia la mujer basada principalmente en el sexo y volcada hacia construcciones culturales que fomentan la violencia.
Por último, la trata de mujeres es una violación a derechos humanos, una agresión a la dignidad de las personas, un atropello a la humanidad y una forma de esclavitud de este siglo.
Negocio rentable
En agosto pasado, un total de 54 personas fueron detenidas en España y Alemania luego de ser desmantelada una red de falsificación de documentos para inmigración clandestina, sobre todo de mujeres nigerianas, la mayoría, menores de edad, víctimas de trata para explotación sexual, bajo la amenaza de practicarles vudú.
No es la primera vez que se desarticula una red de trata en la que se explota a mujeres nigerianas y subsaharianas, reportó la agencia española AmecoPress; la última se llevó a cabo en Valencia, el 12 de julio de este año.
La expansión de organizaciones nigerianas que tratan con mujeres es relativamente reciente y es Italia donde más han consolidado su operación desde 1991, según la Organización Internacional de las Migraciones, y en España desde 1995, informó la agencia.
Ligadas al tráfico de migrantes, explotación sexual y trabajo forzoso de mujeres y niñas principalmente son las dos formas más comunes de trata en el mundo, de acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En el documento, basado en un estudio realizado en 155 países y emitido por la ONU el pasado 12 de febrero, la explotación sexual representa poco más de 79 por ciento de los casos en tanto que el trabajo forzoso es superior a 18 por ciento.
Más de 80 por ciento de las víctimas de trata son niñas y mujeres, señala la ONU. El reporte indica que de cada cinco seres humanos víctimas de trata, uno es menor de edad y, lo más preocupante, es que son las niñas y niños abusados y explotados sexualmente como víctimas de pedofilia o pornográficamente.
El trafico de personas, según la Organización Internacional del Trabajo es uno de los tres negocios más rentables, después del tráfico de drogas y de armas, de la delincuencia organizada, alcanzando un beneficio para los delincuentes de hasta 32 mil millones de dólares al año.
Se considera trata de personas a "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación".
Así lo define el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocido como "Protocolo de Palermo", pues se aprobó en el año 2000.
Destinos y formas de trata
El Departamento de Estado mexicano explica que las redes de tratantes llevan a las niñas y mujeres mexicanas a Estados Unidos para su explotación sexual comercial.
En cuanto a las víctimas provenientes de Sudamérica, el Caribe, Europa Oriental y Asia, son traídas al país para explotación sexual o laboral, o para su posterior tránsito hacia Estados Unidos, mientras que los niños y hombres mexicanos son llevados del sur al norte de México para labores forzadas.
En tanto la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra de Estados Unidos, que este año presentó su informe Instrumento para el estudio de las condiciones de la trata de personas en México 2009, detectó 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual y laboral.
Estos operan sobre todo en el Distrito Federal y en 17 entidades de la República, como Baja California, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco, las cuatro primeras consideradas como de "turismo sexual" por ser lugares con destino de playa.
Datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada reportan la presencia de 14 bandas del crimen organizado tan sólo en el estado de Guerrero.
Modus operandi
Diversas organizaciones civiles que trabajan el tema, como Sin Fronteras IAP, Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés y Casa Alianza, entre otras, presentaron, en 2005, un informe sobre trata de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde explican la forma de operar de los tratantes.
En el negocio de la trata, dice el documento, intervienen varias personas o grupos, como novios, amigos, maridos, familiares, docentes, líderes comunitarios, redes pequeñas y grandes del crimen organizado, funcionarios públicos, diplomáticos, falsificadores y agencias de viajes y de trabajo, entre otros.
Existen los llamados reclutadores, que identifican a la víctima para secuestro o engaño; los transportistas, que establecen acuerdos monetarios con algunos conductores de camiones de carga para que los pasen escondidos.
También están las personas que trasladan, quienes aprovechan los puntos fronterizos para pasarlos, así como los receptores, que son quienes reciben a las víctimas para obligarlos a prestar trabajos y servicios forzados.
En el negocio también intervienen los falsificadores de documentos, que aprovechan la presencia de autoridades migratorias corruptas para falsificar los documentos y legitimar los permisos de identidades.
Legislación mexicana
En México, la ley contra la trata de personas sanciona este delito con una pena que va de los 6 a los 12 años de prisión, misma que puede aumentar de acuerdo con la edad de la víctima. En el caso de menores de edad, la condena es de 9 a 18 años de prisión.
Si el acusado es funcionario público, las penas aumentan 50 por ciento.
Para que una persona sea considerada víctima de trata debe presentar cargos contra los victimarios, de otro modo no son considerados como tal y, por tanto, no se les brinda la atención adecuada.
Problema enorme, pocos resultados
Una instancia creada por el gobierno federal para combatir el problema es la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República, que lleva los casos federales en coordinación con la SIEDO.
La extitular de esa instancia, Guadalupe Morfín Otero, señaló en su primer informe de labores que se abrieron 24 investigaciones por trata de personas, incluyendo 11 casos de explotación sexual comercial.
El año pasado, tan sólo en Chihuahua, entidad conocida internacionalmente por el feminicidio que ha cobrado la vida de más de 400 mujeres de 1993 a la fecha y más de 4 mil desaparecidas, se abrieron nueve casos de trata de personas, dos de ellos esperan fecha de juicio y siete continúan bajo investigación.
A fines de 2007, la PGR donó una residencia confiscada a un narcotraficante convicto para ser usada como un refugio para víctimas de trata, con lugar para 22 personas.
También se continuaron emitiendo visas humanitarias renovables de un año para la mayoría de las víctimas extranjeras que ayudaran en la investigación de los tratantes; pero quienes no lo hicieron, fueron repatriados y no fueron elegibles para ayuda o servicios.
Durante 2008 sólo tres víctimas recibieron estos beneficios.
Ese año, el gobierno federal identificó a 55 víctimas de trata, de las cuales 28 eran mujeres y 27 hombres para fines de explotación sexual comercial y para trabajo forzado, pero a la fecha, ninguno ha sido consignado.
La trata en México
En México, un país que por su cercanía con Estados Unidos lo convierte en zona que expulsa, atrae y es paso de migrantes, no hay datos oficiales sobre la dimensión de la trata de personas. No obstante, existen denuncias de organismos internacionales que han dado cuenta de su existencia.
En 2007, el relator especial de Naciones Unidas contra la Venta de Niños, la Explotación Sexual y la Pornografía Infantil, Juan Miguel Petit, señaló que en México unas 80 mil niñas y niños son víctimas del abuso con fines de pornografía y prostitución forzosa.
Según reportes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, anualmente 85 mil niñas y niños son utilizados en actos de pornografía en México, mientras que en 21 de las 32 entidades del país se practica el llamado "turismo sexual".
La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas tiene como propósito la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de los victimizados residentes o trasladados al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.
Principales formas de la trata de personas:
- Trabajo forzoso
- La servidumbre doméstica involuntaria
- La trata con fines sexuales
- La prostitución infantil
- Trabajo en régimen de servidumbre
- Trabajo infantil forzoso
- Niños soldados
- La servidumbre por deudas, entre trabajadores migrantes
FUENTE: Reporte sobre la Trata de Personas 2009
9 Mil 500 mdd obtienen a escala mundial de la trata.
27 Millones de personas han sido víctimas de explotación.
80% De las víctimas de trata son niñas y mujeres, señala la ONU.
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=513719&id_seccion=10
Con una Ley que no se aplica a cabalidad
Operan en el país 47 grupos de delincuencia dedicados a la trata de personas
Por Lourdes Godínez Leal
México, DF, 21 sep. 09 (CIMAC).- México, clasificado como un país de origen, destino y tránsito de trata de personas, cuenta con una Ley en la materia desde 2007; sin embargo, pocos son los resultados de una ley que carece de recursos y de prioridad.
El gobierno mexicano, bajo la presión de organizaciones civiles, aprobó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la trata de personas en 2007 y con dos años de retraso publicó su reglamento en el Diario Oficial de la Federación, en febrero de este año.
A mayo de 2009, 22 entidades federativas y el Distrito Federal han promulgado su legislación para sancionar algunas formas de trata a nivel local. No obstante, la reciente Ley ha sido criticada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe de este año, ya que señala que han sido pocos los resultados y ésta tiene varias carencias; la principal, señala, es la falta de recursos gubernamentales, ya que no es un tema prioritario para el gobierno mexicano, que ha centrado su atención en “la lucha contra el crimen organizado” y la seguridad, lo que ha obstruido las investigaciones contra la trata de personas. La falta de sentencias o castigos severos contra los tratantes de personas, así como la incapacidad del gobierno para abrir refugios para las víctimas de este delito --quienes continúan siendo canalizadas a las ONG que trabajan el tema--, son otras críticas que hace a la Ley.
Dice también que mientras los grupos del crimen organizado continúen con la trata de personas dentro de su espectro de actividades ilícitas, la lucha del gobierno contra éste deberá incluirla.
DESTINOS Y FORMAS DE TRATA
El Departamento de Estado explica que las redes de tratantes llevan a las niñas y mujeres mexicanas a Estados Unidos para su explotación sexual comercial. En cuanto a las víctimas provenientes de Sudamérica, el Caribe, Europa oriental y Asia, son traídas al país para explotación sexual o laboral o para su posterior tránsito hacia Estados Unidos, mientras que los niños y los hombres mexicanos son llevados del sur al norte de México para labores forzadas. La Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra de Estados Unidos, que este año presentó su informe “Instrumento para el Estudio de las Condiciones de la Trata de Personas en México 2009”, detectó 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual y laboral. Grupos que operan sobre todo en el Distrito Federal y en 17 entidades de la República, como Baja California, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco, las cuatro primeras consideradas como de “turismo sexual” por ser lugares con destino de playa.
Datos oficiales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reportan la presencia de 14 bandas del crimen organizado en Guerrero.
MODUS OPERANDI
Diversas organizaciones civiles que trabajan el tema como Sin Fronteras IAP, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés y Casa Alianza, entre otras, presentaron en 2005 el informe sobre trata de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde explican la forma de operar de los tratantes. En el negocio de la trata, dice el documento, intervienen varias personas o grupos, como novios, amigos, maridos, familiares, docentes, líderes comunitarios, redes pequeñas y grandes del crimen organizado, funcionarios públicos, diplomáticos, falsificadores y agencias de viajes y de trabajo, entre otros. Existen los llamados reclutadores, que identifican a la víctima para secuestro o engaño; los transportistas, que establecen acuerdos monetarios con algunos conductores de camiones de carga para que los pasen escondidos. También están las personas que trasladan, quienes aprovechan los puntos fronterizos para pasarlos, así como los receptores, que son quienes reciben a las víctimas para obligarlos a prestar trabajos y servicios forzados. En el negocio también intervienen los falsificadores de documentos, que aprovechan la presencia de autoridades migratorias corruptas para falsificar los documentos y legitimar los permisos de identidades.
LEGISLACIÓN MEXICANA
En México, la Ley contra la trata de personas sanciona este delito con una pena que va de los 6 a los 12 años de prisión, misma que puede aumentar de acuerdo con la edad de la víctima. En el caso de menores de edad la condena es de 9 a 18 años de prisión. Si el acusado es funcionario público, las penas aumentan un 50 por ciento. Para que una persona sea considerada víctima de trata debe presentar cargos contra los victimarios, de otro modo no son considerados como tal y, por tanto, no se les brinda la atención adecuada.
GRANDE PROBLEMA, POCOS RESULTADOS
Una instancia creada por el gobierno federal para combatir el problema es la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), que lleva los casos federales en coordinación con la SIEDO. La extitular de la instancia, Guadalupe Morfín Otero, señaló en su primer informe de labores que se abrieron 24 investigaciones por trata de personas, incluyendo 11 casos de explotación sexual comercial. El año pasado, tan sólo en
Chihuahua, entidad conocida internacionalmente por el feminicidio que ha cobrado la vida de más de 400 mujeres de 1993 a la fecha y más de 4 mil desaparecidas, se abrieron nueve casos de trata de personas, dos de ellos esperan fecha de juicio y siete continúan bajo investigación.
A fines de 2007, la PGR donó una residencia confiscada a un narcotraficante convicto para ser usada como un refugio para víctimas de trata, con lugar para 22 personas. Asimismo, la mayoría de los adultos extranjeros víctimas de trata que continúan siendo deportados a sus países de origen en un periodo de 90 días. Se continuaron emitiendo visas humanitarias renovables de un año para la mayoría de las víctimas extranjeras que ayudaran en la investigación de los tratantes, pero quienes no lo hicieron fueron repatriadas y no fueron elegibles para ayuda o servicios. Durante 2008 sólo tres víctimas recibieron estos beneficios. En 2008 el gobierno federal identificó a 55 víctimas de trata, de las cuales 28 eran mujeres y 27 hombres para fines de explotación sexual comercial y para trabajo forzado, pero a la fecha, ninguno ha sido consignado. 09/LGL/LG
http://www.cimacnoticias.com/site/09092101-REPORTAJE-Operan-en.39386.0.html
Argentina:
Se conmemora hoy en todos los rincones del mundo. Pero aunque los derechos de las mujeres, niñas y niños sean las garantías fundamentales más consagradas, son sin duda también las más violadas.
La conmemoración del 23 de septiembre, consagrado como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, fue instaurado en Daka-Bangladesh en 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas.
Fue en reconocimiento a la Ley Palacios, primer intento legislativo en el continente contra la prostitución de mujeres, niñas y niños. Esta ley, cuyo autor fue Alfredo Palacios y que está aprobada en Argentina desde 1913, protege a las víctimas de explotación sexual, combate el flagelo y penaliza a los responsables.
Pero la explotación sexual y la trata de personas son males que siguen afectando a las sociedades tanto de países pobres como de países ricos, y entre las causas que favorecen su existencia se mencionan: la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, la discriminación, la persecución, la violencia, la desintegración familiar y la lógica de la ley del mercado.
Muchas mujeres aseguran que el tráfico y trata de personas, niñas y niños con fines de explotación sexual es la nueva esclavitud, y que está íntimamente ligada a la feminización de la pobreza, a las guerras, a la inmigración clandestina y a la pobreza extrema de países de África, Asia y América latina, fundamentalmente.
Si bien los informes internacionales advierten constantemente este tipo de situaciones en diferentes países, denuncian que todavía no existen políticas efectivas y activas para combatir este flagelo, sino que sólo hay leyes que no se respetan.
Las mujeres, los niños y niñas son especialmente vulnerables y las redes y mafias encuentran en su indefensión y situación de precariedad un campo de cultivo abonado para explotarlos sexualmente, a través de la prostitución, de redes de turismo sexual y de cualquier otra forma de vulneración de los más elementales derechos humanos.
La situación en Argentina
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que el turismo sexual infantil crece año a año en Argentina y que esto influye el secuestro y la explotación de menores. Sólo en la ciudad de Buenos Aires, según dicho informe, son utilizados unos 5.000 menores de entre 8 y 17 años, varones y mujeres, con fines de explotación sexual.
Sin embargo se estima que Argentina es parte de un circuito internacional. Se trata de un negocio que da ganancias similares al tráfico de drogas y al tráfico ilegal de armas. Existen rutas internas para tráfico de mujeres y niñas destinadas a la prostitución y a la servidumbre sexual. Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca, Tucumán, y sobre todo Misiones, son las provincias que captan y luego trasladan a mujeres, niñas y niños. En tanto las provincias que reciben y explotan son: Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.
Casi un siglo más tarde de la ley de Palacios se lo sigue recordando a él y a la histórica jornada de 1913, día en el que se promulgó la ley. Sin embargo, el problema de la explotación sexual sigue existiendo y a pesar de las leyes sobre trata de personas, no se encuentran las herramientas para frenar un negocio inhumano.
Una lucha que no descansa
En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, mujeres santafesinas y la organización Las Diversas entregaron un comunicado a autoridades provinciales y municipales, entre ellos al gobernador y al intendente de la ciudad.
“En la actualidad, Santa Fe tiene el triste privilegio de ser una de las provincias en donde operan impunemente los proxenetas y rufianes más importantes del país, secuestrando mujeres y niñas, para luego explotarlas en wiskerías, night club, saunas, pubs y burdeles, a pesar de estar prohibidos por la Ley Palacios y la ley de profilaxis. Es una situación que está a la vista de todo el mundo y hasta promocionados en la folletería”, explican en el documento.
Asimismo indica que “el número de mujeres y niñas desaparecidas supera el registro que tiene que nuestra asociación (Las Diversas) y supera también el número de desaparecidas que tiene el Registro Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes”.
En tanto vuelven a pedir a los gobiernos provincial y local que tomen cartas en el asunto. “Basta de explotación y trata, ni una desaparecida más”, expresan las mujeres y concluyen:
“Regularizar la prostitución es legitimar la violencia hacia las mujeres”.
http://www.agenciafe.com/noticia/articulo/118874.html
Día internacional contra la explotación sexual y la trata de personas
Desde el año 2000 México forma parte del Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
08:00:00
El 27 de noviembre del 2007, el gobierno de México emitió el Decreto que expidió la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y el 27 de febrero del 2009 se publicó el Reglamento correspondiente a dicha ley.
La importancia del Reglamento reside primordialmente en la integración de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, instalada el pasado 16 de julio, de la que forma parte la Procuraduría General de la República.
Esta Comisión tiene el mandato expreso de integrar el Programa Nacional contra la Trata de Personas para diseñar y operar las políticas públicas necesarias y adecuadas, y para hacer operacionalmente eficaz y eficiente la política del Estado Mexicano en materia de prevención, investigación, persecución, sanción y represión judicial de todo lo referente a las conductas constitutivas del delito de trata de personas.
Por su parte, la Procuraduría General de la República ha hecho esfuerzos muy importantes para combatir este delito complejo y multifacético, y para enfrentarlo de tal forma que no queden resquicios por los que la delincuencia pudiera legalmente evadir la acción de la justicia.
La PGR ha impulsado ante el Congreso de la Unión, las reformas constitucionales en materia penal que tipifican la trata de personas en sus modalidades relativas a la Delincuencia Organizada y ha promovido decididamente las reformas necesarias a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y otras leyes referentes a prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas; reformas que se materializaron entre 2008 y 2009.
En la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se estableció la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos para combatir la trata de personas cuando se configura la tipificación delictiva propia de la delincuencia organizada. A la vez, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales (SJAI) contempla y asume los temas relativos a la trata de personas en el ámbito internacional cuando estos delitos son de la competencia de las autoridades mexicanas.
http://puentelibre.com.mx/not_detalle.php?id_n=27497
Oaxaca, destino y tránsito para tratantes de personas
* Mujeres y niños son “enganchados” desde territorio oaxaqueño; la pobreza incrementa el riesgo de caer en una red de tratantes
Nadia ALTAMIRANO DÍAZ*
23/09/2009, 00:09:00 AM
La pobreza que existe en Oaxaca incrementa el riesgo de que las mujeres, niñas y niños caigan en alguna red de trata de personas, ya sea para ser explotados sexual o laboralmente. Además de que las víctimas son “enganchadas” desde aquí, el territorio oaxaqueño entra en la cadena delictiva como un lugar de destino y tránsito.
En el informe “Instrumento para el Estudio de las Condiciones de la Trata de Personas en México 2009”, presentado por la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra de Estados Unidos, Oaxaca es una de las 17 entidades del país en las que operan 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual y laboral.
“La misma pobreza y su vulnerabilidad hace que sean más fácil de enganchar, las llevan a los centros turísticos de las grandes capitales o al Distrito Federal y ahí las explotan”, opina Helene Le Goff, oficial de proyecto de la Organización Internacional para las Migraciones, para quien el tema no se ciñe nada más transportar a personas de un país a otro porque hay también mexicanas que son víctimas de este tipo de esclavitud moderna en su propio país.
La especialista en trata de personas, género y niñez, ofreció ayer un taller en la ciudad de Oaxaca a personal directivo y operativo de las instancias involucradas en el tema, el cual fue organizado por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas del Gobierno Federal.
Además de que la trata de personas es un delito que se comete con fines de explotación sexual también la hay por explotación laboral, un aspecto “mucho menos visualizado” y que en el caso de las oaxaqueñas va vinculado al trabajo en hogares ajenos.
“Lo que a mí me preocupa es que ahora estamos en la fase en que la trata con fin sexual está visible pero no pasa lo mismo con la que tiene un fin laboral" dejamos pasar muchos casos de personas que pudieron dejar de ser víctimas de la trata pero que ahí siguen porque hay un montón de medios de coerción que se los impide y la sociedad lo tolera, y vemos como normal porque lo confundimos con la explotación laboral y no nos damos cuenta de la gravedad de lo que ocurre en el campos agrícolas o en los hogares”, analiza.
Las enganchan “con amor”
En el caso de la trata de personas con fines de explotación sexual, la Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas del Gobierno Federal, Teresita Gómez de León del Río, señala que el engaño, la seducción y el enamoramiento son los métodos más utilizados para “enganchar” a las víctimas.
“Los lenones o proxenetas son hombres seductores que por lo regular enamoran a las mujeres, les prometen casarse con ellas, se la llevan a vivir con ellos, les compran ropa y luego las ponen a trabajar de mesera en un bar o las prostituyen. Cuando las ponen a trabajar las dejan de ver y las amenazan con regresarlas a sus casas y matarlas si no les entregan el dinero”.
Además, hay un sentimiento de la víctima hacia su tratante de que les deben dinero porque les compró ropa o porque les facilitan la droga o el alcohol que les enseñaron a consumir para atender sexualmente a 7 u 8 clientes en una misma noche.
Pocas denuncias
Aunque en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas se han integrado 30 averiguaciones previas en este año, en ninguna está involucrada alguna persona de origen oaxaqueño, lo que no significa que en Oaxaca este delito no ocurre.
“Las autoridades deben estar bien capacitadas porque si no se tienen las herramientas y los conocimientos para darse cuenta de que en algún caso existe trata de personas el delito no se tipifica”, ya que la víctima no reconoce el delito.
“Sí dicen mi novio me violento, me engaño, hizo que tuviera relaciones con otros pero para caer en la cuenta que son víctimas de trata de personas les lleva muchos años viviendo situaciones de gran deterioro, es un delito muy complejo”.
En noviembre de 2007 entró en vigor la Ley federal para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, cuatro años después de que México ratificó el Protocolo de Palermo, un instrumento internacional que definió la trata de personas.
En Oaxaca fue hasta este 2009 cuando se tipificó el delito de trata de personas por lo que el Procurador General de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, lo considera un delito “nuevo” al que le falta hacerle difusión para que las víctimas se atrevan a denunciarlo, ya que a la fecha sólo recuerda la existencia de tres averiguaciones previas al respecto.
____________
* nadiaaltamira @gmail.com
http://www.imparcialenlinea.com/?mod=leer&id=97915&sec=primera&titulo=Oaxaca,_destino_y_tr%C3%A1nsito__para_tratantes_de_personas
El ombudsman critica rezagos
Cintya Contreras
23 de septiembre del 2009
Al entregar su último informe de labores, dijo que hay vacíos en la atención a grupos vulnerables
Un nuevo modelo de organismo público de derechos humanos es el saldo que entrega el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, después de ocho años de gestión.
La exigencia de la reparación del daño, mediante recomendaciones; la gestión para el resarcimiento de las violaciones a las garantías individuales y la promoción de los derechos entre la ciudadanía, fueron algunos, dijo, de los logros alcanzados.
Al presentar su último informe de gestión 2001-2009, destacó la elaboración del Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
“Llegar a este punto no ha sido fácil y podría ser un costoso error considerar estos logros como definitivos e inamovibles. Muchos y lamentables ejemplos nos hacen ver cotidianamente que los alcances no sólo están en riesgo, sino que pueden revertirse”, comentó.
Aseguró que durante su gestión, que concluye el próximo 30 de septiembre, “rompimos paradigmas, dejamos atrás una visión reactiva enfocada exclusivamente en la defensa, en la emisión de recomendaciones y en los casos concretos, para atender las causas estructurales que dan origen a las violaciones a derechos humanos, con el fin de incidir en el diseño e implementación de políticas públicas”.
De acuerdo con el ombudsman, entre los pendientes y vacíos que aún faltan por atender, por parte de las autoridades, está el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, niños y niñas, portadores de VIH o que viven con Sida; personas víctimas de trata o explotación sexual comercial, inmigrantes y las que tienen orientación sexual diversa, entre otros grupos.
Representantes de organizaciones civiles, diputados, ex legisladores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, asistieron al acto, en el que también se inauguró oficialmente la nueva sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, al sur de la ciudad, cuyo diseño es 100% accesible y su operación sustentable.
Al entregar su último informe de labores, dijo que hay vacíos en la atención a grupos vulnerablesUn nuevo modelo de organismo público de derechos humanos es el saldo que entrega el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, después de ocho años de gestión.
La exigencia de la reparación del daño, mediante recomendaciones; la gestión para el resarcimiento de las violaciones a las garantías individuales y la promoción de los derechos entre la ciudadanía, fueron algunos, dijo, de los logros alcanzados.
Al presentar su último informe de gestión 2001-2009, destacó la elaboración del Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
“Llegar a este punto no ha sido fácil y podría ser un costoso error considerar estos logros como definitivos e inamovibles. Muchos y lamentables ejemplos nos hacen ver cotidianamente que los alcances no sólo están en riesgo, sino que pueden revertirse”, comentó.
Aseguró que durante su gestión, que concluye el próximo 30 de septiembre, “rompimos paradigmas, dejamos atrás una visión reactiva enfocada exclusivamente en la defensa, en la emisión de recomendaciones y en los casos concretos, para atender las causas estructurales que dan origen a las violaciones a derechos humanos, con el fin de incidir en el diseño e implementación de políticas públicas”.
De acuerdo con el ombudsman, entre los pendientes y vacíos que aún faltan por atender, por parte de las autoridades, está el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, niños y niñas, portadores de VIH o que viven con Sida; personas víctimas de trata o explotación sexual comercial, inmigrantes y las que tienen orientación sexual diversa, entre otros grupos.
Representantes de organizaciones civiles, diputados, ex legisladores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, asistieron al acto, en el que también se inauguró oficialmente la nueva sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, al sur de la ciudad, cuyo diseño es 100% accesible y su operación sustentable.
Al entregar su último informe de labores, dijo que hay vacíos en la atención a grupos vulnerablesUn nuevo modelo de organismo público de derechos humanos es el saldo que entrega el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, después de ocho años de gestión.
La exigencia de la reparación del daño, mediante recomendaciones; la gestión para el resarcimiento de las violaciones a las garantías individuales y la promoción de los derechos entre la ciudadanía, fueron algunos, dijo, de los logros alcanzados.
Al presentar su último informe de gestión 2001-2009, destacó la elaboración del Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal.
“Llegar a este punto no ha sido fácil y podría ser un costoso error considerar estos logros como definitivos e inamovibles. Muchos y lamentables ejemplos nos hacen ver cotidianamente que los alcances no sólo están en riesgo, sino que pueden revertirse”, comentó.
Aseguró que durante su gestión, que concluye el próximo 30 de septiembre, “rompimos paradigmas, dejamos atrás una visión reactiva enfocada exclusivamente en la defensa, en la emisión de recomendaciones y en los casos concretos, para atender las causas estructurales que dan origen a las violaciones a derechos humanos, con el fin de incidir en el diseño e implementación de políticas públicas”.
De acuerdo con el ombudsman, entre los pendientes y vacíos que aún faltan por atender, por parte de las autoridades, está el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres, las personas con discapacidad, adultos mayores, pueblos indígenas, niños y niñas, portadores de VIH o que viven con Sida; personas víctimas de trata o explotación sexual comercial, inmigrantes y las que tienen orientación sexual diversa, entre otros grupos.
Representantes de organizaciones civiles, diputados, ex legisladores, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, asistieron al acto, en el que también se inauguró oficialmente la nueva sede de la Comisión de Derechos Humanos del DF, al sur de la ciudad, cuyo diseño es 100% accesible y su operación sustentable.
. http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/politicacapitalina/el_ombudsman_critica_rezagos/729467
Forma de esclavitud
Ligadas al tráfico de migrantes, explotación sexual y trabajo forzoso de mujeres y niñas principalmente son las dos formas más comunes de trata en el mundo,
Mónica Fernández /APRO
Coacción, humillaciones, amenazas, acoso, golpes, privación ilegal de la libertad, seducción, compra-venta de personas, desaparición, esclavitud y secuestro, son algunos actos que conlleva la trata de mujeres para la prostitución, condiciones que evidencian graves violaciones a sus derechos.
En la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, que se llevó a cabo en Dhaka, Bangladesh, en 1999, se eligió el 23 de septiembre de cada año
como el Día Internacional en contra explotación y Tráfico de Mujeres y Niños, hecho que busca hacer conciencia entre los gobiernos y sociedad civil sobre las causas y consecuencias de este crimen que afecta a todas las regiones del mundo.
Diversos son los tratados que se han adoptado para proteger a las mujeres; entre ellos, la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 1979; Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, 2000; Protocolo para la Prevención, Supresión y Sanción del Tráfico de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que viene a complementar a la anterior, y Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 1994.
Varios estudios señalan que, en el caso de México, el Gobierno confunde la problemática de la trata de personas con el tráfico ilícito de migrantes, lo que plantea tres grandes problemas políticos:
El primero de ellos indica que no se ha llegado a comprender la complejidad del fenómeno de la migración indocumentada, pues no se tiene un plan de trabajo concreto que aborde el tráfico de migrantes que muchas veces no involucra trabajo o servicio forzado en el ámbito sexual.
En segundo lugar, e independientemente de que es una responsabilidad del Estado tomar medidas para erradicar el trabajo o servicio forzado relacionado con lo sexual, no se tienen mecanismos de protección a víctimas en los que se tomen en cuenta las necesidades reales de las mujeres y, en especial, los niños y las niñas; sencillamente se disponen vertientes que responden a lo que el legislador piensa que es lo correcto, sin identificar lo que debería ser lo correcto.
En tercer lugar, la razón de que las leyes sobre trabajo o servicio forzado para el sector sexual manifiestan un vacío político, ya que la explotación ejercida contra personas, tanto nacionales como extranjeras, no se limita a lo sexual, sino que abarca el campo de lo laboral.
Por tanto, es imperante que se especifiquen los esfuerzos de nuestro país para abordar una problemática multifacética que requiere de un trabajo interinstitucional e interdisciplinario, asegura el Informe sobre la Trata de Personas En El Salvador, Guatemala, Honduras y México, presentado en el marco del 123 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La trata como una actividad de compra-venta de placer sexual, de secuestro, de violencia familiar y de violación se ha convertido en un negocio que genera grandes ganancias aunque, por la complejidad de dicho ilícito, es difícil obtener el número exacto de personas involucradas.
En el informe "Tráfico de mujeres, legislación y políticas públicas del estado de Tlaxcala", que en 2006 elaboró el centro Fray Julián Gracés se señala que sobre este tema existen dos perspectivas fundamentales en la labor de investigación:
a) Perspectiva de derechos humanos: tomando en cuenta que el tráfico de mujeres vulnera dos principios esenciales para la vivencia de los derechos, la dignidad y la libertad, expresando al mismo tiempo diversas formas de discriminación y vejando los derechos humanos en su totalidad.
b) Perspectiva de género: considerando que la violación a los derechos humanos se acentúa por la discriminación hacia la mujer basada principalmente en el sexo y volcada hacia construcciones culturales que fomentan la violencia.
Por último, la trata de mujeres es una violación a derechos humanos, una agresión a la dignidad de las personas, un atropello a la humanidad y una forma de esclavitud de este siglo.
Negocio rentable
En agosto pasado, un total de 54 personas fueron detenidas en España y Alemania luego de ser desmantelada una red de falsificación de documentos para inmigración clandestina, sobre todo de mujeres nigerianas, la mayoría, menores de edad, víctimas de trata para explotación sexual, bajo la amenaza de practicarles vudú.
No es la primera vez que se desarticula una red de trata en la que se explota a mujeres nigerianas y subsaharianas, reportó la agencia española AmecoPress; la última se llevó a cabo en Valencia, el 12 de julio de este año.
La expansión de organizaciones nigerianas que tratan con mujeres es relativamente reciente y es Italia donde más han consolidado su operación desde 1991, según la Organización Internacional de las Migraciones, y en España desde 1995, informó la agencia.
Ligadas al tráfico de migrantes, explotación sexual y trabajo forzoso de mujeres y niñas principalmente son las dos formas más comunes de trata en el mundo, de acuerdo con el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En el documento, basado en un estudio realizado en 155 países y emitido por la ONU el pasado 12 de febrero, la explotación sexual representa poco más de 79 por ciento de los casos en tanto que el trabajo forzoso es superior a 18 por ciento.
Más de 80 por ciento de las víctimas de trata son niñas y mujeres, señala la ONU. El reporte indica que de cada cinco seres humanos víctimas de trata, uno es menor de edad y, lo más preocupante, es que son las niñas y niños abusados y explotados sexualmente como víctimas de pedofilia o pornográficamente.
El trafico de personas, según la Organización Internacional del Trabajo es uno de los tres negocios más rentables, después del tráfico de drogas y de armas, de la delincuencia organizada, alcanzando un beneficio para los delincuentes de hasta 32 mil millones de dólares al año.
Se considera trata de personas a "la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra para propósitos de explotación".
Así lo define el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocido como "Protocolo de Palermo", pues se aprobó en el año 2000.
Destinos y formas de trata
El Departamento de Estado mexicano explica que las redes de tratantes llevan a las niñas y mujeres mexicanas a Estados Unidos para su explotación sexual comercial.
En cuanto a las víctimas provenientes de Sudamérica, el Caribe, Europa Oriental y Asia, son traídas al país para explotación sexual o laboral, o para su posterior tránsito hacia Estados Unidos, mientras que los niños y hombres mexicanos son llevados del sur al norte de México para labores forzadas.
En tanto la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra de Estados Unidos, que este año presentó su informe Instrumento para el estudio de las condiciones de la trata de personas en México 2009, detectó 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual y laboral.
Estos operan sobre todo en el Distrito Federal y en 17 entidades de la República, como Baja California, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco, las cuatro primeras consideradas como de "turismo sexual" por ser lugares con destino de playa.
Datos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada reportan la presencia de 14 bandas del crimen organizado tan sólo en el estado de Guerrero.
Modus operandi
Diversas organizaciones civiles que trabajan el tema, como Sin Fronteras IAP, Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés y Casa Alianza, entre otras, presentaron, en 2005, un informe sobre trata de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde explican la forma de operar de los tratantes.
En el negocio de la trata, dice el documento, intervienen varias personas o grupos, como novios, amigos, maridos, familiares, docentes, líderes comunitarios, redes pequeñas y grandes del crimen organizado, funcionarios públicos, diplomáticos, falsificadores y agencias de viajes y de trabajo, entre otros.
Existen los llamados reclutadores, que identifican a la víctima para secuestro o engaño; los transportistas, que establecen acuerdos monetarios con algunos conductores de camiones de carga para que los pasen escondidos.
También están las personas que trasladan, quienes aprovechan los puntos fronterizos para pasarlos, así como los receptores, que son quienes reciben a las víctimas para obligarlos a prestar trabajos y servicios forzados.
En el negocio también intervienen los falsificadores de documentos, que aprovechan la presencia de autoridades migratorias corruptas para falsificar los documentos y legitimar los permisos de identidades.
Legislación mexicana
En México, la ley contra la trata de personas sanciona este delito con una pena que va de los 6 a los 12 años de prisión, misma que puede aumentar de acuerdo con la edad de la víctima. En el caso de menores de edad, la condena es de 9 a 18 años de prisión.
Si el acusado es funcionario público, las penas aumentan 50 por ciento.
Para que una persona sea considerada víctima de trata debe presentar cargos contra los victimarios, de otro modo no son considerados como tal y, por tanto, no se les brinda la atención adecuada.
Problema enorme, pocos resultados
Una instancia creada por el gobierno federal para combatir el problema es la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República, que lleva los casos federales en coordinación con la SIEDO.
La extitular de esa instancia, Guadalupe Morfín Otero, señaló en su primer informe de labores que se abrieron 24 investigaciones por trata de personas, incluyendo 11 casos de explotación sexual comercial.
El año pasado, tan sólo en Chihuahua, entidad conocida internacionalmente por el feminicidio que ha cobrado la vida de más de 400 mujeres de 1993 a la fecha y más de 4 mil desaparecidas, se abrieron nueve casos de trata de personas, dos de ellos esperan fecha de juicio y siete continúan bajo investigación.
A fines de 2007, la PGR donó una residencia confiscada a un narcotraficante convicto para ser usada como un refugio para víctimas de trata, con lugar para 22 personas.
También se continuaron emitiendo visas humanitarias renovables de un año para la mayoría de las víctimas extranjeras que ayudaran en la investigación de los tratantes; pero quienes no lo hicieron, fueron repatriados y no fueron elegibles para ayuda o servicios.
Durante 2008 sólo tres víctimas recibieron estos beneficios.
Ese año, el gobierno federal identificó a 55 víctimas de trata, de las cuales 28 eran mujeres y 27 hombres para fines de explotación sexual comercial y para trabajo forzado, pero a la fecha, ninguno ha sido consignado.
La trata en México
En México, un país que por su cercanía con Estados Unidos lo convierte en zona que expulsa, atrae y es paso de migrantes, no hay datos oficiales sobre la dimensión de la trata de personas. No obstante, existen denuncias de organismos internacionales que han dado cuenta de su existencia.
En 2007, el relator especial de Naciones Unidas contra la Venta de Niños, la Explotación Sexual y la Pornografía Infantil, Juan Miguel Petit, señaló que en México unas 80 mil niñas y niños son víctimas del abuso con fines de pornografía y prostitución forzosa.
Según reportes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, anualmente 85 mil niñas y niños son utilizados en actos de pornografía en México, mientras que en 21 de las 32 entidades del país se practica el llamado "turismo sexual".
La Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas tiene como propósito la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de los victimizados residentes o trasladados al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.
Principales formas de la trata de personas:
- Trabajo forzoso
- La servidumbre doméstica involuntaria
- La trata con fines sexuales
- La prostitución infantil
- Trabajo en régimen de servidumbre
- Trabajo infantil forzoso
- Niños soldados
- La servidumbre por deudas, entre trabajadores migrantes
FUENTE: Reporte sobre la Trata de Personas 2009
9 Mil 500 mdd obtienen a escala mundial de la trata.
27 Millones de personas han sido víctimas de explotación.
80% De las víctimas de trata son niñas y mujeres, señala la ONU.
http://www.noroeste.com.mx/publicaciones.php?id=513719&id_seccion=10
Con una Ley que no se aplica a cabalidad
Operan en el país 47 grupos de delincuencia dedicados a la trata de personas
Por Lourdes Godínez Leal
México, DF, 21 sep. 09 (CIMAC).- México, clasificado como un país de origen, destino y tránsito de trata de personas, cuenta con una Ley en la materia desde 2007; sin embargo, pocos son los resultados de una ley que carece de recursos y de prioridad.
El gobierno mexicano, bajo la presión de organizaciones civiles, aprobó la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la trata de personas en 2007 y con dos años de retraso publicó su reglamento en el Diario Oficial de la Federación, en febrero de este año.
A mayo de 2009, 22 entidades federativas y el Distrito Federal han promulgado su legislación para sancionar algunas formas de trata a nivel local. No obstante, la reciente Ley ha sido criticada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su informe de este año, ya que señala que han sido pocos los resultados y ésta tiene varias carencias; la principal, señala, es la falta de recursos gubernamentales, ya que no es un tema prioritario para el gobierno mexicano, que ha centrado su atención en “la lucha contra el crimen organizado” y la seguridad, lo que ha obstruido las investigaciones contra la trata de personas. La falta de sentencias o castigos severos contra los tratantes de personas, así como la incapacidad del gobierno para abrir refugios para las víctimas de este delito --quienes continúan siendo canalizadas a las ONG que trabajan el tema--, son otras críticas que hace a la Ley.
Dice también que mientras los grupos del crimen organizado continúen con la trata de personas dentro de su espectro de actividades ilícitas, la lucha del gobierno contra éste deberá incluirla.
DESTINOS Y FORMAS DE TRATA
El Departamento de Estado explica que las redes de tratantes llevan a las niñas y mujeres mexicanas a Estados Unidos para su explotación sexual comercial. En cuanto a las víctimas provenientes de Sudamérica, el Caribe, Europa oriental y Asia, son traídas al país para explotación sexual o laboral o para su posterior tránsito hacia Estados Unidos, mientras que los niños y los hombres mexicanos son llevados del sur al norte de México para labores forzadas. La Iniciativa para el Estado de Derecho de la Asociación de la Barra de Estados Unidos, que este año presentó su informe “Instrumento para el Estudio de las Condiciones de la Trata de Personas en México 2009”, detectó 47 grupos de delincuencia organizada dedicados a la explotación sexual y laboral. Grupos que operan sobre todo en el Distrito Federal y en 17 entidades de la República, como Baja California, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Chihuahua, Tlaxcala, Tamaulipas y Jalisco, las cuatro primeras consideradas como de “turismo sexual” por ser lugares con destino de playa.
Datos oficiales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) reportan la presencia de 14 bandas del crimen organizado en Guerrero.
MODUS OPERANDI
Diversas organizaciones civiles que trabajan el tema como Sin Fronteras IAP, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés y Casa Alianza, entre otras, presentaron en 2005 el informe sobre trata de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde explican la forma de operar de los tratantes. En el negocio de la trata, dice el documento, intervienen varias personas o grupos, como novios, amigos, maridos, familiares, docentes, líderes comunitarios, redes pequeñas y grandes del crimen organizado, funcionarios públicos, diplomáticos, falsificadores y agencias de viajes y de trabajo, entre otros. Existen los llamados reclutadores, que identifican a la víctima para secuestro o engaño; los transportistas, que establecen acuerdos monetarios con algunos conductores de camiones de carga para que los pasen escondidos. También están las personas que trasladan, quienes aprovechan los puntos fronterizos para pasarlos, así como los receptores, que son quienes reciben a las víctimas para obligarlos a prestar trabajos y servicios forzados. En el negocio también intervienen los falsificadores de documentos, que aprovechan la presencia de autoridades migratorias corruptas para falsificar los documentos y legitimar los permisos de identidades.
LEGISLACIÓN MEXICANA
En México, la Ley contra la trata de personas sanciona este delito con una pena que va de los 6 a los 12 años de prisión, misma que puede aumentar de acuerdo con la edad de la víctima. En el caso de menores de edad la condena es de 9 a 18 años de prisión. Si el acusado es funcionario público, las penas aumentan un 50 por ciento. Para que una persona sea considerada víctima de trata debe presentar cargos contra los victimarios, de otro modo no son considerados como tal y, por tanto, no se les brinda la atención adecuada.
GRANDE PROBLEMA, POCOS RESULTADOS
Una instancia creada por el gobierno federal para combatir el problema es la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (Fevimtra), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), que lleva los casos federales en coordinación con la SIEDO. La extitular de la instancia, Guadalupe Morfín Otero, señaló en su primer informe de labores que se abrieron 24 investigaciones por trata de personas, incluyendo 11 casos de explotación sexual comercial. El año pasado, tan sólo en
Chihuahua, entidad conocida internacionalmente por el feminicidio que ha cobrado la vida de más de 400 mujeres de 1993 a la fecha y más de 4 mil desaparecidas, se abrieron nueve casos de trata de personas, dos de ellos esperan fecha de juicio y siete continúan bajo investigación.
A fines de 2007, la PGR donó una residencia confiscada a un narcotraficante convicto para ser usada como un refugio para víctimas de trata, con lugar para 22 personas. Asimismo, la mayoría de los adultos extranjeros víctimas de trata que continúan siendo deportados a sus países de origen en un periodo de 90 días. Se continuaron emitiendo visas humanitarias renovables de un año para la mayoría de las víctimas extranjeras que ayudaran en la investigación de los tratantes, pero quienes no lo hicieron fueron repatriadas y no fueron elegibles para ayuda o servicios. Durante 2008 sólo tres víctimas recibieron estos beneficios. En 2008 el gobierno federal identificó a 55 víctimas de trata, de las cuales 28 eran mujeres y 27 hombres para fines de explotación sexual comercial y para trabajo forzado, pero a la fecha, ninguno ha sido consignado. 09/LGL/LG
http://www.cimacnoticias.com/site/09092101-REPORTAJE-Operan-en.39386.0.html
Argentina:
Se conmemora hoy en todos los rincones del mundo. Pero aunque los derechos de las mujeres, niñas y niños sean las garantías fundamentales más consagradas, son sin duda también las más violadas.
La conmemoración del 23 de septiembre, consagrado como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños y Niñas, fue instaurado en Daka-Bangladesh en 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas.
Fue en reconocimiento a la Ley Palacios, primer intento legislativo en el continente contra la prostitución de mujeres, niñas y niños. Esta ley, cuyo autor fue Alfredo Palacios y que está aprobada en Argentina desde 1913, protege a las víctimas de explotación sexual, combate el flagelo y penaliza a los responsables.
Pero la explotación sexual y la trata de personas son males que siguen afectando a las sociedades tanto de países pobres como de países ricos, y entre las causas que favorecen su existencia se mencionan: la pobreza, la desigualdad, el analfabetismo, la discriminación, la persecución, la violencia, la desintegración familiar y la lógica de la ley del mercado.
Muchas mujeres aseguran que el tráfico y trata de personas, niñas y niños con fines de explotación sexual es la nueva esclavitud, y que está íntimamente ligada a la feminización de la pobreza, a las guerras, a la inmigración clandestina y a la pobreza extrema de países de África, Asia y América latina, fundamentalmente.
Si bien los informes internacionales advierten constantemente este tipo de situaciones en diferentes países, denuncian que todavía no existen políticas efectivas y activas para combatir este flagelo, sino que sólo hay leyes que no se respetan.
Las mujeres, los niños y niñas son especialmente vulnerables y las redes y mafias encuentran en su indefensión y situación de precariedad un campo de cultivo abonado para explotarlos sexualmente, a través de la prostitución, de redes de turismo sexual y de cualquier otra forma de vulneración de los más elementales derechos humanos.
La situación en Argentina
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que el turismo sexual infantil crece año a año en Argentina y que esto influye el secuestro y la explotación de menores. Sólo en la ciudad de Buenos Aires, según dicho informe, son utilizados unos 5.000 menores de entre 8 y 17 años, varones y mujeres, con fines de explotación sexual.
Sin embargo se estima que Argentina es parte de un circuito internacional. Se trata de un negocio que da ganancias similares al tráfico de drogas y al tráfico ilegal de armas. Existen rutas internas para tráfico de mujeres y niñas destinadas a la prostitución y a la servidumbre sexual. Salta, Jujuy, Chaco, Catamarca, Tucumán, y sobre todo Misiones, son las provincias que captan y luego trasladan a mujeres, niñas y niños. En tanto las provincias que reciben y explotan son: Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.
Casi un siglo más tarde de la ley de Palacios se lo sigue recordando a él y a la histórica jornada de 1913, día en el que se promulgó la ley. Sin embargo, el problema de la explotación sexual sigue existiendo y a pesar de las leyes sobre trata de personas, no se encuentran las herramientas para frenar un negocio inhumano.
Una lucha que no descansa
En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas, mujeres santafesinas y la organización Las Diversas entregaron un comunicado a autoridades provinciales y municipales, entre ellos al gobernador y al intendente de la ciudad.
“En la actualidad, Santa Fe tiene el triste privilegio de ser una de las provincias en donde operan impunemente los proxenetas y rufianes más importantes del país, secuestrando mujeres y niñas, para luego explotarlas en wiskerías, night club, saunas, pubs y burdeles, a pesar de estar prohibidos por la Ley Palacios y la ley de profilaxis. Es una situación que está a la vista de todo el mundo y hasta promocionados en la folletería”, explican en el documento.
Asimismo indica que “el número de mujeres y niñas desaparecidas supera el registro que tiene que nuestra asociación (Las Diversas) y supera también el número de desaparecidas que tiene el Registro Provincial de Niños, Niñas y Adolescentes”.
En tanto vuelven a pedir a los gobiernos provincial y local que tomen cartas en el asunto. “Basta de explotación y trata, ni una desaparecida más”, expresan las mujeres y concluyen:
“Regularizar la prostitución es legitimar la violencia hacia las mujeres”.
http://www.agenciafe.com/noticia/articulo/118874.html
Tipifican primer crimen de odio
Alistan juicio por agresiones racistas, primero verbales y luego físicas, hacia un trabajador gubernamental
Por Yáscara López
Ciudad de México (23 septiembre 2009).- Durante más de 30 días, un trabajador gubernamental que labora en oficinas ubicadas cerca del Centro Histórico recibió mensajes telefónicos en los que una compañera le decía que por estar y ser negro, chaparro y oaxaqueño no debía trabajar en la misma oficina que ella.
Las discriminaciones y gestos de racismo y odio, culminaron con la agresión de la mujer, que junto con su esposo, golpeó al hombre cuando caminaba por la esquina de Eje Central y la Calle de Ayuntamiento, en el primer cuadro de la Ciudad luego de insultarlo.
El caso será el primero en tipificarse por el delito de lesiones calificadas por odio. Las Reformas al Artículo 138 Fracción VIII del Código Penal, publicadas el 10 de septiembre ya lo permite.
Este artículo señala que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con ventaja, traición, alevosía, retribución, saña u odio, entre otros.
Aunque la ley lo protege, el denunciante solicitó que su identidad se mantenga en el anonimato y que no se publique el número de averiguación previa de su caso ni el nombre de la oficina gubernamental en la que trabaja ya que teme posibles represalias.
Fuentes de la Consejería Jurídica del DF, señalaron que sólo se espera que el Ministerio Público consignen las próximas horas para que sea un Juez de Paz Penal quien lleve el proceso.
En este caso, se esperara a que el juzgador gire una orden de presentación contra la agresora para que declare y se inicie el juicio.
"Con la adición de la fracción 8, al artículo 138 del Código Penal del DF se esperara a que se tipifiquen las lesiones, pues pueden ser de menos o más de 15 días, o mortales, como indica la ley, en este caso no son tan graves.
"Pero las reformas indican que en este caso, el agresor podría recibir hasta las dos terceras partes de la sanción que el Código Penal señala para el caso de lesiones", según funcionarios de la Consejería Jurídica del DF.
Dice la ley:
El Código Penal local sanciona los crímenes de odio.
--------------------------------------------------------------------------------
Artículo 138, fracción VIII.
El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u odio.
--------------------------------------------------------------------------------
Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética.
--------------------------------------------------------------------------------
Sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de genero; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/justicia/articulo/1036782
Por Yáscara López
Ciudad de México (23 septiembre 2009).- Durante más de 30 días, un trabajador gubernamental que labora en oficinas ubicadas cerca del Centro Histórico recibió mensajes telefónicos en los que una compañera le decía que por estar y ser negro, chaparro y oaxaqueño no debía trabajar en la misma oficina que ella.
Las discriminaciones y gestos de racismo y odio, culminaron con la agresión de la mujer, que junto con su esposo, golpeó al hombre cuando caminaba por la esquina de Eje Central y la Calle de Ayuntamiento, en el primer cuadro de la Ciudad luego de insultarlo.
El caso será el primero en tipificarse por el delito de lesiones calificadas por odio. Las Reformas al Artículo 138 Fracción VIII del Código Penal, publicadas el 10 de septiembre ya lo permite.
Este artículo señala que el homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con ventaja, traición, alevosía, retribución, saña u odio, entre otros.
Aunque la ley lo protege, el denunciante solicitó que su identidad se mantenga en el anonimato y que no se publique el número de averiguación previa de su caso ni el nombre de la oficina gubernamental en la que trabaja ya que teme posibles represalias.
Fuentes de la Consejería Jurídica del DF, señalaron que sólo se espera que el Ministerio Público consignen las próximas horas para que sea un Juez de Paz Penal quien lleve el proceso.
En este caso, se esperara a que el juzgador gire una orden de presentación contra la agresora para que declare y se inicie el juicio.
"Con la adición de la fracción 8, al artículo 138 del Código Penal del DF se esperara a que se tipifiquen las lesiones, pues pueden ser de menos o más de 15 días, o mortales, como indica la ley, en este caso no son tan graves.
"Pero las reformas indican que en este caso, el agresor podría recibir hasta las dos terceras partes de la sanción que el Código Penal señala para el caso de lesiones", según funcionarios de la Consejería Jurídica del DF.
Dice la ley:
El Código Penal local sanciona los crímenes de odio.
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Artículo 138, fracción VIII.
El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometan con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña, en estado de alteración voluntaria u odio.
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Existe odio cuando el agente lo comete por la condición social o económica; vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido; origen étnico o social; la nacionalidad o lugar de origen; el color o cualquier otra característica genética.
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Sexo; lengua; género; religión; edad; opiniones; discapacidad; condiciones de salud; apariencia física; orientación sexual; identidad de genero; estado civil; ocupación o actividad de la víctima.
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ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/justicia/articulo/1036782
jueves, 17 de septiembre de 2009
BARBARIE AMARILLA EN TLÁHUAC: SEGUNDA CARTA AL SR. EBRAD
“EL SEÑOR DE LA EQUIDAD”
En abril de este año, a propósito de la invasión que hizo al ejido de San Francisco Tlaltenco donde hubo robo de parcelas y 18 detenidos le envié una carta que circuló en la internet unos meses. Ahí le preguntaba, entro otras cosas: “¿Sabe?
El no informar tiene aquí una estrecha vinculación con lo que no se nos consultó en su proyecto de modernización de la delegación de Tláhuac. Usted me argumentará que si se hizo una consulta. Tres cuestiones de forma y de fondo: ¿Le recuerdo las preguntas? O ¿Su “democracia” y lo permisible de participación es sólo ir a votar, sin opinar? ¿Por qué no consultó a los diversos grupos sociales para saber qué tipo de desarrollo deseamos? ¿Porque solo consultó a los Francisco Villas Amarillos, sus hambrientos paramilitares contra los pueblos originarios?”
Ahora que hay dos muertos por un terreno que se pretendía invadir le envío esta segunda carta donde le relataré muchas cosas que nunca imagino iban a ser restregadas al PRD en “la ciudad de la equidad”. Los pobladores en rebeldía de San Francisco Tlaltenco realizamos una asamblea informativa el sábado. Ahí un compañero en pleno informó lo siguiente: “Los pachos villas intentaron invadir un terreno en Tempiluli. Agredieron fuertemente a la dueña y a uno de sus hijos”. Todos los presentes sentimos escalofríos. Por mi mente pasaron recuerdos de un grupo de cinco personas que a puntapiés me corretearon después de ser señalado por una “bondadosa” mujer.en la calle Donceles cuando Gilberto Ensástiga dio su informe en la Asamblea Legislativa. Eran panchos villas, como conocemos a los del Frente Popular Francisco Villa, hienas que intentaron callar mi voz pero que un poblador de Zapotitlán me quitó de encima.
El lunes 14 de septiembre por la tarde me avisaron que habían asesinado al hijo de la señora que había tenido el intento de invasión en su terreno. Alguien me contó que había puesto un féretro en la entrada de la delegación. Al día siguiente que fui ahí estaba. Atrás de él, custodiándolo cientos de granaderos, estaban las puertas de la delegación cerradas y varios funcionarios a hurtadillas entraban y salían. Lo fuerte ya había pasado: los forcejeos para ponerlo, la consigna de cancelar el grito de independencia por un grito de dolor, el gritarle al delegado: “asesino”. Junto al féretro estaban coronas y veladoras encendidas en las escaleras. Rostros de pobladores de Tláhuac, Tlaltenco y Zapotitlán con los dientes apretados y hablando con voz baja: “tenemos que unirnos”. Éramos cientos. En la noche una persona informaba con altavoz en mano cada media hora los acontecimientos. Una persona refrendó un rosario mientras la lluvia nos recordaba que estamos de luto. Hubo un grito, el otro grito, que más o menos dijo” Vivan los pueblos originarios y sus colonias, viva la defensa de nuestro territorio, viva… muera Marcelo Ebrad, muera Ensástiga… asesinos… asesinos… justicia… justicia....
Así es “Señor de la Equidad”, lo que le gritaron a Diaz Ordaz, Luis Echeverría ahora se los gritan a ustedes los del PRD. Enhorabuena! Al otro día cerca de 1500 acompañamos el cortejo fúnebre. Tristísimo verlo recorrer medio pueblo y verlo entrar a la iglesia de Tlàhuac, San Pedrito llora la muerte de un hijo valiente pensé y no detuve las lagrimas cuando escuche un coro cantar: “entre tus manos está mi vida… Entre tus manos...”
El ataúd con el compañero fue llevado a la puerta de la delegación. Los familiares nos agradecieron a los presentes nuestra asistencia y que no tomáramos fotos y más explícitos rogaron: Mi hermano era una persona sana, el gobierno quiere enlodar su nombre, no se dejen engañar… gritos de asesinos y justicia retumbaron en la explanada abarrotada. Se oyeron a hurtadillas: ni un voto más al PRD. Lee usted bien “señor de la equidad” “Ni un voto más al PRD! Llegamos al panteón. Cientos de policías, granaderos y Fuerzas de tareas merodean la zona. No me tranquiliza que traen uniforme azul y que eso los identifica. Pero más me aterra que ahora, como el PRI y el PRD en Chiapas con Paz y Justicia y los Chunchulines los mismos pobladores de la zona, los panchos villas, sus paramilitares, están más cerca y hambrientos de lo que imaginamos.
¡Justicia Señor de la equidad!
¡Detenga la omisión de su administración ante los actos de sus paramilitares!
En abril de este año, a propósito de la invasión que hizo al ejido de San Francisco Tlaltenco donde hubo robo de parcelas y 18 detenidos le envié una carta que circuló en la internet unos meses. Ahí le preguntaba, entro otras cosas: “¿Sabe?
El no informar tiene aquí una estrecha vinculación con lo que no se nos consultó en su proyecto de modernización de la delegación de Tláhuac. Usted me argumentará que si se hizo una consulta. Tres cuestiones de forma y de fondo: ¿Le recuerdo las preguntas? O ¿Su “democracia” y lo permisible de participación es sólo ir a votar, sin opinar? ¿Por qué no consultó a los diversos grupos sociales para saber qué tipo de desarrollo deseamos? ¿Porque solo consultó a los Francisco Villas Amarillos, sus hambrientos paramilitares contra los pueblos originarios?”
Ahora que hay dos muertos por un terreno que se pretendía invadir le envío esta segunda carta donde le relataré muchas cosas que nunca imagino iban a ser restregadas al PRD en “la ciudad de la equidad”. Los pobladores en rebeldía de San Francisco Tlaltenco realizamos una asamblea informativa el sábado. Ahí un compañero en pleno informó lo siguiente: “Los pachos villas intentaron invadir un terreno en Tempiluli. Agredieron fuertemente a la dueña y a uno de sus hijos”. Todos los presentes sentimos escalofríos. Por mi mente pasaron recuerdos de un grupo de cinco personas que a puntapiés me corretearon después de ser señalado por una “bondadosa” mujer.en la calle Donceles cuando Gilberto Ensástiga dio su informe en la Asamblea Legislativa. Eran panchos villas, como conocemos a los del Frente Popular Francisco Villa, hienas que intentaron callar mi voz pero que un poblador de Zapotitlán me quitó de encima.
El lunes 14 de septiembre por la tarde me avisaron que habían asesinado al hijo de la señora que había tenido el intento de invasión en su terreno. Alguien me contó que había puesto un féretro en la entrada de la delegación. Al día siguiente que fui ahí estaba. Atrás de él, custodiándolo cientos de granaderos, estaban las puertas de la delegación cerradas y varios funcionarios a hurtadillas entraban y salían. Lo fuerte ya había pasado: los forcejeos para ponerlo, la consigna de cancelar el grito de independencia por un grito de dolor, el gritarle al delegado: “asesino”. Junto al féretro estaban coronas y veladoras encendidas en las escaleras. Rostros de pobladores de Tláhuac, Tlaltenco y Zapotitlán con los dientes apretados y hablando con voz baja: “tenemos que unirnos”. Éramos cientos. En la noche una persona informaba con altavoz en mano cada media hora los acontecimientos. Una persona refrendó un rosario mientras la lluvia nos recordaba que estamos de luto. Hubo un grito, el otro grito, que más o menos dijo” Vivan los pueblos originarios y sus colonias, viva la defensa de nuestro territorio, viva… muera Marcelo Ebrad, muera Ensástiga… asesinos… asesinos… justicia… justicia....
Así es “Señor de la Equidad”, lo que le gritaron a Diaz Ordaz, Luis Echeverría ahora se los gritan a ustedes los del PRD. Enhorabuena! Al otro día cerca de 1500 acompañamos el cortejo fúnebre. Tristísimo verlo recorrer medio pueblo y verlo entrar a la iglesia de Tlàhuac, San Pedrito llora la muerte de un hijo valiente pensé y no detuve las lagrimas cuando escuche un coro cantar: “entre tus manos está mi vida… Entre tus manos...”
El ataúd con el compañero fue llevado a la puerta de la delegación. Los familiares nos agradecieron a los presentes nuestra asistencia y que no tomáramos fotos y más explícitos rogaron: Mi hermano era una persona sana, el gobierno quiere enlodar su nombre, no se dejen engañar… gritos de asesinos y justicia retumbaron en la explanada abarrotada. Se oyeron a hurtadillas: ni un voto más al PRD. Lee usted bien “señor de la equidad” “Ni un voto más al PRD! Llegamos al panteón. Cientos de policías, granaderos y Fuerzas de tareas merodean la zona. No me tranquiliza que traen uniforme azul y que eso los identifica. Pero más me aterra que ahora, como el PRI y el PRD en Chiapas con Paz y Justicia y los Chunchulines los mismos pobladores de la zona, los panchos villas, sus paramilitares, están más cerca y hambrientos de lo que imaginamos.
¡Justicia Señor de la equidad!
¡Detenga la omisión de su administración ante los actos de sus paramilitares!
viernes, 11 de septiembre de 2009
Caso para la atención del Gobernador de Chiapas y Derechos Humanos:Carlos Enrique Bertoni Unda
Ala opinión publica
A la organización de la defensa de los Derechos humanos nacionales e internacionales
Al Gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero
El día sábado 5 de septiembre del presenta año, mi hermano Carlos Enrique Bertoni Unda, conocido desde hace muchos años luchador social y escritor de opinión en la prensa chiapaneca, recibió una llamada del Comandante Roberto, por instrucciones del fiscal especializado José Luis Llaven Abarca de la Fiscalía Especializada de la Delincuencia Organizada, citándolo en el Restaurante Crow Plaza a las 11:00 horas.
Mi hermano, dejó sus ocupaciones en Berriozabal, Chiapas y bajó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para acudir a la cita, sin embargo, en el lugar denominado la Pochota (la entrada a Tuxtla Gutiérrez) fue interceptado por elementos de las fuerzas policíacas del gobierno estatal, le dijeron que se bajara del vehículo para hacer la revisión de costumbre, una vez fuera del vehículo se le dijo que tenía una orden de presentación y se lo llevaron a la Procuraduría del estado.
Alrededor de la una de la tarde mi cuñada María Lucrecia Gómez Trejo, recibió una llamada anónima donde le informaban que su esposo había sido detenido y que si quería saber de él que fuera en ese momento a “la fuente” (pensamos que la Fuente es una casa de seguridad del gobierno del estado), inmediatamente mi cuñada me llamó e iniciamos su búsqueda en las fiscalías de Tuxtla Gutiérrez. Nos presentamos con su abogado en las instalaciones de la FECDO y, por lo menos en dos ocasiones, en las instalaciones que ocupa la Procuraduría del estado, ahí nos negaron que estuviera detenido en esas instalaciones.
A las once de la noche, casi 12 horas después a su detención mi hermano nos hizo una llamada para decirnos que estaba en los separos de la Procuraduría del estado y nos indicó el número de expediente de la averiguación previa 021/fecdo/2009, que estaba preocupado porque le estaban fabricando cargos y sin más tiempo, fue cortada la comunicación. Una vez enterados donde estaba mi hermano acudimos a las instalaciones de la Procuraduría, en donde el fiscal especializado le dijo a su abogado que mi hermano estaba incomunicado y que no se podía hablar con él.
Considerando que la incomunicación en que lo habían tenido, sin derecho de tener el abogado que el eligiera, como lo establece la ley, comprendimos que él había sido objeto de violación de sus derechos constitucionales y humanos y sus garantías individuales, razón por la cual fuimos a los juzgados de distrito, instancia federal, para presentar la denuncia y solicitar amparo. Después, regresamos a la procuraduría junto con el actuario federal al que le informaron que ya lo habían trasladaron a la casa de arraigo, conocida como Pitiquito (que es realmente una cárcel), hasta ese momento, siendo las 3:00 horas del día domingo 6 de septiembre pudimos.
El día domingo fuimos a verlo y nos comentó que en el tiempo que estuvo incomunicado, no le permitieron hacer ninguna llamada, sin embargo, nosotros estuvimos insistiendo y le marcábamos continuamente, algunas veces el teléfono indicaba que estaba fuera del área de servicio, otras veces que estaba ocupado, otras veces las llamadas quedaban abiertas sin que nadie respondiera y otras más nos mandaba al buzón. También nos dijo que fue amenazado por el fiscal especializado en la personalidad de sus hijos de 14 y 10 años de edad y que iban a entrar a catear su casa, entre otros oprobios.
Escucharlo a él y leer lo que están diciendo el día de hoy lunes 7 de septiembre en la prensa y escuchar lo que dijo en la radio Víctor Cancino Villar con declaraciones llena de ambigüedades y perniciosas, a las únicas conclusiones a las que podemos llegar, es que esa información viene de alguna instancia del gobierno del estado. Nos preguntamos el por qué decir que mi hermano “atenta, además con la estabilidad del estado”. Habrase visto semejante declaración, ¿acaso mi hermano tiene el poder de desestabilizar el estado?, ¿acaso no es el gobierno del estado el que tiene tal poder?, ¿acaso la manera de mantener la estabilidad del estado es ejerciendo violencia psicológica y moral a los ciudadanos como la que ha sido victima mi hermano y otros lideres más? Me parece que le están imputando un poder a mi hermano que no tiene para cubrir las ineficiencias gubernamentales.
Es irrisorio pensar que mi hermano halla sido detenido por denuncias de fraude, como dijeron en los periódicos y en la radio, ya que si hubiese sido de ese modo el proceso a seguir hubiese sido el siguiente: primero los supuestos afectados por el fraude, tendrían que haber presentado su querella ante el ministerio público, posteriormente éste debería haber turnado al juez de la causa penal para librar la orden de aprehensión, una vez detenido sería presentado ante el juez penal, por lo que estaría detenido en el CERESO 14 (amate) y no en una casa de arraigo. Sin embargo, se le indicó que era detenido con una orden de presentación, lo cual es violatorio de toda garantía constitucional, tanto del debido proceso, como de los principios de seguridad jurídica; nadie puede ser molestado en su persona, salvo orden expresa del poder judicial, lo cual claramente indica que mi hermano no debía de estar detenido sin la existencia de la orden de aprehensión.
Además, es un secreto a voces que en la llamada Casa de arraigo es común la llegada de presos políticos, mientras que les arman su expediente. Esto es así, porque cuando un líder es incomodo para el gobierno se le trata de hacer un lado, no olvidemos el caso de Mariano Abarca Roblero, líder de la resistencia contra la explotación minera en Chicomuselo y a Gabriel Montoya Oceguera, asesor de bienes comunales de la zona lacandona.
Por todo lo anterior, los familiares de Carlos Bertoni, le solicitamos dos cosas al señor gobernado del estado, Juan Sabines Guerrero:
1) Su intervención para la liberación de mi hermano, toda vez que es claro que le están construyendo un expediente falso, violando sus derechos. Le pedimos que se informe de la situación. Hagamos una analogía, ustedes saben muy bien como funciona nuestro cerebro, todo lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestros órganos es controlado por nuestro cerebro, podemos tener movimientos involuntarios, ciertamente, pero eso implica que nuestro cerebro no está informado de lo que pasa, por lo tanto, no podemos controlar nuestros movimientos. De esa manera funciona el órgano gubernamental. Pensamos que el señor Gobernador puede no estar enterado de las violaciones a los derechos humanos y constitucionales y garantías individuales de las que ha sido objeto mi hermano o bien, estos actos se han ejecutado por ordenes de él, Por lo que, siendo el señor Gobernador el cerebro en nuestro estado, él es el responsable, voluntaria o involuntariamente, de todos los agravios y violaciones del que sea objeto mi hermano y todos sus familiares.
2) Que le den la palabra a mi hermano. La incomunicación de que ha sido objeto, repito, es una violación a sus derechos humanos y constitucionales. Además, es un acto de cobardía, pues, ¿no es acaso cobardía atacar a una persona que esta indefensa, que no puede defenderse por la incomunicación? Exigimos que se le de la palabra para que responda a las injurias de las que está siendo objeto. Sin el derecho a la palabra no hay defensa, cuando uno solo de los ciudadano no tiene derecho a la palabra por abusos del poder, es indicativo de que no estamos viviendo en una sociedad democrática como la que se ufana nuestro gobierno estatal.
Solicitamos a todas las organizaciones sociales democráticas su apoyo para detener este abuso.
Solicitamos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la restitución de los Derechos constitucionales y políticos de Carlos Bertoni
Atentamente
Carlota Amalia Bertoni Unda
Ciudadana chiapaneca
.
A la organización de la defensa de los Derechos humanos nacionales e internacionales
Al Gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero
El día sábado 5 de septiembre del presenta año, mi hermano Carlos Enrique Bertoni Unda, conocido desde hace muchos años luchador social y escritor de opinión en la prensa chiapaneca, recibió una llamada del Comandante Roberto, por instrucciones del fiscal especializado José Luis Llaven Abarca de la Fiscalía Especializada de la Delincuencia Organizada, citándolo en el Restaurante Crow Plaza a las 11:00 horas.
Mi hermano, dejó sus ocupaciones en Berriozabal, Chiapas y bajó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para acudir a la cita, sin embargo, en el lugar denominado la Pochota (la entrada a Tuxtla Gutiérrez) fue interceptado por elementos de las fuerzas policíacas del gobierno estatal, le dijeron que se bajara del vehículo para hacer la revisión de costumbre, una vez fuera del vehículo se le dijo que tenía una orden de presentación y se lo llevaron a la Procuraduría del estado.
Alrededor de la una de la tarde mi cuñada María Lucrecia Gómez Trejo, recibió una llamada anónima donde le informaban que su esposo había sido detenido y que si quería saber de él que fuera en ese momento a “la fuente” (pensamos que la Fuente es una casa de seguridad del gobierno del estado), inmediatamente mi cuñada me llamó e iniciamos su búsqueda en las fiscalías de Tuxtla Gutiérrez. Nos presentamos con su abogado en las instalaciones de la FECDO y, por lo menos en dos ocasiones, en las instalaciones que ocupa la Procuraduría del estado, ahí nos negaron que estuviera detenido en esas instalaciones.
A las once de la noche, casi 12 horas después a su detención mi hermano nos hizo una llamada para decirnos que estaba en los separos de la Procuraduría del estado y nos indicó el número de expediente de la averiguación previa 021/fecdo/2009, que estaba preocupado porque le estaban fabricando cargos y sin más tiempo, fue cortada la comunicación. Una vez enterados donde estaba mi hermano acudimos a las instalaciones de la Procuraduría, en donde el fiscal especializado le dijo a su abogado que mi hermano estaba incomunicado y que no se podía hablar con él.
Considerando que la incomunicación en que lo habían tenido, sin derecho de tener el abogado que el eligiera, como lo establece la ley, comprendimos que él había sido objeto de violación de sus derechos constitucionales y humanos y sus garantías individuales, razón por la cual fuimos a los juzgados de distrito, instancia federal, para presentar la denuncia y solicitar amparo. Después, regresamos a la procuraduría junto con el actuario federal al que le informaron que ya lo habían trasladaron a la casa de arraigo, conocida como Pitiquito (que es realmente una cárcel), hasta ese momento, siendo las 3:00 horas del día domingo 6 de septiembre pudimos.
El día domingo fuimos a verlo y nos comentó que en el tiempo que estuvo incomunicado, no le permitieron hacer ninguna llamada, sin embargo, nosotros estuvimos insistiendo y le marcábamos continuamente, algunas veces el teléfono indicaba que estaba fuera del área de servicio, otras veces que estaba ocupado, otras veces las llamadas quedaban abiertas sin que nadie respondiera y otras más nos mandaba al buzón. También nos dijo que fue amenazado por el fiscal especializado en la personalidad de sus hijos de 14 y 10 años de edad y que iban a entrar a catear su casa, entre otros oprobios.
Escucharlo a él y leer lo que están diciendo el día de hoy lunes 7 de septiembre en la prensa y escuchar lo que dijo en la radio Víctor Cancino Villar con declaraciones llena de ambigüedades y perniciosas, a las únicas conclusiones a las que podemos llegar, es que esa información viene de alguna instancia del gobierno del estado. Nos preguntamos el por qué decir que mi hermano “atenta, además con la estabilidad del estado”. Habrase visto semejante declaración, ¿acaso mi hermano tiene el poder de desestabilizar el estado?, ¿acaso no es el gobierno del estado el que tiene tal poder?, ¿acaso la manera de mantener la estabilidad del estado es ejerciendo violencia psicológica y moral a los ciudadanos como la que ha sido victima mi hermano y otros lideres más? Me parece que le están imputando un poder a mi hermano que no tiene para cubrir las ineficiencias gubernamentales.
Es irrisorio pensar que mi hermano halla sido detenido por denuncias de fraude, como dijeron en los periódicos y en la radio, ya que si hubiese sido de ese modo el proceso a seguir hubiese sido el siguiente: primero los supuestos afectados por el fraude, tendrían que haber presentado su querella ante el ministerio público, posteriormente éste debería haber turnado al juez de la causa penal para librar la orden de aprehensión, una vez detenido sería presentado ante el juez penal, por lo que estaría detenido en el CERESO 14 (amate) y no en una casa de arraigo. Sin embargo, se le indicó que era detenido con una orden de presentación, lo cual es violatorio de toda garantía constitucional, tanto del debido proceso, como de los principios de seguridad jurídica; nadie puede ser molestado en su persona, salvo orden expresa del poder judicial, lo cual claramente indica que mi hermano no debía de estar detenido sin la existencia de la orden de aprehensión.
Además, es un secreto a voces que en la llamada Casa de arraigo es común la llegada de presos políticos, mientras que les arman su expediente. Esto es así, porque cuando un líder es incomodo para el gobierno se le trata de hacer un lado, no olvidemos el caso de Mariano Abarca Roblero, líder de la resistencia contra la explotación minera en Chicomuselo y a Gabriel Montoya Oceguera, asesor de bienes comunales de la zona lacandona.
Por todo lo anterior, los familiares de Carlos Bertoni, le solicitamos dos cosas al señor gobernado del estado, Juan Sabines Guerrero:
1) Su intervención para la liberación de mi hermano, toda vez que es claro que le están construyendo un expediente falso, violando sus derechos. Le pedimos que se informe de la situación. Hagamos una analogía, ustedes saben muy bien como funciona nuestro cerebro, todo lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestros órganos es controlado por nuestro cerebro, podemos tener movimientos involuntarios, ciertamente, pero eso implica que nuestro cerebro no está informado de lo que pasa, por lo tanto, no podemos controlar nuestros movimientos. De esa manera funciona el órgano gubernamental. Pensamos que el señor Gobernador puede no estar enterado de las violaciones a los derechos humanos y constitucionales y garantías individuales de las que ha sido objeto mi hermano o bien, estos actos se han ejecutado por ordenes de él, Por lo que, siendo el señor Gobernador el cerebro en nuestro estado, él es el responsable, voluntaria o involuntariamente, de todos los agravios y violaciones del que sea objeto mi hermano y todos sus familiares.
2) Que le den la palabra a mi hermano. La incomunicación de que ha sido objeto, repito, es una violación a sus derechos humanos y constitucionales. Además, es un acto de cobardía, pues, ¿no es acaso cobardía atacar a una persona que esta indefensa, que no puede defenderse por la incomunicación? Exigimos que se le de la palabra para que responda a las injurias de las que está siendo objeto. Sin el derecho a la palabra no hay defensa, cuando uno solo de los ciudadano no tiene derecho a la palabra por abusos del poder, es indicativo de que no estamos viviendo en una sociedad democrática como la que se ufana nuestro gobierno estatal.
Solicitamos a todas las organizaciones sociales democráticas su apoyo para detener este abuso.
Solicitamos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la restitución de los Derechos constitucionales y políticos de Carlos Bertoni
Atentamente
Carlota Amalia Bertoni Unda
Ciudadana chiapaneca
.
martes, 8 de septiembre de 2009
Exhiben omisión en combate a trata
Por Silvia Garduño
Buscan hacer visible este fenómeno en México. Presentan diagnóstico sobre condiciones de vulnerabilidad la CNDH y CEIDAS
(8 septiembre 2009).- Las niñas mixtecas de 8 y 9 años de edad, Sol y Marimar, fueron vendidas por su padre. Terminaron en un prostíbulo en Nueva York, donde eran explotadas sexualmente.
"Casi no nos daban de comer, y si no queríamos ir con los señores, nos golpeaban, nos castigaban, nos metían palos en la colita.
"Con señores de la Embajada de México, nos trajeron a México y el DIF nos mandó de regreso a nuestra casa. Mi papá se enojó mucho y en menos de dos semanas nos volvió a vender por dos chivas y dos cartones de cerveza y nos dijo que no nos quería volver a ver ahí.
"Estábamos nuevamente en el mismo burdel en Nueva York", relata una de las menores que fueron rescatadas por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, una organización no gubernamental que lucha contra la trata de personas.
Su testimonio ha sido incluido en el Primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, elaborado por la CNDH y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), presentado ayer en el Senado.
En dicho informe, los organismos sostienen que la trata de personas es un delito que se comete al amparo de la invisibilidad y de la impunidad; además, cuestionan la falta de un sistema de información que permita describir con precisión los alcances.
"Pudo documentarse que en el ámbito de las políticas públicas, el Gobierno federal y los Gobiernos estatales cuentan con programas con bajas capacidades para prevenir y combatir la trata de personas", advirtió Mario Luis Fuentes, director de CEIDAS.
En 2008, cuando entró en vigor la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, el Gobierno federal únicamente inició 24 averiguaciones previas por este delito.
De las 24 averiguaciones previas, solamente dos han sido consignadas, señala el estudio con base en información reportada por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
Entre las víctimas se encuentran mujeres mexicanas y extranjeras, procedentes principalmente de El Salvador, Corea, Argentina, China, Honduras, Perú y Guatemala.
En 2008, sólo se dio atención a 30 personas víctimas del delito de trata de personas.
"Debe hablarse de una indiferencia por parte de los gobiernos. La trata de personas no forma parte de las prioridades del Estado", señala el documento.
El ex director del DIF Nacional cuestionó que la implementación de la Ley ha sido muy lenta.
"El Programa Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas no se ha elaborado y la Fiscalía especializada para perseguir este delito no tiene titular", manifestó.
Hace unos días, Guadalupe Morfín, titular de la Fiscalía renunció a su cargo para contender por la presidencia de la CNDH.
Explotación hacia EU
México es el segundo país que más víctimas de trata provee a EU:
(Número de casos en 2007)
Tailandia 48
México 42
Guatemala 23
Filipinas 22
China 21
Otros países 144
Así lo dijo
"Las dependencias responsables de la persecución y prevención del delito aportan poca información sobre el delito de trata de personas. Por otro lado, el número de casos identificados es pequeño en relación con la magnitud del delito".
Diagnóstico de CNDH y CEIDAS
Impulsan denuncia
(8 septiembre 2009).- El Observatorio Nacional contra la Trata de Personas, que encabeza la CNDH, tiene como fin establecer vínculos de colaboración entre autoridades y sociedad civil para prevenir e sancionar e impulsar la cultura de la denuncia sobre este delito.
Además de la CNDH, el Observatorio estará conformado por los tres niveles de gobierno, organizaciones gubernamentales, comunidades indígenas, asociaciones religiosas, académicos, organizaciones sindicales y empresariales.
"El Observatorio será un instrumento frente a la necesidad de dar seguimiento a las acciones de las autoridades y los esfuerzos gubernamentales que se llevan a cabo en materia de prevención, persecución y sanción del delito de trata de personas
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
Fecha de publicación: 8 septiembre 2009
Buscan hacer visible este fenómeno en México. Presentan diagnóstico sobre condiciones de vulnerabilidad la CNDH y CEIDAS
(8 septiembre 2009).- Las niñas mixtecas de 8 y 9 años de edad, Sol y Marimar, fueron vendidas por su padre. Terminaron en un prostíbulo en Nueva York, donde eran explotadas sexualmente.
"Casi no nos daban de comer, y si no queríamos ir con los señores, nos golpeaban, nos castigaban, nos metían palos en la colita.
"Con señores de la Embajada de México, nos trajeron a México y el DIF nos mandó de regreso a nuestra casa. Mi papá se enojó mucho y en menos de dos semanas nos volvió a vender por dos chivas y dos cartones de cerveza y nos dijo que no nos quería volver a ver ahí.
"Estábamos nuevamente en el mismo burdel en Nueva York", relata una de las menores que fueron rescatadas por la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas para América Latina y el Caribe, una organización no gubernamental que lucha contra la trata de personas.
Su testimonio ha sido incluido en el Primer Diagnóstico de las Condiciones de Vulnerabilidad que Propician la Trata de Personas en México, elaborado por la CNDH y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), presentado ayer en el Senado.
En dicho informe, los organismos sostienen que la trata de personas es un delito que se comete al amparo de la invisibilidad y de la impunidad; además, cuestionan la falta de un sistema de información que permita describir con precisión los alcances.
"Pudo documentarse que en el ámbito de las políticas públicas, el Gobierno federal y los Gobiernos estatales cuentan con programas con bajas capacidades para prevenir y combatir la trata de personas", advirtió Mario Luis Fuentes, director de CEIDAS.
En 2008, cuando entró en vigor la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas, el Gobierno federal únicamente inició 24 averiguaciones previas por este delito.
De las 24 averiguaciones previas, solamente dos han sido consignadas, señala el estudio con base en información reportada por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA).
Entre las víctimas se encuentran mujeres mexicanas y extranjeras, procedentes principalmente de El Salvador, Corea, Argentina, China, Honduras, Perú y Guatemala.
En 2008, sólo se dio atención a 30 personas víctimas del delito de trata de personas.
"Debe hablarse de una indiferencia por parte de los gobiernos. La trata de personas no forma parte de las prioridades del Estado", señala el documento.
El ex director del DIF Nacional cuestionó que la implementación de la Ley ha sido muy lenta.
"El Programa Nacional para Combatir y Prevenir la Trata de Personas no se ha elaborado y la Fiscalía especializada para perseguir este delito no tiene titular", manifestó.
Hace unos días, Guadalupe Morfín, titular de la Fiscalía renunció a su cargo para contender por la presidencia de la CNDH.
Explotación hacia EU
México es el segundo país que más víctimas de trata provee a EU:
(Número de casos en 2007)
Tailandia 48
México 42
Guatemala 23
Filipinas 22
China 21
Otros países 144
Así lo dijo
"Las dependencias responsables de la persecución y prevención del delito aportan poca información sobre el delito de trata de personas. Por otro lado, el número de casos identificados es pequeño en relación con la magnitud del delito".
Diagnóstico de CNDH y CEIDAS
Impulsan denuncia
(8 septiembre 2009).- El Observatorio Nacional contra la Trata de Personas, que encabeza la CNDH, tiene como fin establecer vínculos de colaboración entre autoridades y sociedad civil para prevenir e sancionar e impulsar la cultura de la denuncia sobre este delito.
Además de la CNDH, el Observatorio estará conformado por los tres niveles de gobierno, organizaciones gubernamentales, comunidades indígenas, asociaciones religiosas, académicos, organizaciones sindicales y empresariales.
"El Observatorio será un instrumento frente a la necesidad de dar seguimiento a las acciones de las autoridades y los esfuerzos gubernamentales que se llevan a cabo en materia de prevención, persecución y sanción del delito de trata de personas
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
Fecha de publicación: 8 septiembre 2009
lunes, 7 de septiembre de 2009
Otras 5 semanas de cárcel para Jacinta, pese al "no acuso" de la PGR
Organización Editorial Mexicana
5 de septiembre de 2009
El Sol de México
Ciudad de México.- Otras cinco semanas deberá pasar en prisión Jacinta Francisco Marcial, así como Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas por la Procuraduría General de la República (PGR) de secuestrar el 26 de agosto de 2006 a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal e Investigaciones (AFI) en Querétaro, no obstante que esta dependencia presentó "conclusiones no acusatorias", afirmó Leopoldo Maldonado, abogado de la indígena.
En entrevista con este diario, Leopoldo Maldonado, también abogado del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", señaló que la dependencia respondió de esta forma debido a que un tribunal unitario de circuito ordenó la reposición del juicio, toda vez que se encontraron "contradicciones sustanciales en la acusación, porque hay una duda razonable en cuanto a la responsabilidad de Jacinta y sus coacusadas", por parte del Ministerio Público Federal y del juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en Querétaro.
Afirmó que la liberación podría darse antes si la PGR actúa con diligencia y se desahogan los 60 careos procesales que aún deben desarrollarse para determinar si Jacinta Francisco Marcial fue la responsable del delito.
En este sentido, adelantó que el próximo 14 de septiembre se realizará una audiencia donde la Procuraduría deberá presentar a cuatro de los seis elementos que supuestamente fueron privados de su libertad cuando realizaban un operativo contra la piratería en el poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, para que una vez desahogados los procesos y el posterior cierre de la instrucción que decrete el juez, la PGR deba presentar las "conclusiones no acusatorias", que en términos concretos significaría retirar las acusaciones contra las tres procesadas.
* Acompañantes
El litigante afirmó que con la liberación de Jacinta, también abandonarían el Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes son coacusadas por el delito de privación ilegal de la libertad, porque no habría responsabilidad para nadie, aunque la Procuraduría sólo se refiera a Jacinta.
Asimismo, señaló que en cuanto salga libre Jacinta se solicitará a la PGR actuar de oficio para "establecer las responsabilidades correspondientes, tanto penales como administrativas" a los responsables de la injusta encarcelación.
Cabe recordar que Jacinta Francisco Marcial, de 46 años, quien ha estado presa por más de tres años, antes de su detención se dedicaba al comercio en la vía pública
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1313576.htm
Exigen sanciones a servidores públicos por caso Jacinta
Organización Editorial Mexicana
5 de septiembre de 2009
Manrique Gandaria / El Sol de México
Ciudad de México.- La liberación de la indígena Jacinta Francisco Marcial es apenas el primer paso de una serie de medidas que deben tomarse para reconocerle su inocencia y repararle el daño, además debe sancionarse a los servidores públicos que mintieron sobre este caso, exclamó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
A través de un comunicado, el organismo consideró que el de Jacinta es un caso paradigmático en México, pues quedó demostrado lo vulnerables que pueden ser las mujeres frente al sistema de procuración y administración de justicia que hay en el país.
"Esto ocurre sobre todo cuando se combinan condiciones como ser indígena y pobre, ahí toma forma una triple discriminación y violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que no deben tener cabida en una sociedad que se precie de ser democrática", se dijo.
El Inmujeres se congratuló con el anuncio de la PGR de que en el proceso penal 48/2006, que se sigue en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, en contra de Jacinta Francisco Marcial y coacusadas, por el presunto secuestro de seis servidores públicos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), formulará "conclusiones no acusatorias", lo que le permitirá obtener de inmediato la libertad a esta indígena otomí.
Consideró que la liberación de Jacinta es apenas el primer paso de una serie de medidas que deberá tomar la PGR en reconocimiento de su inocencia, así como de las coacusadas, como repararle el daño por los más de tres años en los que fue injustamente privada de su libertad.
Pero, sobre todo, indicó, iniciar las investigaciones para fincar responsabilidades de aquellos servidores públicos de la PGR que hayan falseado información o hechos que trajeron como consecuencia el inicio del procedimiento penal en contra de Jacinta, así como de las coacusadas: Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
El instituto confió en que la PGR encontrará en este caso la extraordinaria oportunidad para implementar en el futuro normas internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, e incorporar la perspectiva de género y etnia en su quehacer institucional, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres y el que no se repitan estos hechos.
Destacó que continuará atendiendo a su mandato de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres en México, con el seguimiento al proceso en contra de Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, y confía que en breve sean también absueltas por el delito de secuestro, pues el Inmujeres, al igual que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional y la CNDH, a través de la Recomendación 47/2009.
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1313575.htm
5 de septiembre de 2009
El Sol de México
Ciudad de México.- Otras cinco semanas deberá pasar en prisión Jacinta Francisco Marcial, así como Teresa González y Alberta Alcántara, acusadas por la Procuraduría General de la República (PGR) de secuestrar el 26 de agosto de 2006 a seis elementos de la desaparecida Agencia Federal e Investigaciones (AFI) en Querétaro, no obstante que esta dependencia presentó "conclusiones no acusatorias", afirmó Leopoldo Maldonado, abogado de la indígena.
En entrevista con este diario, Leopoldo Maldonado, también abogado del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", señaló que la dependencia respondió de esta forma debido a que un tribunal unitario de circuito ordenó la reposición del juicio, toda vez que se encontraron "contradicciones sustanciales en la acusación, porque hay una duda razonable en cuanto a la responsabilidad de Jacinta y sus coacusadas", por parte del Ministerio Público Federal y del juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en Querétaro.
Afirmó que la liberación podría darse antes si la PGR actúa con diligencia y se desahogan los 60 careos procesales que aún deben desarrollarse para determinar si Jacinta Francisco Marcial fue la responsable del delito.
En este sentido, adelantó que el próximo 14 de septiembre se realizará una audiencia donde la Procuraduría deberá presentar a cuatro de los seis elementos que supuestamente fueron privados de su libertad cuando realizaban un operativo contra la piratería en el poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco, Querétaro, para que una vez desahogados los procesos y el posterior cierre de la instrucción que decrete el juez, la PGR deba presentar las "conclusiones no acusatorias", que en términos concretos significaría retirar las acusaciones contra las tres procesadas.
* Acompañantes
El litigante afirmó que con la liberación de Jacinta, también abandonarían el Centro de Readaptación Social Femenil de San José el Alto, Alberta Alcántara y Teresa González, quienes son coacusadas por el delito de privación ilegal de la libertad, porque no habría responsabilidad para nadie, aunque la Procuraduría sólo se refiera a Jacinta.
Asimismo, señaló que en cuanto salga libre Jacinta se solicitará a la PGR actuar de oficio para "establecer las responsabilidades correspondientes, tanto penales como administrativas" a los responsables de la injusta encarcelación.
Cabe recordar que Jacinta Francisco Marcial, de 46 años, quien ha estado presa por más de tres años, antes de su detención se dedicaba al comercio en la vía pública
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1313576.htm
Exigen sanciones a servidores públicos por caso Jacinta
Organización Editorial Mexicana
5 de septiembre de 2009
Manrique Gandaria / El Sol de México
Ciudad de México.- La liberación de la indígena Jacinta Francisco Marcial es apenas el primer paso de una serie de medidas que deben tomarse para reconocerle su inocencia y repararle el daño, además debe sancionarse a los servidores públicos que mintieron sobre este caso, exclamó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
A través de un comunicado, el organismo consideró que el de Jacinta es un caso paradigmático en México, pues quedó demostrado lo vulnerables que pueden ser las mujeres frente al sistema de procuración y administración de justicia que hay en el país.
"Esto ocurre sobre todo cuando se combinan condiciones como ser indígena y pobre, ahí toma forma una triple discriminación y violación a los derechos humanos y libertades fundamentales, que no deben tener cabida en una sociedad que se precie de ser democrática", se dijo.
El Inmujeres se congratuló con el anuncio de la PGR de que en el proceso penal 48/2006, que se sigue en el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Querétaro, en contra de Jacinta Francisco Marcial y coacusadas, por el presunto secuestro de seis servidores públicos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), formulará "conclusiones no acusatorias", lo que le permitirá obtener de inmediato la libertad a esta indígena otomí.
Consideró que la liberación de Jacinta es apenas el primer paso de una serie de medidas que deberá tomar la PGR en reconocimiento de su inocencia, así como de las coacusadas, como repararle el daño por los más de tres años en los que fue injustamente privada de su libertad.
Pero, sobre todo, indicó, iniciar las investigaciones para fincar responsabilidades de aquellos servidores públicos de la PGR que hayan falseado información o hechos que trajeron como consecuencia el inicio del procedimiento penal en contra de Jacinta, así como de las coacusadas: Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan.
El instituto confió en que la PGR encontrará en este caso la extraordinaria oportunidad para implementar en el futuro normas internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, e incorporar la perspectiva de género y etnia en su quehacer institucional, en aras de garantizar el derecho de acceso a la justicia de las mujeres y el que no se repitan estos hechos.
Destacó que continuará atendiendo a su mandato de promover y proteger los derechos humanos de las mujeres en México, con el seguimiento al proceso en contra de Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, y confía que en breve sean también absueltas por el delito de secuestro, pues el Inmujeres, al igual que el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Amnistía Internacional y la CNDH, a través de la Recomendación 47/2009.
http://www.oem.com.mx/elsoldesanluis/notas/n1313575.htm
Falta de información favorece a la discriminación
Agencias
El Director de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón, Ignacio Mendoza Wong Sánchez, dijo que la mayor parte de las personas que ven en la calle a un indocumentado pidiendo dinero, lo relacionan con un delincuente cuando su único objetivo al igual que millones de mexicanos, es encontrar un trabajo para producir ingresos y obtener una mejor calidad de vida.
[1]Torreón.- El Director de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón, Ignacio Mendoza Wong Sánchez, manifestó que la falta de educación e información entre la comunidad tiene como resultado la discriminación y el desinterés humano por ser solidarios con otras personas de diferentes culturas, orígenes y creencias.
Dijo que la mayor parte de las personas que ven en la calle a un indocumentado pidiendo dinero, lo relacionan con un delincuente cuando su único objetivo al igual que millones de mexicanos, es encontrar un trabajo para producir ingresos y obtener una mejor calidad de vida.
En ese sentido, recomendó que tanto instituciones educativas y empresas, destinen parte de su programa laboral, acciones de contribución social y compresión “y más en esta temporada de rachas de inseguridad y la crisis”, expuso.
“Nos cegamos ante las ayudas que piden estas personas, de cierta forma nos mentalizamos pensando que si les damos dinero o alguna contribución alimenticias, estaríamos apoyando a un delincuente o una persona que viene a México a ganarse la vida momentáneamente mientras cruzan la frontera con Estados Unidos, y pareciera que quisieran hacernos daños, no nos podemos quejar el trato de las autoridades norteamericanas cuando en este país se hace exactamente lo mismo o a veces hasta peor”, explicó.
Al respecto, señaló que instituciones religiosas y organismos empresariales han tenido que “tomar cartas en el asunto” ya que los migrantes no son considerados como tal y sin una seria responsabilidad ciudadana”, agregó.
“Es claro que todos conocemos a un amigo, familiar, compañero de la escuela o cualquier otra persona que sabe o alguna vez intentó cruzar la frontera y conseguir el sueño americano, ahí nos podemos dar cuenta cuál es la realidad de estas personas que viven extorciones, robos, maltratos físicos y psicológicos y siempre viajan en una situación indigna y sin ninguna prevención de riesgos”, indicó.
Al respecto comentó que la Iglesia Católica de Torreón, trabaja en proyectos como el de banco de alimentos y ropa, además de difundir debidamente la ayuda sobre las necesidades que estas personas tienen.
Torreón Estados
http://www.milenio.com/node/280654
El Director de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón, Ignacio Mendoza Wong Sánchez, dijo que la mayor parte de las personas que ven en la calle a un indocumentado pidiendo dinero, lo relacionan con un delincuente cuando su único objetivo al igual que millones de mexicanos, es encontrar un trabajo para producir ingresos y obtener una mejor calidad de vida.
[1]Torreón.- El Director de Comunicación Social de la Diócesis de Torreón, Ignacio Mendoza Wong Sánchez, manifestó que la falta de educación e información entre la comunidad tiene como resultado la discriminación y el desinterés humano por ser solidarios con otras personas de diferentes culturas, orígenes y creencias.
Dijo que la mayor parte de las personas que ven en la calle a un indocumentado pidiendo dinero, lo relacionan con un delincuente cuando su único objetivo al igual que millones de mexicanos, es encontrar un trabajo para producir ingresos y obtener una mejor calidad de vida.
En ese sentido, recomendó que tanto instituciones educativas y empresas, destinen parte de su programa laboral, acciones de contribución social y compresión “y más en esta temporada de rachas de inseguridad y la crisis”, expuso.
“Nos cegamos ante las ayudas que piden estas personas, de cierta forma nos mentalizamos pensando que si les damos dinero o alguna contribución alimenticias, estaríamos apoyando a un delincuente o una persona que viene a México a ganarse la vida momentáneamente mientras cruzan la frontera con Estados Unidos, y pareciera que quisieran hacernos daños, no nos podemos quejar el trato de las autoridades norteamericanas cuando en este país se hace exactamente lo mismo o a veces hasta peor”, explicó.
Al respecto, señaló que instituciones religiosas y organismos empresariales han tenido que “tomar cartas en el asunto” ya que los migrantes no son considerados como tal y sin una seria responsabilidad ciudadana”, agregó.
“Es claro que todos conocemos a un amigo, familiar, compañero de la escuela o cualquier otra persona que sabe o alguna vez intentó cruzar la frontera y conseguir el sueño americano, ahí nos podemos dar cuenta cuál es la realidad de estas personas que viven extorciones, robos, maltratos físicos y psicológicos y siempre viajan en una situación indigna y sin ninguna prevención de riesgos”, indicó.
Al respecto comentó que la Iglesia Católica de Torreón, trabaja en proyectos como el de banco de alimentos y ropa, además de difundir debidamente la ayuda sobre las necesidades que estas personas tienen.
Torreón Estados
http://www.milenio.com/node/280654
Reintegran a sus familias a 51 de 126 niños recuperados de Casitas del Sur
Israel Yáñez G
Ciudad
Lunes 7 de Sep., 2009
La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito informó que 51 de los 126 menores que fueron rescatados de los albergues de Casitas del Sur el pasado mes de enero ya fueron reintegrados a su ceno familiar, luego que dichas familias cumplieron con los requerimientos legales para recibir a los niños.
Las autoridades reconocieron que no ha sido fácil reintegrarlos a sus hogares, ya que muchos de ellos se canalizaron al albergue Casitas del Sur porque fueron víctimas de violencia intrafamiliar, como violación y abuso sexual, maltrato físico y emocional, y falta de cuidados y manutención por parte de sus padres.
Los mandos reconocieron que de los 51 menores regresados, una gran parte presenta un conflicto civil entre sus progenitores, quienes estaban en un proceso de divorcio o cualquier otro tipo de malentendido entre ellos, y que no necesariamente concernía a los niños.
Ante la complejidad del problema que se presentó en Casitas del Sur, las parejas hicieron todo lo posible por ponerse de acuerdo para recuperar a sus hijos y, de ese modo, 40 por ciento de los niños rescatados ha regresado satisfactoriamente al lado de sus padres o tutores, informaron las autoridades capitalinas.
Detallaron que alrededor de 32 menores —25 por ciento de los niños— quedaron en calidad de expósitos, y el Estado deberá hacerse cargo de ellos, por lo que fueron enviados a casas-hogar especializadas para su custodia.
Este grupo de menores fue identificado por personal de la casa-hogar y por la ex directora Elvira Casco Majalca, actualmente sujeta a proceso en un penal de máxima seguridad federal y quien informó a la PGJDF sobre la fecha y forma en que dichos menores llegaron a Casitas del Sur y cómo eran nombrados, por lo cual señaló a estos 32 menores como de origen incierto y sin ningún pariente.
Como resultado de los operativos del pasado 29 de enero en el predio ubicado en el número 125 de la calle de 16 de Septiembre, en la colonia San Miguel Xicalco, y en el numero 447 de la Autopista México-Cuernavaca, colonia San Pedro Mártir, el DIF nacional tomó a los menores bajo su custodia para su valoración.
De esta manera, los 75 menores restantes se encuentran bajo el resguardo del DIF nacional y de otros albergues a los que fueron canalizados, y todos ellos son parte de un proceso judicial ya sea por abuso sexual, violencia intrafamiliar o divorcios.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=456124
Ciudad
Lunes 7 de Sep., 2009
La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito informó que 51 de los 126 menores que fueron rescatados de los albergues de Casitas del Sur el pasado mes de enero ya fueron reintegrados a su ceno familiar, luego que dichas familias cumplieron con los requerimientos legales para recibir a los niños.
Las autoridades reconocieron que no ha sido fácil reintegrarlos a sus hogares, ya que muchos de ellos se canalizaron al albergue Casitas del Sur porque fueron víctimas de violencia intrafamiliar, como violación y abuso sexual, maltrato físico y emocional, y falta de cuidados y manutención por parte de sus padres.
Los mandos reconocieron que de los 51 menores regresados, una gran parte presenta un conflicto civil entre sus progenitores, quienes estaban en un proceso de divorcio o cualquier otro tipo de malentendido entre ellos, y que no necesariamente concernía a los niños.
Ante la complejidad del problema que se presentó en Casitas del Sur, las parejas hicieron todo lo posible por ponerse de acuerdo para recuperar a sus hijos y, de ese modo, 40 por ciento de los niños rescatados ha regresado satisfactoriamente al lado de sus padres o tutores, informaron las autoridades capitalinas.
Detallaron que alrededor de 32 menores —25 por ciento de los niños— quedaron en calidad de expósitos, y el Estado deberá hacerse cargo de ellos, por lo que fueron enviados a casas-hogar especializadas para su custodia.
Este grupo de menores fue identificado por personal de la casa-hogar y por la ex directora Elvira Casco Majalca, actualmente sujeta a proceso en un penal de máxima seguridad federal y quien informó a la PGJDF sobre la fecha y forma en que dichos menores llegaron a Casitas del Sur y cómo eran nombrados, por lo cual señaló a estos 32 menores como de origen incierto y sin ningún pariente.
Como resultado de los operativos del pasado 29 de enero en el predio ubicado en el número 125 de la calle de 16 de Septiembre, en la colonia San Miguel Xicalco, y en el numero 447 de la Autopista México-Cuernavaca, colonia San Pedro Mártir, el DIF nacional tomó a los menores bajo su custodia para su valoración.
De esta manera, los 75 menores restantes se encuentran bajo el resguardo del DIF nacional y de otros albergues a los que fueron canalizados, y todos ellos son parte de un proceso judicial ya sea por abuso sexual, violencia intrafamiliar o divorcios.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=456124
También en adopción de bebés se discrimina
Parejas mexicanas los prefieren sanos y recién nacidos; las extranjeras optan por niños indígenas o discapacitados
Liliana Alcántara
El Universal
Lunes 07 de septiembre de 2009
liliana.alcantara@eluniversal.com.mx
Niños sanos y recién nacidos. Esos son los principales requisitos que solicita el 90% de las parejas mexicanas que desean adoptar un niño. En cambio, la mayor parte de los extranjeros que viene a México para adoptar han acogido a niños con discapacidad, mayores de cinco años de edad y con rasgos indígenas. Esa es, dicen los especialistas, es una muestra de una falta de cultura de la adopción de los mexicanos, pero además resulta una práctica por demás discriminatoria.
En este proceso, las parejas también son sujetas a criterios poco claros y subjetivos para poder adoptar. Un análisis hecho por Ingrid Brena, experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que en 14 entidades del país la legislación exige a los posibles padres de familia tener “buenas costumbres”, sin especificar los criterios a los que se refieren con ese concepto.
Esos estados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
Un diagnóstico hecho por el DIF nacional y la Secretaría de Salud establece que en el país hay alrededor de 657 centros de asistenciales, entre públicos, privados y de la sociedad civil, donde se llevan a cabo diferentes procesos de adopción, aunque en el mismo documento se señala que “no hay un censo puntual de los centros que dependen de las instituciones privadas, muchas de las cuales llevan años realizando adopciones”.
Mónica Ríos Tarín, directora general jurídica del DIF nacional, explicó que en los sistemas estatales no hay forma de que los solicitantes de adopción elijan los rasgos físicos del niño o la niña, pero sí se les pregunta la edad que prefieren y si quieren un niño con discapacidad o no. La mayoría de los mexicanos elige menores de tres años y dicen que no a los que tienen alguna discapacidad.
Historias de éxito... de extranjeros
Existen historias de éxito, pero que involucran, sobre todo, a extranjeros. Rebeca fue abandonada cuando aún no cumplía el año de edad. Fue llevada a una casa cuna del DIF, en Coyoacán, donde permaneció hasta los cuatro años de edad.
Sus primeros tres años de vida en esta institución fueron normales pero después el personal que la asistía comenzó a notar en ella dificultades para hablar y atender instrucciones.
Luego de realizarse una valoración médica, supieron que la pequeña Rebeca tenía sordera total. Nadie quería adoptarla hasta que una pareja de Estados Unidos llegó a esta casa cuna a través de la Agencia Cristiana Mundial y decidió decir sí a la adopción de una niña o un niño con discapacidad. Una vez aprobada la solicitud y hechas todas las valoraciones, Rebeca fue adoptada y trasladada a casa de sus ahora padres en Carolina del Norte. El seguimiento hecho por el DIF refiere que Rebeca está con los padres y en el hogar adecuados.
El caso de Diana
Diana, una niña indígena, vivió en la casa-cuna Hogar y Vida desde los cuatro meses de edad en estado de desamparo. Pero ninguna pareja mexicana quiso adoptarla, primero, por sus rasgos físicos, pero después mientras crecía, era rechazada por su edad.
Se fue a los ocho años de edad a un hogar que la aceptó, luego de que una pareja de ciudadanos franceses realizó todos los trámites legales para adoptarla.
Mónica Ríos, directora general jurídica del DIF nacional, explicó a KIOSKO que para generar una nueva cultura de la adopción en México, basada en el interés superior del niño y la niña, esta institución realiza una campaña a nivel nacional en la que se promociona la adopción de niños mayores de tres años de edad y con alguna discapacidad.
“Lo que divulgamos —dijo la funcionaria— en las reuniones estatales del sistema DIF es que ellos también tienen derecho a vivir en una familia y por eso llamamos a las parejas mexicanas que desean adoptar a que no lo piensen y adopten a esos niños. Nadie de quienes lo han hecho se ha arrepentido”.
Precisó que, por ahora, en el DIF nacional se suspendieron las adopciones de niños recién nacidos “porque actualmente no tenemos niños recién nacidos cuya situación jurídica esté resuelta para ser susceptibles a adopción”.
Sobre los requisitos para adoptar, la funcionaria señaló que son los necesarios para procurar al niño un hogar y una vida familiar adecuadas.
—Y ¿cuál es la familia adecuada?, se le preguntó.
—No hay un estándar absoluto. Se analiza caso por caso. Lo único que pretendemos descartar es que ninguno de los miembros de la familia padezca alguna patología o una situación psicológica que le impida estar al pendiente de la familia, como una depresión. Se verifica la situación económica, pero no si es de bajos o ingresos altos, sino que tenga un ingreso mínimo indispensable y una forma de administrarse.
“Helena” y su esposo no pueden tener hijos biológicos y decidieron adoptar. Ambos residen en el Distrito Federal, pero por recomendaciones de amigos acudieron a una casa de asistencia privada en San Luis Potosí llamada Tiempo Nuevo en donde, en menos de un año, pudieron adoptar a un recién nacido.
Ahora, cinco años después de la primera experiencia y con deseos de extender la familia recurrieron a una segunda adopción en el Estado de México, en la institución privada de Joli Guani, donde el proceso sólo duró cuatro meses.
En los dos casos, la documentación requerida fue la misma: identificaciones, estados de cuenta bancarios y comprobantes de ingresos, exámenes psicológicos y socioeconómicos, pero además el aval de un sacerdote.
“Nosotros pensamos que ese requisito es para que ellos puedan verificar que pertenecemos a un grupo, no tanto porque quieran que sólo las parejas de determinada religión adopten niños”, dijo.
De acuerdo con Ingrid Brena, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además de que 14 estados piden a los solicitantes de adopción “tener buenas costumbres”, en Tamaulipas y Nuevo León se exige a la pareja tener por lo menos 2 años de casados y que no tengan descendencia.
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/4021.html
Liliana Alcántara
El Universal
Lunes 07 de septiembre de 2009
liliana.alcantara@eluniversal.com.mx
Niños sanos y recién nacidos. Esos son los principales requisitos que solicita el 90% de las parejas mexicanas que desean adoptar un niño. En cambio, la mayor parte de los extranjeros que viene a México para adoptar han acogido a niños con discapacidad, mayores de cinco años de edad y con rasgos indígenas. Esa es, dicen los especialistas, es una muestra de una falta de cultura de la adopción de los mexicanos, pero además resulta una práctica por demás discriminatoria.
En este proceso, las parejas también son sujetas a criterios poco claros y subjetivos para poder adoptar. Un análisis hecho por Ingrid Brena, experta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que en 14 entidades del país la legislación exige a los posibles padres de familia tener “buenas costumbres”, sin especificar los criterios a los que se refieren con ese concepto.
Esos estados son Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.
Un diagnóstico hecho por el DIF nacional y la Secretaría de Salud establece que en el país hay alrededor de 657 centros de asistenciales, entre públicos, privados y de la sociedad civil, donde se llevan a cabo diferentes procesos de adopción, aunque en el mismo documento se señala que “no hay un censo puntual de los centros que dependen de las instituciones privadas, muchas de las cuales llevan años realizando adopciones”.
Mónica Ríos Tarín, directora general jurídica del DIF nacional, explicó que en los sistemas estatales no hay forma de que los solicitantes de adopción elijan los rasgos físicos del niño o la niña, pero sí se les pregunta la edad que prefieren y si quieren un niño con discapacidad o no. La mayoría de los mexicanos elige menores de tres años y dicen que no a los que tienen alguna discapacidad.
Historias de éxito... de extranjeros
Existen historias de éxito, pero que involucran, sobre todo, a extranjeros. Rebeca fue abandonada cuando aún no cumplía el año de edad. Fue llevada a una casa cuna del DIF, en Coyoacán, donde permaneció hasta los cuatro años de edad.
Sus primeros tres años de vida en esta institución fueron normales pero después el personal que la asistía comenzó a notar en ella dificultades para hablar y atender instrucciones.
Luego de realizarse una valoración médica, supieron que la pequeña Rebeca tenía sordera total. Nadie quería adoptarla hasta que una pareja de Estados Unidos llegó a esta casa cuna a través de la Agencia Cristiana Mundial y decidió decir sí a la adopción de una niña o un niño con discapacidad. Una vez aprobada la solicitud y hechas todas las valoraciones, Rebeca fue adoptada y trasladada a casa de sus ahora padres en Carolina del Norte. El seguimiento hecho por el DIF refiere que Rebeca está con los padres y en el hogar adecuados.
El caso de Diana
Diana, una niña indígena, vivió en la casa-cuna Hogar y Vida desde los cuatro meses de edad en estado de desamparo. Pero ninguna pareja mexicana quiso adoptarla, primero, por sus rasgos físicos, pero después mientras crecía, era rechazada por su edad.
Se fue a los ocho años de edad a un hogar que la aceptó, luego de que una pareja de ciudadanos franceses realizó todos los trámites legales para adoptarla.
Mónica Ríos, directora general jurídica del DIF nacional, explicó a KIOSKO que para generar una nueva cultura de la adopción en México, basada en el interés superior del niño y la niña, esta institución realiza una campaña a nivel nacional en la que se promociona la adopción de niños mayores de tres años de edad y con alguna discapacidad.
“Lo que divulgamos —dijo la funcionaria— en las reuniones estatales del sistema DIF es que ellos también tienen derecho a vivir en una familia y por eso llamamos a las parejas mexicanas que desean adoptar a que no lo piensen y adopten a esos niños. Nadie de quienes lo han hecho se ha arrepentido”.
Precisó que, por ahora, en el DIF nacional se suspendieron las adopciones de niños recién nacidos “porque actualmente no tenemos niños recién nacidos cuya situación jurídica esté resuelta para ser susceptibles a adopción”.
Sobre los requisitos para adoptar, la funcionaria señaló que son los necesarios para procurar al niño un hogar y una vida familiar adecuadas.
—Y ¿cuál es la familia adecuada?, se le preguntó.
—No hay un estándar absoluto. Se analiza caso por caso. Lo único que pretendemos descartar es que ninguno de los miembros de la familia padezca alguna patología o una situación psicológica que le impida estar al pendiente de la familia, como una depresión. Se verifica la situación económica, pero no si es de bajos o ingresos altos, sino que tenga un ingreso mínimo indispensable y una forma de administrarse.
“Helena” y su esposo no pueden tener hijos biológicos y decidieron adoptar. Ambos residen en el Distrito Federal, pero por recomendaciones de amigos acudieron a una casa de asistencia privada en San Luis Potosí llamada Tiempo Nuevo en donde, en menos de un año, pudieron adoptar a un recién nacido.
Ahora, cinco años después de la primera experiencia y con deseos de extender la familia recurrieron a una segunda adopción en el Estado de México, en la institución privada de Joli Guani, donde el proceso sólo duró cuatro meses.
En los dos casos, la documentación requerida fue la misma: identificaciones, estados de cuenta bancarios y comprobantes de ingresos, exámenes psicológicos y socioeconómicos, pero además el aval de un sacerdote.
“Nosotros pensamos que ese requisito es para que ellos puedan verificar que pertenecemos a un grupo, no tanto porque quieran que sólo las parejas de determinada religión adopten niños”, dijo.
De acuerdo con Ingrid Brena, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, además de que 14 estados piden a los solicitantes de adopción “tener buenas costumbres”, en Tamaulipas y Nuevo León se exige a la pareja tener por lo menos 2 años de casados y que no tengan descendencia.
http://www.eluniversal.com.mx/sociedad/4021.html
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