Caso para la atención del Gobernador de Chiapas y Derechos Humanos:Carlos Enrique Bertoni Unda

Ala opinión publica
A la organización de la defensa de los Derechos humanos nacionales e internacionales
Al Gobernador del estado de Chiapas, Juan Sabines Guerrero


El día sábado 5 de septiembre del presenta año, mi hermano Carlos Enrique Bertoni Unda, conocido desde hace muchos años luchador social y escritor de opinión en la prensa chiapaneca, recibió una llamada del Comandante Roberto, por instrucciones del fiscal especializado José Luis Llaven Abarca de la Fiscalía Especializada de la Delincuencia Organizada, citándolo en el Restaurante Crow Plaza a las 11:00 horas.

Mi hermano, dejó sus ocupaciones en Berriozabal, Chiapas y bajó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez para acudir a la cita, sin embargo, en el lugar denominado la Pochota (la entrada a Tuxtla Gutiérrez) fue interceptado por elementos de las fuerzas policíacas del gobierno estatal, le dijeron que se bajara del vehículo para hacer la revisión de costumbre, una vez fuera del vehículo se le dijo que tenía una orden de presentación y se lo llevaron a la Procuraduría del estado.

Alrededor de la una de la tarde mi cuñada María Lucrecia Gómez Trejo, recibió una llamada anónima donde le informaban que su esposo había sido detenido y que si quería saber de él que fuera en ese momento a “la fuente” (pensamos que la Fuente es una casa de seguridad del gobierno del estado), inmediatamente mi cuñada me llamó e iniciamos su búsqueda en las fiscalías de Tuxtla Gutiérrez. Nos presentamos con su abogado en las instalaciones de la FECDO y, por lo menos en dos ocasiones, en las instalaciones que ocupa la Procuraduría del estado, ahí nos negaron que estuviera detenido en esas instalaciones.

A las once de la noche, casi 12 horas después a su detención mi hermano nos hizo una llamada para decirnos que estaba en los separos de la Procuraduría del estado y nos indicó el número de expediente de la averiguación previa 021/fecdo/2009, que estaba preocupado porque le estaban fabricando cargos y sin más tiempo, fue cortada la comunicación. Una vez enterados donde estaba mi hermano acudimos a las instalaciones de la Procuraduría, en donde el fiscal especializado le dijo a su abogado que mi hermano estaba incomunicado y que no se podía hablar con él.

Considerando que la incomunicación en que lo habían tenido, sin derecho de tener el abogado que el eligiera, como lo establece la ley, comprendimos que él había sido objeto de violación de sus derechos constitucionales y humanos y sus garantías individuales, razón por la cual fuimos a los juzgados de distrito, instancia federal, para presentar la denuncia y solicitar amparo. Después, regresamos a la procuraduría junto con el actuario federal al que le informaron que ya lo habían trasladaron a la casa de arraigo, conocida como Pitiquito (que es realmente una cárcel), hasta ese momento, siendo las 3:00 horas del día domingo 6 de septiembre pudimos.

El día domingo fuimos a verlo y nos comentó que en el tiempo que estuvo incomunicado, no le permitieron hacer ninguna llamada, sin embargo, nosotros estuvimos insistiendo y le marcábamos continuamente, algunas veces el teléfono indicaba que estaba fuera del área de servicio, otras veces que estaba ocupado, otras veces las llamadas quedaban abiertas sin que nadie respondiera y otras más nos mandaba al buzón. También nos dijo que fue amenazado por el fiscal especializado en la personalidad de sus hijos de 14 y 10 años de edad y que iban a entrar a catear su casa, entre otros oprobios.

Escucharlo a él y leer lo que están diciendo el día de hoy lunes 7 de septiembre en la prensa y escuchar lo que dijo en la radio Víctor Cancino Villar con declaraciones llena de ambigüedades y perniciosas, a las únicas conclusiones a las que podemos llegar, es que esa información viene de alguna instancia del gobierno del estado. Nos preguntamos el por qué decir que mi hermano “atenta, además con la estabilidad del estado”. Habrase visto semejante declaración, ¿acaso mi hermano tiene el poder de desestabilizar el estado?, ¿acaso no es el gobierno del estado el que tiene tal poder?, ¿acaso la manera de mantener la estabilidad del estado es ejerciendo violencia psicológica y moral a los ciudadanos como la que ha sido victima mi hermano y otros lideres más? Me parece que le están imputando un poder a mi hermano que no tiene para cubrir las ineficiencias gubernamentales.

Es irrisorio pensar que mi hermano halla sido detenido por denuncias de fraude, como dijeron en los periódicos y en la radio, ya que si hubiese sido de ese modo el proceso a seguir hubiese sido el siguiente: primero los supuestos afectados por el fraude, tendrían que haber presentado su querella ante el ministerio público, posteriormente éste debería haber turnado al juez de la causa penal para librar la orden de aprehensión, una vez detenido sería presentado ante el juez penal, por lo que estaría detenido en el CERESO 14 (amate) y no en una casa de arraigo. Sin embargo, se le indicó que era detenido con una orden de presentación, lo cual es violatorio de toda garantía constitucional, tanto del debido proceso, como de los principios de seguridad jurídica; nadie puede ser molestado en su persona, salvo orden expresa del poder judicial, lo cual claramente indica que mi hermano no debía de estar detenido sin la existencia de la orden de aprehensión.

Además, es un secreto a voces que en la llamada Casa de arraigo es común la llegada de presos políticos, mientras que les arman su expediente. Esto es así, porque cuando un líder es incomodo para el gobierno se le trata de hacer un lado, no olvidemos el caso de Mariano Abarca Roblero, líder de la resistencia contra la explotación minera en Chicomuselo y a Gabriel Montoya Oceguera, asesor de bienes comunales de la zona lacandona.

Por todo lo anterior, los familiares de Carlos Bertoni, le solicitamos dos cosas al señor gobernado del estado, Juan Sabines Guerrero:

1) Su intervención para la liberación de mi hermano, toda vez que es claro que le están construyendo un expediente falso, violando sus derechos. Le pedimos que se informe de la situación. Hagamos una analogía, ustedes saben muy bien como funciona nuestro cerebro, todo lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestros órganos es controlado por nuestro cerebro, podemos tener movimientos involuntarios, ciertamente, pero eso implica que nuestro cerebro no está informado de lo que pasa, por lo tanto, no podemos controlar nuestros movimientos. De esa manera funciona el órgano gubernamental. Pensamos que el señor Gobernador puede no estar enterado de las violaciones a los derechos humanos y constitucionales y garantías individuales de las que ha sido objeto mi hermano o bien, estos actos se han ejecutado por ordenes de él, Por lo que, siendo el señor Gobernador el cerebro en nuestro estado, él es el responsable, voluntaria o involuntariamente, de todos los agravios y violaciones del que sea objeto mi hermano y todos sus familiares.
2) Que le den la palabra a mi hermano. La incomunicación de que ha sido objeto, repito, es una violación a sus derechos humanos y constitucionales. Además, es un acto de cobardía, pues, ¿no es acaso cobardía atacar a una persona que esta indefensa, que no puede defenderse por la incomunicación? Exigimos que se le de la palabra para que responda a las injurias de las que está siendo objeto. Sin el derecho a la palabra no hay defensa, cuando uno solo de los ciudadano no tiene derecho a la palabra por abusos del poder, es indicativo de que no estamos viviendo en una sociedad democrática como la que se ufana nuestro gobierno estatal.

Solicitamos a todas las organizaciones sociales democráticas su apoyo para detener este abuso.

Solicitamos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para la restitución de los Derechos constitucionales y políticos de Carlos Bertoni

Atentamente
Carlota Amalia Bertoni Unda
Ciudadana chiapaneca



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