Luchas indígenas acaban en la cárcel: líderes

El gobierno responde a las demandas de los pueblos originarios con hostigamiento y prisión, reclaman dirigentes na savi y me’phaa de La Montaña. El caso de Claudio Carrasco, acusado por la hija de un cacique de robar 38 mil pesos y encerrado en Tlapa, es representativo
JESUS RODRIGUEZ MONTES (Corresponsal)
Tlapa, 17 de agosto. Es una regla no escrita entre los internos del sobrepoblado penal de Tlapa: el derecho al espacio se gana con el tiempo. Claudio Carrasco Hernández lleva 72 días compartiendo celda con 12 internos más, hacinados.
“Yo soy un preso político”, afirma el dirigente na savi de Tototepec. “Soy un preso político porque, de alguna manera, a mí me tienen preso con un fondo político, porque he buscado unificar al pueblo para luchar y conseguir beneficios y obras”.
A mediados de 2006 unos 20 soldados instalaron un retén en el crucero de Xalpatláhuac, en la carretera federal que comunica a Tlapa con la Costa Chica, y detuvieron a Carrasco porque les pareció “sospechoso” que llevara botas tipo militar, un calzado que se ofrece de manera común en las tiendas de la cabecera, dadas las pésimas condiciones de los caminos por donde deben transitar los pobladores. Lo sometieron a un interrogatorio durante varios minutos y después lo dejaron ir.
“A mí me han querido involucrar con grupos armados, pero eso es totalmente falso. Yo siempre he sido militante y participante del PRD y siempre he estado en la legalidad. Son falsedades de quienes me quieren involucrar”, afirma contundente el indígena, en declaraciones desde la cárcel de Tlapa.
Según un diagnóstico sobre violaciones a los derechos humanos, que elaboró el Centro Tlachinollan, entre 2007 y 2008 en las instancias judiciales se abrieron 201 causas penales contra líderes indígenas y luchadores sociales. En varios casos, los dirigentes son procesados por delitos relacionados con protestas y movilizaciones: ataques a las vías de comunicación, motín, sedición y privación ilegal de la libertad.
Carrasco fue arrestado la mañana del 4 de junio en Tototepec, cuando caminaba rumbo a la primaria donde trabaja como profesor. La juez penal María Luisa Ríos Romero dio la orden por la acusación de la hija del cacique de la localidad, Fidel Villegas, que lo acusa de robarle 38 mil pesos el 27 de enero, cuando alrededor de 400 vecinos, encabezados por Carrasco, acudieron a una calle contigua a la casa de Villegas, para protestar porque estaba nombrando como delegado del pueblo a un vecino que no reconocen como tal.
El dirigente sostiene que se trata de un “delito fabricado” por Villegas, en colusión con el alcalde Martimiano Benítez Flores, quienes con dinero han corrompido a los agentes del Ministerio Público para que maniobren en su contra.
“Yo estoy convencido de que mi llegada aquí no fue por un delito que cometí, sino porque me tienen coraje el presidente Martimiano Benítez y Fidel (Villegas). Yo no considero mi enemigo a Fidel, pero están tratando de hundirme a toda costa”.
Desde 1979 Carrasco ha participado activamente en los movimientos sociales de La Montaña. Es uno de los fundadores del PRD en la región, partido del que fue dirigente municipal en Tlapa en 1999, y hace unos años fue de los promotores más visibles de la formación de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG).
Sobre la actuación de los agentes del MP, Carrasco sospecha que es manipulada para que lo declaren culpable, y sospecha que en ello interviene directamente el presidente municipal y Villegas.
Además acusa al cacique de Tototepec de amenazar a sus parientes: “en mi casa han hecho llamadas anónimas, dicen que de todos modos aunque salga libre me van a chingar, que me van a matar, por eso yo acuso a Fidel Villegas de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia”.
“Que no nos confunda el gobierno”
El diagnóstico del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan revela que 38 indígenas de La Montaña y Costa Chica, agrupados en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), tienen orden de aprehensión: 11 del Consejo Regional para el Desarrollo de los Pueblos Bathaa; 11 de la radio comunitaria amuzga La Palabra del Agua, de Xochistlahuaca; seis del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a presa La Parota; 14 del Consejo Ciudadano de Chilapa, y 15 órdenes de arresto más contra la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), de Ayutla.
Cándido Félix Santiago es un líder bathaa de Juanacatlán, Metlatónoc. De un tiempo a la fecha encabeza movilizaciones de indígenas para presionar a las autoridades en el caso de la construcción de la carretera Tlapa-Metlatónoc, y para que asignen profesores en 28 pueblos de La Montaña. Tan sólo en los últimos dos años, la Procuraduría emitió cuatro órdenes de arresto en su contra.
Para Félix Santiago el que haya tantas causas penales contra dirigentes son una clara advertencia del gobierno estatal a los movimientos: “son mensajes de recriminación, de terror, y esto ayuda a que los pueblos nunca se puedan organizar para exigir sus derechos”.
Ante la advertencia de eventuales operaciones del gobierno contra la guerrilla, el dirigente enfatiza: “yo le quiero pedir al gobierno que tenga la capacidad de platicar con los pueblos, la gente se moviliza por los problemas de educación, salud, por las necesidades. Al gobierno le ha faltado capacidad para dialogar. Que no nos confundan con guerrilleros, nosotros luchamos por nuestros derechos, pero si no nos va a resolver las demandas, pues cuando menos que no nos repriman, que no nos encarcelen”.
http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2008/08/18/index.php?section=sociedad&article=012n1soc