Por Angélica De la Peña*
Para Ilse Michell
México DF, 10 febrero 09 (CIMAC).- Para Ilse, dónde quiera que se encuentre. Para ella y todas las niñas y niños que se encuentran en situación irregular y no se aplica para ellas y ellos el Estado de derecho derivado del reconocimiento de sus derechos humanos que los proteja debidamente de cualquier injerencia arbitraria, inhumana o degradante.
El caso de las niñas y niños desaparecidos o que padecen diversas situaciones que menoscaban o anulan sus derechos humanos debiesen estar en la historia de la denostación de sus derechos que ha quedado atrás a partir del reconocimiento de que todas las personas menores de 18 años, sin importar su origen o situación, son personas sujetas de derechos como lo señala el Artículo 4 de nuestra Constitución.
Las agresiones, arbitrariedades y flagelos vividos por muchas personas pequeñas hoy debiesen ser recordadas como algo que nunca debió haber ocurrido en casas hogar, orfelinatos, casas de las niñas o niños, albergues, instituciones de todo tipo encargadas de recibir, atender y resguardar a estas pequeñas personas que sufren alguna situación que las aleja de la protección de su familia original.
Lo patético es que tampoco las instituciones gubernamentales se ocupan, como señalan en su norma, de garantizar el Interés Superior de la Infancia a esta niñez. Observamos que hay señalamientos sobre abusos, daños psicológicos, adoctrinamientos fundamentalistas y otras situaciones que evidencia un total abandono por parte de las autoridades.
No hay manera de eludir su responsabilidad por omisión o comisión, por parte de las autoridades responsables de desarrollo social, asistencia social o de procuración, de otorgar permisos, apoyos materiales y de vigilar permanentemente lugares como Casita del Sur en Tlalpan, de la Ciudad de México, sería muy bueno para la democracia y la transparencia que en principio se reconozca esta falta y se proceda a enmendar dando a cada asunto la debida atención que refleje realmente compromiso y responsabilidad para la solución de los casos que hoy están bajo la lupa de la opinión pública por su negligencia o complicidad de posibles delitos, pero evitando utilizar lo común de presentar a la sociedad “chivos expiatorios” para no profundizar en el verdadero problema.
No se requiere muchas letras para señalar que en el caso de niñas y niños estas vivencias les destrozan toda su vida, por lo tanto resulta irreparable en muchas de estos casos, el daño que sufren.
ILSE Y LOS ALBERGUES
La reglamentación señala que el Albergue Temporal es el lugar dentro de la Procuraduría en donde se brinda asistencia y protección a las personas menores de edad que se encuentran en situación de abandono, conflicto, daño o peligro, ya sea porque sufren algún tipo de agresión sexual, maltrato físico o psicológico, o porque sus padres se encuentren inmersos en una separación o divorcio complicado y no exista algún familiar que se pueda hacer cargo de ellas y ellos.
Como organismo desconcentrado de la Procuraduría capitalina, no tiene atribución de llevar la vigilancia de las niñas y niños que son canalizados a instituciones sociales o de asistencia social como fue lo acontecido por Ilse Michell, quién llego al Albergue Temporal el 15 de junio 2005, por violación, abuso sexual, y violencia familiar.
Esta pequeña niña es ingresada por la Fiscalía para Menores para pasar una noche y después el ingreso fue definitivo por decisión de la Fiscalía Central de Menores a través del Ministerio Público.
Y el 30 abril de 2007 pasa a la Casa Hogar Casita del Sur. Su ingreso fue determinado por el subprocurador de averiguaciones previas centrales cuyo oficio fue dirigido a la Directora de la Casa Hogar Casita del Sur. Todo esto es constatable oficialmente.
La niña es ingresada bajo oficio que indica que es una víctima de ilícitos previstos y sancionados por las leyes penales vigentes y se acota que dicha menor está a disposición del subprocurador de averiguaciones previas centrales, único autorizado para el posible egreso de la Casita del Sur.
El Albergue Temporal es un organismo desconcentrado del Procurador de Justicia. En el Artículo 40 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que emite el Presidente de la República, señala que la Fiscalía de Menores, además de apoyar al Albergue Temporal y de velar por los intereses de personas como es el caso de niñas como Ilse, también señala debe ejercitar las acciones pertinentes a fin de proporcionar a menores o incapaces la más amplia protección que en derecho proceda, ya sea entregándolos a quién corresponda en los términos de las disposiciones aplicables o canalizándolos a algún establecimiento asistencial, o proveer ante los tribunales competentes la designación de custodios, tutores o curadores, como no fue el caso de Ilse, quién fue remitida a Casita del Sur.
ACUERDO PARA LA PROTECCIÓN
Así las cosas, hemos encontrado el Acuerdo número A/002/2009 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal sobre los mecanismos para la protección de los niños y niñas que se encuentran en situación de abandono, conflicto, daño o peligro, para su canalización al Albergue Temporal de la propia procuraduría o a Instituciones Públicas o Privadas de Asistencia Social, y que señala que es la Fiscalía Central de Investigación para Menores la instancia para intervenir en la canalización al Albergue o a institución pública o privada.
Este Acuerdo fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de enero de 2009 y refiere que la Fiscalía Central de Investigaciones para Menores, ya no la Fiscalía para Menores como lo señala el Reglamento de la Ley Orgánica, deberá salvaguardar en todo momento el interés superior del menor su derecho a estar bajo el cuidado de sus progenitores, o cuando no sea posible, como es el caso de Ilse, bajo su estricta responsabilidad lo canalizará para cuidados y atenciones al Albergue Temporal de la Procuraduría o a la Institución Pública o Privada de Asistencia Social que corresponda.
Llama la atención la enmienda de que la estancia de niños o niñas solo será por el tiempo estrictamente necesario para hacer cesar la situación de riesgo o peligro en la que se encuentre, por lo que siempre se procurará que los familiares en los grados y disposiciones señaladas en el Código Civil para el DF asuman el cuidado de los mismos. Establece este Acuerdo que el cambio de ubicación solo podrá hacerse con la determinación de la Fiscalía Central de Investigaciones para Menores bajo mandato de la autoridad.
En cada uno de los incisos de los cinco artículos de este Acuerdo firmado por el Procurador capitalino se denota que se está queriendo subsanar la descoordinación, falta de vigilancia y en general falta de atención sobre los casos de niñas y niños que son canalizados a las casas hogar o similares y que ha metido en un verdadero problema a la Procuraduría capitalina. Se está dando más atribuciones a esta Fiscalía Central replanteando las atribuciones de la Fiscalía para Menores.
En este caso y los supuestos casos de niñas y niños desaparecidos, y de quienes se encuentran en este tipo de albergues, centros de asistencia, hospicios, se evidencia la violación de sus derechos humanos. Se actúa por omisión o por comisión; como si no existieran leyes como la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional, y leyes en la materia a nivel local y en los diversos códigos, como si México no estuviera obligado a cumplir con la Convención sobre Derechos de la Niñez.
Hoy parece inevitable que el nombre y la última foto con que se cuente de Ilse debiese estar en la página del Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes de la Procuraduría del Distrito Federal con un llamamiento desgarrador: “Ayúdame a regresar a casa”.
* Académica feminista y ex legisladora. Creadora, junto con la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Consultora de UNICEF.
09/AP/GG
http://www.cimacnoticias.com/site/09021004-OPINION-Ilse-en-d.36556.0.html
Olvidó GDF supervisar a 12 albergues que financia
Nayeli Gómez C. e Israel Yáñez
Cada año el Gobierno del Distrito Federal destina recursos para más de 10 organizaciones civiles, a través del DIF capitalino, beneficios que implican que la dependencia tendrá que realizar y presentar evaluaciones periódicas sobre la calidad de vida del usuario y de los servicios; sin embargo hasta el momento ni el DIF ni la Secretaría de Desarrollo Social local han publicado dichas evaluaciones.Los mecanismos de supervisión no los realizan las autoridades locales para garantizar que niños en situación de desamparo y personas con discapacidad tengan la atención adecuada, pues no hay registros de ellos.Y es que ni en sus páginas de internet ni en sus oficinas se encontró información sobre las evaluaciones periódicas que se llevan a cabo por lo menos dos veces al año o los resultados de cada asociación civil que recibió apoyos económicos, como lo señala la Ley de Desarrollo Social y lo determinan los acuerdos firmados con cada institución al momento de otorgar el presupuesto.Incluso los titulares de ambas dependencias, Jesús Valencia, director del DIF y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, se responsabilizan mutuamente por el incumplimiento.Y es que ambas dependencias tienen la responsabilidad de llevar a cabo estas tareas. De acuerdo con la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños en el Distrito Federal, en su artículo 18 fracción XII compete a la Sedeso:“Vigilar que las organizaciones sociales y privadas que presenten servicios o realicen actividades en su beneficio, lo hagan respetando en todo momento sus derechos; en caso de detectar irregularidades deberá hacerlas del conocimiento de las autoridades competentes, para lo cual se establecerán los sistemas de registro e información que se requiera”.Mientras tanto, al DIF corresponde “vigilar que las instituciones y los hogares provisionales presenten cuidado y atención adecuadas a las niñas y los niños, mediante la instrumentación de mecanismos de seguimiento y supervisión en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social”.Pese a no cumplir con sus responsabilidades, ambas instancias otorgan financiamiento a las asociaciones civiles.En 2008, el DIF-DF destinó dos millones 100 mil pesos a 12 organizaciones civiles y de acuerdo con el convenio firmado “serían financiadas directamente con los recursos de este organismo”. Aunque Casitas del Sur, albergue investigado por la procuraduría capitalina por la desaparición de ocho menores, no apareció en la lista.Para la evaluación y selección de los proyectos a financiar a través del presente programa se integrará un Comité Evaluador, el cual estará conformado por un representante de la dirección general del DIF-DF, quien fungirá como coordinador; un representante de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Niñez; un representante de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a Personas con Discapacidad y un representante de la Contraloría Interna.
IRRESPONSABLES. Mientras no aparecen ocho menores de edad, las dependencias capitalinas literalmente se “echan la bolita” sobre la responsabilidad que les compete en el caso.Incluso ambas dependencias se niegan a informar sobre los padrones de menores y el monto de los recursos a cada asociación civil, así como las acciones que emprenderán.Al respecto el director del IASIS de la Sedeso, César Cravioto, dijo que se está trabajando con la procuraduría capitalina para atender las violaciones en dicho caso, aunque sólo refirió que “eso se los damos después, luego les diremos las acciones para evitar estos casos”.
Los Datos
Los beneficiados
1.—Con la esperanza de lograrlo, A.C.
2.—Guardería San Vicente casa hogar, A.C.
3.—Mi pequeña gran familia, A.C.
4.—Asociación de Deportistas Especiales del Distrtio Federal, A.C.
5.—Dignificación humanitaria del débil mental, A.C.
6.—Comunidad educativa integral pioneros del Ajusco, A.C.
7.—Internado San Juan Bosco, A.C.
8.—Gente excepcional, A.C.
9.—Centro educativo expresión y libertad, i.a.p.
10.—Escuela nacional fundación sordo mudos 2000, A.C.
11.—Centro de formación integral coalbergue, cefia, A.C.
12.—Movimiento pro-vecino, A.C.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=413931
Mancera solicita informes de irregularidades en sedes de Casitas del Sur en los estados
Israel Yáñez G
Miguel Ángel Mancera Espinosa, procurador de justicia local, informó que ha iniciado una averiguación previa por un desplegado que apareció el domingo pasado en un semanario de circulación nacional, en el que acusan a la Procuraduría General de Justicia local y algunos de sus funcionarios, de encabezar una red de adopciones ilegales por las cuales reciben dinero.Por lo cual las personas responsables de la publicación firmada por la denominada organización Reintegración Social, AC, serán citadas a declarar para aportar las pruebas pertinentes sobre las acusaciones vertidas, pues son muy graves y deberán ser aclaradas con los elementos pertinentes.“Vimos un desplegado. Vamos a iniciar una averiguación y los llamaremos a que aporten las pruebas. Dicen que tienen pruebas. Pues yo creo que si se hace una manifestación en ese sentido, pues habrá que aportar las pruebas pertinentes bien sustentadas”.Explicó que la dependencia a su cargo no tiene las atribuciones pertinentes para autorizar las adopciones, ya que éstas sólo se realizan bajo previo estudio y autorización de un juez competente.“Hay que recordar un punto muy importante, los expedientes son iniciados en Ministerio Público, aquí en la Procuraduría, pero son tramitados y concluidos ante una autoridad judicial; entonces, no es la procuraduría quien decide el tema de las adopciones. Eso es subir el volumen a algo que no es cierto”, detalló el funcionario.Asimismo, informó que solicitará información sobre las averiguaciones previas que se hayan iniciado contra la casa-hogar Casitas del Sur a las procuradurías de los diversos estados de la república, y con ellos establecer algún tipo de vínculo con las víctimas y los acusados.Precisó que se tienen reportes de averiguaciones que se han iniciado en otras entidades por retención y desaparición de menores, por lo cual habrán de hacer uso de los convenios de colaboración con las procuradurías estatales para que aporten información sobre dichos casos.“Lo que nosotros vamos a hacer es establecer contacto para tener copia de esas indagatorias y de ser necesario bueno pues iríamos en la escalada hasta donde lo vaya marcando la legalidad no, así es con las procuradurías de otros estados y con las alertas migratorias y con las alertas internacionales”.Luego de participar en la ceremonia del izamiento de la bandera, en la explanada de la Policía Judicial, Mancera Espinosa explicó que hasta el momento hay ocho averiguaciones previas iniciadas por la desaparición de los menores, pero no quiso adelantar resultados y sólo se limitó a precisar que se está investigando al respecto.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario