El error sistemático que se presenta las instituciones gubernamentales en materia de seguridad pública y nacional en la ejecución de operativos, son el tema principal y fundamental a combatir, para realmente fortalecer la soberanía antes de lanzarse a luchas frenéticas y patéticas contra la delincuencia, esta que si esta organizada, para el seguimiento de ordenes en la cadena de mando, que procede de mandos altos a niveles operativos, dicha “disfunción” es debido a:
La corrupción transversal.
Juego político que se realiza a todos los niveles.
Incapacidad de comunicación organizacional.
Abuso de poder.
Falta de disciplina procesal.
Falta de principios y ética profesional.
Falta de capacidad de resolución de problemas y crisis.
La corrupción transversal existente en la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), y en sí en todas las instituciones policíacas y militares son el primer gran fracaso en materia de seguridad publica en México, la adquisición de voluntades es cada vez mas compleja y enmarañada, ya que estos mismos vician las investigaciones muestra de la falta de vigilancia y control para realizar dicho procedimiento, y ya que hablamos de procedimientos, como parte de esto se encuentra la anodina disciplina procesal para realizar las intervenciones de la SSP y militares, no tienen un protocolo eficiente para; la colocación de activos y tropas, para intervención de protección civil y de actuación de autoridades, que encadenadas a la falta expresa de forma escrita de expedir ordenes a personal en específico, estos que contengan nombres y responsables, autoridades emisoras de la orden, y el alcance de sus funciones como autoridad son parte de la maraña del proceso, lo que propicia dejar prófugos a los verdaderos culpables de estos actos de vileza humana.
Que en realidad son las y los efectivos, los verdaderos depredadores de los derechos humanos y de las garantías individuales, en analogía cuando un policía viola, golpea, secuestra, tortura y asesina, el acto lo realiza un servidor público el cual debe ser sancionado en específico, de forma pronta y expedita, y no que se cubren entre ellos debido a la falta de limpieza y de transparencia procesal.
Lo anterior ha sido expuesto de forma grave en el caso New´s Divine y el caso del conductor de televisión Facundo.
Lo anterior se da en un ambiente donde la competencia política en los diferentes mandos policíacos, la grilla y radiopasillo, hagan de esta disputa un campo de batalla donde los principios y la ética profesional son los primeros en sucumbir, aplastados estos los siguientes con la violación sistemática a la Justicia y Seguridad Individual, dejando libre el camino para avasallar a los derechos humanos y de cualquier civil.
El que la Suprema Corte de Justicia atenúe a Peña Nieto y a Median Mora en su actuación en el caso antes mencionado no es suficiente para que no hayan ellos mismos podido evitar y en su caso castigar a las y los mortifagos de los derechos humanos. Y de aclarar la transparencia en el giro de las órdenes a ejecutar por dichos efectivos.
Así que ni tan excusados, porque están bien embarrados en el procedimiento y ejecución, de alguna manera alguien tuvo que haber dado la orden.
C.L. Rodolfo Vitela Melgar.
Por la conquista de todos nuestros derechos.
Fuente: La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=politica&article=009n1pol
jueves 12 de febrero de 2009
■ El Estado incumplió con garantizar el derecho de las víctimas, asegura Silva Meza
La mayoría de ministros exculpa a Peña Nieto y Medina Mora por el caso Atenco
Jesús Aranda
La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció ayer por señalar como los responsables únicos de la violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco a los policías que infringieron tratos crueles o abuso sexual, así como a los mandos operativos federal y estatal que permitieron los abusos. Respecto del gobernador del estado de México, el secretario de Seguridad Pública federal y otros funcionarios de alto nivel, ocho juzgadores los exoneraron de cualquier responsabilidad.
Este criterio no lo compartieron Genaro Góngora Pimentel, Juan N. Silva Meza y el ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo, aunque por diferentes razones.
Sergio Aguirre Anguiano mantuvo su postura en contra del proyecto, con el argumento de que no hubo violación alguna de garantías en Atenco. Incluso dijo que los señalamientos de Góngora sobre la responsabilidad del gobernador mexiquense y de otros altos funcionarios era una consideración personal y que él no era “francotirador” para validar ese tipo de argumentos.
En cambio, Góngora señaló directamente al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora (actual procurador general de la República), así como a mandos superiores de la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) y de la Policía Federal Preventiva (PFP), como los principales responsables de los abusos, debido a que toleraron conductas de sus subordinados que lastimaron a las víctimas y a la sociedad.
Sostuvo que altos funcionarios estatales y federales no supervisaron que sus órdenes en el uso de la fuerza se ajustaran a derecho; tampoco han sancionado a los elementos que cometieron las barbaridades documentadas en el dictamen, y “ni siquiera se delinea esa intención”, pues no se tomaron medidas inmediatas para identificarlos. Mandos superiores que ordenaron el operativo merecen “reproche expreso”.
Juan N. Silva Meza responsabilizó al Estado mexicano de haber incumplido con su obligación de garantizar el derecho de las víctimas y las normas internacionales en la materia. Incluso señaló que las víctimas de Atenco “tienen derecho a que, de ser procedente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordene reparaciones e indemnizaciones, porque México aceptó la jurisdicción de ésta y está obligado de buena fe a hacer las reparaciones correspondientes”.
Aun cuando estuvo de acuerdo con el dictamen de Gudiño, en el sentido de enlistar a todos los funcionarios involucrados en la violación de garantías, pero sin especificar la responsabilidad concreta de ninguno de ellos, Silva señaló que, además de reparar las violaciones a las víctimas, las autoridades “deben tomar cartas en el asunto” y perseguir penalmente a los responsables y aplicar, en su caso, sanciones políticas y/o administrativas.
Después de un intenso debate que se dividió en dos sesiones, hubo ministros que plantearon agregar al dictamen que, además de los derechos constitucionales a la libertad sexual, al acceso a la justicia, al debido proceso, etcétera, establecidos en el proyecto de dictamen, se sumara como garantía violada el derecho a la libertad de expresión.
La propuesta de Góngora de incluir la violación al derecho a la vida (en razón de la muerte de Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago) no fue respaldada por los demás.
En la sesión vespertina, a la que no asistieron Sergio Valls ni Sergio Aguirre Anguiano, se definió prácticamente el sentido del voto que adoptará este jueves la mayoría respecto del fincamiento de responsabilidades.
El ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, resumió los puntos de vista de José Ramón Cossío, Servio Valls, Mariano Azuela, Fernando Franco y Olga Sánchez Cordero, respecto de la necesidad de que la Corte responsabilice a los encargados directos de violar los derechos de las víctimas y, en su caso, a los mandos policiacos federales y estatales que no actuaron para impedir los abusos. Pero nada más.
Se prevé que los ministros propongan hoy “a las autoridades correspondientes” que continúcon las investigaciones y se castigue individualmente a los responsables.
La corrupción transversal.
Juego político que se realiza a todos los niveles.
Incapacidad de comunicación organizacional.
Abuso de poder.
Falta de disciplina procesal.
Falta de principios y ética profesional.
Falta de capacidad de resolución de problemas y crisis.
La corrupción transversal existente en la Secretaria de Seguridad Pública (SSP), y en sí en todas las instituciones policíacas y militares son el primer gran fracaso en materia de seguridad publica en México, la adquisición de voluntades es cada vez mas compleja y enmarañada, ya que estos mismos vician las investigaciones muestra de la falta de vigilancia y control para realizar dicho procedimiento, y ya que hablamos de procedimientos, como parte de esto se encuentra la anodina disciplina procesal para realizar las intervenciones de la SSP y militares, no tienen un protocolo eficiente para; la colocación de activos y tropas, para intervención de protección civil y de actuación de autoridades, que encadenadas a la falta expresa de forma escrita de expedir ordenes a personal en específico, estos que contengan nombres y responsables, autoridades emisoras de la orden, y el alcance de sus funciones como autoridad son parte de la maraña del proceso, lo que propicia dejar prófugos a los verdaderos culpables de estos actos de vileza humana.
Que en realidad son las y los efectivos, los verdaderos depredadores de los derechos humanos y de las garantías individuales, en analogía cuando un policía viola, golpea, secuestra, tortura y asesina, el acto lo realiza un servidor público el cual debe ser sancionado en específico, de forma pronta y expedita, y no que se cubren entre ellos debido a la falta de limpieza y de transparencia procesal.
Lo anterior ha sido expuesto de forma grave en el caso New´s Divine y el caso del conductor de televisión Facundo.
Lo anterior se da en un ambiente donde la competencia política en los diferentes mandos policíacos, la grilla y radiopasillo, hagan de esta disputa un campo de batalla donde los principios y la ética profesional son los primeros en sucumbir, aplastados estos los siguientes con la violación sistemática a la Justicia y Seguridad Individual, dejando libre el camino para avasallar a los derechos humanos y de cualquier civil.
El que la Suprema Corte de Justicia atenúe a Peña Nieto y a Median Mora en su actuación en el caso antes mencionado no es suficiente para que no hayan ellos mismos podido evitar y en su caso castigar a las y los mortifagos de los derechos humanos. Y de aclarar la transparencia en el giro de las órdenes a ejecutar por dichos efectivos.
Así que ni tan excusados, porque están bien embarrados en el procedimiento y ejecución, de alguna manera alguien tuvo que haber dado la orden.
C.L. Rodolfo Vitela Melgar.
Por la conquista de todos nuestros derechos.
Fuente: La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/12/index.php?section=politica&article=009n1pol
jueves 12 de febrero de 2009
■ El Estado incumplió con garantizar el derecho de las víctimas, asegura Silva Meza
La mayoría de ministros exculpa a Peña Nieto y Medina Mora por el caso Atenco
Jesús Aranda
La mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció ayer por señalar como los responsables únicos de la violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco a los policías que infringieron tratos crueles o abuso sexual, así como a los mandos operativos federal y estatal que permitieron los abusos. Respecto del gobernador del estado de México, el secretario de Seguridad Pública federal y otros funcionarios de alto nivel, ocho juzgadores los exoneraron de cualquier responsabilidad.
Este criterio no lo compartieron Genaro Góngora Pimentel, Juan N. Silva Meza y el ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo, aunque por diferentes razones.
Sergio Aguirre Anguiano mantuvo su postura en contra del proyecto, con el argumento de que no hubo violación alguna de garantías en Atenco. Incluso dijo que los señalamientos de Góngora sobre la responsabilidad del gobernador mexiquense y de otros altos funcionarios era una consideración personal y que él no era “francotirador” para validar ese tipo de argumentos.
En cambio, Góngora señaló directamente al gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto; al entonces secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora (actual procurador general de la República), así como a mandos superiores de la Agencia Estatal de Seguridad (ASE) y de la Policía Federal Preventiva (PFP), como los principales responsables de los abusos, debido a que toleraron conductas de sus subordinados que lastimaron a las víctimas y a la sociedad.
Sostuvo que altos funcionarios estatales y federales no supervisaron que sus órdenes en el uso de la fuerza se ajustaran a derecho; tampoco han sancionado a los elementos que cometieron las barbaridades documentadas en el dictamen, y “ni siquiera se delinea esa intención”, pues no se tomaron medidas inmediatas para identificarlos. Mandos superiores que ordenaron el operativo merecen “reproche expreso”.
Juan N. Silva Meza responsabilizó al Estado mexicano de haber incumplido con su obligación de garantizar el derecho de las víctimas y las normas internacionales en la materia. Incluso señaló que las víctimas de Atenco “tienen derecho a que, de ser procedente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordene reparaciones e indemnizaciones, porque México aceptó la jurisdicción de ésta y está obligado de buena fe a hacer las reparaciones correspondientes”.
Aun cuando estuvo de acuerdo con el dictamen de Gudiño, en el sentido de enlistar a todos los funcionarios involucrados en la violación de garantías, pero sin especificar la responsabilidad concreta de ninguno de ellos, Silva señaló que, además de reparar las violaciones a las víctimas, las autoridades “deben tomar cartas en el asunto” y perseguir penalmente a los responsables y aplicar, en su caso, sanciones políticas y/o administrativas.
Después de un intenso debate que se dividió en dos sesiones, hubo ministros que plantearon agregar al dictamen que, además de los derechos constitucionales a la libertad sexual, al acceso a la justicia, al debido proceso, etcétera, establecidos en el proyecto de dictamen, se sumara como garantía violada el derecho a la libertad de expresión.
La propuesta de Góngora de incluir la violación al derecho a la vida (en razón de la muerte de Alexis Benhumea y Javier Cortés Santiago) no fue respaldada por los demás.
En la sesión vespertina, a la que no asistieron Sergio Valls ni Sergio Aguirre Anguiano, se definió prácticamente el sentido del voto que adoptará este jueves la mayoría respecto del fincamiento de responsabilidades.
El ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, resumió los puntos de vista de José Ramón Cossío, Servio Valls, Mariano Azuela, Fernando Franco y Olga Sánchez Cordero, respecto de la necesidad de que la Corte responsabilice a los encargados directos de violar los derechos de las víctimas y, en su caso, a los mandos policiacos federales y estatales que no actuaron para impedir los abusos. Pero nada más.
Se prevé que los ministros propongan hoy “a las autoridades correspondientes” que continúcon las investigaciones y se castigue individualmente a los responsables.
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