Sentencian a indígena; defensor acusa fallas

Juan José Arreola Corresponsal
El Universal Viernes 27 de febrero de 2009
QUERÉTARO, Qro.— Jacinta Francisco Marcial, una otomí vendedora de frutas en tianguis de su comunidad, fue sentencia a 21 años de prisión y a una multa por 91 mil 620 pesos, acusada de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, en agravio de seis oficiales de la Agencia Federal de Investigación (AFI).
El juez cuarto de Distrito en Querétaro encontró culpables a Jacinta, a Teresa González Cornelio y a Alberta Alcántara Juan de los mismos ilícitos.
Por considerar que el proceso está plagado de irregularidades, violaciones a los derechos humanos y discriminación, su defensa fue asumida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y el Centro de Derechos Humanos Fray Jacobo Daciano.
Uno de los defensores, Andrés Marcelo Díaz, dijo que se trata de un caso emblemático, pues reúne varias violaciones a derechos humanos y formas de discriminación.
Indicó que para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, “el caso de doña Jacinta evidencia las fallas del sistema de justicia penal en México, las cuales se agudizan en casos como el presentado, por sufrir una triple discriminación: ser mujer, indígena y pobre”.
Según la información presentada, Jacinta fue vulnerada en sus derechos procesales, pues nunca recibió apoyo de un traductor, a lo que tenía derecho por su origen.
Adicionalmente, este caso muestra los rasgos inquisitivos de los sistemas judiciales en México, opinó el defensor.
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