Alistan enajenación de bienes al grupo de Reintegración Social

Israel Yáñez G
marzo 10, 2009

La Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia capitalina afinan detalles para solicitar a un juez penal la expropiación de los dos predios asegurados a la organización civil Reintegración Social A.C., la cual administraba a la casa hogar Casitas del Sur. Al respecto, la consejera jurídica, Leticia Bonifaz, aseguró que no es posible enajenar los predios a través de la Ley de Extinción de Dominio, que entró en vigor ayer, pues la ley no es retroactiva. “Hoy (ayer) lo platique con el procurador Miguel Ángel Mancera, y se cuenta desde hoy para adelante, no se va a trabajar con ninguna averiguación que se haya comenzado antes de esta fecha”, explicó la funcionaria.Reconoció que el tema de Casitas del Sur tiene varias vertientes, aunque las autoridades de la procuraduría no le han precisado qué utilidad pública se le podría dar a estos inmuebles. “El tema de Casitas tiene varias vertientes, aunque tampoco me han determinado que utilidad se le puede dar, que eso es lo interesante, para lo que lo vayan a utilizar para el DIF, para Inmujeres, Instituto de la Vivienda, lo tendríamos que ver primero para qué pueden servir los inmuebles de Casitas del Sur”, precisó Bonifaz. Informó que la averiguación previa por los supuestos ilícitos cometidos en Casitas del Sur se inició en el último trimestre del año 2008, por lo cual no entra en el esquema de Extinción de Dominio y sólo se podrá enajenar por el aseguramiento de bienes tradicional. Por otra parte, el personal de la Consejería ha tenido diversas reuniones con el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, para detallar algunos de los métodos por los cuales se podrían enajenar los predios, hoy bajo la custodia de la procuraduría, ya que forman parte de una averiguación previa.Antes que la PGJDF solicite a un juez la expropiación de los predios, primero deberá de ejercer acción penal en contra de los presuntos responsables y de esa manera incluya en el pliego de consignación respectivo la petición al impartidor de justicia de la causa y la enajenación de los predios, explicaron fuentes de la Consejería Jurídica.Señalaron que las autoridades de la procuraduría deberán acreditar y sustentar con elementos de prueba, ante un juez, que en dichos inmuebles se efectuaban actividades ilícitas, como secuestro, tráfico o trata de personas, delincuencia organizada, corrupción de menores, robo de vehículos, o faltas relacionadas con delitos contra la salud, aunque este respecto le corresponde a las autoridades federales investigarlo.La Consejería informó que con la comprobación sustentada de cualquiera de estos delitos la procuraduría podrá solicitar a un juez la expropiación de los predios con base a la utilidad pública.Dicha solicitud y su análisis formarán parte del proceso que se inicie en contra de los presuntos responsables, y al final del juicio el juzgador podrá determinar si efectivamente el Ministerio Público presentó los elementos pertinentes para comprobar que en estos inmuebles se realizaban actividades ilícitas.De llegarse a presentar la solicitud a un juez, los predios que en su momento formaron parte del albergue Casitas del Sur quedarán bajo la custodia de la PGJDF, durante todo el tiempo que dure el proceso.
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