Retiran dinero oficial a albergues de Casitas

David Vicenteño
En noviembre del año pasado, la PGJDF notificó del caso de Ilse Michel y fue eliminado el apoyo
Los albergues administrados por la Iglesia Cristina Restaurada recibían aportaciones de gobiernos estatales antes de que se iniciaran las investigaciones por la desaparición de Ilse Michel.
Casitas del Sur, ubicada en Tlalpan, recibió 75 mil pesos del Gobierno del DF en 2008, por medio del Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS).
En una carta fechada el 9 de febrero pasado, el director de IASIS, César Cravioto, explicó que la entrega de esos recursos se basó en su facultad de apoyar a organizaciones civiles y privadas que aplican políticas asistenciales para beneficio de grupos vulnerables.
Los recursos formaban parte del Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social, al que estaban inscritos particulares que habían presentado un programa de trabajo para su aprobación por un comité integrado por organizaciones académicas y de la sociedad civil.
El 10 de noviembre del año pasado, la PGJDF notificó al IASIS de una serie de averiguaciones previas por posibles delitos cometidos en Casitas del Sur.
El Instituto de Asistencia solicitó a la Secretaría de Desarrollo Social local que cancelara la entrega de los recursos para el albergue y solicitó a Casitas del Sur la devolución del dinero.
Alicia Leal, de la organización Alternativas Pacíficas, explicó que en el caso de Nuevo León se logró documentar que el Consejo de Desarrollo Social entregaba 74 mil pesos al mes a los albergues de la Iglesia Cristiana Restaurada.
Detalló que esta organización religiosa recibía por tres vías los recursos: de sus congregaciones y afiliados, a quienes les solicitaban un “diezmo”; por aportaciones privadas y por los recursos del estado.
“Lo que explican es que el fundador de la iglesia le pide a sus congregantes sus aportaciones y con eso mantienen los albergues, además de trabajo y donaciones voluntarias
“Las personas que laboraron en la congregación nos explicaron que el gobierno de Nuevo León aportaba 74 mil pesos al mes por medio del Consejo de Desarrollo Social”, explicó Leal.
La representante de la ONG afirmó que autoridades neoleonesas catearon nueve casas de asistencia, luego de que en el DF iniciaron las investigaciones por la desaparición de Ilse Michel.
“En otros estados no sabemos si los gobiernos aportaban recursos, pero tenemos información de que el mayor número de recursos llega de sus congregantes y de empresarios. No sabemos si la Secretaría de Gobernación tiene facultad de auditar sus recursos o si lo han hecho en el caso de esta iglesia”, comentó Leal.
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/comunidad/pulsocapitalino/retiran_dinero_oficial_a_albergues_de_casitas/548176

Pide Alvarez-Icaza sancionar a clientes de sexoservidores menores

El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez-Icaza, pidió a diputados locales que aprueben una propuesta de ley que sancione a las personas que soliciten los servicios sexuales de menores de edad.El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) explicó que la iniciativa presentada por el asambleísta Agustín Castilla Marroquín tiene ya casi un año en comisiones.Alvarez-Icaza Longoria resaltó la gravedad de la explotación sexual que sufren algunos menores de edad, pues aseguró que de ninguna manera es aceptable pese a que realicen dicha práctica por cuenta propia u obligados, por lo que debe sancionarse severamente.En ese sentido, calificó de positivas las acciones como la efectuada por la PGJDF en los hoteles Madrid y Universo, así como en el bar "El Capricho", donde se detuvieron a 28 presuntos lenones que explotaban a 45 sexoservidoras, entre ellas cinco adolescentes.La Comisión ve con buenos ojos que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) esté haciendo estos operativos que intentan proteger a las víctimas, esencialmente mujeres y niñas, de la trata de personas y de explotación sexual, aseveró.El titular de la CDHDF expresó su deseo en que pronto sean sancionados los responsables por estos hechos con el objetivo de "mandar un poderoso mensaje de que en la capital del país no se va a permitir esos delitos".No obstante, insistió en que es necesario que los legisladores locales trabajen para castigar también a los clientes de menores de edad dedicados al sexoservicio, la mayoría de los cuales son explotados por tratantes de personas.Dijo que además de las sanciones a los clientes de sexoservidores menores también debe fortalecerse el trabajo en los Ministerios Públicos y cambiar patrones culturales como es el machismo.Respecto al caso de Casitas del Sur, de donde desaparecieron varios niños, Alvarez-Icaza consideró que por ahora lo más importante es que se dé con el paradero de estos infantes.Para ello, consideró, se requiere que la organización denominada "Los Perfectos" colabore con las autoridades y que la procuraduría capitalina acelere las líneas de investigación, las cuales al parecer han tomado una dimensión más grande de la que se preveía.Al respecto, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Angel Mancera Espinosa, aseguró que en breve se resolverán las primeras indagatorias sobre el caso.

http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=422392

Luchan solos por recuperar a sus hijos
Silvia Otero El Universal Lunes 23 de marzo de 2009
Deficientes investigaciones de las autoridades, apatía al no impedir que los menores sean sustraídos (en la mayoría por alguno de los progenitores) y apoyo nulo en el extranjero obligan a padres de familia a iniciar sus propias gestiones
silvia.otero@eluniversal.com.mx

Emprendieron su propia cruzada para recuperar a sus hijos. Se enfrentaron a la ineficacia y desinterés de las autoridades mexicanas, y después lucharon por cuenta propia en el sistema legal de Estados Unidos.
José Guadalupe Gómez Arteaga logró en 2001 que un juez estadounidense le concediera la custodia de los dos menores con los que regresó al país. Roberto Ramírez Escalante, después de tres años, en 2005, volvió a encontrarse con sus hijos y logró que su mujer fuera la primera en ser procesada en México por el delito federal de sustracción de menores.
Hoy, ambos padres apoyan a otras personas que padecen esta misma situación, pues saben que nada ha cambiado. Gustavo Díaz Castro presidente del grupo Padres de Familia de Niños Desaparecidos, quien durante 15 años también se dedicó a buscar a sus dos hijos por cuenta propia, afirma que “falta una política de Estado real para atender los casos de sustracción de menores”.
El ejemplo más reciente, recuerda, es el de los siete menores desaparecidos en los albergues Casitas del Sur, donde ni la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha podido explicar dónde están las víctimas que estuvieron bajo su custodia.
La experiencia de estos tres hombres no les hace dudar: las investigaciones son deficientes, nadie hace nada para impedir que los niños sustraídos sean sacados del país; y en los casos en que los infantes son localizados en el extranjero, aseguran, el apoyo es nulo o acotado.
Por ejemplo, señalan, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se limita a notificar a los padres dónde están los menores o pone anuncios en busca de abogados baratos que ayuden a las familias en el extranjero, para poder ir a juicio y recuperar a sus hijos.
Sin embargo, la Dirección de Derecho de Familia de la Cancillería mexicana tan sólo entre 2004 y 2008 ha recibido un total de 550 solicitudes de padres de familia pidiendo la restitución de sus hijos que han sido sustraídos y llevados a Estados Unidos u otro país en el extranjero, sin precisar en cuántos de estos casos las gestiones han sido exitosas.
Desde enero de este año, EL UNIVERSAL solicitó en repetidas ocasiones una entrevista con los responsables de esta área para conocer la labor que realiza para ayudar a hombres y mujeres que intentan recuperar a sus hijos —en su mayoría sustraídos por otro de los padres de familia—, pero la dependencia nunca dio respuesta.
Lucha en solitario
En febrero de 2001, Paulina y Cristian (entonces de cinco y cuatro años) desaparecieron junto con su madre. José Guadalupe intentó presentar la denuncia en su estado, Jalisco, pero le dijeron que “no había delito que perseguir” aunque la sustracción de menores ya era un delito federal de acuerdo con el artículo 363 del Código Penal.
Presentar la denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y obtener una orden de aprehensión contra su esposa, fue un simple trámite, pues él tuvo que costear su propia investigación para saber que su familia estaba en Estados Unidos, “ni siquiera Interpol intervino”.
Con la asesoría de la organización de Gustavo Díaz, este padre de familia pidió el apoyo de la SRE, donde llenó varios formularios. “La dependencia en realidad no hizo nada, se limitó a notificarme que la National Center for Missing and Exploited Children con apoyo del FBI localizaron a mis hijos y tenía que presentarme personalmente a una audiencia en Minneapolis, Minnesota”.
Con el fallo de un juez mexicano que le concedió la custodia —requisito obligado para recuperar a sus hijos en el extranjero— José Guadalupe inició una carrera contra el tiempo, pues apeló al Tratado de la Convención de La Haya sobre sustracción de menores, que establece que podía recuperar a los niños en los tribunales estadounidenses, siempre y cuando no hubiera transcurrido un año de su llegada al país.
El proceso tuvo un costo aproximado de 50 mil dólares —que el padre de los menores y dueño de un taller mecánico, aún sigue pagando— que incluyó los 300 dólares por hora que cobró el abogado, pues la SRE no pudo conseguir uno de la asistencia social; ninguna autoridad mexicana le ayudó a ofrecer pruebas, ni siquiera a traducir al inglés los cientos de documentos que debió presentar.
“Pero valió a pena: el 24 diciembre de 2001, mi regalo de Navidad fue regresar a México con mis hijos”.
Roberto Ramírez contactó a José Guadalupe al conocer su historia, para que le ayudara a recuperar a sus tres hijos, sustraídos por su mujer el 3 de julio de 2002 en San Luis Potosí.
La historia de trámites y de investigaciones por cuenta propia se repitió con este padre de familia. Aunque en su caso, la negligencia de las autoridades federales en México casi lo hace perder a Mayra, Haydeé y Luis Roberto (de entonces ocho, cinco y cuatro años de edad).
En septiembre de 2003 después de un proceso en la Corte de California, una juez de ese país ordenó el regreso de la mujer y sus hijos a México para que el caso lo resolvieran autoridades mexicanas, ya que existía la orden de captura contra Hilda Martín, la esposa.
En esa época Ricardo Gutiérrez Vargas, director de Interpol —hoy preso por vínculos con el narcotráfico— le negó todo apoyo a Roberto Ramírez. A pesar de que le notificaron personalmente el día que la mujer regresaría a México, nada hizo por detenerla y junto con los niños, volvió a desaparecer.
Roberto con ayuda de otros padres de familia como José Guadalupe y Gustavo, reiniciaron la búsqueda, hasta localizar en abril de 2004 a los menores en Naucalpan, estado de México, quienes tenían signos de maltrato por parte del padrastro. Inició una lucha ahora ante juzgados mexicanos, hasta que se le concedió la custodia el 3 de julio de 2005 y su ex mujer fue procesada… aunque al final le concedió el perdón para que ella pueda ahora ver a los niños cada vez que ellos lo piden.
Ante estos casos Gustavo insiste en la necesidad de una Procuraduría de Justicia Infantil a nivel nacional, donde existan investigaciones reales, esfuerzos concretos por recuperar a los menores sustraídos y no se repitan historias como la suya, tras 15 años de buscar a sus hijos, hoy adultos con otra identidad, se niegan a aceptar que él sea su padre.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166584.html