Fracasan estados contra bodas gay

Además, quedaron pendientes de resolver los recursos de PGR, Jalisco y Sonora


Abel Barajas




Ciudad de México (20 febrero 2010).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer las controversias constitucionales promovidas por los gobiernos panistas de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala contra la reforma al Código Civil del Distrito Federal que legaliza los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción.


El Ministro Sergio Valls Hernández emitió un acuerdo en el que determina "desechar de plano" las controversias al fundamentar que los gobiernos estatales referidos carecen de interés legítimo para promover dichos recursos.


El fallo es una mala noticia para la Procuraduría General de la República (PGR): la acción de inconstitucionalidad, con la que pretende echar abajo la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tiene como uno de sus argumentos centrales, el mismo alegato que expresaron los estados y que ayer fue desechado.


El acuerdo dictado por el Ministro Valls Hernández detalla que los gobiernos de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala manifestaron que permitir las bodas entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal implica una "invasión" a la competencia y jurisdicción de las otras entidades federativas.


Justificaron esa afirmación remitiéndose al artículo 121 constitucional, que obliga a los estados de la República a dar fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de las otras entidades.


El Ministro Valls Hernández desestimó el argumento.


"Contrario a lo que afirma el actor, la ley impugnada no le impone ningún 'deber jurídico', sino que el citado artículo 121 constitucional obliga al reconocimiento de validez de un acto del estado civil, un aspecto totalmente diverso, de modo que no se trata de un problema de invasión de competencias estatales.


"Por consiguiente, un estado no está legitimado para controvertir dichas leyes, vía controversia constitucional, por estimar que no son conformes con la Constitución, sino únicamente cuando ello se traduzca en una afectación competencial, más no porque su contenido o la normativa en sí misma no le parezca constitucional", expresó el Ministro.


Para Valls Hernández, si en principio no existe agravio al ámbito de competencia de un estado, en consecuencia tampoco existe la posibilidad para que promueva una controversia constitucional que defienda derechos de tutela individual, en este caso del estado civil de las personas.


En su acuerdo, el Ministro recuerda, además, que el artículo 124 constitucional establece con claridad que las cuestiones civiles son de la competencia de las entidades federativas y que cada una de ellas es libre para regularlas.


El PAN anunció a principios de semana que cinco estados con gobiernos de ese partido presentarían controversias contra las llamadas bodas gay, que a mediados de marzo entrarán en vigor en la Ciudad de México.


Se espera que la próxima semana el Ministro Valls resuelva si admite o no a trámite la controversia de Sonora, mientras que en el caso del recurso de Jalisco la SCJN todavía no confirma si efectivamente ya fue presentado.


Al mismo tiempo, está pendiente de resolver la acción de constitucionalidad que promovió la PGR. El proyecto fue encargado al propio Valls Hernández.


Analizan resolución


Mientras que el Gobierno de Guanajuato reservó su opinión sobre el fallo de la Corte que desechó la controversia presentada contra la reforma al Código Civil del Distrito Federal.


"El Gobernador (Juan Manuel Oliva) va a esperar a conocer el dictamen de la resolución para dar una opinión", dijo Juan José Martínez, director de información del Gobierno estatal.


En tanto, el líder de la bancada del PAN en el Congreso local, Gerardo Trujillo, descartó interponer otro recurso contra la legislación en el Distrito Federal.


Además, el dirigente estatal del PRD, Miguel Alonso Raya, consideró que el fallo es una derrota política para Oliva.


"El tiro les salió por la culata porque la controversia fue una forma de demostrar la ideología del gobierno del estado, que se niega a reconocer los derechos de todos los sectores de la sociedad", comentó.


Con información de Jorge Escalante.
http://www.reforma.com/nacional/articulo/542/1082053/