Se queja por discriminación grupo hispano de trabajadoras

06 Agosto 2007
Actualizado: 11:52 PM hora de Cd. Juárez
Oksana VolchanskayaEl Diario de El PasoEl Paso— Encadenadas de manos, decenas de mujeres trabajadoras de El Paso, protestaron frente al edificio de la Cámara de Comercio, pidiendo a gritos que los gobiernos las incluyan en sus planes de desarrollo.“Estas cadenas simbolizan nuestra conformidad con el ciclo de pobreza en el que estamos. No queremos seguir siendo esclavas de la pobreza, nuestro plan puede romper ese ciclo, pero necesitamos apoyo”, así expresó la directora ejecutiva del organismo La Mujer Obrera de El Paso, Irma Montoya.La principal demanda de este grupo de mujeres es de justicia y trabajo. Ellas aseguran que son víctimas de discriminación por ser mexicanas y con un inglés limitado.“No nos incluyen en los planes de desarrollo, ignoran nuestras propuestas”, manifestó Montoya.La Mujer Obrera elaboró un proyecto llamado Mayachen, con la urgencia de incorporar laboralmente a miles de trabajadoras desplazadas por el Tratado de Libre Comercio.El propósito de este plan es encaminar el desarrollo económico en la herencia de la cultura mexicana, haciendo crecer la demanda de sus productos, su educación y el arte. Sin embargo, el proyecto del centro no calificó para el Fondo Empresarial de Texas (TEF, por sus siglas en inglés).“Ya tenemos más de un año tratando de posesionar nuestro plan y lo único que recibimos en respuesta fueron palabras”, dijo Irma Montoya.Tras recibir una negativa del TEF, la organización de La Mujer Obrera decidió presentar demandas legales contra las instancias federal y estatal, con el argumento de la discriminación de la mujer trabajadora mexicana.Asimismo, anunciaron una serie de protestas públicas tanto en el ámbito local como estatal.Ayer, el día de la visita a El Paso del senador republicano John Cornyn, las integrantes de La Mujer Obrera salieron a su primera protesta.“El senador viene a hablar de la inversión y el desarrollo, pero nosotras queremos hacer ver que la mujer trabajadora no está incluida en ese desarrollo”, indicó Montoya.
Contacto: oksanav@diariousa.com
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=530782d29ce4e3b085aa8730e490a737

Acusa ONG a gobierno de Texas por discriminación
04 Agosto 2007
Actualizado: 12:38 AM hora de Cd. Juárez
Oksana VolchanskayaEl Diario de El PasoEl Paso— Tras recibir una negativa del Fondo Empresarial del Gobernador (TEF, por sus siglas en inglés) para su proyecto de desarrollo, la organización de La Mujer Obrera de El Paso decidió presentar demandas legales contra las instancias federal y estatal, con el argumento de la discriminación de la mujer trabajadora mexicana.“Para someter a concurso un plan de desarrollo hay que pagar mil dólares, pero en la oficina de Texas Enterprise Fund nos dijeron que no perdiéramos el tiempo ni el dinero porque nuestro proyecto no va a aplicar”, señaló la directora ejecutiva de La Mujer Obrera, Irma Montoya.Según la información de la oficina del Gobernador de Texas, Rick Perry, para febrero del 2006 se destinaron 293 millones de dólares para proyectos que generarían la inversión de más de 6.8 mil millones de dólares y crearían casi 40 mil empleos.“Nos trataron en forma de burla y es una clara discriminación por ser mujeres mexicanas con un inglés limitado”, indicó Montoya.Asimismo, aseguró que La Mujer Obrera está preparando una serie de eventos y protestas para exigir a las autoridades gubernamentales una mayor atención a la problemática de la mujer trabajadora en El Paso.“Las mujeres en El Paso no son prioridad, años atrás éramos pobres, ahora somos miserables”, manifestó Margarita Jiménez, quien dijo que perdió su empleo a raíz de NAFTA.Principalmente, mujeres trabajadoras demandaron una capacitación de trabajo bilingüe para tener mayores oportunidades de colocarse laboralmente. Asimismo, expresaron la necesidad de empleos con salarios superiores al mínimo. “Vamos a salir a las calles para exigir un mayor apoyo, porque ya nos cansamos de estar creando proyectos y que no nos ayuden con fondos”, dijo Irma Montoya.El centro La Mujer Obrera elaboró un proyecto de desarrollo llamado Plan Mayachen, con la urgencia de incorporar a miles de trabajadoras desplazadas por el Tratado de Libre Comercio.“Con el propósito de encaminar el desarrollo económico en la herencia de la cultura mexicana, esperamos hacer crecer la demanda de los productos, educación y arte, así como la capacitación y la creación de nuevos empleos en El Paso”, apuntaló la directora ejecutiva de La Mujer Obrera.Sin embargo, el proyecto del centro fue ignorado por el TEF, lo que empujó a la organización a plantear una demanda contra el Fondo.Otra demanda, según explicó Irma Montoya, será contra la oficina federal de Desarrollo de Vivienda y Urbanización (HUD, por sus siglas en inglés).
http://www.diario.com.mx/nota.php?notaid=f84774a18fd9fc8d4c30600d31de8054

Expone CIDH preocupaciones a Calderón

Expone CIDH preocupaciones a Calderón
Expuso su preocupación por la impunidad en el tema de tortura, y la justicia militar aplicada a los derechos humanos
Por Daniela Rea
Ciudad de México (07 de agosto de 2007).- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez, se reunió con el Presidente Felipe Calderón para exponerle las preocupaciones del organismo sobre la situación de derechos humanos en México.Entrevistado en un receso de la reunión que mantiene con organismos de la sociedad civil del País, Meléndez enunció la lista de temas que trató con Calderón.

"Le expusimos preocupaciones que desafortunadamente no son buenas y son temas que están relacionados con la impunidad", dijo.

El funcionario expuso las preocupaciones en el caso de las muertas de Ciudad Juárez, el hostigamiento y persecución a periodistas, las desapariciones forzadas del pasado y los obstáculos jurídicos que hay para sancionar a los culpables, la marginalidad social de indígenas de Oaxaca, Chiapas y Guerrero y especialmente la violencia en el Estado de Oaxaca.Además, le indicó su preocupación por la impunidad en el tema de tortura, y la justicia militar aplicada a los derechos humanos, tema en el que reiteró la importancia de que sea la justicia civil la que resuelva los casos de violencia militar hacia particulares.

Florentín Meléndez aclaró que la CIDH no mediará ante el Gobierno de Oaxaca en el caso de los dos desaparecidos del Ejército Popular Revolucionario (EPR).Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/796727/
Fecha de publicación: 07-Ago-2007

La triple discriminación: un breve bosquejo de la mujer indígena en Chiapas y en México

La triple discriminación: un breve bosquejo de la mujer indígena en Chiapas y en México
01-08-07,
Por Equipo CIEPAC

La subordinación y exclusión de las mujeres indígenas de muchos espacios políticos, laborales, sociales y culturales, es violencia. Violencia que se manifiesta en muchas formas y grados. Sin embargo, las mujeres comienzan a cuestionar los usos y costumbres que las mantienen subordinadas y que refuerzan el mandato patriarcal construido y legitimado histórica y socialmente.
La triple opresión

La subordinación de las mujeres indígenas puede ser reconocida desde la perspectiva de una triple opresión: desde su clase, desde su género y desde su condición étnica. Es decir, las mujeres indígenas son oprimidas y excluidas por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. Es necesario ver esta triple condición como producto de un proceso histórico-cultural. Las mujeres indígenas a través de los años reproducen esta condición subordinada de indígenas pobres, transmitiendo de generación en generación esta característica como una más de su ser mujer. La subordinación de género determina la forma de existencia en todos los ámbitos de su vida: en la familia, con la pareja, con los hijos e hijas, con la comunidad, con las autoridades, que imponen socialmente este modelo, además de controlar su cumplimento y exigibilidad.
Los modelos genéricos en todas las sociedades han privilegiado a los hombres, construyendo sobre las diferencias sexuales orgánicas un sistema de desigualdades legitimado socialmente -y considerado como natural en tanto producto histórico- con que el estado a través de sus instituciones públicas, oprime y excluye a las mujeres de muchos espacios públicos y considera que nuestra función es tener hijas e hijos, educarlos y cuidarlos, y que por lo tanto nuestro lugar es la casa.
En las comunidades indígenas la construcción social del género se fundamenta y se representa a través de una marcada división sexual del trabajo, que sólo da valor a las mujeres en función de su maternidad, concebida como fin natural de la mujer, mientras que los hombres son los jefes, los dueños de las mujeres, los que tienen el poder y toman las decisiones. Esta situación podemos observarla en el cotidiano en las calles de San Cristóbal de las Casas, dónde los hombres caminan delante de las mujeres, mientras éstas los siguen silenciosamente con la mirada agachada, descalzas, junto con las hijas y los hijos.
Las identidades genéricas desiguales entre hombres y mujeres se construyen desde la niñez. Desde la infancia las mujeres indígenas son educadas para reproducir los patrones de género patriarcales y socialmente aceptables; desde niñas asumen responsabilidades en la casa, especialmente adquieren el deber de ayudar a su madre en las tareas "normales" y cotidianas de ésta. Barren, limpian, lavan, hacen tortillas, cocinan, además de cargar sobre su espalda a sus hermanos pequeños. Cuestiones con las que se reafirman y recrean las identidades genéricas de las funciones y los roles "naturales" del ser mujer. Los hombres también tienen que ayudar a su padre en el campo, pero ellos al igual que sus padres son dueños de su tiempo libre y sujetos de otros derechos que a las niñas les son negados como el derecho a estudiar.
La discriminación por género, clase y etnia es parte de la estructura nacional capitalista y patriarcal. En la actualidad, son evidentes los datos que reflejan la situación subordinada y excluyente que ocupan los indígenas en general y las mujeres indígenas en particular. Chiapas es uno de los estados con mayor población indígena del país, situación relacionada directamente con los altos índices de pobreza y marginación de los que también es protagónico. Los datos censales nos indican que las mujeres en relación a los hombres indígenas presentan índices más altos de marginación. Según el censo de 2005, son monolingües el 15.6% del total de las mujeres indígenas del país y analfabetas el 40%. En Chiapas por cada 100 hombres analfabetos, existen 182 mujeres que no cuentan con la capacidad de comunicarse por escrito. Asimismo, son monolingües el 32% de las mujeres indígenas y analfabetas más del 50%. Creemos que estos datos son bastante conservadores, ya que no es posible que existan mujeres monolingües y que sepan leer y escribir a la vez.
Las mujeres indígenas tienen más hijos que las mujeres mestizas; en algunos lugares el promedio es de seis o siete hijos por mujer en edad reproductiva. Los altos índices de natalidad en el Chiapas rural van acompañados de altos costos para la salud de las mujeres, teniendo como consecuencia su temprano envejecimiento, amén de un alto índice de mortalidad materna e infantil.
La discriminación que las mujeres indígenas padecen por su condición de género y clase, no se da únicamente en los ámbitos económicos nacionales, sino también en sus propios ámbitos familiares que las considera y encapsula como madres, esposas y trabajadoras del hogar. El trabajo doméstico es concebido en las comunidades indígenas y no indígenas como una obligación femenina natural que recluye a las mujeres en el espacio doméstico. Junto con la maternidad, el trabajo doméstico es considerado aporte y garantía para la supervivencia diaria de los miembros de una familia. En algunas ocasiones, se considera al trabajo doméstico como un complemento del trabajo de los hombres para el sostén y reproducción de una familia. Sin embargo, no se toma en cuenta la desigualdad de género existente en esta supuesta complementariedad del trabajo. Es decir, los hombres son dueños de su tiempo; su trabajo tiene un principio y un fin. Pero el trabajo en el hogar nunca termina, ni tiene horarios determinados. Además muchas mujeres realizan también trabajos en la milpa, mientras que los hombres pocas veces se responsabilizan del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos e hijas. Cuando logran acceder al mercado de trabajo, las mujeres indígenas, al igual que las mujeres mestizas, no dejan de realizar el trabajo doméstico, lo que se traduce en dobles y triples jornadas con pésimos salarios.


La mujer en el neoliberalismo

La reestructuración del sistema económico y el embate de las políticas neoliberales, han ocasionado muchas transformaciones en el campo, ya que la falta de tierra y la dependencia cada vez mayor del mercado y de los cultivos importados han aumentado la migración a Estados Unidos y Canadá. La migración ha ocasionado que las mujeres asuman, además de sus tareas cotidianas, el rol de jefas de hogar; en esta reestructuración social muchas familias son encabezadas por mujeres. Una consecuencia más de la migración de los hombres del campo, es la creciente ocupación de las parcelas por las mujeres; esposas, hijas o hermanas de esos migrantes. Sin embargo, la inequidad de género también está presente en la tenencia de la tierra, ya que aún cuando hay cada vez más mujeres campesinas, no existen mecanismos legales, ni políticas públicas que aseguren la propiedad de la tierra para éstas. En este contexto muchas mujeres también migran a las ciudades en busca de trabajo, algunas también se arriesgan con sus hijos para ir a Estados Unidos, a pesar del abuso de los "polleros", del temor a la migra, de ser violadas y hasta asesinadas como ha sucedido con muchas mujeres.
Los intentos de las mujeres indígenas por acceder al trabajo asalariado son especialmente difíciles. La mayoría de ellas se emplean en trabajos domésticos en condiciones de semiesclavitud, asumiendo el papel de reproductoras y garantes del bienestar familiar y social de otras familias en las ciudades. El manejo deficiente del español y los bajos niveles de escolaridad las conduce a trabajos con salarios muy bajos y condiciones de explotación inimaginables. Las indígenas de Chiapas, se han convertido también en una potencial reserva de mano de obra barata para las maquiladoras que comienzan a instalarse en el estado, y las que próximamente se instalarán para cumplir cabalmente con los mandatos del Plan Puebla Panamá.
Los tratados comerciales que el neoliberalismo impulsa han resultado muy favorables para las empresas. Pero para las campesinas y campesinos estos tratados comerciales lo único que han ocasionado es hacerlos dependientes de las grandes empresas transnacionales, que se han convertido casi en la única vía para comercializar sus productos. Las políticas comerciales del neoliberalismo privilegian la exportación de los cultivos comerciales no tradicionales y la importación de los alimentos básicos, por lo que están terminando la producción destinada al autoconsumo y al mercado local dejando a las campesinas en desventaja ante el mercado internacional. Muchos campesinos y campesinas se han convertido en jornaleros en su propia tierra al quedarse sin sus parcelas, que las grandes empresas van adquiriendo aprovechando las oportunidades dadas por la modificación al artículo 27 Constitucional.

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares –PROCEDE-(programa oficialmente concluido en 2006) es una política federal dirigida al campo, que abre las vías para la privatización de la tierra y para que las empresas transnacionales puedan acaparar grandes extensiones de tierra para la producción de cultivos comerciales. Con el cambio de propiedad ejidal o comunal a propiedad privada, las mujeres quedan excluidas de la posesión de la tierra, pues la titulación de tierras se hace a nombre de los hombres y las mujeres sólo son propietarias cuando son viudas y los hijos son menores de edad. Esta situación es especialmente grave, si se considera que de los 30 millones de habitantes en las zonas rurales, la mitad son mujeres, siendo Chiapas uno de los estados con mayor población femenina rural, con alrededor del 54.3% de su población total.

Con las reformas constitucionales, la parcela que era el patrimonio familiar se convierte en mercancía a manos del ejidatario, quien puede decidir rentarla, venderla o dejarla en sucesión a quién le parezca (tradicionalmente al primogénito masculino). La anterior ley agraria establecía obligadamente que la sucesión de la tierra al morir el ejidatario, era preferente para la viuda y después a los hijos. Esta exclusión de las mujeres permite que los hombres vendan las tierras, sin consultar siquiera al resto de la familia.

Sin embargo, este criterio sexista en la propiedad de la tierra no se da únicamente a partir de las reformas al artículo 27 constitucional, sino que en muchas comunidades indígenas es parte de los usos y costumbres. Muchas mujeres indígenas no tienen acceso a la tierra, puesto que es reservada para los hijos varones, limitando su participación también en las asambleas y decisiones estratégicas que tienen que ver con la tierra, el territorio y los recursos naturales. En este sentido, las mujeres también son vulneradas puesto que son las administradoras y responsables en muchas ocasiones de estos recursos; sobre sus espaldas cargan la leña y sobre sus brazos el agua, ambos elementos fundamentales para la supervivencia familiar. Entonces las mujeres indígenas se enfrentan a una doble opresión y exclusión: por un lado la impuesta por su comunidad y familia, y por otro lado la ejercida por un sistema económico neoliberal que pauperiza cada vez más su entorno.
La respuesta gubernamental a esta situación han sido los llamados "programas de combate a la pobreza", que no son otra cosa que migajas de la economía nacional disfrazadas de beneficios, que pretenden reducir a las comunidades indígenas al concepto de pobres, es decir, sujetos pasivos y no actores sociales dueños de su propio destino. Son programas focalizados que generan dependencia, desmovilizan a la población y que no combaten las causas estructurales de la pobreza. El programa Oportunidades es una beca bimensual otorgada a las madres de familia por cada niño o niña cursante de educación básica. Este programa se ha manejado como la panacea para la solución de la pobreza extrema. Sin embargo, en los hechos la irrisoria cantidad es una solución asistencialista que niega la cuestión de fondo de la pobreza. Además el programa es condicionado a la aceptación de otros programas como Procampo y Procede. La última modalidad de este programa es el llamado "Oportunidades Energético" que otorgará cien pesos más para el pago de la luz (cuando los recibos en las comunidades indígenas son por cantidades estratosféricas) y les condicionará la entrega a la presentación del recibo de luz pagado. La dependencia que genera este tipo de programas provoca que algunas mujeres en las zonas rurales procuren tener más hijos, porque mientras más hijos tienen más dinero reciben. En muchas ocasiones estas situaciones son obligadas por el esposo, quién se ve beneficiado la mayor parte de las veces del dinero otorgado por estos programas asistencialistas.

Violencia: las mujeres como objeto

Hablar de violencia de género implica una necesaria integración de la violencia social, económica, laboral, doméstica, política, emocional, cultural y sexual, que las mujeres en general y las indígenas en particular padecen. Violencia que sustenta el mandato del sistema patriarcal, donde las mujeres somos consideradas desiguales, con menos valor que el género masculino.
La violencia estructural del sistema se ha traducido en un fuerte incremento de la violencia social y de género para muchas mujeres indígenas. En pleno siglo XXI aún es practicada en varias partes del mundo y nuestro país la venta de mujeres. En muchas comunidades indígenas y campesinas de Chiapas, las mujeres son consideradas mercancía; son vendidas por sus padres a hombres que las convierten más que en sus esposas en sus esclavas y sirvientas. Por cantidades que van de los 3 mil a los 10 mil pesos, según la edad, condiciones físicas y estado civil (solteras o viudas, con hijos o no) las mujeres son objeto de compra venta, como parte de los usos y costumbres, constituyendo un acto de humillación y vejación. Cuando las mujeres no "cumplen debidamente" con las tareas encomendadas, el esposo puede devolverlas a sus padres y éstos se ven obligados, además de aceptarla de mala manera, a regresar el dinero que ya les pagaron por ellas.
La militarización de los territorios indígenas en el estado de Chiapas, incrementado a raíz del levantamiento armado del EZLN en 1994, ha traído como consecuencias división en las familias, confrontación en las comunidades y un incremento de la violencia hacia las mujeres. La guerra de baja intensidad con la que el estado mexicano ha respondido al levantamiento del EZLN, coloca en una situación de vulnerabilidad a las mujeres y los niños y niñas. Las mujeres son blanco de violencia y abuso sexual, son inclusive asesinadas como sucedió en Acteal, como ha sucedido en varias partes del estado con la intervención de los grupos paramilitares y como sucede en muchos otros lugares del país, siendo los más recientes casos el de las trabajadoras sexuales violadas tumultuariamente por militares en Coahuila y el de la indígena nahua de 73 años Ernestina Ascensión, quién fue violada tumultuariamente, torturada y asesinada por militares en la sierra de Zongolica en el estado de Veracruz.
Es así como la violencia contra las mujeres se "normaliza" en todos los espacios, incluido ahora el judicial y militar, que ya no sólo tolera la violencia sexista sino que la usa como forma sistemática de control. Basta ver los ejemplos de Atenco y Oaxaca, donde el abuso y la violencia sexual contra las mujeres se utilizaron como arma de intimidación y represión, utilizando el cuerpo de las mujeres como botín de guerra. Sin embargo, las mujeres indígenas no han sido únicamente víctimas de la violencia, sino también símbolo de la resistencia y la respuesta. Si bien en décadas recientes han comenzado a gestarse espacios de participación, es a partir del levantamiento zapatista en 1994 que las mujeres indígenas comenzaron a exigir espacios de participación pública, política y social. Uno de los referentes más importantes de la reivindicación de participación política de las mujeres se da en la formulación de la Ley Revolucionaria de Mujeres, que marca un hito en el proceso histórico de la vida de las comunidades, al legitimar la participación política de las mujeres indígenas. La ley reivindica la igualdad y el derecho de participación política, además de los derechos elementales, y que históricamente han mantenido a las indígenas en una posición subordinada, como el derecho de casarse con quien elijan y a tener el número de hijos que quieran, el derecho a la educación, y el derecho a la no violencia en sus cuerpos, en sus casas y en los espacios políticos. La voz pública de las mujeres indígenas también se hizo escuchar en la intervención de la Comandanta Esther en el Congreso Federal en 2001, dónde hizo patente la situación de opresión que las mujeres viven:
"También sufrimos el desprecio y la marginación desde que nacimos porque no nos cuidan bien. Como somos niñas piensan que nosotros no valemos, no sabemos pensar, ni trabajar, cómo vivir nuestra vida. Abusan de nuestra decisión, nosotras como mujer nos golpea, nos maltrata por nuestros propios esposos o familiares, no podemos decir nada porque nos dicen que no tenemos derecho de defendernos...
Nosotras las mujeres indígenas no tenemos las mismas oportunidades que los hombres, los que tienen todo el derecho de decidir de todo. Sólo ellos tienen el derecho a la tierra y la mujer no tiene derecho como que no podemos trabajar también la tierra y como que no somos seres humanos, sufrimos la desigualdad..."

A manera de conclusión

La subordinación y exclusión de las mujeres indígenas de muchos espacios políticos, laborales, sociales y culturales, es violencia. Violencia que se manifiesta en muchas formas y grados. Sin embargo, las mujeres comienzan a cuestionar los usos y costumbres que las mantienen subordinadas y que refuerzan el mandato patriarcal construido y legitimado histórica y socialmente. A través de los espacios de reflexión que han generado, las mujeres indígenas comienzan a tomar en sus manos su destino, su vida, sus preferencias y sus participaciones.
Es necesario considerar que la situación de opresión y exclusión de las mujeres indígenas es resultado de un proceso histórico cultural, que requiere un cambio de raíz estructural, pero también requiere de un proceso de reflexión y concientización que parta de la experiencia propia de las mujeres. El contexto social, político, cultural y económico en el que las mujeres indígenas están insertas es determinante en la construcción de sus identidades y marca las formas específicas de sus relaciones con los hombres y con otras mujeres indígenas y no indígenas. También marca la forma en que gestan sus luchas y reivindicaciones políticas.
En este sentido, consideramos que una alternativa para el conocimiento y el ejercicio de los derechos de las mujeres, son procesos de empoderamiento personales y colectivos donde las mujeres sean las protagonistas e impulsoras de su proceso de liberación. La fortaleza que les proporciona la reflexión en espacios colectivos con otras mujeres sobre su problemática, situación y condición de género, incrementa sus capacidades analíticas y organizativas. El acceso a recursos como información, capacitación y formación otorga elementos de reflexión y concientización, pero sobre todo refleja una lucha al interior de sus propias comunidades y organizaciones por cambiar aquellos elementos de la "costumbre" que las oprime y subordina, además marca el inicio de su participación e inserción en el contexto político, que les permite una voz pública sobre sus experiencias de exclusión como mujeres y como indígenas, y sobre las alternativas propuestas desde esta concientización del ser mujer. www.ecoportal.net
Sistematización y redacción: Norma Iris Cacho Niño - "Chiapas al Dia" No. 539 - CIEPAC, San Cristóbal de Las Casas, CHIAPAS; MEXICO 30-Jul-2007

http://www.ecoportal.net

LA DISCRIMINACIÓN NO RESPETA ETNIAS EN EL VALLE DE MÉXICO

HALLAN MISERIA EN TODAS PARTES LA DISCRIMINACIÓN NO RESPETA ETNIAS EN EL VALLE DE MÉXICO

LA DISCRIMINACIÓN NO RESPETA ETNIAS EN EL VALLE DE MÉXICO
Ser indígena es un estigma que llevarán siempre; como cargar una cruz muy pesada.
Por Emilio Fernández.
Corresponsal.
VALLE DE CHALCO, Méx.- Ser mujeres, indígenas y discriminadas es lo que las hace iguales, aunque a los ojos de todos son diferentes.
A Claudia Secundino Espinosa, una tlapaneca de la sierra de Guerrero, la miseria y las nulas oportunidades que había en su tierra la expulsaron hacia el centro del país.
Virginia López Sarabia, una mixteca de Santiago Noyoo, Oaxaca, salió del lugar donde nació hace 51 años en busca de la tierra prometida.
Ambas llegaron en distintos años a Valle de Chalco, el municipio mexiquense que se creó en noviembre de 1994 al que han arribado miles de representantes de las etnias del país.Ahí comprobaron que ser indígena es un estigma que las acompañará por el resto de sus vidas.Es como cargar una cruz muy pesada, dice Claudia, “porque todos se burlan de cómo eres, cómo hablas, cómo vistes”.Claudia vende fl ores en el panteón municipal de Xico. Los 50 ó 100 pesos que a veces obtiene le sirven de poco para alimentar a sus cuatro hijos que desde hace 15 días no han comido carne.Una tacita de té de hojas de limón con un bolillo en el desayuno; sopa de pasta y frijoles en la comida y otra taza de té con hojas de limón en la cena, es la dieta diaria de ella y sus pequeños.“Nadie me daba trabajo y a mi esposo tampoco porque somos tlapanecas”.La discriminación y la miseria han acompañado a su familia que vive en dos pequeños cuartos de una vecindad de la colonia Guadalupana Segunda Sección por los que paga 800 pesos de renta al mes.Tampoco tienen seguridad social y eso es otra forma de discriminación, aseguran Claudia y Virginia.

A Virginia la han tratado mal desde hace 35 años, primero en el Distrito Federal y luego en este municipio mexiquense sólo porque aún se le nota el acento mixteco cuando habla.“Me ven feo pero ya ni me hace”, indica.Defensor de indigenas A los 22 años se dio cuenta que era diferente. Alejo Juárez Cabrera, un zapoteco de San Juan Jaltepec, Oaxaca, salió de su pueblo cuando tenía esa edad.Al llegar a Ecatepec el hablar una lengua diferente al español, ser de tez morena y pertenecer a una etnia lo hicieron sentirse diferente, señalado, excluido.“Me discriminaron por ser indígena, no me daban trabajo por ser oaxaco, por ser paisano”, recordó.De Ecatepec emigró a Los Reyes La Paz y luego a Valle de Chalco donde el menosprecio fue una constante.El único empleo que encontraba era el de albañil porque no le tenían confi anza en otro sitio pues le decían que era diferente a los demás trabajadores.“Me sentía humillado, ofendido, me trataban como una basura, peor que a un perro”, contó.“Han pasado 22 años y sigo siendo discriminado en mi propio país, por mi propia gente”, lamentó.
Hasta que tuvo 12 años aprendió a hablar español. Apenas terminó la secundaria pero pronto se dio cuenta que nadie lo defendería si no era él mismo.Cansado de la discriminación que sufría decidió aprender por su cuenta y recurrió a los libros de Derecho para que no lo engañaran más.Con las leyes de su lado se protegió así mismo y empezó a brindar ayuda a los otros indígenas que escogieron Valle de Chalco como su residencia.Supo entonces que el racismo era el mismo para los zapotecos, mixtecos, mixes, otomíes, matlazincas, mazahuas, chamulas, mazatecos, o los rarámuris.“No había y no hay diferencia, todos son humillados en la ciudad porque la gente de aquí es aprovechada”, señala con un dejo de rencor.
El contacto con los representantes de las etnias lo motivó a publicar en el 2002 un diccionario trilingüe mixe-zapoteco-español para facilitar el aprendizaje de los indígenas que hablan esas lenguas.
La discriminación contra los nativos de las diferentes comunidades del país que viven en la zona metropolitana del Valle de México es tan natural que ya ni lo sienten porque piensan que es normal, considera.
http://www.expreso.com.mx

México: país de la discriminación indígena

México: país de la discriminación indígena
Los mixtecos, mazatecos, zapotecos, mixes, rarámuris y chamulas son los que concentran el mayor número de población

EL UNIVERSAL
Domingo, 29 de Julio de 2007
Valle de Chalco, Méx.-- Han pasado casi 500 años de la Conquista y los indígenas siguen siendo discriminados como si acabara de llegar Hernán Cortés. Los representantes de las etnias del país son segregados en todos los ámbitos.Andrés Sandoval Forero, miembro del Centro de Investigación de Estudios Avanzados de la Población de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), sostuvo que la exclusión de las etnias en el desarrollo social y económico en la entidad mexiquense es una repetición de lo que ocurre a nivel nacional. Históricamente han sido menospreciados y seguirán siendo discriminados mientras las estructuras socioeconómicas del país no cambien, aseguró."El indígena, entre más indígena es más es discriminado", afirmó.De acuerdo con datos del Instituto Nacional Indigenista (INI) y del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2002 había un registro de 12 millones 707 mil indígenas en el país, que representaban el 13% del total de la población.En el estado de México, la entidad más poblada del país, se estimó para ese año que vivían 939 mil 355 representantes de etnias, que equivalían a 7.4% de la población indígena nacional. En términos estatales representaban 7.2%.El 30% de los indígenas que residen en territorio mexiquense, principalmente en la zona metropolitana del Valle de México, establecen el INI y el Conapo, provienen de otras entidades del país.La población indígena del estado de México se agrupa en cinco etnias: mazahua, matlazinca, otomí, tlahuica y náhuatl, y se localiza principalmente en 790 comunidades pertenecientes a 42 municipios.El Conapo hizo una clasificación de esas localidades: 20 de alta marginación, siete de media marginación, 12 de baja marginación y tres de muy baja marginación. Las etnias viven en situaciones económicas, sociales y educativas deplorables y en municipios que tienen condiciones marginales respecto al nivel medio de bienestar social.Sin embargo, un estudio reciente dado a conocer por el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del estado de México (Cedipiem), reveló que actualmente hay un registro de 340 mil indígenas en la entidad, de los cuales 170 mil pertenecen a los cinco grupos étnicos nativos de la entidad, y los otros 170 mil son indígenas de otras partes del país avecindados en ese territorio.Hace cinco años había un registro de casi un millón de indígenas, lo que significa que los representantes de esos grupos ya no dicen que son indígenas por el maltrato que han recibido de la sociedad mestiza, reconoció Rafael Díaz Bermúdez, titular del Cedipiem.En la entidad existen 189 localidades donde más de 70% de su población es indígena; en 155 localidades la presencia indígena se encuentra entre 40% y 69%; y el resto de la población, cuya presencia es menor a 40%, se ubica en 2 mil 272 localidades, estableció el Censo de Población y Vivienda realizado en 2000.Andrés Sandoval, investigador de la UAEM, advirtió que ahora hay dos focos rojos encendidos en la entidad mexiquense por la segregación de dos grupos nativos: los mazahuas y los tlahuicas.Los mazahuas del Sur del estado de México, además de que han visto cómo se han llevado el agua de la región en los últimos cinco lustros, padecen el desdén oficial pues nadie se preocupa de las condiciones en las que viven, indicó.La otra zona es Ocuilan, donde los cacicazgos han impedido que exista un desarrollo de los tlahuicas, los originarios de ese municipio, expresó.Un diagnóstico del Cedipiem en 2006, señaló que en la zona metropolitana del Valle de México habitan 111 mil representantes de las diferentes etnias del país.Valle de Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ecatepec, Coacalco, Tultepec y Tultitlán son los municipios donde más se concentran los llamados indígenas migrantes.Tan sólo en Valle de Chalco, establece la oficina municipal de Atención a Pueblos Indígenas, viven 53 mil de ellos, de los cuales 11 mil 872 hablan su propia lengua.En esta localidad del oriente mexiquense se han concentrado 40 diferentes grupos étnicos de la República Mexicana.Los mixtecos, mazatecos, zapotecos, mixes, rarámuris y chamulas son los que concentran el mayor número de población.
http://www.eldiariodechihuahua.com.mx

AI descarta revocar su apoyo al aborto tras violación

AI descarta revocar su apoyo al aborto tras violación
REUTERS
Londres, 30 de julio. El grupo internacional de derechos humanos Amnistía Internacional no tiene planes de revocar su nueva política que respalda el aborto en mujeres víctimas de violencia sexual, violación o incesto, a pesar de la fuerte oposición de la Iglesia católica romana.
La secretaria general de la organización, Irene Khan, dijo que durante la reunión del Consejo Internacional de Amnistía en la ciudad de México, el próximo 11 de agosto, no confirmará ni desaprobará la política porque, ya ha sido adoptada tras extensas consultas con sus miembros.
La Iglesia católica, que en el pasado trabajó de cerca con Amnistía en campañas para abolir la pena de muerte, instó a sus miembros a suspender todo su apoyo al grupo, fundado por un laico católico para defender a prisioneros políticos.
Khan detalló que la nueva política, inspirada por las violaciones en zonas de guerra como Darfur, exhorta a los gobiernos a proveer abortos seguros cuando las mujeres conciben luego de una violación, incesto o cuando la vida de la madre embarazada está amenazada.
"El propósito de la reunión no es aprobar esta política, porque esta iniciativa ya existe", dijo, al agregar que la cuestión aún podría surgir para la discusión.
La política, debatida entre los 2.2 millones de miembros de Amnistía desde 2005, fue adoptada silenciosamente en abril.
El mes pasado, el Vaticano, que considera que el aborto es un asesinato y nunca está justificado, manifestó que la organización "traicionó su misión".
El cardenal Renato Marino, titular del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, dijo: "Si Amnistía Internacional persiste en este curso de acción, los individuos y organizaciones católicas deben retirar su apoyo".
"Revierta esta decisión"
A principios de este mes, el obispo William Skylstad, presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, declaró que la decisión "socava la larga credibilidad moral de Amnistía" y divide a sus propios miembros, incluyendo muchos católicos activos dentro de ella.
"Apelo a los miembros del Consejo Internacional de Amnistía a que reviertan esta decisión", dijo en un comunicado.
Khan acentuó que el grupo, que previamente no tenía una postura sobre el aborto, debatió el cambio internamente durante dos años y medio, y tomó una decisión consistente con la larga campaña de Amnistía contra la violencia hacia las mujeres.
"Tener una política no significa que estamos en favor del aborto como un derecho: esa no es la postura que estamos tomando como organización", reveló.
http://www.jornada.unam.mx

Inicia La Jornada Internet Foro sobre Despenalización del Aborto

Permanecerá hasta que la SCJN decida sobre los recursos de inconstitucionalidad
Inicia La Jornada Internet Foro sobre Despenalización del Aborto
Arranca hoy con las intervenciones de Marta Lamas, Alejandro Madrazo, María Consuelo Mejía, Adriana Ortiz Ortega, Elena Urrutia y Margarita Valdés
Está abierto a todos los lectores
Los interesados en participar en este debate pueden ingresar a la página
http://ciencias.jornada.com.mx

Las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por las que se despenalizó el aborto, se produjeron en medio de una discusión que reveló la existencia de posturas encontradas en torno a este tema en la sociedad mexicana. Muestra de esta polarización es que hoy mientras en los hospitales administrados por el gobierno capitalino se cumple con las disposiciones legales aprobadas, en otras, de carácter federal, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y la Secretaría de Salud, se niega esta atención a las derechohabientes del DF.

Además, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República interpusieron sendas controversias constitucionales, con la finalidad de dar marcha atrás a los avances logrados en los derechos de las mujeres en la ciudad de México.
El tiempo que ha de transcurrir desde que fueron aprobadas las reformas señaladas hasta que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación resuelva sobre las impugnaciones interpuestas, no puede caracterizarse por el silencio. Así, La Jornada, a través de su sección de Ciencias, y un grupo numeroso de especialistas, se han propuesto la realización del Foro sobre la Despenalización del Aborto con la finalidad de mantener abierto un espacio para la discusión sobre este importante tema. Este foro da inicio hoy en La Jornada Internet: http://ciencias.jornada.com.mx, con la participación de especialistas en diferentes campos del conocimiento. La participación de los lectores constituye uno de los elementos de la mayor importancia en el éxito de esta iniciativa.
Una mirada feminista
En su intervención en el foro, Marta Lamas, antropóloga y profesora de ciencia política del ITAM, examina, entre otros aspectos, el proceso que condujo a la despenalización del aborto por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: cinco meses de intensas discusiones y la votación mayoritaria favorable a la reforma de los partidos que integran la coalición de izquierda (PRD, PT, Convergencia, PRI y Alternativa) así como del Partido de Nueva Alianza. En la decisión hubo 17 votos en contra, del Partido Acción Nacional; 2 del PVEM (el único partido verde en el mundo con posturas conservadoras) y la abstención de un representante del PRI.
Para la especialista, fundadora del Grupo de Información en Reproducción Asistida y directora de la revista Debate Feminista, la entrada en vigor de este marco despenalizador, que es un acto de justicia social para el país, se logró en virtud de tres elementos: a) una mayoría de izquierda que expresa sus convicciones éticas en acciones legislativas; b) el trabajo de los grupos feministas que asesoraron y acompañaron el proceso; y c) la polarización poselectoral, que sigue caldeando los ánimos y que ha propiciado tomas de posición radicales.
La visión constitucionalista
Para Alejandro Madrazo Lajous, doctor en derecho por la Universidad de Yale y profesor de derecho constitucional de la Universidad Nacional Autónoma de México, la penalización del aborto previa a las reformas era simbólica. Miles de mujeres al año interrumpían e interrumpen sus embarazos, sea legal hacerlo o no. Para una decisión de esta envergadura, la penalización formal era, un elemento menor a considerar. Pero aunque la ley fuese ineficaz no por ello dejaba de tener efectos: empujaba a la clandestinidad y, para las mujeres sin recursos, a la insalubridad. La salud y vidas de muchas se afectaban o sacrificaban en aras de un gesto simbólico del legislador.
El especialista se pregunta en su intervención, ¿cuál es el sustento de los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por la CNDH y la PGR? En el examen de estos recursos, Madrazo Lajous encuentra que los argumentos que se esgrimen en contra de la despenalización se apoyan en presupuestos, todos ellos errados y sustentados en falsas apreciaciones de la Constitución.
La postura de las mujeres católicas
Para María Consuelo Mejía, antropóloga y maestra en estudios latinoamericanos, la decisión de un aborto es un serio dilema ético que enfrentan las mujeres cuando se ven ante la circunstancia de un embarazo que no buscaron y que no desean. Es el último recurso al cual acuden después de analizar cuidadosamente todos los factores en favor y en contra de continuar o interrumpirlo.
Las mujeres que toman la decisión de abortar, no lo hacen con alegría en sus corazones; lo hacen orilladas por sus circunstancias, y en la mayoría de las ocasiones anteponen el bienestar de otras personas, de sus hijas e hijos, de su pareja, de su familia.
En su intervención, la directora de Católicas por el Derecho a Decidir, señala que la despenalización del aborto constituye un hecho histórico sin precedentes, un parteaguas, una alegría inmensa, una satisfacción enorme. Mejía se pronuncia por la vigencia del Estado laico ya que es la condición necesaria para el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y para el respeto de las garantías individuales que la Constitución establece para todas las personas.
Al instaurar la separación entre el Estado y las iglesias, el Estado laico garantiza la convivencia armónica de la pluralidad religiosa; esto es, establece la posibilidad de que todas las creencias religiosas puedan coexistir en una sociedad sin imposiciones ni discriminación.
Ciencia política y despenalización
Adriana Ortiz Ortega, doctora en ciencia política por la universidad de Yale e investigadora de El Colegio de México, señala que una pregunta que surge cuando se discute el tema es si la despenalización en México podría dividir las aguas entre los que la apoyan y los grupos conservadores, mayoritariamente católicos. Este cuestionamiento, añade, se ha vuelto particularmente relevante a raíz de la participación de instancias federales que apoyan la defensa de los derechos del producto desde la concepción, frente a la despenalización del aborto propuesta por partidos diferentes al PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
En su turno, Ortiz Ortega advierte que frente a la creciente laicidad que aleja el fantasma de la polarización, es importante profundizar en los beneficios que aporta a las mujeres mexicanas, que sean los partidos políticos los que tomen la iniciativa de incluir nuevas medidas atenuantes frente al aborto.
En una primera instancia, es de celebrarse el contrapeso de distintos institutos políticos frente a la creciente actividad de Acción Nacional para detener la reforma.
Sin embargo, desde una perspectiva más crítica, llama la atención que fuese necesario que los partidos políticos tomaran la iniciativa de proponer las demandas. Esta acción puede leerse tanto como el resultado de una inclusión del tema del aborto en la agenda pública, como una muestra del debilitamiento de los movimientos sociales y su dependencia hacia los partidos para el cabildeo de sus demandas.
Creencias religiosas e interés nacional
Elena Urrutia, mujer excepcional, investigadora de El Colegio de México y ex directora del Programa de Estudios de Género de esa institución, nos recuerda en su intervención la postura adoptada en Francia por el presidente Valéry Giscard D'Estaing, quien señaló en ocasión de la despenalización del aborto en su país: "(...) Yo soy católico, le dije (al papa Juan Pablo II, durante una entrevista en el Vaticano), pero soy presidente de la República de un Estado laico. No puedo imponer mis convicciones personales a mis ciudadanos (...), sino (más bien lo) que tengo que (hacer es) velar porque la ley se corresponda con el estado real de la sociedad francesa para que pueda ser respetada y aplicada. Comprendo, desde luego, el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a aquéllos que practican su fe que respeten ciertas prohibiciones. Pero no es la Ley Civil la que puede imponerlas con sanciones penales, al conjunto del cuerpo social. Como católico -añadía- estoy en contra del aborto, como Presidente de los franceses considero necesaria su despenalización". Urrutia, fundadora y colaboradora de La Jornada, suscribe en su intervención las palabras de Valéry Giscard D'Estaing.
Anotaciones desde la filosofía
Por su parte, Margarita M. Valdés, doctora en filosofía, investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM e integrante del Colegio de Bioética, aborda el tema de la discriminación en relación con la despenalización del aborto. Analiza los diferentes significados que se asignan al concepto de discriminación, en los que además de elementos como raza, religión y preferencias políticas, en algunos casos se incluye la edad. En este sentido, estudia la idea de discriminación por edad en el caso del embrión humano antes de las 12 semanas de gestación. Para algunos sectores que se oponen a la despenalización, "negar el derecho a la vida" a los embriones de menos de 3 meses de desarrollo constituye un acto discriminatorio.
La especialista, quien ha ocupado la Cátedra José Gaos de la Universidad Complutense de Madrid, señala que existen diferentes etapas como las de cigoto, mórula, embrión o feto que presentan importantes diferencias anatómicas y funcionales que impiden considerarlos como equivalentes, por lo que despenalizar el aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación no es un acto discriminatorio hacia los productos de la gestación humana en etapas anteriores, dado que hay diferencias relevantes entre éstos y los fetos, mayores a las 12 semanas. Quienes aducen que la reforma es una forma de discriminación, incurren en lo que en lógica corresponde a un tipo de falacia o "petición de principio".
El foro, que es coordinado por Javier Flores, se mantendrá abierto durante los próximos meses en sesiones de las que se informará con oportunidad. Entre los y las especialistas que han aceptado participar en las siguientes sesiones, se encuentran: Ana Amuchástegui, Olga Bustos, Vicente Díaz, Teresita de Barbieri, Fátima Flores, Marcela Lagarde y de los Ríos, Julio Muñoz Rubio, Marta Rivas, Ricardo Tapia Ibargüengoytia y Olivia Tena Guerrero.
http://www.jornada.unam.mx
Editorial
Derecho a decidir
Hoy iniciamos en La Jornada Internet un Foro sobre la Despenalización del Aborto. Se trata de un espacio para examinar uno de los temas que actualmente más preocupan a la sociedad mexicana. Han surgido voces divergentes a raíz de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las modificaciones al Código Penal local, mediante las cuales deja de ser un delito la interrupción del embarazo cuando este ocurra, por decisión de las mujeres, antes de las 12 semanas de gestación.
Lo primero que hay que observar es que asistimos a un cambio de significados profundos. Estamos ante el reconocimiento de un grave problema de salud pública. Miles de mujeres mexicanas mueren al año o sufren incapacidad por recurrir a prácticas clandestinas, caracterizadas por la insalubridad y la carencia de pericia médica. Son muertes y enfermedades que pueden ser evitadas, y que están relacionadas con la consideración del aborto como delito. Pero, por otra parte, hay quienes observan la despenalización como un atentado contra la vida y dignidad humanas.
Esta divergencia en el seno de la sociedad mexicana, ha tomado la forma de una controversia constitucional. Los jueces del máximo tribunal habrán de decidir dentro de algunos meses, si un derecho de las mujeres que ha sido conquistado en la ciudad de México, seguirá vigente o, por el contrario, se retrocede, con los consecuentes riesgos sobre la salud y la vida de miles de personas.
La salud de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, son esenciales para el avance de la sociedad. La autonomía de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, es la clave. Diversos estudios muestran que la población femenina con altos niveles de educación y condiciones sanitarias adecuadas, garantizan elevados niveles de salud y educación en sus hijos. La salud y bienestar de ellas es la base para la salud y bienestar del conjunto social.
En este foro hemos convocado a especialistas en diversos campos del conocimiento, desde la antropología, el feminismo, la sociología, la medicina, la filosofía, las neurociencias, el derecho y el periodismo, entre muchos otros, con el fin de mantener abierta una discusión seria e informada, por medio de la sección de Ciencias de La Jornada Internet, sobre el tema del aborto y su despenalización. El foro se prolongará hasta el momento en que la Suprema Corte de Justicia tome una decisión, que esperamos -y no tenemos por qué ocultar nuestra postura-, sea en favor de los derechos de las mujeres.
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/31/index.php?section=opinion&article=a03a2edi

Abordará la SCJN aborto, donación de órganos y amparo a Proceso

Entran a debate en el periodo de sesiones que se inicia hoy
Abordará la SCJN aborto, donación de órganos y amparo a Proceso
JESUS ARANDA
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conocerá en el periodo de sesiones que se inicia este miércoles asuntos en los que sus concepciones filosóficas, éticas y morales podrían quedar encima de los valores constitucionales que dicen defender. En este contexto, fuentes judiciales reconocieron que la discusión sobre la despenalización del aborto en el Distrito Federal polarizará las posiciones de los 11 ministros respecto al derecho a la vida, pero también con respecto al derecho que tiene la mujer de decidir sobre su cuerpo.
Otro tema en el que los ministros centrarán su atención es el relativo a la donación de órganos para fines terapéuticos, en donde podrían revisar el criterio establecido en abril de 2003, en el sentido de que los trasplantes de órganos entre vivos sólo pueden llevarse a cabo cuando exista parentesco por consanguinidad, o bien por matrimonio o concubinato, decisión que dejó fuera la donación entre vivos sin fines de lucro, entre amigos o conocidos del receptor.
En el caso de la acción de inconstitucionalidad que interpusieron la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal por las reformas que despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas de gestación, fuentes consultadas reconocieron que dado lo controvertido del tema, hay quienes opinaban al interior del pleno de ministros que lo mejor era que el asunto no llegara al máximo tribunal.
Y es que los ministros aún recuerdan cuando conocieron de la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley Robles, la cual se mantuvo vigente porque no se alcanzaron los ocho votos necesarios para anular los artículos que permitían el aborto bajo las nuevas condiciones, cuando desfilaron por las oficinas de los juzgadores representantes oficiosos y oficiales de decenas de organizaciones, partidos, agrupaciones e individuos para opinar sobre el tema.
En todo caso, reconocieron funcionarios consultados, en el tema a abordar, "el derecho a la vida", resultará muy difícil que los ministros se despojen de su forma de pensar al momento de establecer la constitucionalidad de la reforma aprobada por los asambleístas capitalinos.
Por otra parte, se espera que después de meses de espera, el pleno conozca el amparo interpuesto por la revista Proceso con el que pretende evitar la destrucción de las boletas electorales de la elección presidencial pasada.
Trascendió que el ministro instructor, Mariano Azuela Güitrón, propone negarle la razón al semanario y, con ello, permitirle al Instituto Federal Electoral que destruya los más de 40 millones de boletas de esos comicios.
Por otra parte, se espera que a finales de este año, la Corte admita los primeros amparos en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE, ya que se estima que para esa fecha ya hayan sido resueltos en primera instancia algunos de los más de 148 mil recursos que fueron concentrados en un juzgado auxiliar creado ex profeso.
http://www.jornada.unam.mx

Amnistía, "escandalizada" por el "ciclo vicioso de abuso y violencia en Oaxaca

Ulises Ruiz: "parcial", el informe de Khan; lo hicieron consejeros de la APPO, diceAmnistía, "escandalizada" por el "ciclo vicioso de abuso y violencia en Oaxaca
"OCTAVIO VELEZ ASCENCIO
Oaxaca, clamor por la justicia, en el cual denuncia las múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estado"

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe Oaxaca, clamor por la justicia, en el cual denuncia las múltiples violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estado Foto: Ezequiel Gómez Leyva
Oaxaca, Oax., 31 de julio. Amnistía Internacional (AI) exigió a los gobiernos federal y estatal, así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), investigar violaciones graves de los derechos humanos documentadas entre junio de 2006 y abril pasado en Oaxaca, a causa del conflicto político-social en el estado, para que sean castigados los responsables.
En respuesta, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz consideró que el informe sobre la situación en la entidad es "parcial", e incluso afirmó que lo escribieron consejeros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
AI "está escandalizada por la situación que se ha presentado en Oaxaca; una respuesta autocrática (a las protestas sociales de la APPO), llena y plagada de violaciones a los derechos humanos, sólo perpetuará un ciclo vicioso de abuso, violencia y descontento", afirmó la secretaria general del organismo internacional, Irene Zubaida Khan, quien presentó, en conferencia de prensa, el informe Oaxaca: clamor por la justicia.
De acuerdo con el documento, policías federales, estatales y municipales, así como la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Tribunal Superior de Justicia estatal y autoridades municipales que apoyan al partido en el gobierno de Oaxaca, el PRI, han incurrido en uso de fuerza excesiva, detención arbitraria y un régimen de incomunicación, malos tratos y tortura, así como amenazas, hostigamiento de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, además de violaciones al debido proceso y al derecho a un juicio justo.
Agregó que no se han aclarado las circunstancias en que murieron al menos 18 personas, entre ellas el periodista estadunidense Brad Will, ni se ha identificado ni sometido a proceso a ninguno de los presuntos responsables. Se acotó que en varios de esos casos participaron miembros de la policía no uniformada, o grupos de hombres armados coordinados, al parecer, con fuerzas de seguridad.
Acompañada por el investigador de AI para México, Rupert Knox, la abogada en derecho público internacional y derechos humanos, originaria de Bangladesh, sostuvo que muy pocas violaciones a los derechos humanos perpetradas en Oaxaca se han investigado sin dilación, de forma imparcial y en profundidad.
"Existen pocos datos que apunten a investigaciones serias e imparciales de las autoridades", señaló. Agregó que a las víctimas se les ha negado el acceso a abogados, a atención médica y a procesos justos, porque la mayoría de las evidencias en su contra "fueron fabricadas".
Khan subrayó que los esfuerzos de las autoridades para presentar "como criminales y subversivos" a los simpatizantes de la APPO "no son más que una táctica para evadir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos", como homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, negación de un juicio imparcial y pasividad ante la queja de abusos.
Indicó que las autoridades federales, estatales y municipales tienen la obligación de mantener el orden público y proteger la seguridad de la sociedad, "pero los abusos cometidos han violado tratados internacionales de derechos humanos que México se ha comprometido a respetar.
"La prueba más importante para una democracia es cómo manejar dentro de la ley las protestas de opositores, y no permitir que las fuerzas de seguridad pasen los límites marcados", apuntó.
Destacó que AI, a pesar de terminar el informe Oaxaca: clamor por la justicia apenas en junio pasado, aún documenta violaciones a garantías en la entidad, como las ocurridas en el enfrentamiento entre policías y simpatizantes de la APPO el pasado día 16 en las inmediaciones del cerro del Fortín.
Manifestó su "particular preocupación" por el caso de Emeterio Merino Cruz Vásquez, quien se encuentra en coma en el Hospital de Especialidades por traumatismo craneoencefálico, resultado de una golpiza que la policía le propinó.
"Su familia me mostró evidencias (fotografías publicadas en la prensa) de cómo fue arrestado sin un rasguño, y cómo fue golpeado después. Es tan obvio que no es aceptable que a pesar de las evidencias no se haya suspendido a los agentes involucrados", comentó.
Hizo notar que si bien las autoridades federales, estatales y municipales se han comprometido formalmente a aplicar la reciente recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para indagar abusos, "aún no han mostrado signos de determinación para efectuar investigaciones efectivas o modificar los procedimientos y prácticas para impedir nuevas violaciones".
Khan dijo confiar en que el gobierno estatal atienda la recomendación de la CNDH y las de AI para castigar a los responsables o, de lo contrario, el gobierno mexicano deberá rendir cuentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.
AI emitió 12 recomendaciones, entre ellas garantizar que la SCJN sea independiente, imparcial y exhaustiva; que la recomendación 15/2007 de la CNDH se aplique de forma efectiva, y que las autoridades federales lleven a cabo investigaciones sobre todas las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Oaxaca.
Además, señaló que se deben garantizar investigaciones completas, activas e imparciales para aclarar las circunstancias de las muertes ocurridas durante el conflicto, así como las denuncias de detención arbitraria y en régimen de incomunicación, tortura y malos tratos.
También solicitó garantizar una investigación completa, imparcial e inmediata sobre los hombres armados no identificados y los agentes de policía vestidos de civil que, al parecer, operaban en connivencia con las autoridades.
Por la mañana, la misión de alto nivel de AI, integrada por Susan Lee y Judit Arenas, directoras del Programa Regional para las Américas y de la Oficina de la Secretaría General, respectivamente, se reunió con sobrevivientes y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos, así como con miembros de organizaciones civiles. En la tarde sostuvieron un encuentro con funcionarios de la administración estatal encabezados por el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
Replica el gobernador
Después de reunirse con Khan, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz consideró que el reporte de AI es "parcial", e incluso afirmó que lo escribieron consejeros estatales de la APPO. "No compartimos el informe", reiteró. Y calificó las denuncias de violaciones a los derechos humanos presentadas por las víctimas de "acusaciones aventuradas y sin ningún fundamento". Expuso que AI no consideró la posición de su gobierno ni mucho menos "las voces de los oaxaqueños" afectados durante el conflicto político-social, si bien anunció que su administración castigará a los servidores públicos que hayan participado en violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, Khan lamentó que el gobierno estatal no tomara con seriedad el informe de AI, y dijo que en su encuentro previo con funcionarios no tuvo ningún indicio de que se hayan iniciado investigaciones sobre las transgresiones, con el propósito de castigar a los responsables.
Antes de reunirse con Ruiz Ortiz, la secretaria general de AI dialogó con los secretarios general de Gobierno y de Protección Ciudadana, Teófilo Manuel García Corpus y Sergio Segreste Ríos, respectivamente, así como con la subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos Rueda.

http://www.jornada.unam.mx

México debe respetar acuerdos sobre derechos humanos: Parlamento italiano

Legisladores del país europeo se dicen preocupados por frecuentes casos de abusos
México debe respetar acuerdos sobre derechos humanos: Parlamento italiano
Lamentan que la lucha contra el narcotráfico "lesione el estado de derecho"
EMIR OLIVARES ALONSO


El Parlamento italiano manifestó su preocupación por las violaciones a los derechos humanos en México; por ejemplo, la represión en Oaxaca y en San Salvador Atenco, la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, y los abusos contra periodistas y pueblos indios. Por ello, exhortó a las autoridades mexicanas a cumplir los acuerdos internacionales en la materia y a solucionar los casos mencionados.
La semana pasada el órgano legislativo emitió la resolución 7-00253, en la cual abordó la situación de las garantías básicas en México. Además, en ésta afirmó que, pese a que el Estado mexicano ha mostrado apertura y disponibilidad al escrutinio internacional, los casos citados y la lucha contra el crimen organizado que ha emprendido el gobierno de Felipe Calderón "resultan causa de preocupación" por las violaciones a los derechos humanos.
En torno a la situación en Oaxaca, los parlamentarios señalaron: "las condiciones del estado de derecho no han sido restablecidas en la entidad, debido a la dura represión del gobernador local contra los manifestantes el año pasado, impidiendo a la libremente constituida Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca manifestar democráticamente su disenso".
Por ello, solicitó al Estado mexicano restablecer en esa entidad el ejercicio legítimo de las libertades democráticas y el cese de la persecución contra disidentes.
El Parlamento italiano advirtió que la violencia contra las mujeres en México, particularmente en Chihuahua, sigue alentando el fenómeno de los feminicidios, "basado en una sustancial impunidad y en un peligroso entrecruzamiento con el clima de intimidación provocado por el narcotráfico". En ese sentido, convocó a las autoridades a que la fiscalía que atiende esos ilícitos luche "de manera definitiva" contra ese tipo de crímenes.
Respecto del caso Atenco, indicó que hubo casos de detenciones arbitrarias, maltratos, falta de garantías procesales e impunidad, pese a las violaciones a los derechos humanos de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
En ese sentido, el pasado 17 de julio el Parlamento recibió a Martha Pérez, integrante del FPDT, quien dio a conocer la represión de que fueron víctimas los pobladores de Atenco los días tres y cuatro de mayo de 2006, la reactivación de las órdenes de aprehensión contra activistas y la sentencia, a más de 67 años de prisión, contra el líder del frente, Ignacio del Valle, y otros dos integrantes, condenas que los legisladores italianos calificaron de "política que criminaliza los movimientos y la participación social y política en México". La comparecencia de Pérez dio elementos a éstos para que solicitaran más información sobre la participación del gobierno federal en la represión contra el FPDT.
"Los derechos de las comunidades indígenas, particularmente en Chiapas, aún no han sido reconocidos plenamente, a pesar de las promesas oficiales, sobre todo respecto a lo que se refiere a los recursos naturales, el desarrollo sustentable, y el respeto a su identidad y formas de autogobierno", asegura la resolución. Y solicitaron ampliar la legislación al respecto, con base en los acuerdos de San Andrés.
En cuanto al tema de los periodistas, argumentaron que la libertad de expresión se "ve comprometida significativamente", debido al "estado de precariedad en el ejercicio de esa profesión, lo cual se evidencia con homicidios, secuestros e intimidaciones a informadores comprometidos con la denuncia del crimen organizado".
Asimismo, recomendó al gobierno de Felipe Calderón que "la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico se lleve a cabo con eficacia, pero sin lesionar los principios del estado de derecho, los cuales distinguen completamente los deberes de las fuerzas policiacas de las militares".
Ante esa problemática, los legisladores italianos exhortaron al Estado mexicano a que, con base en la cláusula democrática del acuerdo entre México y la Unión Europea y en los pactos con la Organización de las Naciones Unidas, garantice el cumplimiento de los derechos humanos y resuelva los casos en que se hayan violado dichas garantías. Se comprometieron a que el gobierno de Italia colaborará con México en la materia.
Además, solicitaron que a la política sobre derechos humanos se incorpore el trabajo de la sociedad. El contexto de ésta, señalaron, se presentará en la próxima reunión del foro euro-mexicano de la sociedad civil, para que se busquen y diseñen planes para la defensa de esas garantías.
http://www.jornada.unam.mx