miércoles, 30 de mayo de 2007

Los derechos y la derecha

Los derechos y la derecha
Alberto Begné Guerra
30 de mayo de 2007


L a despenalización del aborto en el DF no sólo significa la afirmación del Estado laico en nuestro país, sino también y sobre todo el reconocimiento del derecho de cada mujer a decidir en condiciones de igualdad real ante la ley, con pleno respeto a sus creencias y, en consecuencia, sin sujeción a ningún dogma religioso o convicción moral impuestos desde el poder público.

Las reformas aprobadas el pasado 26 de abril por la Asamblea Legislativa entrañan una defensa inequívoca de diversos derechos fundamentales de las personas, reconocidos por la Constitución y por distintas convenciones internacionales.

Las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR y la CNDH en contra de esas reformas expresan una interpretación parcial y sesgada de los derechos de las personas, y peor aún, desconocen la sustancia y los alcances del laicismo como principio rector de las democracias constitucionales.
Desconocen, asimismo, el principio de igualdad real ante la ley, como un derecho humano absolutamente fundamental, "el más fundamental de los derechos -como diría Mauro Cappelletti- en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos".

La PGR sostiene que sus "acciones se basan en la interpretación establecida a lo largo de los años por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sin excepción alguna los criterios que soportan la posición del procurador son estrictamente técnico-jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral o de cualquier otra índole". Al hacerlo subraya precisamente lo contrario: interpreta la Constitución desde una posición ideológica, pues sus argumentos tienen como base una lectura parcial de los derechos constitucionales, en la cual se ignoran por completo los derechos de la mujer y la exigencia de garantizar la igualdad efectiva ante la ley.
En el ejercicio de una atribución legítima conforme a nuestro ordenamiento constitucional, la PGR imprime un sello político-ideológico a su acción. Es la decisión de un gobierno del PAN, cuyos principios doctrinarios son los de la democracia cristiana. Un grave error político, pero al final de cuentas reflejo fiel del gobierno de un partido conservador. Quizá sólo haya que peguntarse si, en medio de problemas gravísimos, en particular la creciente ola de violencia y la persistente incapacidad para superar la profunda desigualdad social, esta deba ser la prioridad del gobierno, en contra, por cierto, de la voluntad de una mayoría representada por cinco partidos políticos nacionales en la ALDF.


Pero si la decisión del gobierno resulta torpe e inoportuna, lo inaudito e inaceptable es que la CNDH, un organismo constitucional autónomo, cuya imparcialidad debe ser la clave invariable de su actuación, sea conducida a esta controversia en razón de las creencias personales, la insensibilidad y el conservadurismo de su presidente, quien ni siquiera consultó con el Consejo de la Comisión esta decisión.

La CNDH soy yo, habrá dicho Soberanes, cuando decidió promover esta acción de inconstitucionalidad, como si no hubiera ningún ordenamiento o disposición legal aprobados desde que se le atribuyó a la CNDH en 2006 la facultad de iniciar estas acciones que, desde una perspectiva laica e incluyente de los derechos humanos, mereciera su atención y su actuación.

Un miembro destacado del Opus Dei, un representante del conservadurismo más reaccionario hace de su responsabilidad pública un ejercicio de sus dogmas religiosos (tan respetables en su casa y en su conciencia como inadmisibles en el desempeño de un cargo público) el motivo de su acción, dañando gravemente a una institución que, fuera del marco del laicismo, pierde todo su sentido.

El contraste con la Comisión de los Derechos Humanos del DF es sustancial. Su presidente, Emilio Álvarez Icaza, ahora acosado por un panismo local que deja ver sin tapujos su talante antidemocrático e intolerante, sí consulto con el Consejo de la comisión, y puso por delante una visión abierta e incluyente de los derechos humanos.

La Corte tiene la palabra. Pero por lo pronto habrá que pedirle cuentas a Soberanes, cuya permanencia en el cargo acabaría por dañar irremediablemente a la CNDH.

Presidente de Alternativa Socialdemócrata

martes, 29 de mayo de 2007

ALDF Convoca a Movilización para el 30 de mayo




Admite Corte demanda de CNDH por aborto

Admite Corte demanda de CNDH por aborto
El hecho de que se abra el juicio no afecta la vigencia de las normas impugnadas, por lo que las mujeres del DF podrán seguir solicitando abortos
Víctor Fuentes

Ciudad de México(29 mayo 2007).-Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió este martes a trámite la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.El Ministro Salvador Aguirre Anguiano consideró que no hay causas notorias de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, por lo que abrió el juicio a trámite y emplazó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y al Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para que contesten la demanda.

El hecho de que se abra el juicio no afecta la vigencia de las normas impugnadas, por lo que las mujeres de la capital del País podrán seguir solicitando abortos voluntarios en las primeras doce semanas de gestación sin ser sancionadas penalmente.

Aguirre Anguiano ordenó a la ALDF enviar copia de todos los antecedentes de la reforma, así como de los debates en ese cuerpo legislativo, informó la Corte en un comunicado.

El trámite del juicio será relativamente rápido, entre dos y tres meses, pero no hay plazo para que Aguirre elabore su proyecto de sentencia y lo presente al pleno de la SCJN.Será necesario el voto de al menos 8 de los 11 ministros para invalidar cualquier aspecto de la reforma, la primera en México que despenalizó por completo el aborto voluntario.

En 2002, la Corte aprobó jurisprudencia, vigente hasta la fecha, en la que afirma que la Constitución protege la vida "del producto de la concepción".

En cuanto a la acción de inconstitucionalidad promovida el viernes por la PGR contra la misma reforma, también fue turnada al ministro Aguirre, quien en las próximas horas notificará su admisión.Ambas demandas será acumuladas en un solo expediente pues se trata del mismo tema.

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ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/ciudad/articulo/774222/
Fecha de publicación: 29-May-2007

sábado, 26 de mayo de 2007

Impugna PGR y CNDH aborto

Impugnan PGR y CNDH aborto
Se requiere el voto de por lo menos 8 de los 11 Ministros para echar abajo la reforma

Víctor Fuentes

Ciudad de México(26 mayo 2007).-La batalla por la despenalización del aborto no ha terminado.Cuando faltaban algunas horas para que venciera el plazo de impugnación, el Procurador Eduardo Medina Mora y el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes, levantaron la mano.

La Suprema Corte confirmó que la demanda de invalidez fue presentada el jueves por la tarde, en uso de la facultad constitucional de la CNDH para cuestionar ante ese tribunal cualquier ley que le parezca violatoria de los derechos humanos.

La PGR promovió una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones al Código Penal y Ley de Salud del DF que despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas.El argumento que esgrimió es que las modificaciones hechas por los legisladores locales violan varios preceptos constitucionales.El primero de ellos, que es parte de una tesis jurisprudencial de la propia Corte, es que el producto de la concepción tiene derecho a la vida, y dicha garantía está prevista en la Constitución.

El caso quedó en manos del Ministro Salvador Aguirre Anguiano, "siguiendo rigurosamente el orden de asignación de los Ministros y el cronológico de presentación de expedientes", según señaló la Corte.

Y es que Aguirre tendrá que hacerse cargo de un nuevo juicio de alto perfil, luego de que pasó casi un año redactando el proyecto de sentencia sobre las reformas a las leyes de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones, que la Corte discute actualmente.

Aguirre notificará el próximo lunes o martes sobre la admisión a trámite de la demanda, con la que la ALDF y el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, serán emplazados a juicio.Será necesario el voto de por lo menos 8 de los 11 Ministros para echar abajo la reforma que estableció que toda interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación no califica como aborto y no merece castigo penal.
Para los abortos posteriores a 12 semanas sólo quedó una pena alternativa entre multa o cárcel de hasta seis meses, lo que dejó a este delito como una falta menor.

En 2002, la Corte aprobó jurisprudencia, que a la fecha sigue vigente, en la que estableció que la Constitución y los tratados internacionales protegen el derecho a la vida "del producto de la concepción".Sin embargo, cuatro de los nueve ministros que aprobaron ese criterio ya no están en la Corte y los dos que se opusieron siguen en el tribunal, por lo que se espera otro debate.

El secretario del PRD, Guadalupe Acosta, señaló que el recurso interpuesto por la PGR demuestra que el gobierno del Presidente Felipe Calderón cedió a las presiones de la derecha y de la Iglesia católica.
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ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/ciudad/articulo/773186/
Fecha de publicación: 25-May-2007

miércoles, 23 de mayo de 2007

AMNISTIA DENUNCIA ABUSOS A MUJERES EN MEXICO

LONDRES, 23 (ANSA)- México sigue permitiendo el abuso contra mujeres, especialmente en los estados del norte del país, concluyó hoy Amnistía Internacional (AI) en su informe anual, en el que destacó violaciones graves de derechos humanos en el estado de Oaxaca en el contexto de una dilatada crisis política.

Según la ONG británica, el gobierno del presidente Felipe Calderón no avanzó en el compromiso de poner fin a las violaciones de derechos humanos y la impunidad, que siguieron siendo generalizadas.

"Continuaron los informes de tortura, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en el ámbito estatal.

Se recibieron informes de violaciones graves de derechos humanos en el estado de Oaxaca en el contexto de una dilatada crisis política.

La violencia contra las mujeres siguió siendo endémica en muchos estados, y continuó la campaña para obtener justicia para las mujeres de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua", sostuvo el grupo.

También denunció que varios periodistas fueron asesinados y aclaró que en algunos estados, defensores y defensoras de los derechos humanos y oponentes políticos siguieron corriendo peligro de sufrir hostigamiento o procesamientos penales infundados.

"Fracasaron las medidas para procesar a los responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en decenios anteriores.

Los pueblos indígenas de varios estados siguieron sufriendo discriminación, entre otras cosas en el acceso a servicios básicos, como la atención de la salud y la educación", agregó.

Con relación específica a la crisis de Oaxaca, indicó que la policía usó fuerza excesiva contra los maestros en huelga que habían ocupado y paralizado el centro de la ciudad y contra otros manifestantes.

Sobre la violencia contra las mujeres, dijo que ese problema sigue siendo generalizado en todo México.

"Amnistía registró más informes de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua.
Las autoridades del estado de Chihuahua introdujeron algunas mejoras como respuesta a los nuevos homicidios. Sin embargo, no procesaron muchos casos anteriores ni exigieron responsabilidades a ningún funcionario implicado en las investigaciones originales fallidas", continuó.

AI detalló que en mayo de 2006, durante la operación policial de San Salvador Atenco, Estado de México, 47 mujeres fueron detenidas y trasladadas a la cárcel. Al menos 26 de ellas denunciaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habían sido objeto de agresión sexual o violación por parte de agentes de la policía estatal durante el traslado a la cárcel. 23/05/2007 12:30
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/mexico

Politica del miedo, crea un mundo dividido: Amnistía Internacional

Critica AI ambivalencia de UE ante situación de derechos humanos


En su informe 2007 titulado ‘El estado de los derechos humanos en el mundo’, Amnistía Internacional expuso que además de la ‘falta de voluntad para enfrentarse’ a las autoridades estadounidenses, la UE ‘no predica con el ejemplo en lo relativo a la migración’.

No hay avance en derechos humanos en México: AI
http://www.milenio.com/index.php/2007/05/23/71888/
Amnistía Internacional condena a EU sobre derechos humanos
http://www.milenio.com/index.php/2007/05/23/71801/

Madrid.- Amnistía Internacional (AI) criticó hoy la ambivalencia de la Unión Europea (UE) frente a la situación de los derechos humanos en el mundo, en especial a la llamada ‘guerra contra el terror’ que desarrolla Estados Unidos.
En su informe correspondiente a 2007 titulado ‘El estado de los derechos humanos en el mundo’, AI expuso que además de la ‘falta de voluntad para enfrentarse’ a las autoridades estadounidenses, la UE ‘no predica con el ejemplo en lo relativo a la migración’.
‘A la erosión de la credibilidad en materia de derechos humanos en los ámbitos europeo y mundial se suma un enfoque institucional limitado de los derechos humanos dentro de las fronteras de la Unión’, indicó la organización humanitaria.
Apuntó que esa situación se debe al establecimiento de una Agencia Europea de Derechos Fundamentales, cuyas competencias para abordar los abusos contra los derechos humanos perpetrados por los Estados miembros ’son muy reducidas’.
Precisó que el racismo y la discriminación continuaron presentes en el último año en toda la región y en muchos países las autoridades no hicieron frente de manera convincente a las opiniones e ideologías racistas y xenófobas.
‘No pusieron en práctica programas integrales para combatirlas y no actuaron con la diligencia debida para prevenir, investigar y enjuiciar los ataques por motivos raciales’, se agregó en el reporte.
Lamentó que en algunos países eran las propias autoridades las que discriminaban a las minorías al no defender sus derechos.
AI criticó el hecho de que se dieron ‘nuevos indicios de complicidad por Parte de gobiernos europeos en el programa estadounidense de entregas extraordinarias’.
También censuró que el gobierno de Reino Unido continuó socavando la prohibición universal de la tortura al intentar expulsar a personas a las que consideraba sospechosas de terrorismo a países con historial de tortura y otros malos tratos.
Sobre Turquía, AI destacó que la nueva Ley de Lucha contra el Terrorismo ‘contiene disposiciones amplias y draconianas que en la práctica podían contravenir el derecho internacional de los derechos humanos y facilitar los abusos’.
Además la organización indicó que los Estados (en Europa) continuaron ‘con la práctica constante de interceptar, detener y expulsar, violando sus derechos humanos, a personas extranjeras, incluidas las que buscaban protección internacional’.

‘Un año después, las investigaciones sobre la muerte en 2005 de 13 inmigrantes cuando intentaban entrar en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos seguían sin dar resultados. Otras tres personas murieron en incidentes similares en julio de 2006′, añadió.

Expuso que hombres, mujeres y menores seguían encontrando obstáculos para acceder a los procedimientos de concesión de asilo. Refirió que en recia, Italia, Malta y Reino Unido algunas de estas personas fueron víctimas de detención ilegal, y a otras se les negaron el asesoramiento y la asistencia jurídica necesarios.

‘Muchas fueron expulsadas ilegalmente de países como España, Grecia, Italia y Malta, antes de que sus solicitudes pudieran haber sido examinadas adecuadamente, y a algunas se les envió a países donde corrían peligro de sufrir violaciones de derechos humanos’.
Notimex/ Milenio


Fox no cumplió y Calderón no se ha comprometido: AI
http://srv2.vanguardia.com.mx/hub.cfm/



La política del miedo crea un mundo dividido, dice Amnistía
23/05/2007 - 19:12IBLNEWS, AGENCIAS
http://iblnews.com/story_se.php?id=25699
Los gobiernos más poderosos y los grupos armados están fomentando deliberadamente el miedo para erosionar los derechos humanos y crear un mundo cada vez más polarizado y peligroso, denunció el miércoles Amnistía Internacional.

"Nuestro mundo está tan polarizado como en el momento de más tensión de la Guerra Fría, y en muchos modos, es mucho más peligroso", declaró su secretaria general, Irene Khan, en el informe anual de la organización de defensa de los derechos humanos.
Pero Khan añadió que el miedo ha sido un actor positivo para impulsar el cambio de actitudes sobre el calentamiento climático, ya que la presión de la opinión pública está forzando a los políticos a tomar medidas.
Esta misma táctica podría funcionar con los derechos humanos. Amnistía, apuntando a gobiernos de todo el mundo, desde Estados Unidos a Zimbabue, les culpó de socavar el Estado de derecho y los derechos humanos, y de alimentar el racismo y la xenofobia con políticas "cortas de miras, que siembran el temor y la división". "El derretimiento de los derechos humanos sólo puede abordarse mediante la solidaridad mundial y el respeto del derecho internacional", dijo en la rueda de prensa de presentación del informe.

Khan dijo que el miedo se está utilizando para erosionar los derechos de las personas, y todo en el nombre de una mayor seguridad.
AI acusó al presidente estadounidense, George W. Bush, de enarbolar el temor al terrorismo para aumentar sus poderes. "El doble rasero de la administración de Estados Unidos ha sido impresionantemente descarado". "La `guerra contra el terror' y la guerra de Irak, con su catálogo de abusos contra los derechos humanos, han creado profundas divisiones que arrojan una sombra sobre las relaciones internacionales y dificultan aún más la resolución de conflictos y la protección de la población civil", dijo Khan.

La secretaria general del grupo, que tiene 2,2 millones de socios en más de 150 países, dijo: "La administración estadounidense está tratando el mundo como un campo de batalla gigante para su 'guerra contra el terror'".

DARFUR, UNA HERIDA SANGRANTE

Respecto a otros casos, criticó que el Gobierno sudanés está jugando con la ONU sobre Darfur, donde la ONU dice que han muerto al menos 200.000 personas. "Darfur es una herida sangrante en la conciencia del mundo", afirmó Khan.

La persecución de escritores en Turquía, el asesinato de activistas de izquierda en Filipinas, el aumento de la violencia en Brasil, los intentos de censura de Internet en Colombia, Camboya, Cuba y Uzbekistán son otros casos que denuncia Amnistía.

Además lamentó el incremento tanto de la islamofobia como del antisemitismo.

Sin embargo, la ONG quiso acabar con una nota positiva:
"El poder del pueblo cambiará la cara de los derechos humanos en el siglo XXI. La esperanza sigue viva".

Amnistía Internacional denuncia impunidad por crimenes en Venezuela
http://www.2001.com.ve/noticias_2001online.asp?registro=79383

SEGUN ANMISTIA, CORRUPCION EN BRASIL PERJUDICA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
http://www.elinformanteperu.com/agenda.php?idarticulos=18033


Amnistía Internacional denuncia abusos contra indígenas en Ecuador, Perú y Bolivia
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=112386&id_seccion=8

AUN SE VIOLAN DDHH EN CHILE Y ARGENTINA, DIJO AMNISTIA INTERNACIONAL

http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/amlat/20070523123734310313.html



Amnistía Internacional reporte 2007 México

AI cuestionó operativos anticrimenPeocupa uso del ejército en esas tareas
Notimex

Amnistía Internacional expresó su preocupación por el uso del ejército en la lucha contra el crimen organizado.
The Associated Press
23 de Mayo de 2007

MÉXICO - El uso de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y el narcotráfico en México abre la posibilidad de que se cometan graves violaciones a los derechos humanos por su falta de capacitación para realizar tareas policiales, advirtió el la organización Amnistía Internacional (AI).
Ola de violencia

"Evidentemente sí hay una preocupación real de Amnistía Internacional en cuanto a la intervención de militares", dijo la presidenta de AI en México, Liliana Velázquez, con motivo de la presentación del informe mundial del grupo sobre el estado de los derechos humanos.


Desde que asumió el poder en diciembre, el presidente
Felipe Calderón se ha apoyado en las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen y los carteles del narcotráfico, que en los últimos años desataron una ola de violencia para lograr el control de nuevos territorios que ha dejado miles de muertos.El despliegue de más de 24 mil militares en todo el país ha comenzado a ser cuestionado a raíz de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que algunos soldados desplegados en el estado occidental de Michoacán estarían involucrados en violaciones, registros ilegales y otros abusos de las garantías de los ciudadanos.

En riesgo derechos humanos"Consideramos que las fuerzas armadas no están capacitadas ni están diseñadas para tales funciones (policiales), por lo tanto se corre el riesgo de que resulte en graves violaciones a los derechos humanos como ya lo dijo y lo denunció recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos", señaló Velázquez.

Solicitó a las organizaciones civiles y comisiones estatales de derechos humanos a observar en todo momento la actuación de los militares y denunciar cualquier abuso a las garantías.

Y también llamó al presidente Calderón a asumir un papel de liderazgo interno en materia de derechos humanos, y calificó la actitud de su gobierno como "decepcionante en la materia" al no haber visto un compromiso firme.

Velázquez opinó que la impunidad es el fenómeno más arraigado y a la vez el reto más importante del nuevo gobierno.

Compromiso con garantías individuales

Adelantó que la secretaria general de AI, Irene Khan, visitará México en agosto próximo para "recordarle a Calderón el compromiso que tiene con los derechos humanos".

El informe sobre el estado de los derechos humanos en México durante 2006 advirtió que continuaron violaciones a los derechos humanos, con reportes de tortura, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en el ámbito estatal.

Puso como ejemplo de violaciones a garantías el conflicto en el estado sureño de Oaxaca, donde una protesta de maestros en junio derivó en enfrentamientos durante los siguientes meses y se tradujo según AI en detenciones arbitrarias e incluso torturas.También retomó el informe de 10 periodistas asesinados en 2006, sin que hasta el momento se haya procesado a ninguno de los responsables.

martes, 22 de mayo de 2007

México: Leyes, pero no justicia

Amnistía Internacional
México: Leyes, pero no justicia
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En México, el sistema de justicia penal adolece de graves deficiencias. Ni las leyes del país, ni los organismos encargados de hacer cumplir la ley ni el sistema judicial protegen de manera efectiva a la población frente a los abusos contra los derechos humanos, y los responsables de esos abusos rara vez son procesados.
Estas deficiencias sistémicas han dado lugar a detenciones arbitrarias, tortura, falsificación de pruebas y juicios injustos.Martín Barrios y Felipe Arreaga, activistas de derechos humanos, fueron detenidos sobre la base de cargos penales de motivación política, unos cargos que en varios estados siguen utilizándose de forma habitual contra activistas políticos y personas que defienden los derechos humanos. Elionai Santiago Sánchez y Ramiro Aragón fueron detenidos, golpeados y torturados en Oaxaca en 2006. Muchas personas son objeto de procedimientos injustos. Pese a ello, nadie ha rendido cuentas de estos abusos.En la Constitución mexicana no se incluye el derecho explícito a la presunción de inocencia. En la práctica, las personas acusadas de un delito son consideradas culpables. La falta de acceso a una asistencia letrada efectiva socava aún más el derecho a un juicio justo. A menudo, los elementos más desfavorecidos y más vulnerables de la sociedad, como los pueblos indígenas, son los que más sufren.Ahora, al nuevo gobierno del presidente Calderón se le brinda la oportunidad de introducir cambios reales y restaurar la confianza en la capacidad de las autoridades para garantizar y ofrecer un acceso en condiciones de igualdad a la justicia y la seguridad.Para ello, el gobierno y el Congreso deben introducir reformas que sitúen la protección de los derechos humanos establecidos en las normas internacionales en el núcleo mismo del sistema de justicia y seguridad pública de México.
¡Actúa!
Pide al presidente de México y al presidente de la Cámara de Diputados mexicana que introduzcan reformas inmediatas y sustanciales en el sistema de justicia y seguridad pública, dentro de un marco de derechos humanos.

http://web.amnesty.org/pages/mex-070207-action-esl.

Para colaborar en la defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional solicita se haga llegar el siguiente texto, al Presidente Calderón y al Presidente de la Cámara de Diputados:

Envía los llamamientos a:
Presidente de México Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Residencia Oficial de "Los Pinos", Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec México D.F., C.P. 11850, MÉXICO
Fax: (+ 52 55) 52772376
Correo electrónico: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Tratamiento: Señor Presidente
Presidente de la Cámara de Diputados Dip. Jorge Zermeño Infante Presidente Cámara de Diputados Cámara de Diputados de México Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque Del. Venustiano Carranza, C.P. 15969, México, D.F.
Correo electrónico: jorge.zermeno@congreso.gob.mx
Tratamiento: Señor Diputado


Señor Presidente de la República / Presidente de la Cámara de Diputados,
Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por las violaciones generalizadas de derechos humanos que tienen lugar en el contexto del sistema de justicia penal y seguridad pública de México. Los responsables deben rendir cuentas de sus actos, y deben introducirse, con carácter de urgencia, reformas inmediatas y sustanciales para impedir que se cometan nuevos abusos.
Me preocupan especialmente las siguientes cuestiones:• los cargos penales infundados contra activistas de derechos humanos y opositores políticos;• el uso de la tortura y los malos tratos durante la detención y para obtener confesiones;• el hecho de que, a menudo, a los sospechosos de delitos se los considere culpables hasta que se demuestre su inocencia;• la ausencia de una defensa efectiva desde el momento de la detención, especialmente para las personas indígenas y sin recursos económicos;• el amplio concepto de detenciones “en flagrancia”, que alienta las detenciones arbitrarias;• la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.
Es evidente que el sistema de justicia penal y seguridad pública de México necesita una reforma sustancial para garantizar la efectividad y el respeto por los derechos humanos tanto de las víctimas de delitos como de los sospechosos de cometerlos.
Las autoridades mexicanas no tienen excusa para seguir demorando las reformas. Es más, para cumplir las promesas oficiales de proteger los derechos humanos y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas, esas reformas deben ser una prioridad.
Deben tomarse las siguientes medidas:• integrar explícitamente en la legislación las normas internacionales de derechos humanos establecidas en los tratados de derechos humanos ratificados por México;

• hacer de la presunción de inocencia un derecho fundamental protegido en la ley y en la práctica;
• poner fin a la tortura y los malos tratos de los sospechosos de delitos y garantizar que sólo se admiten como prueba las confesiones realizadas ante un juez en presencia de un abogado;
• garantizar el acceso a asistencia letrada efectiva desde el momento de la detención;
• convertir los servicios forenses en una entidad independiente e imparcial;
• limitar las facultades de la policía para practicar detenciones, de conformidad con las normas internacionales, con el objetivo de poner fin al uso generalizado de las detenciones arbitrarias;
• reforzar los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los agentes que cometen abusos responden de sus actos;
• poner fin al uso de cargos penales de motivación política contra personas que defienden los derechos humanos y opositores políticos como represalia por sus actividades legítimas.
Atentamente,

Por qué es importante erradicar la discriminación? – Parte III

Continuaremos con la presentación del texto incluido en el folleto "Súmate al Acuerdo Nacional por la igualdad y contra la Discriminación", editado por la CONAPRED (Consejo Nacional para prevenir la discriminación).

En esta entrega, les presento el apartado titulado Reformas legales e institucionales:

Sin una base legal, la posibilidad de introducir cambios en las conductas sociales y en el comportamiento y desempeño de las autoridades se reduciría notablemente. Establecer claramente los derechos de las personas y las obligaicones de las instituciones en los distintos ámbitos de la vida social ayuda a tener mejores condiciones para resarcir los teribles daños derivados de la discriminación y hacer más viable la transformación de la cultura que sirve de sustento a ese fenómeno tan nefasto para la sociedad.

La creación de un marco jurídico contra la discriminación implica la idea de que no se puede dar un trato diferente a dos o más personas por poseer ciertas caractarísticas o rasgos de identidad. En este sentido, ha habido avances cruciales en la legislación mexicana.

Reforma constitucional

En agosto de 2001 se publicó una serie de reformas a la Constitución. Entre ellas destaca la incorporación del derecho fundamental a no ser discriminados. Así, mediante la adición de un tercer párrafo al artículo primero de la carta magna, se introdujo por primera vez en la historia del constitucionalismos mexicano una cláusula relativa a la discriminación, que a la letra dice lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que qtente contra la dignidad humana y tengo por objeto anular o menoscabar los rechos y libertades de las personas.

Este mandato constitucional de no discriminación se convierte en un elemento importante de las transformaciones políticas y sociales que se han venido dando en nuestro país a favor de la construcción de un régimen genuinamente democrático. Asimismo, es un instrumento jurídico que permite concretar y fortalecer el principio general de igualdad, el enumerar una serie de criterios con base en los cuales se prohibe dar a las personas un trato diferente, lo cual conlleva en sí mismo una injusticia.

Fundamentos de la ley reglamentaria

La reforma constitucional obliga a los poderes públicos y pone al alcance de los ciudadanos la garantía del juicio de amparo. Pero, como es sabido, dicho juicio procede solamente contra actos de autoridades y, por tanto, las prácticas discriminatorias provenientes de particulares quedan sin garabtía jurisdiccional específica. Esto no es una cuestión baladí, ya que una parte considerable de las acciones de discriminación se genera en ámbitos privados; de ahí la necesidad de una ley que previera tal circunstancia.

Por otra parte, de acuerdo con la interpretación del principio de igualdad, a partir del surgimiento del Estado social resulta imprescindible la existencia de normas que ayuden a compensar la desventajosa situación en que se encuantran millones de personas. A la concepción tradicional de igualdad de jure se agrega la de igualdad de facto, es decir, el Estado no sólo está obligado a garantizar un trato igual a todos los individuos, sino que también debe corregir las desigualdades generadas a través de la historia.

Para alcanzar la igualdad de facto tiene que haber, en este caso, una desigualdad de trato jurídico, en el entendido que el Estado debe aplicar medidas compensatorias que sólo beneficien a los más desprotegidos. Naturalmente, tales medidas tienen que se parte esencial de una ley contra la discriminación.

Un punto que no debe soslayarse es que si las conductas discriminatorias no estuvieran prohibidasmediante normasjurídicas, no serían vistas por la sociedad como violaciones alos derechos fundamentaes, y seguirían pasando prácticamente inadvertidas o como si fueran algo natural.

Ley reglamentaria

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LEPED) fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y promulgada el 11 de junio de 2003. En el artículo 9 de ese ordenamiento jurídico se especifica una serie de conductas que se consideran discriminatorias, mientras que en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 se establecen medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para mujeres, niñas y niños, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad e indígenas, respectivamente; realizar dichas medidas es responsabilidad de órganos públicos y autoridades federales. El artículo 15 deja abierta la posibilidad de que otros grupos de personas sean tomados en cuenta para los fines referidos. La LFPED contiene, asimismo, una serie de disposiciones en su capítulo V que permiten a toda persona presentar denuncias por presuntas conductas discriminatorias cometidas por servidores públicos federales o por particulares.

Esta Ley también dispone la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), organismo del Estado mexicano que comenzó a funcionar en 2004 y tiene como objeto, de acuerdo con el artículo 17 de la LFPED:

  1. Constribuir al desarrollo cultural, social y democrático dle país;
  2. Llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación;
  3. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las peronas que se encuentren en territorio nacional, y
  4. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

domingo, 20 de mayo de 2007

La ciudad, sin políticas contra la explotación sexual infantil: CDHDF

La ciudad, sin políticas contra la explotación sexual infantil: CDHDF

Representa el tercer delito, después del narcotráfico y la trata de personas, afirma.

El Distrito Federal carece de políticas y programas de gobierno encaminados a combatir, atender o prevenir la explotación sexual comercial infantil, lo que ha originado que este delito se ubique en el tercer lugar de ilícitos federales, advirtió Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal .

Tras reunirse con el relator especial de Naciones Unidas sobre Venta de Niños, Prostitución y Pornografía Infantil, Juan Manuel Petit, a quien le entregó información preliminar sobre esta problemática en la Ciudad de México, consideró que “después del narcotráfico y el tráfico ilegal de personas, la explotación sexual de menores representa la tercera red más importante del crimen organizado. El ombusdman capitalino lamentó que ese delito continúe creciendo a pesar de que la comisión lo ha denunciado en múltiples ocasiones; “se reproduce en niñas y niños en situación de calle, aunque también tiene como víctimas a menores que huyen de la violencia familiar, lo que los hace aún más vulnerables”, indicó.

Advirtió sobre los riesgos de la propuesta de reforma legislativa local, que criminaliza a niños y adolescentes en situación de calle y pretende confinarlos hasta que sus padres o tutores comprueben la patria potestad.

Al respecto, Petit comentó que buscar una solución tutelar al pro-blema sería ir “por el lado fácil”, ya que se soslaya el interés superior de las niñas y los niños.

El encuentro entre Álvarez Icaza y el enviado de la ONU se llevó a cabo en La Casa del Árbol, donde el defensor de los derechos humanos dio a conocer que la comisión impartirá el taller “Prevención del maltrato y abuso sexual a niños y niñas”, que recibirán profesores, padres de familia y servidores públicos que atienden programas dirigidos a infantes.
Detalló que el curso pretende ofre-cer los elementos que les permitan prevenir el maltrato y abuso sexual y dar una respuesta positiva a las inquietudes sobre la problemática.La comisión entregó también al enviado de la ONU los cuadernillos de “Prevención contra la explotación sexual comercial infantil”, y el ejemplar del número seis de la colección de Cuadernos para la Educación en Derechos Humanos, “Maltrato y abuso sexual infantil”.

Petit calificó de completa y exhaustiva la información dada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que, dijo, “de alguna manera está más liberada de lo que pueden ser compromisos políticos o sectoriales y es un espacio muy abierto, muy plural”.

Cifras alarmantes

De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas, en México 20 mil menores sufren explotación sexual.

Según el organismo, el problema está vinculado a los poderes fácticos, la corrupción y la impunidad entre autoridades.

La ONU considera como indispensable crear políticas de Estado para atacar el flagelo del tráfico de menores en el territorio mexicano.

http://www.milenio.com

miércoles, 16 de mayo de 2007

En México, más de 20 mil menores son víctimas de explotación sexual

En México, más de 20 mil menores son víctimas de explotación sexual
Por: Mariana Viayra Ramírez
Miercoles 16 de Mayo de 2007

Informe. Juan Miguel Petit en la sede de la ONU en México.
El relator especial de Naciones Unidas sobre Venta de Niños, Prostitución y Pornografía Infantil, Juan Miguel Petit, reveló que más de 20 mil menores son víctimas de explotación sexual en México, donde —aseguró— operan redes perfectamente bien organizadas dedicadas a la trata de menores.


El funcionario de la ONU refirió que el gobierno mexicano admite que la prostitución, pornografía infantil y la venta de niños constituyen un problema que afecta, directamente a los núcleos sociales de este país, “y no precisamente de manera aislada”.

El reconocer esa problemática es ya un paso positivo porque “para curar algún mal primero debemos saber que existe”, afirmó en conferencia de prensa Juan Miguel Petit.

Ante la urgencia de ayudar a las víctimas, Petit urgió la necesidad de establecer políticas de estado de larga duración que permitan erradicar la impunidad en nuestro país, para acabar con ese flagelo.

“Con políticas públicas elaboradas hace 20 años no se pueden solucionar problemas de hoy, que además se encuentran en constante mutación”, manifestó el experto en la materia.

Petit propuso que para atacar frontalmente el problema se debe crear un modelo de protección a los niños, articulado desde las esferas políticas en coordinación con la sociedad civil.

El relator agregó que también es necesaria la participación de la sociedad civil y la construcción de redes eficientes que lleven a políticas eficaces que traten la raíz de los problemas, que no se queden en el mero asistencialismo.

En la sede de la ONU en México, Miguel Petit, señaló que el problema del abuso sexual en México está íntimamente relacionado con la democracia, y para erradicarlo es necesario fortalecer las instituciones no sólo del gobierno federal sino de las diversas entidades del Estado mexicano.

Explicó que en su visita al país tuvo 60 entrevistas con 300 a 400 personas de los tres niveles de gobierno, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales (ONG), con lo que percibió que la prostitución infantil está latente, en forma “alarmante”.

Insistió que auque México está a la vanguardia en temas de protección a los derechos humanos, subrayó que ese fenómeno alcanza niveles incuestionables. De acuerdo a su investigación informó que en México operan redes perfectamente bien organizadas dedicadas a la trata de menores, problema que requiere ser atendido en forma integral entre el gobierno federal y las diversas entidades federativas que conforman el Estado mexicano.
http://www.cronica.com.mx

Buscará ALTERNATIVA llevar sociedades de convivencia a todo el país

Buscará Alternativa llevar sociedades de convivencia a todo el país

Ricardo Gómez

El Universal
Ciudad de México
Miércoles 16 de mayo de 2007

Presentará la fracción del partido en San Lázaro una iniciativa de ley donde promuevan la aprobación para implementar las sociedades, a fin que los convivientes tengan los mismos beneficios que se ofrecen en el DF
La fracción de Alternativa en la Cámara de Diputados presentará una iniciativa de ley para ampliar a nivel federal los beneficios de las sociedades de convivencia, que se aprobó en el Distrito Federal, para permitir la unión de personas del mismo sexo.
Con reformas a las leyes de Salud, del IMSS y del ISSSTE, así como a la Ley Federal del Trabajo, los diputados de esa fracción buscarán que ahora los convivientes tengan beneficios como servicios médicos, pensión, seguro de vida por viudez, donación de órganos y transplantes, y obtengan autorización para necropsias en caso de muerte por trabajo, además de derecho a la indemnización.
El anuncio se hizo hoy en San Lázaro en el marco del Día Internacional contra la Homofobia que se celebra mañana jueves.
La ley de sociedades de convivencia causó polémica tras su aprobación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), por la posibilidad de uniones entre personas del mismo sexo.
Ahora, con la iniciativa que será presentada en breve las personas que recurran a las sociedades de convivencia podrán tener beneficios a nivel federal, como los antes mencionados.
Los promoventes aclararon que no sólo homosexuales podrán ser tomados en cuenta, sino todos aquellos que se encuentren en el supuesto de formar parte de una sociedad de convivencia.
Elsa Conde, diputada federal de esa fracción, informó que no sólo se trata de personas del miso sexo que tienen trato sexual, sino que la ley abarca un espectro más amplio como adultos mayores abandonados por su familia y que no tienen nadie quien los cuide; personas con capacidades diferentes; aquellas personas que después de una prolongada situación laboral, deviene en una relación afectiva y desinteresada, las parejas homosexuales o de lesbianas, o las que en virtud de un parentesco sancionado por la costumbre, llevan una vida en común con otra persona que se encargue de su cuidado.
Los promoventes aseguraron que esta figura jurídica no interfiere en absoluto con la institución del matrimonio, ni la vulneran.
Elsa Conde informó que presentará la reforma en el actual periodo de receso ante la comisión permanente y confió en tener el apoyo de otras bancadas.
El Colectivo de la Diversidad Sexual de Alternativa DF hizo la entrega a Elsa Conde de la iniciativa que reforma dichas leyes en la Cámara de Diputados.
Acompañado de representantes del colectivo, la legisladora anunció que se dedicará a cabildear la ley con otras fuerzas políticas para obtener su apoyo.
A pesar de que en la Cámara convergen fracciones como la del PAN, que se han pronunciado en contra del tema, la legisladora confió en que existen posibilidades para la aprobación de la reforma.
Rodolfo Vitela, del Colectivo de la Diversidad Sexual, indicó que con estos cambios buscan obtener más derechos y sensibilizar a la ciudadanía.
Elsa Conde también hizo un llamado al presidente Felipe Calderón a decretar cuanto el Día nacional contra la Homofobia, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, incluido el PAN.

fllq

martes, 15 de mayo de 2007

Parar la violencia de género

Por Agencia
Por Gilberto Rincón Gallardo /

Tuvo razón el Presidente Felipe Calderón al señalar, la semana pasada, que "por desgracia subyace en México una cultura machista, misógina, que en los hechos sigue estableciendo una diferencia y una subordinación que no debemos permitir".

Esto lo dijo en la ceremonia de instalación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que ha sido previsto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia, también de reciente aprobación.

En efecto, la desigualdad que padecen las mujeres en México es el resultado de una cultura profundamente implantada, que tiene consecuencias en el diseño de las instituciones públicas y privadas y que incluso contamina de desigualdad de género leyes y prácticas sociales.
Se trata de un paso adelante en la institucionalización de mecanismos de vigilancia y control que limiten y repriman las expresiones de este tipo de violencia. Lo más importante de este sistema es que está constituido por diferentes instituciones públicas, desde el Instituto Nacional de las Mujeres hasta la Secretaría de Educación Pública, pasando, entre otros, por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
La variedad de instituciones que, por ley, concurren al Sistema se explica porque el legislativo, de manera acertada, consideró que la violencia de género es una realidad multifacética, estructural y compleja, y que, por ello mismo exige acciones de distinta naturaleza, pero siempre concertadas, para reducirla y eventualmente eliminarla.

De hecho, la violencia contra las mujeres es un término simple para designar una variedad de conductas violentas: violencia sexual, económica, física y psicológica.En todas sus formas, la violencia contra las mujeres supone una relación de dominio de los hombres sobre las mujeres que da lugar a la vigencia de relaciones de desigualdad que no sólo están prohibidas por la Constitución sino que lastran el desarrollo del país e impiden la construcción de una sociedad de oportunidades equitativas para todas las personas.

La legislación mexicana sobre violencia de género, aprobada por cierto por unanimidad en el Congreso hace poco tiempo, ha venido a romper el prejuicio de que no se puede, en una sociedad garantista, legislar a favor de un grupo determinado a efecto de revertir o compensar la situación de desventaja inmerecida en que se encuentra.

Esta compensación o atención especiales a un grupo sobre la base de una situación de vulnerabilidad no justificable se hace necesaria si no confundimos la igualdad con tratar a todos del mismo modo, sin tomar en cuenta la realidad y contextos específicos de cada uno.

Creo que el caldo de cultivo de esta desigualdad entre hombres y mujeres consiste en un fenómeno discriminatorio contra las mujeres.

La discriminación, es decir, el tratamiento inequitativo que viola derechos y limita oportunidades a un grupo al que se ha previamente estigmatizado, no es directa y mecánicamente violencia, pero resulta claro, a la luz de la información disponible, que existe mayor violencia de género allí donde la sociedad está todavía presa del prejuicio de la desigualdad intrínseca entre hombres y mujeres.

El Presidente, en este acto de instalación, pidió al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que vigile de manera especial el funcionamiento gubernamental en la aplicación de esta nueva legalidad.
Desde luego que ese llamado es un refuerzo de nuestro compromiso de luchar por una cultura de la igualdad, en la que se haga realidad esa aparente paradoja que exige una sociedad de iguales y, a la vez, diferentes.

La perspectiva de género debe convertirse en una política de Estado. El Sistema que se ha instalado es una medida que trabaja en esa dirección.
(Notimex)
(El autor es analista político)
http://srv2.vanguardia.com.mx

Se registran mil crímenes relacionados con la homofobia en México

Se registran mil crímenes relacionados con la homofobia en México
Fecha: 14 de mayo del 2007 Reportero: Monire Pérez López Fuente: Once Noticias


10 millones de mexicanos podrían tener preferencias homosexuales.

La lucha por sus derechos es diaria y el camino a recorrer todavía es muy largo. El principal obstáculo es la discriminación, el miedo y el odio a la homosexualidad: la homofobia.

Patricia Piñones, del Programa Universitario de Estudios de Género, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo: “hoy en pleno siglo 21, el castigo, la persecución, el pasar por alto los derechos humanos es un severo problema”. En el país, la homofobia va en aumento.

De acuerdo con la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación, 9 de cada 10 personas homosexuales han sido víctimas de rechazo en el ámbito escolar, laboral y aún dentro de su propia familia. “Muchas veces yo como hijo puedo ser discriminado, por mi papá o por mi mamá, pero es en donde se siente más, los padres algunas veces, es un núcleo importante, y más si a ti como familia no te apoyan tus papás, es fulminante”, expresó Andrés Martínez, testimonio.

Agresiones verbales, físicas y el aumento en el índice de homicidios son muestra de la creciente violencia. Alejandro Brito, director del Suplemento Letra S, declaró: “de 1995 a 2004 se han registrado 337 asesinatos contra homosexuales, lesbianas y personas transgénero. Pero debido al sub-registro, el número de asesinatos por odio homofóbico es mayor y se calcula que rebasa las mil ejecuciones de homosexuales”.

En los últimos 2 años, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) atendió 104 denuncias por homofobia e interpuso 45 quejas. Las instituciones más señaladas: Los reclusorios, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, manifestó: “es dramático cómo los delitos que están cometidos contra personas de la comunidad LGTB están cubiertos de un manto de impunidad. Si de por si la justicia no funciona, para los homosexuales y las lesbianas, funciona menos”.

Con el fin de poner fin a la violencia contra las personas homosexuales, organizaciones de todo el país se sumaron a los puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para solicitar al gobierno federal que el 17 de mayo sea instaurado como el Día Nacional Contra la Homofobia.
http://oncetv-ipn.net

Homosexuales se sienten discriminadosLa mitad de la población los rechaza

94 por ciento de los gays y las lesbianas mexicanos se sienten excluidos y han reportado actos de discriminación.

EFE15 de Mayo de 2007
Homofobia arraigada

CIUDAD DE MÉXICO - El 94 por ciento de los gays y lesbianas mexicanos se sienten excluidos y han reportado actos de discriminación, según dijo en México el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, citando una encuesta.
Homofobia arraigada
El estudio al que se refirió la Encuesta Nacional de Discriminación de 2005, indica también que casi la mitad de la población mexicana no quiere tener como vecino a un homosexual, explicó Álvarez en una rueda de prensa.En la cita con la prensa, más de 60 organizaciones civiles pidieron al gobierno mexicano que haga oficial el 17 de mayo como día nacional contra la homofobia.El representante del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), José Luis Gutiérrez, dio más datos de distintas encuestas que revelan, dijo, "una homofobia ambiental muy arraigada todavía" en la sociedad mexicana.


Según estas encuestas, el 71 por ciento de los jóvenes mexicanos no apoyaría el otorgamiento de los mismos derechos a las personas homosexuales que a las heterosexuales, y el 42 por ciento declaró que una pareja homosexual no debe tener los mismos derechos que una heterosexual.


En la misma línea, el 58 por ciento afirmó que a una pareja de homosexuales no se le debe permitir contraer matrimonio, citó el funcionario.

El 43 por ciento de las personas homosexuales, continuó, dicen haber sido víctimas de un acto discriminatorio, el 40 por ciento dijo haber sido discriminado en su trabajo por su preferencia sexual y el 76 por ciento declaró que hay discriminación en el espacio laboral.

Según estas encuestas, el 71 por ciento de los jóvenes mexicanos no apoyaría el otorgamiento de los mismos derechos a las personas homosexuales que a las heterosexuales, y el 42 por ciento declaró que una pareja homosexual no debe tener los mismos derechos que una heterosexual.

La experta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Patricia Piñones señaló que uno de los principales problemas sobre la homofobia es la percepción que hay en la sociedad de la misma, ya que, indicó, la sociedad cree que está disminuyendo, pero no es cierto.Señaló que el 70 por ciento de los homosexuales perciben que la homofobia y la discriminación que sufren ha aumentado en los últimos cinco años.


Añadió que además se está volviendo a internar en clínicas psiquiátricas a jóvenes que confiesan a sus familias no ser heterosexuales.


El director de la revista Letra S, Alejandro Brito, aseguró que en el ámbito escolar, el 40 por ciento de gays tuvo que ocultar sus preferencias sexuales para no ser discriminado, y que el 26 por ciento fue agredido.
En el ámbito familiar, el 16 por ciento fue rechazado por su familia y un porcentaje aún mayor ha sufrido maltrato y violencia intrafamiliar, basado en estudios.
Además, agregó, el 50 por ciento de las personas transgénero sufrió agresiones físicas.

Brito dijo que según la Comisión Ciudadana Contra Crímenes de Odio por Homofobia, de 1995 a 2004 se registraron 337 asesinatos contra homosexuales, lesbianas y personas transgénero.Del total, sólo quince fueron contra mujeres.

Álvarez Icaza recordó el caso de Raúl Osiel Marroquín, alias "El sádico", detenido en 2006 acusado de estar involucrado en seis secuestros y cuatro homicidios a homosexuales.Recordó que Marroquín no mostró ninguna clase de arrepentimiento y que el criminal afirmó que sus asesinatos hacían un bien a la sociedad porque "los homosexuales hacen que se malee la infancia" y que estaba convencido de que la sociedad lo exoneraría socialmente.

Principios de Yogyakarta :
http://www.yogyakartaprinciples.org/

INEGI:Perciben empleadas de la educación menor salario que hombres

Perciben empleadas de la educación menor salario que hombres: INEGI
Por: Notimex en Monterrey Negocios
Martes 15 de Mayo de 2007 Hora de publicación: 11:19

El 62.9 por ciento de la población ocupada en actividades de la educación en México son mujeres, las cuales perciben salarios inferiores respecto a los hombres, reveló el INEGI, en un análisis por el "Día del Maestro".

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señala en un comunicado, que el 55 por ciento de los principales centros educativos del país están ubicados en las grandes ciudades.Indica que en 2006 la población ocupada en actividades relacionadas con la educación ascendió a 1.6 millones de personas, de las cuales un millón 34 mil son mujeres (62.9 por ciento) y 610 mil hombres (37.1 por ciento).

Añade que la mayor distribución porcentual de la población femenina y masculina ocupada en actividades educativas se concentra en el grupo de adultos de 30 a 44 años de edad con 48.9 por ciento y 44.8 por ciento, respectivamente.

Establece que "en el año 2006, la población masculina ocupada en actividades relacionadas con la educación obtenía en promedio 5 mil 206 pesos mensuales, mientras que las mujeres percibían 4 mil 379 pesos".

Reitera que los principales centros educativos del país, se ubican en las grandes ciudades, en donde 55 de cada 100 personas ocupadas en actividades educativas residen en áreas urbanizadas de 100 mil y más habitantes.

Le siguen los espacios urbanos de 15 mil a 99 mil 999 habitantes, donde radican más mujeres -21.4 por ciento- que varones -15.8 por ciento.

Destaca que esta situación se invierte en las localidades rurales, con menos de dos mil 500 habitantes, donde más hombres -14 por ciento- que mujeres -8.7 por ciento- se dedican a las actividades educativas.

Por entidad federativa, en ocho entidades se concentra la mitad (51.9 por cuento) de la población ocupada en actividades educativas y destacan el estado de México con una distribución porcentual de 12.5 por ciento, seguido del Distrito Federal con 9.5 por ciento.

En contraparte, Baja California Sur, Colima y Campeche, en conjunto, reunen dos por ciento de la población ocupada en actividades educativas.

El INEGI menciona que es notorio, en comparación con la población en general, el nivel de escolaridad logrado por las personas ocupadas en actividades relacionadas con la educación.

Detalla que en 2006, de cada 100 hombres, 77 tenían al menos un grado aprobado en estudios superiores, cinco contaban con algún grado en el nivel medio superior, 16 terminaron la educación básica y dos no habían concluido sus estudios de secundaria.

Por su parte, indica que de cada 100 mujeres ocupadas en las actividades educativas, 72 contaban con al menos un grado aprobado en estudios superiores, cinco tenían algún grado aprobado en nivel medio superior, 22 concluyeron la educación básica y una no había terminado la secundaria.

"El promedio de escolaridad de la población de 15 años y más, ocupada en actividades educativas es de 15.7 grados para los hombres y 15.3 para las mujeres, lo cual equivale en ambos casos a tres grados aprobados en educación superior', dice.'Mientras que para el total de la población es de 8.1 años, es decir, el segundo grado de secundaria ", señala.

Expone que de cada 100 mujeres ocupadas en actividades relacionadas con la educación, 21 se desempeñan en el nivel de preescolar; 39 en primaria y alfabetización; y 15 en secundaria.
Otras seis mujeres en media superior; siete en estudios superiores; dos en educación especial; siete en educación artística, en áreas administrativas, técnicas y deportivas, y tres en ocupaciones afines.

Refiere que de cada 100 hombres ocupados en la educación, dos trabajan en preescolar; 35 en primarias y alfabetización, 23 en secundaria, y 12 en educación media superior.Además, 13 hombres en superior, uno en educación especial, 11 en educación artística, áreas administrativas, técnica o deportiva y tres en labores afines.

Manifiesta que de cada 100 hombres ocupados en actividades educativas, 31 se dedican a trabajar, tres trabajan y estudian, 61 trabajan y realizan quehaceres domésticos, y cinco hacen las tres actividades.

Por su parte, apunta que de cada 100 mujeres en la misma situación, 29 trabajan, dos estudian y trabajan, 63 trabajan y hacen quehaceres domésticos, y seis trabajan, estudian y hacen labores domésticas.
http://www.cronica.com.mx

lunes, 14 de mayo de 2007

Principios de Yogyakarta: nueva acción mundial contra la discriminación

Después de conocer el reporte que oficialmente entregó la OIT, reporte que deja ver cuán diversas pueden ser las gamas de discriminación que como seres humanos debemos enfrentar aún en la actualidad, pero sobre todo, ante ese camino que aún luce tan largo para lograr erradicar la discriminación, en el Partido Alternativa Socialdemócrata, dentro del colectivo que hemos integrado para luchar contra todo tipo de discriminación, nos hemos ocupado, por buscar la información que pueda ser una herramienta para la defensa del derecho al trabajo sin discriminación así como por una sociedad que pueda educarse mediante la información necesaria que nos permitirá seguir luchando para erradicar la discriminación y ante las gravísimas violaciones de derechos humanos, violaciones documentadas en todo el mundo que aún se practican como: ejecuciones extralegales, violencia y tortura, represión de la libertad de palabra y asociación, y la discriminación en el trabajo y en el acceso a la salud, educación, acceso a la justicia y en cuestiones de migración, entre otras.
Por ello, y con base en ello, hoy compartimos en este espacio los Principios de Yogyakarta, que de manera Universal pretenden defender los derechos de todos los seres humanos a través del derecho internacional.

Esperamos que la difusión de ésta herramienta sea de gran utilidad para todos los seres humanos que visitan este espacio. Los Principios de Yogyakarta están publicados en varios idiomas, y dejaré un enlace tanto en el presente texto, como en el recuadro de nuestros enlaces fijos para información de relevancia.

Adolfo, Laura y Rodolfo
Alternativa .D.F.


Los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de las leyes internacionales de Derechos Humanos en relación a la Orientación Sexual y la Identidad de Género fueron presentados oficialmente a nivel mundial el 26 de marzo de 2007.


¿Qué son los Principios de Yogyakarta?

Los Principios de Yogyakarta son una serie de principios sobre cómo se aplica la legislación internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Los Principios ratifican estándares legales internacionales vinculantes que los Estados deben cumplir. Prometen un futuro diferente, donde todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, podrán ejercer ese precioso derecho adquirido al momento de nacer.

¿Por qué son necesarios?

La violación a los derechos humanos de las personas por su orientación sexual e identidad de género, real o percibida, constituye un patrón global arraigado que nos preocupa gravemente. Entre esas violaciones a los derechos humanos podemos mencionar: los asesinatos extralegales, tortura y maltrato, ataques y violaciones sexuales, invasión a la privacidad, detenciones arbitrarias, negar las oportunidades de empleo y educación, y grave discriminación en relación al goce de otros derechos humanos.

Los mecanismos fundamentales de derechos humanos de las Naciones Unidas han ratificado la obligación de los Estados de garantizar la efectiva protección de todas las personas contra toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. No obstante, la respuesta internacional ha sido fragmentaria e inconsistente, lo que crea la necesidad de explicar y comprender de manera consistente el régimen legal internacional de derechos humanos en su totalidad y de cómo éste se aplica a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Esto es lo que hacen los Principios de Yogyakarta.

¿Cómo se llegó a estos Principios?

Los Principios fueron desarrollados y adoptados por unanimidad por un distinguido grupo de expertos en derechos humanos de distintas regiones y diversa formación, entre ellos: jueces, académicos, un ex Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, los Procedimientos Especiales de la ONU, miembros de órganos de los tratados, ONGs y otros. El profesor Michael O’Flaherty, Relator del proceso, hizo importantes contribuciones al redactar y revisar los Principios de Yogyakarta.

Un evento clave para desarrollar los Principios fue un seminario internacional que se llevó a cabo en Yogyakarta, Indonesia en la Universidad de Gadjah Mada del 6 al 9 de noviembre del 2006, y en donde participaron muchos de los expertos en leyes mencionados. En ese seminario se aclararon la naturaleza, el alcance y la implementación de las obligaciones de derechos humanos contraídas por los Estados en relación a la orientación sexual y la identidad de género, en virtud de los tratados y leyes de derechos humanos existentes.

¿Qué cubren estos Principios?

Los Principios de Yogyakarta se refieren a una amplia gama de derechos humanos y cómo se aplican en cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Entre otros, se incluyen: ejecuciones extralegales, violencia y tortura, acceso a la justicia, privacidad, no discriminación, los derechos de libertad de expresión y reunión, empleo, salud, educación, cuestiones de migración y refugiados, participación pública y una variedad de otros derechos.

¿Cómo pueden estos derechos ser implementados?

Los Principios ratifican la obligación primordial que tienen los Estados de implementar los derechos humanos. Cada uno de los Principios va acompañado de recomendaciones detalladas a los Estados. Los Principios también subrayan, no obstante, que todos los actores tienen responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos. Por tanto, se hacen recomendaciones adicionales dirigidas al sistema de derechos humanos de la ONU, a instituciones nacionales de derechos humanos, a los medios, a las organizaciones no gubernamentales y a otras instancias.
©2007 Yogyakarta Principles

INTRODUCCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los derechos humanos son universales, complementarios, indivisibles e interdependientes. La orientación sexual[1] y la identidad de género[2] son esenciales para la dignidad y humanidad de cada persona y no deben ser motivo de discriminación o abuso.

Ha habido muchos avances en asegurar que las personas de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la igualdad de dignidad y respeto a que cada persona tiene derecho. En la actualidad, numerosos Estados tienen leyes y constituciones que garantizan los derechos a la igualdad y a la no discriminación sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género.

Sin embargo, las violaciones de derechos humanos debido a una orientación sexual o identidad de género real o percibida de las personas constituyen un patrón global y arraigado que es motivo de profunda preocupación. Incluyen asesinatos extrajudiciales, tortura, malos tratos, violencia sexual y violación, injerencias en su privacidad, detención arbitraria, negación de empleo y de oportunidades educativas, así como una grave discriminación en el disfrute de otros derechos humanos. Estas violaciones son a menudo agravadas por experiencias de otras formas de violencia, odio, discriminación y exclusión, como las basadas en la raza, la edad, la religión, la discapacidad o la condición económica, social o de otra índole.

Numerosos Estados y sociedades imponen normas de género y de orientación sexual a las personas a través de las costumbres, las leyes y la violencia, y se afanan en controlar las formas en que ellas experimentan las relaciones personales y cómo se identifican a sí mismas. La vigilancia sobre la sexualidad continúa siendo una fuerza principal detrás de la perpetuación de la violencia basada en género y la desigualdad de género.

El sistema internacional ha visto grandes avances hacia la igualdad de género y las protecciones contra la violencia en la sociedad, la comunidad y la familia. Adicionalmente, mecanismos clave de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos han afirmado la obligación de los Estados de garantizarles a todas las personas una efectiva protección contra la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. No obstante, la respuesta internacional a las violaciones de derechos humanos por motivos de orientación sexual o identidad de género ha sido fragmentada e inconsistente.

A fin de enfrentar estas deficiencias, se requiere de una sólida comprensión de todo el régimen del derecho internacional humanitario y de su aplicación a los asuntos de la orientación sexual y la identidad de género. Es crucial cotejar y clarificar las obligaciones de los Estados bajo la actual legislación internacional de los derechos humanos, a fin de promover y proteger todos los derechos humanos de todas las personas sobre la base de la igualdad y sin discriminación alguna.

La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, en nombre de una coalición de organizaciones de derechos humanos, han puesto en marcha un proyecto encaminado a desarrollar una serie de principios legales internacionales sobre la aplicación del derecho internacional humanitario a las violaciones de derechos humanos por motivos de orientación sexual e identidad de género, a fin de imbuir una mayor claridad y coherencia a las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos.

Un distinguido grupo de especialistas en derechos humanos ha redactado, desarrollado, discutido y refinado estos Principios. Luego de reunirse en la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006, 29 especialistas procedentes de 25 países, de diversas disciplinas y con experiencia relevante al ámbito del derecho humanitario, adoptaron unánimemente los Principios de Yogyakarta sobre la Aplicación del Derecho Internacional Humanitario en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.

El Profesor Michael O’Flaherty, relator de la reunión, ha brindando inmensas contribuciones a la redacción y revisión de losPrincipios de Yogyakarta. Su compromiso y sus incansables esfuerzos han sido cruciales para el exitoso resultado del proceso.

Los Principios de Yogyakarta abordan una amplia gama de normas de derechos humanos y su aplicación a los asuntos de la orientación sexual y la identidad de género. Los Principios afirman la obligación primordial de los Estados de implementar los derechos humanos. Cada Principio va acompañado de detalladas recomendaciones a los Estados. Sin embargo, el grupo de especialistas también hace énfasis en que todos los actores tienen la responsabilidad de promover y proteger los derechos humanos. Además, los Principios plantean recomendaciones adicionales a otros actores, incluyendo el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, las instituciones nacionales de derechos humanos, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y los financiadores.

Los y las especialistas coinciden en que los Principios de Yogyakarta reflejan el estado actual del derecho internacional humanitario en lo que concierne a la orientación sexual y la identidad de género. Asimismo, reconocen que los Estados podrían contraer obligaciones adicionales conforme el derecho humanitario continúa evolucionando.

Los Principios de Yogyakarta afirman las normas legales internacionales vinculantes que todos los Estados deben cumplir. Prometen un futuro diferente en el que todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dignidad y derechos, puedan realizar ese preciado derecho.



Sonia Onufer Corrêa Vitit Muntarbhorn

Co-Presidenta Co-Presidente


Nosotros y Nosotras, el Panel Internacional de Especialistas en Legislación Internacional de Derechos Humanos y en Orientación Sexual e Identidad de Género

Preámbulo

RECORDANDO que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene derecho al disfrute de los derechos humanos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición;
PREOCUPADO porque en todas las regiones del mundo las personas sufren violencia, discriminación, exclusión, estigmatización y prejuicios debido a su orientación sexual o identidad de género; porque estas experiencias se ven agravadas por la discriminación basada en el género, raza, edad, religión, discapacidad, estado de salud y posición económica, como también porque esa violencia, discriminación, exclusión, estigmatización y esos prejuicios menoscaban la integridad y dignidad de las personas que son objeto de estos abusos, podrían debilitar su sentido de estima personal y de pertenencia a su comunidad y conducen a muchas a ocultar o suprimir su identidad y a vivir en el temor y la invisibilidad;
CONSCIENTE de que históricamente las personas han sufrido estas violaciones a sus derechos humanos porque son lesbianas, homosexuales o bisexuales o se les percibe como tales, debido a su conducta sexual de mutuo acuerdo con personas de su mismo sexo o porque son transexuales, transgénero o intersex o se les percibe como tales, o pertenecen a grupos sociales que en algunas sociedades se definen por su orientación sexual o identidad de género;
ENTENDIENDO que la ‘orientación sexual’ se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o de más de un género.
ENTENDIENDO que la ‘identidad de género’ se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.
OBSERVANDO que la legislación internacional de derechos humanos afirma que todas las personas, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tienen el derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos; que la aplicación de los derechos humanos existentes debería tener en cuenta las situaciones y experiencias específicas de personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género; y que una consideración primordial en todas las acciones concernientes a niños y niñas será el interés superior del niño o la niña y que un niño o una niña que esté en condiciones de formarse un juicio propio tiene el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño o la niña, en función de su edad y madurez;
OBSERVANDO que la legislación internacional de derechos humanos impone una absoluta prohibición de la discriminación en lo concerniente al pleno disfrute de todos los derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales; que el respeto a los derechos sexuales, a la orientación sexual y a la identidad de género es esencial para la realización de la igualdad entre hombres y mujeres y que los Estados deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar los prejuicios y las prácticas que se basen en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en roles estereotipados para hombres y mujeres, y observando asimismo que la comunidad internacional ha reconocido el derecho de las personas a decidir libre y responsablemente en asuntos relacionados con su sexualidad, incluyendo la salud sexual y reproductiva, sin sufrir coerción, discriminación, ni violencia;
RECONOCIENDO que existe un valor significativo en articular sistemáticamente la legislación internacional de derechos humanos de manera que se aplique a las vidas y experiencias de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género;
RECONOCIENDO que esta articulación debe apoyarse en el estado actual de la legislación internacional de derechos humanos y requerirá de una revisión periódica a fin de tomar en cuenta los desarrollos en esa legislación y su aplicación a las vidas y experiencias particulares de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género a lo largo del tiempo y en diversas regiones y naciones;

TRAS LA CELEBRACIÓN DE UNA REUNIÓN DE ESPECIALISTAS REALIZADA EN YOGYAKARTA, INDONESIA, DEL 6 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2006, ADOPTAMOS LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS:

PRINCIPIO 1. El derecho al disfrute universal de los derechos humanos. 7
PRINCIPIO 2. Los derechos a la igualdad y a la no discriminación.. 7
PRINCIPIO 3. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.. 8
PRINCIPIO 4. El derecho a la vida.. 8
PRINCIPIO 5. El derecho a la seguridad personal. 9
PRINCIPIO 6. El derecho a la privacidad.. 9
PRINCIPIO 7. El derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente. 10
PRINCIPIO 8. El derecho a un juicio justo.. 11
PRINCIPIO 9. El derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente. 11
PRINCIPIO 10. El derecho de toda persona a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. 12
PRINCIPIO 11. El derecho a la protección contra todas las formas de explotación, venta y trata de personas. 12
PRINCIPIO 12. El derecho al trabajo.. 13
PRINCIPIO 13. El derecho a la seguridad y a otras medidas de protección social. 13
PRINCIPIO 14. El derecho a un nivel de vida adecuado.. 13
PRINCIPIO 15. El derecho a una vivienda adecuada.. 14
PRINCIPIO 16. El derecho a la educación.. 14
PRINCIPIO 17. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.. 15
PRINCIPIO 18. Protección contra abusos médicos. 16
PRINCIPIO 19. El derecho a la libertad de opinión y de expresión.. 16
PRINCIPIO 20. El derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 17
PRINCIPIO 21. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.. 18
PRINCIPIO 22. El derecho a la libertad de movimiento.. 18
PRINCIPIO 23. El derecho a procurar asilo.. 18
PRINCIPIO 24. El derecho a formar una familia.. 19
PRINCIPIO 25. El derecho a participar en la vida pública.. 19
PRINCIPIO 26. El derecho a participar en la vida cultural. 20
PRINCIPIO 27. El derecho a promover los derechos humanos. 20
PRINCIPIO 28. El derecho a recursos y resarcimientos efectivos. 21
PRINCIPIO 29. Responsabilidad penal. 21
Recomendaciones adicionales. 23
Signatarios y signatarias de los Principios de Yogyakarta.. 25


http://www.yogyakartaprinciples.org/

OIT: Surgen nuevas formas de discriminación laboral

Preferencia sexual, salud, edad y sobrepeso, obstáculos para tener empleo

OIT: surgen nuevas formas de discriminación laboral
Presenta informe La igualdad en el trabajo; afrontar los desafíos que se plantean
CAROLINA GOMEZ MENA

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió su segundo informe sobre discriminación en el ámbito laboral, y en él destaca que a escala global existe una mezcla de fracasos y progresos en el abatimiento de esta modalidad de desigualdad. Según el organismo, el principal avance en el rubro es que 162 estados miembros de la OIT han ratificado los dos convenios existentes en la materia, y de ello se ha derivado en la promulgación de diversas leyes protectoras, mientras que la otra cara de la moneda evidencia que han surgido nuevas e incipientes formas de segregación laboral.


Algunas de las formas "recién conocidas" son las basadas en la edad de los trabajadores, especialmente cuando son demasiado jóvenes o viejos; la discriminación basada en la orientación sexual; en la discapacidad y "en el hecho o en la apariencia de estar infectados con VIH/sida".


Entre estas formas de marginación están la basada en factores genéticos y la fundada en el estilo de vida, sobre todo en contra de quienes presentan sobrepeso o adicción al tabaco.
En el análisis denominado La igualdad en el trabajo; afrontar los desafíos que se plantean, la OIT sostiene que ahora es más "urgente" que hace cuatro años (en 2003 publicó su primer informe sobre el tema) combatir estas prácticas, porque "la existencia de desigualdades en los ingresos, los capitales y las oportunidades diluyen la eficacia del combate a la discriminación y pueden provocar que se frene el crecimiento económico".


Precisa también que los recientes e incipientes estilos de discriminación no sólo son argumentos para hacer diferencias en los lugares de trabajo o para frenar ascensos, sino también realizar despidos.


En el caso del VIH/sida, la OIT remarca que 90 por ciento de quienes están infectados por este virus -36 millones- están ocupados en alguna actividad económica, y acota que por medio de diversas encuestas internacionales constató que la estigmatización laboral de estas personas persiste, incluso en naciones que han instaurado políticas y programas en el rubro, tales como Francia, Indonesia y Tailandia.


Destaca que la discriminación ejercida sobre los jóvenes se traduce en que se les ofrecen menores salarios, prestaciones, oportunidades, contratos eventuales y se les aplican periodos de prueba más largos, mientras que a los de mayor edad, por aplicar prejuicios mediante los cuales se los considera menos productivos, lentos, pocos adaptables y de salud frágil, se les reconfiguran arbitrariamente sus labores habituales o se les presiona para que se jubilen.
También se ejercen acciones hostiles en contra de aquellos(as) de los cuales "consta o se sospecha que son lesbianas, gays, bisexuales o transexuales," entre éstas están la violencia verbal, sicológica y física, y en diversos países ninguna de estas actitudes está prohibida por las leyes.


La OIT alerta que en años recientes el "hecho de que un individuo lleve una vida saludable se está convirtiendo en un factor determinante para obtener o mantener un empleo", y alude que esto no sólo está relacionado con la idea de que los obesos, con adicción al tabaco o hipertensión, por ejemplo, demandan mayor número de incapacidades laborales, o incremento en el monto de los seguros, sino también en la percepción empresarial de que con esos estilos de vida podrían arruinar la armonía laboral, o bien que estos empleados carecerían de capacidad física para desarrollar algunas tareas.


En este punto la OIT plantea que "no existe una línea divisoria entre la prerrogativa normativa del empleador y la libertad del trabajador de elegir cómo desea vivir", y agrega que hay países como Estados Unidos en los que empresas "no contratan a fumadores o penalizan a los antiguos fumadores, pidiéndoles cuotas más altas por el seguro de enfermedad". En ese país, "11 estados permiten establecer diferencias entre el precios del seguro de los fumadores y de los no fumadores para determinar el precio de la cobertura".

Mujeres, marginadas

El organismo expone que ser mujer continúa siendo una de las formas "tradicionales" para discriminar en muchas naciones, tanto en países desarrollados como en proceso de serlo, y las formas en que se manifiestan estas prácticas no sólo se limitan al hostigamiento laboral o sexual, sino también en desempleo femenino y percepción de menores sueldos por trabajo y responsabilidades iguales.


La OIT refiere que la imposibilidad de ocupar puestos de gran responsabilidad también evidencia la desigualdad, y que en el mundo las mujeres apenas ocupan "28.3 por ciento de los puestos de trabajo" bien remunerados y de importancia, tales como legisladoras, funcionarias de alto rango o gerentes.

http://www.jornada.unam.mx

Cambia Alternativa nombre y logotipo

Cambia Alternativa nombre, logotipo y estatutos

El Universal
14 de mayo de 2007
México, DF.- En el marco de su primera Asamblea Federada Extraordinaria celebrada este fin de semana en la capital, Alternativa aprobó diversas modificaciones a sus estatutos y determinó de paso cambiar su nombre excluyendo de él la palabra “Campesina” .


La modificación del nombre a Partido Alternativa Socialdemócrata (PAS) se produjo durante las discusiones para la reforma de los estatutos y tras considerar la división interna que el partido experimentó durante el proceso electoral de 2006.

Al respecto, el dirigente del PAS, Alberto Begné, indicó que se resolvió aprobar la modificación del nombre con el propósito de proyectar una mayor identidad política de la izquierda progresista.

Recordó que cuando tuvo lugar la Asamblea Constitutiva en enero de 2005, dicha propuesta ya había sido planteada, aunque el grupo que entonces encabezaba Ignacio Yris propuso incorporar la palabra “Campesino” .

“Fue una señal de identidad que se aprobó pero que después resultó no ser fructífero dados los conflictos a los que llevó el grupo liderado por Yris” , manifestó.

Dijo que el emblema del partido, cuya modificación también fue aprobada durante la Asamblea Extraordinaria, mantendrá sus principales características aunque con cambios en el recuadro y la tipografía.

El instituto político incluso estrenó este domingo su nuevo portal de Internet www.alternativa.org.mx donde aparece el logotipo con la leyenda Alternativa Socialdemócrata, acompañado de las frases “Un nuevo espacio de Alternativa para todos” y “Lo invitamos a conocer el nuevo portal del partido” .
En la Asamblea Extraordinaria también se aprobó la modificación de los estatutos para abrir el proceso de renovación de la dirigencia del PAS en el periodo que comprende de junio a enero del 2007.
Otro de los acuerdos consistió en establecer un proceso para la renovación de todos los órganos directivos, en un proceso que iniciará en junio de 2007 y concluirá en enero de 2008 en una Asamblea Nacional.
Para ello se decidió que la fuente primaria de representación y legitimidad para la integración democrática de los órganos de dirección política del partido serán los Comités de Acción Política.
Los comités ciudadanos
estarán conformados por grupos de entre 15 y 20 ciudadanos que se agruparán en torno a temas, causas específicas y con base en la división territorial del país, o cualquier otro elemento de cohesión compatible con el ideario y propuestas programáticas de Alternativa.
De igual forma, se resolvió garantizar en la integración de los órganos y definición de candidaturas a cargos de elección popular para cada proceso electoral, que ningún género ocupe más del 60 por ciento de los cargos, candidaturas propietarias federales y locales.
Asimismo, Alternativa conformará una Comisión Electoral autónoma, que estará integrada por personas de amplio prestigio y experiencia en la materia.
Los acuerdos serán remitidos al Instituto Federal Electoral (IFE) , el cual analizará, y en su caso aprobará, las modificaciones acordadas por los delegados de todo el país, el Consejo Político y el Comité Ejecutivo federado de este instituto político.