Uno de los aspectos más
importantes de los derechos humanos son las acciones de no repetición, las
cuales tienen una doble dimensionalidad del alcance; siendo la primera,
evidenciar el problema estructural de la ocurrencia del fenómeno y la relación
motivo-fundamento de un sistema socio-cultural y, por otro lado, prevenir que
hechos violatorios no vuelvan a suceder en el presente y futuro. Estas herramientas
deben ser implementadas por los Estados partes de las Convenciones de manera
transversal, es decir jurídico-legislativo y administrativo, este último acompañado
de una serie de políticas públicas encaminadas a materializar la efectividad de
los derechos.
Por lo anterior, el objetivo
se encuentra con una dualidad de origen: una pragmática y otra dogmática, ambas
en un relación de tensión dialogante para no caer en sus polos equidistantes
desvirtuando la figura; de esta forma el objetivo pragmático refiere a la
ejecución de las acciones afirmativas para controlar, detener y erradicar la
violencia que sufren los derechos humanos y, la segunda el objetivo dogmático
en relación al cumplimiento del control de convencionalidad, es decir que las
acciones afirmativas no se alejen de los resultados que busca defender la
convención aplicable.
En este sentido, las
diferentes convenciones tienden a defender derechos humanos emanados de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, atendiendo la especificidad
encontramos generalmente dos mecanismos uno universal y otro regional, para el
caso de la violencia que sufren las mujeres por cuestiones de género tenemos la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer (conocida por sus siglas en inglés CEDAW) y el regional para el caso de
México, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer, conocida como "Convención De
Belem Do Para".
La continuidad a la
armonización legislativa para la aplicabilidad en el ámbito interno en nuestro
país se logra a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en la que establece claramente el instrumento para los
casos de Violencia Feminicida definiéndola en su artículo 21 como “la forma
extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de
sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el
conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del
Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de
mujeres”, el instrumento que dota la normatividad para encarar la violencia
feminicida es por medio de la Alerta de Violencia de Género como “el conjunto
de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia
feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por
la propia comunidad”.
Sobre el particular hemos
tenido ya varios intentos por comenzar con el procedimiento de la alerta, para
las entidades federativas de: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Hidalgo
y Morelos; sin embargo las que anteceden a la última no han resultado, y es que
sea como fuere y haya sido la votación, para la procedencia de investigación de
la alerta, refleja solamente una triste realidad, y es que los mecanismo de
adelanto para las mujeres vienen a defender a sus gobernadores, mecanismos
presididos generalmente por mujeres. ¿A que se quiere llegar con esto?, que son
precisamente las mismas mujeres que condenan a sus congéneres a continuar
viviendo en la violencia y en algunos casos en el exterminio de las mismas, ya
que el hecho de ser mujeres no garantiza que crean y porten consigo mismas el
discurso de género emancipatorio del patriarcado, sino que por el contrario
replican los patrones heteropatriarcales de protección al macho alfa de lo que
consideran su manada, y que sociabilizado es una conducta estereotipada de la
defensa del hombre a cualquier precio prevaleciendo la virilidad del mismo, la
protección al interés hegemónico del cuerpo y reputación del hombre como
espacio público que personaliza al Estado.
Este hecho perturbador,
genera que el objetivo de la alerta como política pública quede nulificada de
tal manera que no se cumple con garantizar
la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar
las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos
humanos, sino que por el contrario perpetua la conducta misógina y la refuerza,
porque mientras se van y se sientan horas en las sesiones del Sistema Nacional
para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Violencia contra las Mujeres
para que se vote en negativa la Alerta de Violencia de Género, más mujeres
siguen sufriendo el aniquilamiento.
Peor aún, la violencia
feminicida se torna más aterradora, frente a la desaparición de miles de
mujeres, para luego ser asesinadas, y no solamente eso sino que post mortem el
sistema forense la sigue dejando en el olvido de sus refrigeradores, de sus
gavetas, sin dejar que se les reconozcan, ya que como parte del fenómeno, considera
el cuerpo de la mujer un espacio público de menor valía, tan de menor valía que
ni siquiera es digna de ser reconocida después del homicidio. Esto al parecer
de las integrantes del Sistema Nacional ya mencionado, no tiene valor; hoy ese
sistema se encuentra presidido lamentablemente por una mujer que carece del
discurso de género necesario para defender la vida y los derechos humanos de
las mujeres, es Lorena Cruz quien fuera la titular del mecanismo de avance del
Estado de México que defendió al entonces gobernador Peña Nieto para no proceder
la alerta de género en ese estado, y que ahora es premiada por su hazaña como
presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, en ella se encuentra ahora la decisión de las
alertas de género, que recordando aquel proverbio añejo expresa lo que hoy se
siente en ese Sistema, “la iglesia en manos de Lutero”.
Sin embargo, los tiempos ya
rebasados de una política pública efectiva han queda atrás, es tiempo de mover
la estructura a un control de convencionalidad por parte de instancias
internacionales, ya que sin duda seguirá sin pasar ninguna alerta y las mujeres
seguirán pagando con su sangre los sueldos de las funcionarias quienes dicen
proteger la dignidad de las mismas, sin fe en la misma Ley.
C.L. RODOLFO VITELA MELGAR
POR LA CONQUISTA DE TODOS NUESTROS DERECHOS
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