Algunos niños, desde su más profunda inocencia, tendrán algo que celebrar el día de hoy. Sin embargo, en la historia que escribimos a diario en nuestra historia nacional, la desprotección, vulnerabilidad, abusos y violencia que asecha a los niños, nos coloca otra realidad: Grupo vulenrable entre los más vulnerables, que en muchos de los casos, siguen esperando JUSTICIA y en otros tantos, que las instituciones que emanan del Estado, se ocupe de velar por todo aquello que les ha sido arrebatado en un segundo.
Pero también hay otro grupo de niños, más desafortundados, que son todos aquellos que han perdido la vida, como consecuencia de actos de omisión/corrupción, pero sobre todo, de la enorme miseria humana que se enquista en la codicia y avaricia. Niños que han muerto y padres que deben luchar contra todo, para vencer el cáncer que cobija a todo un sistema.
Hoy 30 de abril, quiero compartir con usted una causa que he creado, para que el caso de los niños de la guardería ABC, reciban la atención y justicia, que el caso merece.
49 menores perdieron la vida, pero hay 79 que, logran conservar su vida pero con graves lesiones, de por vida, en su salud.
Los 79 menores que lograron sobrevivir al tremendo incendio, no reciben la atención médica, que se les prometió.
Los 49 niños que murieron, siguen esperando, desde el cielo, que todos los responsables sean presentados ante las instituciones de impartición de justicia.
Los padres de todos los niños afectados, llevan la peor parte. Cargan con su dolor y recuerdos, caminado desde aquel día para combatir la corrupción e impunidad. Su meta, que no existan más casos como el a ellos los afecto, que exista una legislación que regule el funcionamiento y concesión.
¡Luchemos junto con ellos!, para que nuestra niñez logre merecer toda la atención, de los que deben entregar solución.
Liga para sumarse a la causa:
http://www.facebook.com/?ref=home#!/group.php?gid=121525424531442
Sí el tiempo y su interés, llega para enviar un correo electrónico, coloquemos
ASUNTO: GUARDERÍA ABC
para:
Lic. Felipe Calderón Hinojosa Lic. Fernando Gómez Mont Urueta
Presidente de la República Secretario de Gobernación
felipe.calderon@presidencia.gob.mx , secretario@segob.gob.mx
con copia a:
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
correo@cndh.org.mx
Con el siguiente texto:
Como ciudadano y parte de la sociedad, respetuosamente solicito:
1.- Que todos los menores lesiones, sean atendidos por los servicios médicos
2.- Que los dueños de la guardería, se hagan cargo, de por vida, de los gastos que se han originado por las lesiones
3.-Realizar una investigación imparcial en torno a los hechos de la guardería ABC, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley;
4.- Que ninguna relaciónd e parentezco, pueda estar por encima de lo que marca la ley.
Le dejaré algunas nota, que han salido el día de hoy, con respecto al tema:
Padres de víctimas de ABC acudirán a juzgados internacionales
http://www.wradio.com.mx/nota.aspx?id=998943
Exigen atencion medica digna para ninos de guarderia ABC lesionados
http://sdpnoticias.com/sdp/contenido/2010/04/29/4/1036274
Paulette, ABC, Casitas... Tragedias infantiles
Los padres de los bebés fallecidos en la guardería de Sonora piden que el 5 de junio se declare como día de luto nacional, en el marco del Día del Niño
http://www.eluniversal.com.mx/notas/676825.html
Corrupción y Malversación de fondos para el mausoleo
http://www.jornada.unam.mx/2010/04/28/index.php?section=estados&article=039n2est
Por su interés y participación ¡Muchas Gracias!
Laura Tena
viernes, 30 de abril de 2010
jueves, 29 de abril de 2010
Ataque a Caravana de Observación Internacional de DH y Misión Civil Humanitaria, Oax
Los invito a participar en la petición que se está elaborando en la siguiente página. El día de hoy por la mañana, el Lic. Badillo comentó, que ningúin gobierno los está auxiliando, para intentar rescatar a las personas que fueron atacadas, COBARDEMENTE, por un grupo paramilitar.
OJALÁ que todos ustedes, sin importar nacionalidad, puedan sumar sus voces a esta causa.Les dejaré el texto petitorio y la liga que los enlazará a la petición. Muchas Gracias
Laura Tena
Ataque a Caravana de Observación Internacional de DH y Misión Civil Humanitaria, Oax.
Fecha: 28/04/2010
El 27 de abril de 2010 fue atacada por un grupo armado una misión civil humanitaria que se dirigía a la Agencia Municipal de San Juan Cópala, Oaxaca.
La misión civil incluía a miembros, defensores de derechos humanos, observadores civiles y periodistas, del Colectivo VOCAL, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano, Maestras y maestros de la Sección 22, concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y reporteros de la Revista Contralínea, que acompañaban a una Caravana de Observadores Internacionales de Derechos Humanos con ciudadanos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania.
La Caravana salió de la comunidad Huajuapan de León, en dirección a la Agencia Municipal de San Juan Cópala, en el estado de Oaxaca. La Caravana se trasladaba a bordo de tres camionetas para dar cobertura a los maestros que regresan a impartir clases en este municipio. Además, la Caravana tenía como objetivo documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas Triquis, originarios de la región.
Según las informaciones, la Caravana sufrió una emboscada, alrededor de las 16:00hrs, por un grupo altamente armado en el lugar denominado “La Sabana”, una comunidad ubicada justo antes de llegar a San Juan Copala. El ataque ha dejado el saldo de dos personas muertas, Beatriz Alberta Cariño, dirigente del Colectivo CACTUS, y Tiry Antero Jaakkola, ciudadano finlandés que acompañaba la Caravana Internacional, además de reportarse al menos 15 personas heridas, entre estudiantes, miembros de las organizaciones que acompañaban la Caravana y la Misión Civil. Además se reporta un número no determinado de desaparecidos, entre los que se encuentran la reportera Érika Ramírez y el fotógrafo David Cilia, de la Revista Contralínea, y quienes cubrían el recorrido de la Caravana, además de Viris Jaakkola y Meni Morne, ciudadanos de Finlandia; David Casinori, ciudadano de Italia; Martín Santana, ciudadano de Bélgica; y los mexicanos David Venegas Reyes, Rubén Valencia y Noé Bautista. Se desconoce la cantidad exacta y los nombres de las y los defensores de derechos humanos que han sido víctimas de este atentado.
La información ha sido proporcionada por el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
http://www.redtdt.org.mx/d_acciones/d_visual.php?id_accion=89
OJALÁ que todos ustedes, sin importar nacionalidad, puedan sumar sus voces a esta causa.Les dejaré el texto petitorio y la liga que los enlazará a la petición. Muchas Gracias
Laura Tena
Ataque a Caravana de Observación Internacional de DH y Misión Civil Humanitaria, Oax.
Fecha: 28/04/2010
El 27 de abril de 2010 fue atacada por un grupo armado una misión civil humanitaria que se dirigía a la Agencia Municipal de San Juan Cópala, Oaxaca.
La misión civil incluía a miembros, defensores de derechos humanos, observadores civiles y periodistas, del Colectivo VOCAL, el Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano, Maestras y maestros de la Sección 22, concejales de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y reporteros de la Revista Contralínea, que acompañaban a una Caravana de Observadores Internacionales de Derechos Humanos con ciudadanos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania.
La Caravana salió de la comunidad Huajuapan de León, en dirección a la Agencia Municipal de San Juan Cópala, en el estado de Oaxaca. La Caravana se trasladaba a bordo de tres camionetas para dar cobertura a los maestros que regresan a impartir clases en este municipio. Además, la Caravana tenía como objetivo documentar las violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades indígenas Triquis, originarios de la región.
Según las informaciones, la Caravana sufrió una emboscada, alrededor de las 16:00hrs, por un grupo altamente armado en el lugar denominado “La Sabana”, una comunidad ubicada justo antes de llegar a San Juan Copala. El ataque ha dejado el saldo de dos personas muertas, Beatriz Alberta Cariño, dirigente del Colectivo CACTUS, y Tiry Antero Jaakkola, ciudadano finlandés que acompañaba la Caravana Internacional, además de reportarse al menos 15 personas heridas, entre estudiantes, miembros de las organizaciones que acompañaban la Caravana y la Misión Civil. Además se reporta un número no determinado de desaparecidos, entre los que se encuentran la reportera Érika Ramírez y el fotógrafo David Cilia, de la Revista Contralínea, y quienes cubrían el recorrido de la Caravana, además de Viris Jaakkola y Meni Morne, ciudadanos de Finlandia; David Casinori, ciudadano de Italia; Martín Santana, ciudadano de Bélgica; y los mexicanos David Venegas Reyes, Rubén Valencia y Noé Bautista. Se desconoce la cantidad exacta y los nombres de las y los defensores de derechos humanos que han sido víctimas de este atentado.
La información ha sido proporcionada por el Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
http://www.redtdt.org.mx/d_acciones/d_visual.php?id_accion=89
miércoles, 28 de abril de 2010
Finalmente la SCJN ordenó la liberación de Teresa y Alberta
No puede imaginarse, LO FELIZ que me ha hecho la buena noticia, porque finalmente se liberan a mujeres INOCENTES. Espero que sea el primero, de muchos asuntos, en que la legalidad sea la que impere, pero sobre todo, que se inicie un combate frontal, contra jueces que sin elementos probatorios, setencian.
Quiero conocer, qué y cómo se castigará al juez, de manera ejemplar. Porque sí solamente se liberan, pero no hay costos, para todo aquel, que "suministró " ley, el día de mañana seguiríamos lamentandónos, de lo podrido que se encuentra el sistema, en el que NO se procura normalmente justicia, sino más bien, se aquila/renta y en otros casos, se llega a vender.
Que se castigue a todos los que se hubieran prestado, para intentar perjudicar a las indígenas.
PROFUNDA revisión debiera hacerse, con respecto a la situación que sigue afectando y lacerando los derechos, tanto de las mujeres, como de los pueblos indígenas.Tal cual lo redacté en mí ensayo que hace algunas semanas compartí con usted.
El precedente que ahora tenemos, debiera también incentivar, un análisis AGUDO, para que puedan revisar, en qué han convertido a la PGR y cómo lo que debiera ser una institución, terminó siendo una herramienta para acosar y reprimir, al que se opone a los abusos de un sistema.
Amén del caso de Teresa y Alberta, ahora debieran enfilarse para estudiar ¿qué sucede en el caso de Purificación Carpinteyro? y el por qué, Luis Téllez así como el títular de la Cofetel, no están siendo procesados, cuando por los medios hemos conocido, que en ambos casos, habría mucho que investigar.
BIen pues seguiré feliz, por la buena noticia, pero sobre todo, abrazando la esperanza, de que en la SCJN, se pudiera caminar para lograr restablecer toda la letra Constitucional y con ello, obtener la columna vertebral que sujeta toda vida democrática.
Le dejo una buena noticia, al menos una, por hoy:
Absuelve Corte a indígenas queretanas
Alberta Alcántara y Teresa González serán liberadas en cuestión de horas del Cereso Femenil de San José El Alto en Querétaro
Por Víctor Fuentes
Ciudad de México (28 abril 2010).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) absolvió hoy a las índigenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, presas desde agosto de 2006 por el supuesto secuestro de seis agentes de la AFI durante un operativo antipiratería.
La Primera Sala de la Corte resolvió por unanimidad y sin debate que no se acreditó siquiera que hubo un secuestro, pues los agentes incurrieron en múltiples contradicciones y no hay evidencia adicional sobre la participación de las acusadas.
Ambas mujeres serán liberadas en cuestión de horas del Cereso Femenil de San José El Alto en Querétaro, al ser revocada la condena de 21 años de cárcel impuesta en febrero pasado por el juez cuarto de distrito en esa entidad, Rodolfo Pedraza Longi.
"Advertimos desde un principio que este asunto era de excepcional trascendencia, de entrada parecía un asunto que olía a injusticia", dijo el Ministro Arturo Zaldívar.
"Hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada. Si es verdad que un sólo inocente en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables lo es más".
El Ministro dijo que el fallo de hoy es un mensaje a las autoridades del País para que este tipo de casos no se repitan.
La Ministra Olga Sánchez Cordero, autora de la sentencia, explicó que durante el proceso los policías se contradijeron repetidamente sobre la forma en que se desarrollaron los hechos, por lo que sus declaraciones no tienen valor de indicio para sustentar una condena.
"Algunos agentes sostuvieron que fueron retenidos en la base de policía municipal, en tanto que otros aseveraron que fueron detenidos en el exterior", dijo.
También explicó que no sólo se tenía que haber acreditado la privación de libertad de los agentes, sino también que se pidió un rescate para liberarlos, ya que este elemento es exigido por el Código Penal Federal para alegar un secuestro.
"Si (los agentes de la AFI) fueron retenidos a cambio de un rescate, ¿por qué no se emplearon estrategias policíacas para su liberación, y lejos de aportar recursos de su propio peculio, acudir a mecanismos tales como la negociación con los secuestradores o el diálogo con la población?", cuestionó el Ministro José de Jesús Gudiño.
Lo anterior en alusión a declaraciones de los policías, de que ellos mismos juntaron en cuestión de horas 70 mil pesos para pagar el rescate.
El caso de Alcántara y González provocó múltiples reclamos de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, y también de instancias oficiales como la CNDH, el Senado y el Gobierno de Querétaro, pero la PGR nunca aceptó retirar los cargos.
Fue la primera vez desde la reforma judicial de 1995 que la Corte actuó como tribunal de apelación para revisar la sentencia dictada en primera instancia en un proceso penal.
Además fue la segunda vez en cuestión de meses que la Corte echa abajo la actuación de la PGR, jueces de distrito y magistrados de circuito en procesos penales contra indígenas.
En 2009, la Primera Sala otorgó amparos que resultaron en la libertad de 29 indígenas de Chiapas que estuvieron presos doce años por la matanza de Acteal, de la que fueron declarados culpables tanto en primera como en segunda instancia.
En el caso resuelto hoy, los hechos derivaron de una llamada anónima a la PGR, el 26 de marzo de 2006, en la que se denunció la venta de discos y otros productos pirata en el tianguis de Santiago Mexquititlán, en el Municipio queretano de Amealco.
Los seis agentes de la AFI buscaron a la persona descrita en la denuncia y revisaron los productos que vendía en su puesto, pero al detenerla, fueron a su vez enfrentados por decenas de lugareños y locatarios, que supuestamente los llevaron a una base de la policía municipal.
La PGR acusó a González y Alcántara por los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos, y en el caso de la segunda, agregó un cargo por posesión de cocaína, que también fue revocado hoy por la Corte.
El juez Pedraza Longi declaró culpables en dos ocasiones a ambas acusadas, la más reciente en febrero pasado luego de que un tribunal unitario de circuito había ordenado reponer el proceso.
A diferencia del caso de Acteal, donde la intervención de la Corte se dio hasta la etapa final en la revisión de los amparos directos respectivos, esta vez los ministros decidieron atraer el recurso de apelación de las acusadas.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/1103020
Laura Tena
Quiero conocer, qué y cómo se castigará al juez, de manera ejemplar. Porque sí solamente se liberan, pero no hay costos, para todo aquel, que "suministró " ley, el día de mañana seguiríamos lamentandónos, de lo podrido que se encuentra el sistema, en el que NO se procura normalmente justicia, sino más bien, se aquila/renta y en otros casos, se llega a vender.
Que se castigue a todos los que se hubieran prestado, para intentar perjudicar a las indígenas.
PROFUNDA revisión debiera hacerse, con respecto a la situación que sigue afectando y lacerando los derechos, tanto de las mujeres, como de los pueblos indígenas.Tal cual lo redacté en mí ensayo que hace algunas semanas compartí con usted.
El precedente que ahora tenemos, debiera también incentivar, un análisis AGUDO, para que puedan revisar, en qué han convertido a la PGR y cómo lo que debiera ser una institución, terminó siendo una herramienta para acosar y reprimir, al que se opone a los abusos de un sistema.
Amén del caso de Teresa y Alberta, ahora debieran enfilarse para estudiar ¿qué sucede en el caso de Purificación Carpinteyro? y el por qué, Luis Téllez así como el títular de la Cofetel, no están siendo procesados, cuando por los medios hemos conocido, que en ambos casos, habría mucho que investigar.
BIen pues seguiré feliz, por la buena noticia, pero sobre todo, abrazando la esperanza, de que en la SCJN, se pudiera caminar para lograr restablecer toda la letra Constitucional y con ello, obtener la columna vertebral que sujeta toda vida democrática.
Le dejo una buena noticia, al menos una, por hoy:
Absuelve Corte a indígenas queretanas
Alberta Alcántara y Teresa González serán liberadas en cuestión de horas del Cereso Femenil de San José El Alto en Querétaro
Por Víctor Fuentes
Ciudad de México (28 abril 2010).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) absolvió hoy a las índigenas otomíes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, presas desde agosto de 2006 por el supuesto secuestro de seis agentes de la AFI durante un operativo antipiratería.
La Primera Sala de la Corte resolvió por unanimidad y sin debate que no se acreditó siquiera que hubo un secuestro, pues los agentes incurrieron en múltiples contradicciones y no hay evidencia adicional sobre la participación de las acusadas.
Ambas mujeres serán liberadas en cuestión de horas del Cereso Femenil de San José El Alto en Querétaro, al ser revocada la condena de 21 años de cárcel impuesta en febrero pasado por el juez cuarto de distrito en esa entidad, Rodolfo Pedraza Longi.
"Advertimos desde un principio que este asunto era de excepcional trascendencia, de entrada parecía un asunto que olía a injusticia", dijo el Ministro Arturo Zaldívar.
"Hoy esta injusticia que percibíamos ha quedado plenamente acreditada. Si es verdad que un sólo inocente en prisión es una vergüenza para un sistema de justicia, cuando se trata de integrantes de grupos vulnerables lo es más".
El Ministro dijo que el fallo de hoy es un mensaje a las autoridades del País para que este tipo de casos no se repitan.
La Ministra Olga Sánchez Cordero, autora de la sentencia, explicó que durante el proceso los policías se contradijeron repetidamente sobre la forma en que se desarrollaron los hechos, por lo que sus declaraciones no tienen valor de indicio para sustentar una condena.
"Algunos agentes sostuvieron que fueron retenidos en la base de policía municipal, en tanto que otros aseveraron que fueron detenidos en el exterior", dijo.
También explicó que no sólo se tenía que haber acreditado la privación de libertad de los agentes, sino también que se pidió un rescate para liberarlos, ya que este elemento es exigido por el Código Penal Federal para alegar un secuestro.
"Si (los agentes de la AFI) fueron retenidos a cambio de un rescate, ¿por qué no se emplearon estrategias policíacas para su liberación, y lejos de aportar recursos de su propio peculio, acudir a mecanismos tales como la negociación con los secuestradores o el diálogo con la población?", cuestionó el Ministro José de Jesús Gudiño.
Lo anterior en alusión a declaraciones de los policías, de que ellos mismos juntaron en cuestión de horas 70 mil pesos para pagar el rescate.
El caso de Alcántara y González provocó múltiples reclamos de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, y también de instancias oficiales como la CNDH, el Senado y el Gobierno de Querétaro, pero la PGR nunca aceptó retirar los cargos.
Fue la primera vez desde la reforma judicial de 1995 que la Corte actuó como tribunal de apelación para revisar la sentencia dictada en primera instancia en un proceso penal.
Además fue la segunda vez en cuestión de meses que la Corte echa abajo la actuación de la PGR, jueces de distrito y magistrados de circuito en procesos penales contra indígenas.
En 2009, la Primera Sala otorgó amparos que resultaron en la libertad de 29 indígenas de Chiapas que estuvieron presos doce años por la matanza de Acteal, de la que fueron declarados culpables tanto en primera como en segunda instancia.
En el caso resuelto hoy, los hechos derivaron de una llamada anónima a la PGR, el 26 de marzo de 2006, en la que se denunció la venta de discos y otros productos pirata en el tianguis de Santiago Mexquititlán, en el Municipio queretano de Amealco.
Los seis agentes de la AFI buscaron a la persona descrita en la denuncia y revisaron los productos que vendía en su puesto, pero al detenerla, fueron a su vez enfrentados por decenas de lugareños y locatarios, que supuestamente los llevaron a una base de la policía municipal.
La PGR acusó a González y Alcántara por los delitos de privación ilegal de la libertad en agravio de servidores públicos, y en el caso de la segunda, agregó un cargo por posesión de cocaína, que también fue revocado hoy por la Corte.
El juez Pedraza Longi declaró culpables en dos ocasiones a ambas acusadas, la más reciente en febrero pasado luego de que un tribunal unitario de circuito había ordenado reponer el proceso.
A diferencia del caso de Acteal, donde la intervención de la Corte se dio hasta la etapa final en la revisión de los amparos directos respectivos, esta vez los ministros decidieron atraer el recurso de apelación de las acusadas.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/nacional/articulo/1103020
Laura Tena
jueves, 25 de febrero de 2010
CASO ATENCO: La SCJN tiene la palabra
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Jueves 25 de febrero de 2010, p. 15
La resolución de los amparos presentados por los pobladores de San Salvador Atenco será “importante y trascendente”, porque por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará este tipo de recursos a la luz de las conclusiones obtenidas en la investigación sobre violaciones graves a las garantías individuales en las que el pleno de ministros acreditó, en su momento, “diversas violaciones graves a las garantías individuales”.
Por unanimidad, los cinco ministros que integran la primera sala decidieron ejercer la facultad de atracción para conocer los amparos de 10 pobladores de San Salvador Atenco que fueron detenidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando policías federales y del estado de México irrumpieron en esa población.
Ahora los ministros revisarán si el proceso penal de los sentenciados, que concluyó con sentencias de 31 años 11 meses de prisión, estuvo apegado a la Constitución.
En el dictamen, elaborado por Juan N. Silva Meza, se señala que los amparos de los atenquenses son “de trascendencia y relevancia jurídica”, porque permitirán “perfeccionar y fortalecer la doctrina que por primera vez se desarrolló en el caso Acteal”, que tiene que ver con el debido proceso, ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas.
También, se informó, será tema de análisis la constitucionalidad del tipo penal de secuestro equiparado, el ejercicio de la libertad de expresión, petición y manifestación.
De acuerdo con el expediente, los amparos atraídos ayer fueron presentados por Óscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espinosa Ramírez, Pedro Reyes Flores, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Romero, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera y Eduardo Morales, quienes fueron acusados de secuestrar a funcionarios estatales.
Silva subrayó que por primera vez la Corte revisará “asuntos derivados de hechos cuyas secuelas procesales y jurídicas no conocía la SCJN al momento de resolver la facultad de investigación sobre la violación grave de garantías en San Salvador Atenco”.
A diferencia de los amparos que atrajo la Corte hace unas semanas, solicitados por los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa –recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano–, esos asuntos tienen que ver con el “secuestro” de funcionarios estatales en días previos al ingreso por la fuerza de los policías al poblado, y no con los hechos ocurridos los días en que sucedieron los enfrentamientos y que fueron parte de la investigación de la Corte.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/25/index.php?section=politica&article=015n2pol
Periódico La Jornada
Jueves 25 de febrero de 2010, p. 15
La resolución de los amparos presentados por los pobladores de San Salvador Atenco será “importante y trascendente”, porque por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará este tipo de recursos a la luz de las conclusiones obtenidas en la investigación sobre violaciones graves a las garantías individuales en las que el pleno de ministros acreditó, en su momento, “diversas violaciones graves a las garantías individuales”.
Por unanimidad, los cinco ministros que integran la primera sala decidieron ejercer la facultad de atracción para conocer los amparos de 10 pobladores de San Salvador Atenco que fueron detenidos los días 3 y 4 de mayo de 2006, cuando policías federales y del estado de México irrumpieron en esa población.
Ahora los ministros revisarán si el proceso penal de los sentenciados, que concluyó con sentencias de 31 años 11 meses de prisión, estuvo apegado a la Constitución.
En el dictamen, elaborado por Juan N. Silva Meza, se señala que los amparos de los atenquenses son “de trascendencia y relevancia jurídica”, porque permitirán “perfeccionar y fortalecer la doctrina que por primera vez se desarrolló en el caso Acteal”, que tiene que ver con el debido proceso, ofrecimiento, desahogo y valoración de pruebas.
También, se informó, será tema de análisis la constitucionalidad del tipo penal de secuestro equiparado, el ejercicio de la libertad de expresión, petición y manifestación.
De acuerdo con el expediente, los amparos atraídos ayer fueron presentados por Óscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón Zacate, Julio Espinosa Ramírez, Pedro Reyes Flores, Juan Carlos Estrada Cruces, Jorge Ordóñez Romero, Adán Ordóñez Romero, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera y Eduardo Morales, quienes fueron acusados de secuestrar a funcionarios estatales.
Silva subrayó que por primera vez la Corte revisará “asuntos derivados de hechos cuyas secuelas procesales y jurídicas no conocía la SCJN al momento de resolver la facultad de investigación sobre la violación grave de garantías en San Salvador Atenco”.
A diferencia de los amparos que atrajo la Corte hace unas semanas, solicitados por los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Gochicoa –recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano–, esos asuntos tienen que ver con el “secuestro” de funcionarios estatales en días previos al ingreso por la fuerza de los policías al poblado, y no con los hechos ocurridos los días en que sucedieron los enfrentamientos y que fueron parte de la investigación de la Corte.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/25/index.php?section=politica&article=015n2pol
Ve Gobierno local idónea la adopción gay
Aseguran que la familia influye poco en la identidad sexualidad de los hijos
Por Manuel Durán
Ciudad de México (25 febrero 2010).- En el matrimonio gay, el Gobierno del DF ve como idónea la adopción de menores.
En 148 páginas, el mandatario local, Marcelo Ebrard, defiende las reformas que permite a personas del mismo sexo casarse y adoptar niños.
Ahí se asegura que los niños no corren riesgos, que vivir en un matrimonio gay no determina su sexualidad futura y que incluso forma individuos con una mentalidad más abierta y sin prejuicios.
Se trata del documento entregado por la Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz, a la Suprema Corte de Justicia, en respuesta a la impugnación de la PGR contra la reforma al Código Civil del DF.
"Otras de las conclusiones fue que los niños que viven dentro de familias homoparentales no acaban siendo por ello homosexuales (...), ya que la familia influye muy poco en la identidad sexual de los hijos. Si así fuera, las parejas heterosexuales sólo formarían niños heterosexuales", dice en la página 111.
En el inciso llamado "Beneficios para el menor adoptado por matrimonios formados por personas del mismo sexo", se habla de una mayor libertad para decidir la sexualidad.
"Lo que queda claro es que los menores que crecen dentro de estas familias tienen una mentalidad mucho más abierta, actúan sin prejuicios y con una mayor libertad a la hora de decidir su opción sexual, y, por lo tanto, la adopción por parte de familias homoparentales es idónea.
"Por lo que la adopción en esos términos no es inconveniente por atentar contra el interés superior del menor, al contrario, es beneficiosa para los niños que pasan de estar en un orfanato, a formar parte de una familia que le dará los cuidados necesarios", se expone.
Luego de presentar el texto, la Consejera Jurídica comentó que también se refuta la idea de un solo modelo de familia protegido por la Constitución.
"Hay varios tipos, muchas familias, incluso las parejas homosexuales van a poder ser una nueva familia", explicó.
Agregó que el matrimonio no sólo tiene fines de procreación, sino también de ayuda mutua.
Recordó que en adopción no hubo reformas, pues actualmente la preferencia sexual no condiciona el trámite.
En el texto se citan a especialistas de todo el mundo acerca de la adopción y crianza de niños por personas gay, sobre todo en Estados Unidos y España, se reproduce el concepto de familia en cada legislación estatal y la evolución de los derechos en México.
La conclusión de todos estos estudios empíricos y análisis de los datos de tantos investigadores es unánime, dice el documento.
"No hay un solo estudio empírico que muestre alguna desventaja en el desarrollo de los hijos de parejas homosexuales", se indica.
Se recuerda que homosexuales, hombres y mujeres, han criado niños y continuarán haciéndolo en el futuro, por lo cual es mejor que los padres y menores tengan derechos, beneficios y protección derivados del matrimonio.
"Más de 25 años de investigación han documentado que no existe relación entre la orientación sexual de los padres y cualquier medida de ajuste emocional, psicosocial y/o de conducta.
"Estos resultados demuestran que no existe riesgo para los niños como resultado de crecer en una familia con uno o más padres homosexuales. Adultos concienzudos y cuidadosos, ya sean hombres o mujeres, heterosexuales o homosexuales, pueden ser excelentes padres. Los derechos, beneficios y protección que brinda el matrimonio puede fortalecer estas familias", se expone.
En consecuencia, dice el alegato, la PGR no tiene fundamento para decir que los menores adoptados por gays no tienen ambiente propicio y adecuado para su desarrollo, generando desigualdad o discriminación respecto de otros en matrimonios conformados por un hombre y una mujer.
Se recuerda que además se exigirán los mismos requisitos al matrimonio gay que pretenda adoptar, lo cual garantizará la prevalencia de los derechos del menor y será un juez quien lo determine.
En su declaraciones Bonifaz agregó que además la crianza del menor se desarrolla en un ámbito familiar mucho más extenso que el matrimonio, con abuelos, tíos y primos, como ocurre en cualquier familia mexicana.
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ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/ciudad/articulo/1083546
Por Manuel Durán
Ciudad de México (25 febrero 2010).- En el matrimonio gay, el Gobierno del DF ve como idónea la adopción de menores.
En 148 páginas, el mandatario local, Marcelo Ebrard, defiende las reformas que permite a personas del mismo sexo casarse y adoptar niños.
Ahí se asegura que los niños no corren riesgos, que vivir en un matrimonio gay no determina su sexualidad futura y que incluso forma individuos con una mentalidad más abierta y sin prejuicios.
Se trata del documento entregado por la Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz, a la Suprema Corte de Justicia, en respuesta a la impugnación de la PGR contra la reforma al Código Civil del DF.
"Otras de las conclusiones fue que los niños que viven dentro de familias homoparentales no acaban siendo por ello homosexuales (...), ya que la familia influye muy poco en la identidad sexual de los hijos. Si así fuera, las parejas heterosexuales sólo formarían niños heterosexuales", dice en la página 111.
En el inciso llamado "Beneficios para el menor adoptado por matrimonios formados por personas del mismo sexo", se habla de una mayor libertad para decidir la sexualidad.
"Lo que queda claro es que los menores que crecen dentro de estas familias tienen una mentalidad mucho más abierta, actúan sin prejuicios y con una mayor libertad a la hora de decidir su opción sexual, y, por lo tanto, la adopción por parte de familias homoparentales es idónea.
"Por lo que la adopción en esos términos no es inconveniente por atentar contra el interés superior del menor, al contrario, es beneficiosa para los niños que pasan de estar en un orfanato, a formar parte de una familia que le dará los cuidados necesarios", se expone.
Luego de presentar el texto, la Consejera Jurídica comentó que también se refuta la idea de un solo modelo de familia protegido por la Constitución.
"Hay varios tipos, muchas familias, incluso las parejas homosexuales van a poder ser una nueva familia", explicó.
Agregó que el matrimonio no sólo tiene fines de procreación, sino también de ayuda mutua.
Recordó que en adopción no hubo reformas, pues actualmente la preferencia sexual no condiciona el trámite.
En el texto se citan a especialistas de todo el mundo acerca de la adopción y crianza de niños por personas gay, sobre todo en Estados Unidos y España, se reproduce el concepto de familia en cada legislación estatal y la evolución de los derechos en México.
La conclusión de todos estos estudios empíricos y análisis de los datos de tantos investigadores es unánime, dice el documento.
"No hay un solo estudio empírico que muestre alguna desventaja en el desarrollo de los hijos de parejas homosexuales", se indica.
Se recuerda que homosexuales, hombres y mujeres, han criado niños y continuarán haciéndolo en el futuro, por lo cual es mejor que los padres y menores tengan derechos, beneficios y protección derivados del matrimonio.
"Más de 25 años de investigación han documentado que no existe relación entre la orientación sexual de los padres y cualquier medida de ajuste emocional, psicosocial y/o de conducta.
"Estos resultados demuestran que no existe riesgo para los niños como resultado de crecer en una familia con uno o más padres homosexuales. Adultos concienzudos y cuidadosos, ya sean hombres o mujeres, heterosexuales o homosexuales, pueden ser excelentes padres. Los derechos, beneficios y protección que brinda el matrimonio puede fortalecer estas familias", se expone.
En consecuencia, dice el alegato, la PGR no tiene fundamento para decir que los menores adoptados por gays no tienen ambiente propicio y adecuado para su desarrollo, generando desigualdad o discriminación respecto de otros en matrimonios conformados por un hombre y una mujer.
Se recuerda que además se exigirán los mismos requisitos al matrimonio gay que pretenda adoptar, lo cual garantizará la prevalencia de los derechos del menor y será un juez quien lo determine.
En su declaraciones Bonifaz agregó que además la crianza del menor se desarrolla en un ámbito familiar mucho más extenso que el matrimonio, con abuelos, tíos y primos, como ocurre en cualquier familia mexicana.
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martes, 23 de febrero de 2010
Piden liberación de dos indígenas sentenciadas a 21 años de prisión
Todo un tema, el asunto de las 2 pobres mujeres, que como en el caso de Jacinta, su condena va más enfilada a que son, pobres, indígenas y mujeres.
Lea con indignación, cómo toda la fuerza del Estado, contra 2 pobres mujeres que siguen privadas de su libertad, a pesar de que en el caso Jacinta, se quedó demostrado que no existía evidencia para mantenerlas encerradas:
El juez Pedraza Longhi no tomó en cuenta pruebas de descargo
Piden liberación de dos indígenas sentenciadas a 21 años de prisión
Al igual que con Jacinta, sus casos están plagados de contradicciones
Mariana Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 23 de febrero de 2010, p. 34
Querétaro, Qro., 22 de febrero. Familiares de las indígenas ñañús (otomíes) Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan se manifestaron en esta capital, en compañía de miembros de Amnistía Internacional, para exigir la libertad de ambas, sentenciadas en dos ocasiones a 21 años de prisión por el delito de secuestro en contra de seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) –que supuestamente se habría perpetrado el 26 de marzo de 2006–, y en el caso de Alberta Alcántara también por posesión de droga.
Ante el palacio de gobierno estatal, Amalia Juan Regino, Pedro Alcántara Vicente y Gabriel Alcántara Juan, madre y padre de Alberta, así como hermano de ésta y esposo de Teresa, respectivamente, demandaron que las dos mujeres recuperen su libertad. Asimismo, imputaron a la Procuraduría General de la República (PGR) fabricar pruebas contra las indígenas, quienes se hallan en prisión desde 2006.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó en conferencia de prensa que el viernes pasado el juez cuarto de distrito, Rodolfo Pedraza Longhi, condenó a Teresa y Alberta a 21 años de cárcel, y a pagar una multa de 160 mil pesos; además, consideró a la segunda responsable de portar 400 gramos de cocaína.
Alberta y Teresa fueron sentenciadas a 21 años de prisión en diciembre de 2008, junto con Jacinta Francisco Marcial. En abril de 2009, el magistrado del tribunal unitario del 22 circuito, Hanz Eduardo Muñoz López, conoció de la apelación interpuesta en contra de la sentencia, y determinó que la acusación estaba plagada de contradicciones, por lo que ordenó reponer el procedimiento para el desahogo de nuevas pruebas, lo cual se desarrolló durante mayo y septiembre del año pasado.
Como parte de esa reposición del procedimiento, Jacinta Francisco obtuvo su libertad en septiembre de 2009. Sin embargo, el 19 de febrero anterior, el juez Pedraza Longhi convalidó las mismas pruebas y condenó nuevamente a 21 años de prisión a Teresa y Alberta.
Leopoldo Maldonado indicó que entre las pruebas en que se basó la PGR para acusar a las indígenas, destaca una llamada anónima que agentes federales recibieron en el sentido de que una persona “pecosa, pelo corto, güera, de complexión regular y procedente del estado de México” vendía drogas en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco –donde las convictas habitaban–, ésos son “rasgos fisonómicos diametralmente distintos a los de Alberta y Teresa”.
Añadió que las declaraciones de los agentes federales, quienesdijeron haber sido secuestrados por las indígenas, son contradictorias en tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos.
Maldonado Gutiérrez indicó que el juez no tomó en cuenta pruebas de descargo presentadas por la defensa, en las cuales testigos señalaron que no observaron a Teresa y Alberta retener a persona alguna en el tianguis de Santiago Mezquititlán.
Abogados del Centro Pro dijeron que analizan apelar de la nueva sentencia o, en su caso, solicitar un amparo por las irregularidades detectadas en el proceso.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/23/index.php?section=sociedad&article=034n1soc
¿Y en dónde están todas las voces de las sociedad que debieran ALZAR la voz, para que no se siga suministrando justicia, fabricando culpables y castigando a modo, a la mujer, al indígena y a la pobreza?
Recientemente me ocupé de elaborar un texto, porque en cuestión de género seguimos con una tremenda iniquidad y como país, seguimos muy distante del efectivo respeto de la firma de tratados y derechos. Letras legales, tenemos muchas, pero lo imposible sigue siendo el lograr hacerlas efectivas.
A ver qué le parece lo que he escrito:
A pesar de que existe una declaración universal de los derechos humanos, en México sigue siendo cuesta arriba, para toda mujer el poder lograrlos.
En México hemos llegado en ocasiones como sociedad nos conformarnos, con el valor enunciativo de garantías individuales, colectivos y sociales así como de tratados internacionales, leyes y un serie de enunciados. Sin embargo lograr hacer efectivo el derecho que dicen nos cobija, invariablemente el camino está rodeado de violencias y torturas que acentúan la impotencia, cuando se es dependiente de la actuación ética, de los que deben privilegiar el valor y espíritu de la letra. Dependencia a la actuación de terceros, que estén totalmente comprometidos con el ejercicio del derecho, para alcanzar el efectivo acceso a la justicia.
Pero también el acceso a la justicia tiene una fuerte dependencia a la capacidad económica, motor que ayudará para iniciar una lucha, ya sea para tratar de hacer valer un derecho agraviado o alcanzar la libertad. Sí bien el estado tiene diseñada la figura de “defensoría pública”, en los hechos prácticos se ha logrado documentar, que el representante legal de oficio, suele ser rebazado por cargas laborales y en otros casos, que sin respaldo económico, el defensor no logra avanzar en la serie de trámites y fotocopias, que al juzgador se le deberá allegar.
En el pasado reciente tenemos el ejemplo que deja el caso, de la indígena Jacinta Francisco Marcial, presa bajo argumentos falsos.
Su historia pasó a la luz pública y con base en ello se logró generar una presión social, que en cierto sentido coadyuvó para alcanzar su libertad. Pero Jacinta es la historia de muchas mujeres, cuyo único delito se encierra en el impresentable principio de ser pobres y con la agravante de ser indígena. Jacinta arbitrariamente fue arrancada de su seno familiar y privada del derecho para trabajar. Desde el más impúdico abuso de poder, un grupo de hombres que se rentaron para ser parte del sistema del poder judicial, ignoraban el principal elemento de presunción de inocencia, tan sólo para atropellar. Durante 3 años, Jacinta fue privada de su libertad y cargaba una sentencia de 21 años, “por el secuestro de 6 agentes federales”. El caso de Jacinta dejó bastante claro, que en México se sigue padeciendo el acceso a la justicia, de segunda clase, y que poco importa la observancia de aportar intérprete, para que todo indígena pueda defender su inocencia y sobre todo conocer de qué tipo eran las imputaciones para mantenerla presa. Jacinta dejó de ser sujeto para convertirse en un objeto que debería permanecer sentada y solamente colocar su firma en documentos que le mostraban. El proceso jurídico en contra Jacinta, lució más como una farsa y fraude jurídico, violentando con ello todas las garantías para grupos vulnerables.
Sin embargo, después de tanta injusticia que ha padecido Jacinta, después de tanto daño, tanto económico, como moral que ha rodeado tanto a Jacinta como a su familia el Estado se niega a asumir el costo y resarcir los daños, sí es que efectivamente, se puede resarcir tanto dolor, pena e impotencia.
Hoy Jacinta, afortunadamente está libre y ésa libertad también es para su familia, que moralmente se encontró también presa y sujeta, porque la condena por ser pobres e indígenas, también había atrapado a su familia. De la noche a la mañana, dejaron de ser libres para llevar sus labores cotidianas y se encontraron encadenados, a buscar cómo defender y demostrar, que Jacinta, madre y esposa, no era parte ni ejecutora del secuestro que se le quería imputar.
Pero dentro de la historia de Jacinta, no es aún un tema cerrado. Y no podemos considerarlo cerrado, porque encontramos un claro acto de discriminación y quebranto de igualdad procesal. Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, son 2 indígenas Ñhä-nhú que también fueron falsamente inculpadas y procesadas, dentro del sistema de justicia, que lució como de segunda clase. Es la fecha que las dos mujeres y sus familias siguen a la espera de alcanzar la libertad. La presión social solamente logró la libertad para Jacinta, pero no así para Teresa y Alberta.
¿Bajo qué argumento, legal, se les niega el derecho para alcanzar su libertad?
¿Bajo qué principio de igualdad y certeza jurídica, se puede aplazar su libertad?
¿Acaso no es evidente la clara discriminación, para el acceso real a la justicia, cuando se deja como, presas de conciencia, a 2 indígenas?
La igualdad jurídica es una Garantía Individual, consagrada en nuestra Constitución. Es un derecho para el gobernado y un límite para el Estado. Es un derecho público de todas las personas, frente al Estado, por lo que éste –el Estado-, tiene que garantizarle a aquélla que va a tener un trato igualitario, no sólo en su dignidad, sino en reconocerle los mismos derechos, las mismas oportunidades y en garantizarle el acceso al goce y disfrute de todas las garantías constitucionales y de los demás derechos que de ella derivan, en forma integral. Así pues, el Estado está obligado a garantizarles, tanto a Teresa González Cornelio como a Alberta Alcántara Juan, el mismo derecho que tuvo Jacinta para alcanzar su derecho a la libertad.
En la lucha e historia de Jacinta, se deja una lección que deberá asimilar el Estado.
Jacinta, Teresa y Alberta fueron imputadas bajo argumentos falsos, por 6 hombres que solamente sembraron falsas evidencias, calumnia y daño. 6 hombres que pretendieron prostituir la impartición de justicia. 6 hombres que pasaron por alto, los costos que implica, tanto en horas/hombre dentro del sistema de impartición de justicia así como las horas/hombre de una comunidad que busca ser productiva.
Los 6 hombres, agentes federales, con sus acciones solamente han contribuido a la perversión de un sistema que se debe a la justicia.
Para los 6 hombres, hasta hoy no hay un pago o costo jurídico de las consecuencias que han derivado sus actos.
Para las 3 indígenas y sus familias, los costos siguen siendo demasiado elevados.
Porque la cicatriz que deja la impotencia, dependencia e injusticia, que hoy, al menos 2 mujeres indígenas, presas, siguen cargando, no logrará borrarse cuando aún está acentuado, el vector que discrimina y sujeta.
El Estado deberá de garantizar el acceso a la efectiva justicia, derecho para todas las mujeres que hoy se puedan encontrar presas. Teniendo presente que dentro de la historia de Jacinta, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, demostró las condiciones y situaciones que viven las mujeres y que éstas no fueron las mismas que las de los 6 hombres.
Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, son un ejemplo más de cuántas vertientes sigue presentando la violencia y tortura que afecta a las mujeres así como para el acceso a la justicia.
Pero dentro de las historias de la comunidad indígena también tenemos el caso, de Eufrosina Cruz Mendoza, mujer indígena que fue vencida y perseguida, por los usos y costumbres, de una comunidad machista, que anuló el derecho femenino, para ser votada y ocupar un cargo.
Eufrosina se había postulado para ser alcaldesa, logrando un voto mayoritario. En el estado de Oaxaca, dentro del municipio de Santa María Quiegolani, el poder político está exclusivamente en manos de los hombres. La palabra mujer no existe en las leyes comunitarias, lo que le impide votar y participar como candidata en las elecciones municipales. Contra viento y marea, Eufrosina quiso ser alcalde y para ello se preparó. Abandonó desde muy joven su región para formarse profesionalmente y dejar como ejemplo, que la mujer hoy debe luchar para ser primeramente sujeto y dejar de ser objeto, ése que dentro de las comunidades y derivadas de los usos y costumbres, pretenden condenar y privar a la mujer, sobre el proyecto y futuro que desean en la vida. Eufrosina inició su lucha para lograr una equidad de género, cuando su convicción la llevó a reafirmar, que una mujer tiene todo el derecho para decidir sí desea prepararse o casarse.
Eufrosina inició a sembrar la semilla que trataría de abrir el camino para una equidad y libertad, que de inicio arrancaba con el derecho al progreso y evolución personal, para proseguir con la ardua lucha electoral.
Eufrosina se mantenía en contacto con las mujeres de su comunidad y logró reuniones organizadas, para generar la reflexión colectiva, de sus derechos y nuevo rol que deberían alcanzar dentro de su comunidad. Eufrosina emprendió una lucha, para colocar no sólo la palabra mujer, sino los derechos que todo ser humano debe tener.
Derecho que aún sigue estando sujeto al vector discriminador y devaluador que parte del principio de género.
Eufrosina deseaba que el progreso y evolución, pudieran llegar para todas las mujeres del pueblo. Eufrosina estaba cansada de observar, que las mujeres de su comunidad estaban destinadas a proseguir con el rol social que los usos y costumbres les designan en actividades como, de levantarse a las 3 de la mañana, ir al campo a buscar leña, moler maíz, preparar las tortillas, atender a los hijos y limpiar la casa, los 7 días de la semana y los 365 de cada año.
La primera lucha de evolución personal la logró, gracias a su tenacidad. Pero la lucha para alcanzarla equidad de género dentro de los derechos políticos, la perdió, porque los usos y costumbres son un muro, que ni las leyes e instituciones electorales pueden hasta hoy derribar.
Eufrosina logró aparecer en las papeletas de la comunidad para competir y lograr ser la alcaldesa de su comunidad. El voto mayoritario de su comunidad le otorgó el triunfo, pero su triunfo y papeletas acabaron en la basura. El derecho efectivo al sufragio fue anulado por los usos y costumbres del poblado. Una asamblea popular, que no cuenta con presencia femenina, decidió ignorar, tanto el triunfo electoral de Eufrosina, así como desconocerla como ciudadana.
La comunidad machista colocaría otra pena contra la mujer que deseaba alcanzar la equidad de género: Fue expulsada de su comunidad, amenazada de muerte así como la restricción de los programas sociales en Oaxaca, para Eufrosina Cruz y seguidores.
A pesar de lo que dictan los artículo 14 y 22 de la Constitución, a pesar de lo que cita el artículo 8° del convenio169 de la OIT, a pesar de lo redactado dentro del texto constitucional del estado de Oaxaca en sus artículos 2 y 16, a pesar de que la ley Pueblos y Comunidades Indígenas, cita en su artículo 29, que reconoce la validez de las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas, “siempre y cuando no contravengan la Constitución Política del Estado, las leyes estatales vigentes ni vulneren derechos humanos ni de terceros”.Y en artículo 46 “el Estado promoverá, en el marco de las prácticas tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas, la participación plena de las mujeres en tareas y actividades que éstos no contemplan y que tiendan a lograr su realización, su superación, así como el reconocimiento y el respeto a su dignidad”.A pesar de que en el artículo 49, “el Estado asume la obligación de propiciar la información, la capacitación, la difusión y el diálogo, para que los pueblos y comunidades indígenas tomen medidas tendientes a lograr la participación plena de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural de los mismos, a fin de cumplir cabalmente con el mandato del artículo 12 de la Constitución Estatal.
A pesar de todo ello, la historia de lucha que emprendió Eufrosina, mujer zapoteca, sigue sin alcanzar el legítimo derecho, de hacerlo efectivo no por falta de letra legal, sino por la distancia que aún hay, entre la descripción de un derecho y el poder lograr que su derecho sea efectivo.
Los grandes pendientes sociales siguen hasta hoy siendo:
El lograr erradicar a la mujer de un mundo de violencia, de alta discriminación y segregación de género. Lograr centra el valor desde el elemental principio de valía como ser humano para dejar atrás el etiquetado de un simple objeto. Un objeto que desde el propio conservadurismo, la condena a ser obediente, dependiente, callada y sumisa y sujeta a lo que otros decidan.
La deuda histórica que se sigue teniendo hasta nuestros tiempos, es el que toda mujer pueda lograr un acceso real al sistema de justicia y con ello hacer valer sus derechos.
Laura Tena Colunga
Lea con indignación, cómo toda la fuerza del Estado, contra 2 pobres mujeres que siguen privadas de su libertad, a pesar de que en el caso Jacinta, se quedó demostrado que no existía evidencia para mantenerlas encerradas:
El juez Pedraza Longhi no tomó en cuenta pruebas de descargo
Piden liberación de dos indígenas sentenciadas a 21 años de prisión
Al igual que con Jacinta, sus casos están plagados de contradicciones
Mariana Chávez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 23 de febrero de 2010, p. 34
Querétaro, Qro., 22 de febrero. Familiares de las indígenas ñañús (otomíes) Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan se manifestaron en esta capital, en compañía de miembros de Amnistía Internacional, para exigir la libertad de ambas, sentenciadas en dos ocasiones a 21 años de prisión por el delito de secuestro en contra de seis elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) –que supuestamente se habría perpetrado el 26 de marzo de 2006–, y en el caso de Alberta Alcántara también por posesión de droga.
Ante el palacio de gobierno estatal, Amalia Juan Regino, Pedro Alcántara Vicente y Gabriel Alcántara Juan, madre y padre de Alberta, así como hermano de ésta y esposo de Teresa, respectivamente, demandaron que las dos mujeres recuperen su libertad. Asimismo, imputaron a la Procuraduría General de la República (PGR) fabricar pruebas contra las indígenas, quienes se hallan en prisión desde 2006.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó en conferencia de prensa que el viernes pasado el juez cuarto de distrito, Rodolfo Pedraza Longhi, condenó a Teresa y Alberta a 21 años de cárcel, y a pagar una multa de 160 mil pesos; además, consideró a la segunda responsable de portar 400 gramos de cocaína.
Alberta y Teresa fueron sentenciadas a 21 años de prisión en diciembre de 2008, junto con Jacinta Francisco Marcial. En abril de 2009, el magistrado del tribunal unitario del 22 circuito, Hanz Eduardo Muñoz López, conoció de la apelación interpuesta en contra de la sentencia, y determinó que la acusación estaba plagada de contradicciones, por lo que ordenó reponer el procedimiento para el desahogo de nuevas pruebas, lo cual se desarrolló durante mayo y septiembre del año pasado.
Como parte de esa reposición del procedimiento, Jacinta Francisco obtuvo su libertad en septiembre de 2009. Sin embargo, el 19 de febrero anterior, el juez Pedraza Longhi convalidó las mismas pruebas y condenó nuevamente a 21 años de prisión a Teresa y Alberta.
Leopoldo Maldonado indicó que entre las pruebas en que se basó la PGR para acusar a las indígenas, destaca una llamada anónima que agentes federales recibieron en el sentido de que una persona “pecosa, pelo corto, güera, de complexión regular y procedente del estado de México” vendía drogas en la comunidad de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco –donde las convictas habitaban–, ésos son “rasgos fisonómicos diametralmente distintos a los de Alberta y Teresa”.
Añadió que las declaraciones de los agentes federales, quienesdijeron haber sido secuestrados por las indígenas, son contradictorias en tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos.
Maldonado Gutiérrez indicó que el juez no tomó en cuenta pruebas de descargo presentadas por la defensa, en las cuales testigos señalaron que no observaron a Teresa y Alberta retener a persona alguna en el tianguis de Santiago Mezquititlán.
Abogados del Centro Pro dijeron que analizan apelar de la nueva sentencia o, en su caso, solicitar un amparo por las irregularidades detectadas en el proceso.
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/23/index.php?section=sociedad&article=034n1soc
¿Y en dónde están todas las voces de las sociedad que debieran ALZAR la voz, para que no se siga suministrando justicia, fabricando culpables y castigando a modo, a la mujer, al indígena y a la pobreza?
Recientemente me ocupé de elaborar un texto, porque en cuestión de género seguimos con una tremenda iniquidad y como país, seguimos muy distante del efectivo respeto de la firma de tratados y derechos. Letras legales, tenemos muchas, pero lo imposible sigue siendo el lograr hacerlas efectivas.
A ver qué le parece lo que he escrito:
A pesar de que existe una declaración universal de los derechos humanos, en México sigue siendo cuesta arriba, para toda mujer el poder lograrlos.
En México hemos llegado en ocasiones como sociedad nos conformarnos, con el valor enunciativo de garantías individuales, colectivos y sociales así como de tratados internacionales, leyes y un serie de enunciados. Sin embargo lograr hacer efectivo el derecho que dicen nos cobija, invariablemente el camino está rodeado de violencias y torturas que acentúan la impotencia, cuando se es dependiente de la actuación ética, de los que deben privilegiar el valor y espíritu de la letra. Dependencia a la actuación de terceros, que estén totalmente comprometidos con el ejercicio del derecho, para alcanzar el efectivo acceso a la justicia.
Pero también el acceso a la justicia tiene una fuerte dependencia a la capacidad económica, motor que ayudará para iniciar una lucha, ya sea para tratar de hacer valer un derecho agraviado o alcanzar la libertad. Sí bien el estado tiene diseñada la figura de “defensoría pública”, en los hechos prácticos se ha logrado documentar, que el representante legal de oficio, suele ser rebazado por cargas laborales y en otros casos, que sin respaldo económico, el defensor no logra avanzar en la serie de trámites y fotocopias, que al juzgador se le deberá allegar.
En el pasado reciente tenemos el ejemplo que deja el caso, de la indígena Jacinta Francisco Marcial, presa bajo argumentos falsos.
Su historia pasó a la luz pública y con base en ello se logró generar una presión social, que en cierto sentido coadyuvó para alcanzar su libertad. Pero Jacinta es la historia de muchas mujeres, cuyo único delito se encierra en el impresentable principio de ser pobres y con la agravante de ser indígena. Jacinta arbitrariamente fue arrancada de su seno familiar y privada del derecho para trabajar. Desde el más impúdico abuso de poder, un grupo de hombres que se rentaron para ser parte del sistema del poder judicial, ignoraban el principal elemento de presunción de inocencia, tan sólo para atropellar. Durante 3 años, Jacinta fue privada de su libertad y cargaba una sentencia de 21 años, “por el secuestro de 6 agentes federales”. El caso de Jacinta dejó bastante claro, que en México se sigue padeciendo el acceso a la justicia, de segunda clase, y que poco importa la observancia de aportar intérprete, para que todo indígena pueda defender su inocencia y sobre todo conocer de qué tipo eran las imputaciones para mantenerla presa. Jacinta dejó de ser sujeto para convertirse en un objeto que debería permanecer sentada y solamente colocar su firma en documentos que le mostraban. El proceso jurídico en contra Jacinta, lució más como una farsa y fraude jurídico, violentando con ello todas las garantías para grupos vulnerables.
Sin embargo, después de tanta injusticia que ha padecido Jacinta, después de tanto daño, tanto económico, como moral que ha rodeado tanto a Jacinta como a su familia el Estado se niega a asumir el costo y resarcir los daños, sí es que efectivamente, se puede resarcir tanto dolor, pena e impotencia.
Hoy Jacinta, afortunadamente está libre y ésa libertad también es para su familia, que moralmente se encontró también presa y sujeta, porque la condena por ser pobres e indígenas, también había atrapado a su familia. De la noche a la mañana, dejaron de ser libres para llevar sus labores cotidianas y se encontraron encadenados, a buscar cómo defender y demostrar, que Jacinta, madre y esposa, no era parte ni ejecutora del secuestro que se le quería imputar.
Pero dentro de la historia de Jacinta, no es aún un tema cerrado. Y no podemos considerarlo cerrado, porque encontramos un claro acto de discriminación y quebranto de igualdad procesal. Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, son 2 indígenas Ñhä-nhú que también fueron falsamente inculpadas y procesadas, dentro del sistema de justicia, que lució como de segunda clase. Es la fecha que las dos mujeres y sus familias siguen a la espera de alcanzar la libertad. La presión social solamente logró la libertad para Jacinta, pero no así para Teresa y Alberta.
¿Bajo qué argumento, legal, se les niega el derecho para alcanzar su libertad?
¿Bajo qué principio de igualdad y certeza jurídica, se puede aplazar su libertad?
¿Acaso no es evidente la clara discriminación, para el acceso real a la justicia, cuando se deja como, presas de conciencia, a 2 indígenas?
La igualdad jurídica es una Garantía Individual, consagrada en nuestra Constitución. Es un derecho para el gobernado y un límite para el Estado. Es un derecho público de todas las personas, frente al Estado, por lo que éste –el Estado-, tiene que garantizarle a aquélla que va a tener un trato igualitario, no sólo en su dignidad, sino en reconocerle los mismos derechos, las mismas oportunidades y en garantizarle el acceso al goce y disfrute de todas las garantías constitucionales y de los demás derechos que de ella derivan, en forma integral. Así pues, el Estado está obligado a garantizarles, tanto a Teresa González Cornelio como a Alberta Alcántara Juan, el mismo derecho que tuvo Jacinta para alcanzar su derecho a la libertad.
En la lucha e historia de Jacinta, se deja una lección que deberá asimilar el Estado.
Jacinta, Teresa y Alberta fueron imputadas bajo argumentos falsos, por 6 hombres que solamente sembraron falsas evidencias, calumnia y daño. 6 hombres que pretendieron prostituir la impartición de justicia. 6 hombres que pasaron por alto, los costos que implica, tanto en horas/hombre dentro del sistema de impartición de justicia así como las horas/hombre de una comunidad que busca ser productiva.
Los 6 hombres, agentes federales, con sus acciones solamente han contribuido a la perversión de un sistema que se debe a la justicia.
Para los 6 hombres, hasta hoy no hay un pago o costo jurídico de las consecuencias que han derivado sus actos.
Para las 3 indígenas y sus familias, los costos siguen siendo demasiado elevados.
Porque la cicatriz que deja la impotencia, dependencia e injusticia, que hoy, al menos 2 mujeres indígenas, presas, siguen cargando, no logrará borrarse cuando aún está acentuado, el vector que discrimina y sujeta.
El Estado deberá de garantizar el acceso a la efectiva justicia, derecho para todas las mujeres que hoy se puedan encontrar presas. Teniendo presente que dentro de la historia de Jacinta, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, demostró las condiciones y situaciones que viven las mujeres y que éstas no fueron las mismas que las de los 6 hombres.
Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, son un ejemplo más de cuántas vertientes sigue presentando la violencia y tortura que afecta a las mujeres así como para el acceso a la justicia.
Pero dentro de las historias de la comunidad indígena también tenemos el caso, de Eufrosina Cruz Mendoza, mujer indígena que fue vencida y perseguida, por los usos y costumbres, de una comunidad machista, que anuló el derecho femenino, para ser votada y ocupar un cargo.
Eufrosina se había postulado para ser alcaldesa, logrando un voto mayoritario. En el estado de Oaxaca, dentro del municipio de Santa María Quiegolani, el poder político está exclusivamente en manos de los hombres. La palabra mujer no existe en las leyes comunitarias, lo que le impide votar y participar como candidata en las elecciones municipales. Contra viento y marea, Eufrosina quiso ser alcalde y para ello se preparó. Abandonó desde muy joven su región para formarse profesionalmente y dejar como ejemplo, que la mujer hoy debe luchar para ser primeramente sujeto y dejar de ser objeto, ése que dentro de las comunidades y derivadas de los usos y costumbres, pretenden condenar y privar a la mujer, sobre el proyecto y futuro que desean en la vida. Eufrosina inició su lucha para lograr una equidad de género, cuando su convicción la llevó a reafirmar, que una mujer tiene todo el derecho para decidir sí desea prepararse o casarse.
Eufrosina inició a sembrar la semilla que trataría de abrir el camino para una equidad y libertad, que de inicio arrancaba con el derecho al progreso y evolución personal, para proseguir con la ardua lucha electoral.
Eufrosina se mantenía en contacto con las mujeres de su comunidad y logró reuniones organizadas, para generar la reflexión colectiva, de sus derechos y nuevo rol que deberían alcanzar dentro de su comunidad. Eufrosina emprendió una lucha, para colocar no sólo la palabra mujer, sino los derechos que todo ser humano debe tener.
Derecho que aún sigue estando sujeto al vector discriminador y devaluador que parte del principio de género.
Eufrosina deseaba que el progreso y evolución, pudieran llegar para todas las mujeres del pueblo. Eufrosina estaba cansada de observar, que las mujeres de su comunidad estaban destinadas a proseguir con el rol social que los usos y costumbres les designan en actividades como, de levantarse a las 3 de la mañana, ir al campo a buscar leña, moler maíz, preparar las tortillas, atender a los hijos y limpiar la casa, los 7 días de la semana y los 365 de cada año.
La primera lucha de evolución personal la logró, gracias a su tenacidad. Pero la lucha para alcanzarla equidad de género dentro de los derechos políticos, la perdió, porque los usos y costumbres son un muro, que ni las leyes e instituciones electorales pueden hasta hoy derribar.
Eufrosina logró aparecer en las papeletas de la comunidad para competir y lograr ser la alcaldesa de su comunidad. El voto mayoritario de su comunidad le otorgó el triunfo, pero su triunfo y papeletas acabaron en la basura. El derecho efectivo al sufragio fue anulado por los usos y costumbres del poblado. Una asamblea popular, que no cuenta con presencia femenina, decidió ignorar, tanto el triunfo electoral de Eufrosina, así como desconocerla como ciudadana.
La comunidad machista colocaría otra pena contra la mujer que deseaba alcanzar la equidad de género: Fue expulsada de su comunidad, amenazada de muerte así como la restricción de los programas sociales en Oaxaca, para Eufrosina Cruz y seguidores.
A pesar de lo que dictan los artículo 14 y 22 de la Constitución, a pesar de lo que cita el artículo 8° del convenio169 de la OIT, a pesar de lo redactado dentro del texto constitucional del estado de Oaxaca en sus artículos 2 y 16, a pesar de que la ley Pueblos y Comunidades Indígenas, cita en su artículo 29, que reconoce la validez de las normas internas de los pueblos y comunidades indígenas, “siempre y cuando no contravengan la Constitución Política del Estado, las leyes estatales vigentes ni vulneren derechos humanos ni de terceros”.Y en artículo 46 “el Estado promoverá, en el marco de las prácticas tradicionales de las comunidades y pueblos indígenas, la participación plena de las mujeres en tareas y actividades que éstos no contemplan y que tiendan a lograr su realización, su superación, así como el reconocimiento y el respeto a su dignidad”.A pesar de que en el artículo 49, “el Estado asume la obligación de propiciar la información, la capacitación, la difusión y el diálogo, para que los pueblos y comunidades indígenas tomen medidas tendientes a lograr la participación plena de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural de los mismos, a fin de cumplir cabalmente con el mandato del artículo 12 de la Constitución Estatal.
A pesar de todo ello, la historia de lucha que emprendió Eufrosina, mujer zapoteca, sigue sin alcanzar el legítimo derecho, de hacerlo efectivo no por falta de letra legal, sino por la distancia que aún hay, entre la descripción de un derecho y el poder lograr que su derecho sea efectivo.
Los grandes pendientes sociales siguen hasta hoy siendo:
El lograr erradicar a la mujer de un mundo de violencia, de alta discriminación y segregación de género. Lograr centra el valor desde el elemental principio de valía como ser humano para dejar atrás el etiquetado de un simple objeto. Un objeto que desde el propio conservadurismo, la condena a ser obediente, dependiente, callada y sumisa y sujeta a lo que otros decidan.
La deuda histórica que se sigue teniendo hasta nuestros tiempos, es el que toda mujer pueda lograr un acceso real al sistema de justicia y con ello hacer valer sus derechos.
Laura Tena Colunga
Alerta de la Unesco por 248 lenguas originarias
Podrían desaparecer en los próximos años Más de 248 lenguas originarias que se hablan en América latina corren riesgo de extinguirse, según datos divulgados por la Unesco en el Día Mundial de la Lengua Materna. Según datos de la Unesco, el 90% de todas las lenguas del mundo desaparecerán en los próximos 100 años.
América latina es una de las regiones con mayor diversidad lingüística del mundo. En la región existen 248 lenguas consideradas en peligro, entre ellas 64 en Brasil, 53 en México, 29 en Perú, 24 en Colombia y 18 en Bolivia.
En el territorio argentino, la Unesco identificó seis lenguas en riesgo. El chorote iyojwa´ja, el mapuche, el mbyá guaraní y el tapieté están "seriamente en peligro", y el chaná y el tehuelche están en "situación crítica".
Así están categorizadas las lenguas en el Atlas Interactivo que el organismo internacional publica en su sitio web. A través del atlas, el usuario puede identificar geográficamente las lenguas que están en peligro de extinción. Además, informa el número de hablantes que aún las mantienen vivas. Por ejemplo, sólo queda una persona que habla chaná (en Entre Ríos) y cuatro, tehuelche (en la Patagonia).
La Unesco también informó que en el mundo la mitad de las 6700 lenguas habladas corren riesgo de desaparecer y "este proceso sólo se puede frenar si los gobiernos y las comunidades de hablantes toman medidas urgentes".
"La oportunidad de utilizar y transmitir el pensamiento y tradiciones en sus lenguas originarias representa no sólo un derecho cultural, sino también una herramienta para asegurar el conocimiento de los derechos humanos", aseguró el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y América del Sur.
Fuente:La Nacion
http://www.brindarse.com.ar/cultura/cultura/alerta-de-la-unesco-por-248-lenguas-originarias.html
América latina es una de las regiones con mayor diversidad lingüística del mundo. En la región existen 248 lenguas consideradas en peligro, entre ellas 64 en Brasil, 53 en México, 29 en Perú, 24 en Colombia y 18 en Bolivia.
En el territorio argentino, la Unesco identificó seis lenguas en riesgo. El chorote iyojwa´ja, el mapuche, el mbyá guaraní y el tapieté están "seriamente en peligro", y el chaná y el tehuelche están en "situación crítica".
Así están categorizadas las lenguas en el Atlas Interactivo que el organismo internacional publica en su sitio web. A través del atlas, el usuario puede identificar geográficamente las lenguas que están en peligro de extinción. Además, informa el número de hablantes que aún las mantienen vivas. Por ejemplo, sólo queda una persona que habla chaná (en Entre Ríos) y cuatro, tehuelche (en la Patagonia).
La Unesco también informó que en el mundo la mitad de las 6700 lenguas habladas corren riesgo de desaparecer y "este proceso sólo se puede frenar si los gobiernos y las comunidades de hablantes toman medidas urgentes".
"La oportunidad de utilizar y transmitir el pensamiento y tradiciones en sus lenguas originarias representa no sólo un derecho cultural, sino también una herramienta para asegurar el conocimiento de los derechos humanos", aseguró el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central y América del Sur.
Fuente:La Nacion
http://www.brindarse.com.ar/cultura/cultura/alerta-de-la-unesco-por-248-lenguas-originarias.html
No discriminación, factor vital democrático: Conapred
23 Febrero, 2010 - 12:25
La igualdad y la no discriminación son factores que son indispensables para la democracia, por lo que realizar acciones en este sentido tienen beneficios para la sociedad, aseguró el titular del Conapred, Ricardo Bucio Mújica.
El funcionario federal aseveró que uno de los principales objetivos del consejo a su cargo es trabajar para evidenciar este hecho, así como hacer visible los perjuicios que provoca la discriminación y promover la generación de costos para quien discrimina.
Bucio Mújica aseguró que la democracia se funda en la igualdad entre las y los ciudadanos, y mencionó que el sufragio parte del principio de igualdad entre todas las personas que tienen el carácter de ciudadano.
Destacó que la sociedad que opta de manera intencional y hace acciones afirmativas, políticas públicas y leyes en favor de la no discriminación, será una más armónica que le da contenido a la democracia.
En este sentido, el titular de la Conapred señaló que en caso de que no se realicen acciones contra la discriminación y en favor de la igualdad se tendrán perjuicios sociales, por lo que no se puede ser indiferente frente a estos temas.
Al presentar su propuesta de trabajo para el periodo 2010-2012, Ricardo Bucio destacó que entre las acciones prioritarias se encuentra trabajar en el programa nacional para prevenir y eliminar la discriminación, documento que se espera sea publicado el próximo mes.
Asimismo se trabajará en el proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como en el programa de promoción de cultura de la igualdad, entre otros temas.
/doch
FUENTE:
Notimex
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/02/23/no-discriminacion-factor-vital-democratico-conapred
La igualdad y la no discriminación son factores que son indispensables para la democracia, por lo que realizar acciones en este sentido tienen beneficios para la sociedad, aseguró el titular del Conapred, Ricardo Bucio Mújica.
El funcionario federal aseveró que uno de los principales objetivos del consejo a su cargo es trabajar para evidenciar este hecho, así como hacer visible los perjuicios que provoca la discriminación y promover la generación de costos para quien discrimina.
Bucio Mújica aseguró que la democracia se funda en la igualdad entre las y los ciudadanos, y mencionó que el sufragio parte del principio de igualdad entre todas las personas que tienen el carácter de ciudadano.
Destacó que la sociedad que opta de manera intencional y hace acciones afirmativas, políticas públicas y leyes en favor de la no discriminación, será una más armónica que le da contenido a la democracia.
En este sentido, el titular de la Conapred señaló que en caso de que no se realicen acciones contra la discriminación y en favor de la igualdad se tendrán perjuicios sociales, por lo que no se puede ser indiferente frente a estos temas.
Al presentar su propuesta de trabajo para el periodo 2010-2012, Ricardo Bucio destacó que entre las acciones prioritarias se encuentra trabajar en el programa nacional para prevenir y eliminar la discriminación, documento que se espera sea publicado el próximo mes.
Asimismo se trabajará en el proyecto de iniciativa de reforma a la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, así como en el programa de promoción de cultura de la igualdad, entre otros temas.
/doch
FUENTE:
Notimex
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/02/23/no-discriminacion-factor-vital-democratico-conapred
Pide Legión perdón a víctimas de Maciel
Reconocen autoridades decepción
(23 febrero 2010).- REFORMA / Staff
El secretario general de la Legión de Cristo, Evaristo Sada, pidió perdón a todas las personas que hayan sido víctimas de los actos inmorales cometidos por el padre Marcial Maciel, fundador de la congregación.
"De todo corazón quiero pedir perdón a las personas a las que nuestro fundador haya afectado a causa de los actos inmorales en su vida personal y a las personas que se hayan sentido heridas por sus consecuencias.
"El Padre Álvaro (director) lo ha hecho y lo está haciendo en público y en lo personal, pero de nuevo pedimos perdón porque nos pesa sinceramente lo que la Iglesia y todas las personas afectadas han sufrido", indicó el legionario durante el Encuentro Juventud y Familia 2010, realizado el fin de semana en la Ciudad de México.
De acuerdo con un comunicado, Sada externó que en medio de las sospechas y la desconfianza que han provocado las faltas del sacerdote mexicano, que originaron una investigación del Vaticano, han aprendido lecciones que se tienen que corregir, como ser más humildes y menos controladores.
"Ahora que conocemos las cosas negativas, me duele mucho constatarlo, me duele por las personas que han sufrido, me duele que se haya provocado desprestigio al sacerdocio católico.
"Oro por él, oro mucho por él. Lo acepto también como parte de mi historia aunque me haga sufrir el ser blanco de sospechas y desconfianza. Pero se lo ofrezco a Dios como reparación. Reparar es parte importante en la vida del sacerdote", indicó Sada.
"Hemos aprendido tantas lecciones y hemos visto cosas que debemos corregir y mejorar. Nos proponemos ser más humildes en nuestra forma de relacionarnos con todos(...) Debemos dar más confianza a las personas, ser menos controladores. En nuestra pastoral, es urgente dar más atención al matrimonio y a la familia como familia", agregó.
Las declaraciones del presbítero se dan a semanas de que el Papa Benedicto XVI reciba las conclusiones de la investigación que encomendó en marzo del año pasado a la congregación de los Legionarios de Cristo en todo el mundo, tras el escándalo sobre la vida del padre Maciel.
El padre Maciel, quien murió en enero de 2008 a los 87 años, fue acusado de cometer abusos sexuales contra menores y en febrero del año pasado se reveló que tuvo una hija.
El grupo de visitadores está conformado por dos arzobispos y tres obispos que desde junio de 2009 llevan a cabo visitas y entrevistas a integrantes de la legión en los centros educativos y de preparación sacerdotal que tiene en Europa, América Norte, Centro y Sur, Oceanía y Asia.
La congregación esta integrada por más de 800 sacerdotes, 5 mil seminaristas y unos 85 mil laicos de más de 40 países.
De acuerdo con especialistas, el informe será entregado en marzo y se prevé que el Papa Benedicto XVI pida la refundación de los Legionarios de Cristo, lo que implica el cese de quienes están al frente de la legión y luego nombrará un comisario pontificio.
"Debemos valorar con humildad las cosas buenas que Dios nos ha dado y en un clima de mucha oración, de obediencia y unidad, afrontar con honestidad lo que sea necesario para superarnos", señaló Sada durante el encuentro.
Así lo dijo
"Perdón por cualquier cosa que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer que les haya provocado sufrimiento y desconcierto".
"Ahora que conocemos las cosas negativas, me duele mucho constatarlo, me duele por las personas que han sufrido, me duele que se haya provocado desprestigio al sacerdocio católico".
"Debemos valorar con humildad las cosas buenas que Dios nos ha dado y en un clima de mucha oración, de obediencia y unidad, afrontar con honestidad lo que sea necesario para superarnos".
Padre Evaristo Sada
Secretario de la Congregación de los Legionarios de Cristo
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ttp://www.reforma.com/parseo/printpage.asp?pagetoprint=../edicionimpresa/notas/20100223/nacional/1160269.htm&eimp=1
(23 febrero 2010).- REFORMA / Staff
El secretario general de la Legión de Cristo, Evaristo Sada, pidió perdón a todas las personas que hayan sido víctimas de los actos inmorales cometidos por el padre Marcial Maciel, fundador de la congregación.
"De todo corazón quiero pedir perdón a las personas a las que nuestro fundador haya afectado a causa de los actos inmorales en su vida personal y a las personas que se hayan sentido heridas por sus consecuencias.
"El Padre Álvaro (director) lo ha hecho y lo está haciendo en público y en lo personal, pero de nuevo pedimos perdón porque nos pesa sinceramente lo que la Iglesia y todas las personas afectadas han sufrido", indicó el legionario durante el Encuentro Juventud y Familia 2010, realizado el fin de semana en la Ciudad de México.
De acuerdo con un comunicado, Sada externó que en medio de las sospechas y la desconfianza que han provocado las faltas del sacerdote mexicano, que originaron una investigación del Vaticano, han aprendido lecciones que se tienen que corregir, como ser más humildes y menos controladores.
"Ahora que conocemos las cosas negativas, me duele mucho constatarlo, me duele por las personas que han sufrido, me duele que se haya provocado desprestigio al sacerdocio católico.
"Oro por él, oro mucho por él. Lo acepto también como parte de mi historia aunque me haga sufrir el ser blanco de sospechas y desconfianza. Pero se lo ofrezco a Dios como reparación. Reparar es parte importante en la vida del sacerdote", indicó Sada.
"Hemos aprendido tantas lecciones y hemos visto cosas que debemos corregir y mejorar. Nos proponemos ser más humildes en nuestra forma de relacionarnos con todos(...) Debemos dar más confianza a las personas, ser menos controladores. En nuestra pastoral, es urgente dar más atención al matrimonio y a la familia como familia", agregó.
Las declaraciones del presbítero se dan a semanas de que el Papa Benedicto XVI reciba las conclusiones de la investigación que encomendó en marzo del año pasado a la congregación de los Legionarios de Cristo en todo el mundo, tras el escándalo sobre la vida del padre Maciel.
El padre Maciel, quien murió en enero de 2008 a los 87 años, fue acusado de cometer abusos sexuales contra menores y en febrero del año pasado se reveló que tuvo una hija.
El grupo de visitadores está conformado por dos arzobispos y tres obispos que desde junio de 2009 llevan a cabo visitas y entrevistas a integrantes de la legión en los centros educativos y de preparación sacerdotal que tiene en Europa, América Norte, Centro y Sur, Oceanía y Asia.
La congregación esta integrada por más de 800 sacerdotes, 5 mil seminaristas y unos 85 mil laicos de más de 40 países.
De acuerdo con especialistas, el informe será entregado en marzo y se prevé que el Papa Benedicto XVI pida la refundación de los Legionarios de Cristo, lo que implica el cese de quienes están al frente de la legión y luego nombrará un comisario pontificio.
"Debemos valorar con humildad las cosas buenas que Dios nos ha dado y en un clima de mucha oración, de obediencia y unidad, afrontar con honestidad lo que sea necesario para superarnos", señaló Sada durante el encuentro.
Así lo dijo
"Perdón por cualquier cosa que hayamos hecho o hayamos dejado de hacer que les haya provocado sufrimiento y desconcierto".
"Ahora que conocemos las cosas negativas, me duele mucho constatarlo, me duele por las personas que han sufrido, me duele que se haya provocado desprestigio al sacerdocio católico".
"Debemos valorar con humildad las cosas buenas que Dios nos ha dado y en un clima de mucha oración, de obediencia y unidad, afrontar con honestidad lo que sea necesario para superarnos".
Padre Evaristo Sada
Secretario de la Congregación de los Legionarios de Cristo
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ttp://www.reforma.com/parseo/printpage.asp?pagetoprint=../edicionimpresa/notas/20100223/nacional/1160269.htm&eimp=1
sábado, 20 de febrero de 2010
Fracasan estados contra bodas gay
Además, quedaron pendientes de resolver los recursos de PGR, Jalisco y Sonora
Abel Barajas
Ciudad de México (20 febrero 2010).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer las controversias constitucionales promovidas por los gobiernos panistas de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala contra la reforma al Código Civil del Distrito Federal que legaliza los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción.
El Ministro Sergio Valls Hernández emitió un acuerdo en el que determina "desechar de plano" las controversias al fundamentar que los gobiernos estatales referidos carecen de interés legítimo para promover dichos recursos.
El fallo es una mala noticia para la Procuraduría General de la República (PGR): la acción de inconstitucionalidad, con la que pretende echar abajo la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tiene como uno de sus argumentos centrales, el mismo alegato que expresaron los estados y que ayer fue desechado.
El acuerdo dictado por el Ministro Valls Hernández detalla que los gobiernos de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala manifestaron que permitir las bodas entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal implica una "invasión" a la competencia y jurisdicción de las otras entidades federativas.
Justificaron esa afirmación remitiéndose al artículo 121 constitucional, que obliga a los estados de la República a dar fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de las otras entidades.
El Ministro Valls Hernández desestimó el argumento.
"Contrario a lo que afirma el actor, la ley impugnada no le impone ningún 'deber jurídico', sino que el citado artículo 121 constitucional obliga al reconocimiento de validez de un acto del estado civil, un aspecto totalmente diverso, de modo que no se trata de un problema de invasión de competencias estatales.
"Por consiguiente, un estado no está legitimado para controvertir dichas leyes, vía controversia constitucional, por estimar que no son conformes con la Constitución, sino únicamente cuando ello se traduzca en una afectación competencial, más no porque su contenido o la normativa en sí misma no le parezca constitucional", expresó el Ministro.
Para Valls Hernández, si en principio no existe agravio al ámbito de competencia de un estado, en consecuencia tampoco existe la posibilidad para que promueva una controversia constitucional que defienda derechos de tutela individual, en este caso del estado civil de las personas.
En su acuerdo, el Ministro recuerda, además, que el artículo 124 constitucional establece con claridad que las cuestiones civiles son de la competencia de las entidades federativas y que cada una de ellas es libre para regularlas.
El PAN anunció a principios de semana que cinco estados con gobiernos de ese partido presentarían controversias contra las llamadas bodas gay, que a mediados de marzo entrarán en vigor en la Ciudad de México.
Se espera que la próxima semana el Ministro Valls resuelva si admite o no a trámite la controversia de Sonora, mientras que en el caso del recurso de Jalisco la SCJN todavía no confirma si efectivamente ya fue presentado.
Al mismo tiempo, está pendiente de resolver la acción de constitucionalidad que promovió la PGR. El proyecto fue encargado al propio Valls Hernández.
Analizan resolución
Mientras que el Gobierno de Guanajuato reservó su opinión sobre el fallo de la Corte que desechó la controversia presentada contra la reforma al Código Civil del Distrito Federal.
"El Gobernador (Juan Manuel Oliva) va a esperar a conocer el dictamen de la resolución para dar una opinión", dijo Juan José Martínez, director de información del Gobierno estatal.
En tanto, el líder de la bancada del PAN en el Congreso local, Gerardo Trujillo, descartó interponer otro recurso contra la legislación en el Distrito Federal.
Además, el dirigente estatal del PRD, Miguel Alonso Raya, consideró que el fallo es una derrota política para Oliva.
"El tiro les salió por la culata porque la controversia fue una forma de demostrar la ideología del gobierno del estado, que se niega a reconocer los derechos de todos los sectores de la sociedad", comentó.
Con información de Jorge Escalante.
http://www.reforma.com/nacional/articulo/542/1082053/
Abel Barajas
Ciudad de México (20 febrero 2010).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó ayer las controversias constitucionales promovidas por los gobiernos panistas de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala contra la reforma al Código Civil del Distrito Federal que legaliza los matrimonios entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción.
El Ministro Sergio Valls Hernández emitió un acuerdo en el que determina "desechar de plano" las controversias al fundamentar que los gobiernos estatales referidos carecen de interés legítimo para promover dichos recursos.
El fallo es una mala noticia para la Procuraduría General de la República (PGR): la acción de inconstitucionalidad, con la que pretende echar abajo la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tiene como uno de sus argumentos centrales, el mismo alegato que expresaron los estados y que ayer fue desechado.
El acuerdo dictado por el Ministro Valls Hernández detalla que los gobiernos de Guanajuato, Morelos y Tlaxcala manifestaron que permitir las bodas entre personas del mismo sexo en el Distrito Federal implica una "invasión" a la competencia y jurisdicción de las otras entidades federativas.
Justificaron esa afirmación remitiéndose al artículo 121 constitucional, que obliga a los estados de la República a dar fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de las otras entidades.
El Ministro Valls Hernández desestimó el argumento.
"Contrario a lo que afirma el actor, la ley impugnada no le impone ningún 'deber jurídico', sino que el citado artículo 121 constitucional obliga al reconocimiento de validez de un acto del estado civil, un aspecto totalmente diverso, de modo que no se trata de un problema de invasión de competencias estatales.
"Por consiguiente, un estado no está legitimado para controvertir dichas leyes, vía controversia constitucional, por estimar que no son conformes con la Constitución, sino únicamente cuando ello se traduzca en una afectación competencial, más no porque su contenido o la normativa en sí misma no le parezca constitucional", expresó el Ministro.
Para Valls Hernández, si en principio no existe agravio al ámbito de competencia de un estado, en consecuencia tampoco existe la posibilidad para que promueva una controversia constitucional que defienda derechos de tutela individual, en este caso del estado civil de las personas.
En su acuerdo, el Ministro recuerda, además, que el artículo 124 constitucional establece con claridad que las cuestiones civiles son de la competencia de las entidades federativas y que cada una de ellas es libre para regularlas.
El PAN anunció a principios de semana que cinco estados con gobiernos de ese partido presentarían controversias contra las llamadas bodas gay, que a mediados de marzo entrarán en vigor en la Ciudad de México.
Se espera que la próxima semana el Ministro Valls resuelva si admite o no a trámite la controversia de Sonora, mientras que en el caso del recurso de Jalisco la SCJN todavía no confirma si efectivamente ya fue presentado.
Al mismo tiempo, está pendiente de resolver la acción de constitucionalidad que promovió la PGR. El proyecto fue encargado al propio Valls Hernández.
Analizan resolución
Mientras que el Gobierno de Guanajuato reservó su opinión sobre el fallo de la Corte que desechó la controversia presentada contra la reforma al Código Civil del Distrito Federal.
"El Gobernador (Juan Manuel Oliva) va a esperar a conocer el dictamen de la resolución para dar una opinión", dijo Juan José Martínez, director de información del Gobierno estatal.
En tanto, el líder de la bancada del PAN en el Congreso local, Gerardo Trujillo, descartó interponer otro recurso contra la legislación en el Distrito Federal.
Además, el dirigente estatal del PRD, Miguel Alonso Raya, consideró que el fallo es una derrota política para Oliva.
"El tiro les salió por la culata porque la controversia fue una forma de demostrar la ideología del gobierno del estado, que se niega a reconocer los derechos de todos los sectores de la sociedad", comentó.
Con información de Jorge Escalante.
http://www.reforma.com/nacional/articulo/542/1082053/
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