Al referirnos a la muy amplia
gama de posibles situaciones de riesgo que enfrentan las personas en su
cotidianeidad de manera tal que les afecte completamente su desarrollo humano
resultando en una irrupción violenta de su potencial individual, es hoy lo que
podemos encontrar en el fondo de lo que conocemos como Seguridad Humana,
tradicionalmente se ha entendido como Seguridad Humana aquella asociada a la
Seguridad del Estado y seguridad nacional,
sin embargo estos conceptos de protección refieren a un ente etéreo, como
lo es el Estado mismo, lo que lleva a dimensionarle como defensa de los
intereses conservadores del sistema que en ese momento ostenta el poder
respecto a las demás personas que integran una sociedad específica, lo que
genera una brecha importante entre grupos, causando una profunda crisis social
de credibilidad y confianza, lo que rompe el pacto social sostenido por acuerdos
generalmente aceptados y de ser acatados obligatoriamente para todas las
personas sin distinción, por lo que es necesario dividir en partes para
identificar la materialización de donde radica la garantía de aplicación.
Por ello, la complejidad de comprender
éste derecho humano, solo se puede entender desde la disección de la sociedad,
la cual está integrada por personas, quien se desenvuelven e interactúan en un
ambiente físico compartido que les conglomera por confluencia más no por
determinismo, la protección que por dinámica resulta en la interacción de los
cuerpos humanos en espacios públicos se mimetizan, por tanto es que se puede
entender como tales, el acceso a los cuerpos por su cercanía entre ellos se conciben
como espacios públicos, lo que lleva a un análisis minucioso de la protección
efectiva de los cuerpos, y las normas que realmente lo hagan.
Entonces se puede observar que la
protección efectiva de las personas está vinculado con la seguridad que se le
proporciona y garantiza de forma obligatoria en dos sentidos, conforme a su
concepción de accesibilidad por exposición entre estos, y el espacio físico
concurrente que comparten en momentos concretos.
Estos espacios de confluencia son
los que por obligación deben de guardar una reglamentación puntual, específica,
estricta a razón de la norma, espacios como son las vías públicas, ya sean
calles, avenidas, carreteras y demás, lo que abarcar una vasta y diversa forma
de movilidad en el tránsito por donde coinciden las personas, en esa
diversificación de la movilidad se encuentra el transporte público, y que en el
caso que nos ocupa son los camiones, colectivos (conocidas como peseros) y taxis.
Los cuales tienen una regulación que
debe ser acatada en su totalidad para materializar la seguridad de las personas
en el trayecto en que son transportadas, así como la protección a las personas
que en su entorno interactúan, cuentan con instrumentos institucionales para
garantizar la aplicación de la norma, en particular el Instituto de
Verificación Administrativa del Distrito Federal nacida de acuerdo con la ley
del Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, que en
visión reductiva solo es una herramienta de control administrativo, sin embargo bajo la óptica de los derechos
humanos se conforma como un instrumento efectivo para hacer real, palpable y
concreto los mismos, ya que lleva acabo verificaciones del estado físico que
guardan las unidades que transportan a cientos de miles de vidas, van desde comprobar
que las llantas no estén lisas o dañadas, hasta distribución y estado de
asientos. Así como las licencias para poder concesionar las rutas que cubrirán en
la ciudad, sin embargo los terribles accidentes que se han venido suscitando en
últimos años son delatores que algo no está bien adentro de dicha instancia,
hoy se presentan dos hechos irruptores en la dinámica de encubrimiento el
primero la denuncia de verificadores adscritos a la Coordinación de
verificación al transporte Público quienes señalan que por instrucciones de su
jefe, José Luis Valle Cosio, siete rutas de Microbuses están exentas del “Programa de regularización e inmovilización
del transporte concesionado”, exponiendo una circular donde los supervisores
del Transporte del Invea les enviaron a sus verificadores el 8 de junio del
presente año en la que “se les anexan las indicaciones de la semana” y que
puntualizan que LAS RUTAS QUE NO SE
DEBEN SUSPENDER SON la 112, 115, 110, 7 Y 86, y que son INTOCABLES, esta es la
concreción de la desigualdad en contubernio con la corrupción, esto significa
que las unidades de dichas rutas estén en el estado que estén circularan, poniendo
en riesgo la vida de miles de personas usuarias, y aquí la vinculación e
impacto a los derechos humanos, ya que dicho privilegio administrativo
establece que las vidas humanas no son importantes, que los cuerpos que
contienen esas vidas no son valiosas, por su condición de posición social,
económica, o condiciones por edad, sexo, y las que se acumulen.
Por lo tanto, hablamos de
discriminación, ya que la visión del instituto actualmente considera que como
no transporta a senadores, diputados, gobernadores, asambleístas, secretarios
de estado, subsecretarios, ombudsman nacionales entre otros, pues traslada
entonces a vidas que no valen nada, o que poco valen, que no son influyentes,
cuerpos sin poder, a los que les pueden hacer lo que quieran, ya que hasta
violaciones sexuales se han presentado dentro de los mismos.
Y una segunda irrupción, que confirma
la situación dentro del órgano es la denuncia del terrorismo laboral que
actualmente predomina en el gobierno del Distrito Federal, ya que los altos
servidores públicos son brutalmente discriminadores, voluntariosos,
berrinchudos, caprichosos y poco sensatos/sensatez que se ve obnubilada por el
poder delegado para ejercer sus funciones.
Finalmente, la violencia más
común, la más degradante, la más insolente, el acoso sexual que se denuncia, es
solo la punta del iceberg de una dinámica laboral abusiva, discriminadora,
violenta; donde el uso y abuso del poder lleva a mentes machistas de acceder
con violencia pasiva a los cuerpos de forma sexual, no cualquier cuerpo, no cualquier
persona, sino a mujeres por su situación de vulnerabilidad de acceso al poder,
es el caso del expediente 13/56/63 que está en la cuarta visitaduría, exponiendo
el caso sufrido por Dulce Guadalupe Garnica Ramírez afectada en sus derechos
humanos por parte del Sr. Valle Cosio, narrado de la siguiente manera: “quien de
manera prepotente y grosera me ha humillado enfrente del personal,
amedrentándome y amenazándome constantemente… Él me dijo que me lo había
buscado por no querer salir con él y que además le había comentado al Ing.
Meyer Klip que yo no servía en el área, y que entonces lo instruyó para que me
corriera[1]”.
Los hechos que anteceden, son
pruebas irrefutables que algo anda muy mal en el Instituto de Verificación
Administrativa del Distrito Federal, sin darse cuenta que están administrando
la discriminación, la violencia de género, la Seguridad Humana, proporcionan
licencias para violarla con consecuencias fatales.
Por la conquista por nuestros
derechos
Rodolfo Vitela Melgar
Ciudadano Libre
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