Según lo establecido en convenios internacionales firmados por México, los tojolabales están autorizados para manejar el Parque Lagunas de Montebello y la zona de Chincultic.
Notimex / La Jornada On Line Publicado: 09/10/2008 15:06
México, DF. La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) sostuvo que de acuerdo con tratados internacionales los indígenas tojolabales de Chiapas tienen derecho a manejar las zonas arqueológicas de la entidad.
En un comunicado el organismo con sede en Barcelona indicó que México está obligado a cumplir y respetar los acuerdos internacionales, como se prevé en el Artículo 133 de la Constitución, que establece que aquellos tienen rango y norma constitucional.
De ahí que los indígenas tienen derecho a manejar el Parque Nacional Lagunas de Montebello y la zona arqueológica de Chinkultic, en Chiapas, localizado en el sureste de México.
La CCIODH recordó que en el Artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por México el 5 de septiembre de 1990 se señala que se deberán tomar medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos.
El 3 de octubre pasado se aplicó un operativo policial para desocupar el predio que ocupa el Centro Ceremonial de Chinkultic ubicado en Miguel Hidalgo, municipio de La Trinitaria en Chiapas, el cual permanecía tomado por la comunidad.
Sin embargo al intervenir la autoridad se generó un enfrentamiento que causó la muerte a seis campesinos y lesiones a varios más.
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2008/10/09/indigenas-tienen-derecho-a-manejar-zonas-arqueologicas-cciodh
Desde aquí mí agradecimiento a La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos , porque al pronunciarse ayudará a que en México se respeten los derechos tanto de indígenas como de seres humanos y sobre todo, que se recuerde que tenemos empeñada la palabra de nuestra nación, cuando se firman tratados internacionales así como lo reconoce nuestra Constitución.
Ojalá que más instituciones extranjeras, nos ayuden al pronunciarse con respecto al tema.
Laura Tena
jueves, 9 de octubre de 2008
ONG piden justicia
Víctor Ballinas y Alma Muñoz
Organizaciones en favor de las garantías individuales y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigieron al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, una explicación sobre el violento desalojo en la zona de Chinkultic, que arrojó un saldo de seis muertos, 22 heridos y varios desaparecidos. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que investiga posibles violaciones a derechos fundamentales durante el “enfrentamiento” entre indígenas y policías federales y estatales ocurrido el pasado 3 de este mes. La comisión expuso que inició una queja de oficio y para integrar el expediente respectivo solicitó información sobre esos hechos a autoridades federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, señaladas como responsables.
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/09/index.php?section=politica&article=019n2pol
Organizaciones en favor de las garantías individuales y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigieron al gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, una explicación sobre el violento desalojo en la zona de Chinkultic, que arrojó un saldo de seis muertos, 22 heridos y varios desaparecidos. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó ayer que investiga posibles violaciones a derechos fundamentales durante el “enfrentamiento” entre indígenas y policías federales y estatales ocurrido el pasado 3 de este mes. La comisión expuso que inició una queja de oficio y para integrar el expediente respectivo solicitó información sobre esos hechos a autoridades federales y estatales, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobierno del estado de Chiapas, señaladas como responsables.
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/09/index.php?section=politica&article=019n2pol
miércoles, 8 de octubre de 2008
Ofensa, la entrega de dinero a agraviados en Chinkultic: ONG
Pues bien por lo menos ya somos 2 alzando la voz con respecto al lamentable hecho en contra de los indígenas asesinados, pero sigue haciendo falta que a nivel mundial, las voces se hagan escuchar porque el evento es sin duda la mejor muestra de la enorme miseria que hay desde el poder.
Para variar la PGR se deslinda, desafortunadamente los hechos tienen bloqueada la opción de que así pudiera ser. ¡Qué fácil exterminar la vida!, pero qué difícil asumir los costos de una actuación, tan deleznable.
Laura Tena
■ La PGR se deslinda del violento desalojo que causó seis muertos
■ Exige el Frayba pesquisa eficiente; reparar el daño no es sólo pagar, dice
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de octubre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) consideró una “ofensa” a la población afectada por el desalojo y la muerte de campesinos de la zona de Chincultik que el gobierno estatal intente “solucionar” con la entrega de dinero los agravios cometidos por los cuerpos policiacos.
En un balance de lo ocurrido en la colonia Miguel Hidalgo, de la zona de Chincultik, el Frayba sostiene que los funcionarios que intervinieron en el operativo violaron los límites y procedimientos democráticos que permiten preservar la seguridad pública, como los derechos fundamentales de la persona, en hechos que van desde las ejecuciones hasta detenciones y agresiones a la población.
Según los testimonios de los campesinos, en el operativo, que habría sido dirigido por Víctor Librado Polo Estrada, subdirector de la policía ministerial, las autoridades y funcionarios no sólo no tomaron las medidas pertinentes para prevenir, de manera razonable, las violaciones al derecho a la vida de los habitantes, sino que sus acciones trajeron en consecuencia la muerte de las seis personas.
El centro humanitario exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, sanción a los responsables, reparación de los daños materiales, y medidas que permitan el resarcimiento de los daños ocasionados al tejido social de la comunidad.
La reparación del daño, adviertió, no se ciñe a la entrega de apoyos económicos, ya que hasta el momento autoridades han optado por aportar 35 mil pesos por gastos funerarios y 75 mil pesos por apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares.
También prometieron a los pobladores la entrega de despensas, apoyo en proyectos productivos y de desarrollo comunitario para impulsar fondas o restaurantes turísticos, “significando esto una ofensa a la población ante el agravio perpetrado”.
En este contexto, la Procuraduría General de la República (PGR) se deslindó del enfrentamiento entre policías y pobladores de la colonia Miguel Hidalgo, del poblado de Chinkultic, que dejó seis muertos.
En un comunicado, la PGR explica que el 3 de octubre se efectuaron dos operativos en la zona, el primero en Lagos de Montebello y otro en la colonia Miguel Hidalgo. Los policías federales, aseguró, únicamente estuvieron en el desalojo de la caseta de cobro del parque nacional Lagunas de Montebello.
A raíz de ese operativo se detuvo a los campesinos Armando Álvarez Alfaro y Abenamar Álvarez Alfaro, a quienes se les acusa de despojo y oposición a que se ejecutara una obra o trabajo público, por lo que se les consignó ante las autoridades.
“Culminado el operativo en el que se aseguró a dichas personas se suscitó un enfrentamiento entre pobladores de la colonia Miguel Hidalgo, del poblado Chinkultic, en el que ningún elemento de la PGR intervino”.
El Ministerio de Justicia del estado informó en su momento que “en el segundo de ellos hubo hechos de sangre, motivo por el cual diversos servidores públicos del orden estatal están sujetos a investigación”.
Sin embargo, a la PGR le fueron remitidos los detenidos en los dos operativos, 22 de los cuales “obtuvieron su libertad con las reservas de ley, y 37, que estaban en calidad de presentados, obtuvieron su libertad absoluta”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/08/index.php?section=politica&article=020n1pol
Para variar la PGR se deslinda, desafortunadamente los hechos tienen bloqueada la opción de que así pudiera ser. ¡Qué fácil exterminar la vida!, pero qué difícil asumir los costos de una actuación, tan deleznable.
Laura Tena
■ La PGR se deslinda del violento desalojo que causó seis muertos
■ Exige el Frayba pesquisa eficiente; reparar el daño no es sólo pagar, dice
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 7 de octubre. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) consideró una “ofensa” a la población afectada por el desalojo y la muerte de campesinos de la zona de Chincultik que el gobierno estatal intente “solucionar” con la entrega de dinero los agravios cometidos por los cuerpos policiacos.
En un balance de lo ocurrido en la colonia Miguel Hidalgo, de la zona de Chincultik, el Frayba sostiene que los funcionarios que intervinieron en el operativo violaron los límites y procedimientos democráticos que permiten preservar la seguridad pública, como los derechos fundamentales de la persona, en hechos que van desde las ejecuciones hasta detenciones y agresiones a la población.
Según los testimonios de los campesinos, en el operativo, que habría sido dirigido por Víctor Librado Polo Estrada, subdirector de la policía ministerial, las autoridades y funcionarios no sólo no tomaron las medidas pertinentes para prevenir, de manera razonable, las violaciones al derecho a la vida de los habitantes, sino que sus acciones trajeron en consecuencia la muerte de las seis personas.
El centro humanitario exigió a los gobiernos federal y estatal una investigación imparcial y eficiente sobre los hechos, sanción a los responsables, reparación de los daños materiales, y medidas que permitan el resarcimiento de los daños ocasionados al tejido social de la comunidad.
La reparación del daño, adviertió, no se ciñe a la entrega de apoyos económicos, ya que hasta el momento autoridades han optado por aportar 35 mil pesos por gastos funerarios y 75 mil pesos por apoyo económico a las familias que perdieron a sus familiares.
También prometieron a los pobladores la entrega de despensas, apoyo en proyectos productivos y de desarrollo comunitario para impulsar fondas o restaurantes turísticos, “significando esto una ofensa a la población ante el agravio perpetrado”.
En este contexto, la Procuraduría General de la República (PGR) se deslindó del enfrentamiento entre policías y pobladores de la colonia Miguel Hidalgo, del poblado de Chinkultic, que dejó seis muertos.
En un comunicado, la PGR explica que el 3 de octubre se efectuaron dos operativos en la zona, el primero en Lagos de Montebello y otro en la colonia Miguel Hidalgo. Los policías federales, aseguró, únicamente estuvieron en el desalojo de la caseta de cobro del parque nacional Lagunas de Montebello.
A raíz de ese operativo se detuvo a los campesinos Armando Álvarez Alfaro y Abenamar Álvarez Alfaro, a quienes se les acusa de despojo y oposición a que se ejecutara una obra o trabajo público, por lo que se les consignó ante las autoridades.
“Culminado el operativo en el que se aseguró a dichas personas se suscitó un enfrentamiento entre pobladores de la colonia Miguel Hidalgo, del poblado Chinkultic, en el que ningún elemento de la PGR intervino”.
El Ministerio de Justicia del estado informó en su momento que “en el segundo de ellos hubo hechos de sangre, motivo por el cual diversos servidores públicos del orden estatal están sujetos a investigación”.
Sin embargo, a la PGR le fueron remitidos los detenidos en los dos operativos, 22 de los cuales “obtuvieron su libertad con las reservas de ley, y 37, que estaban en calidad de presentados, obtuvieron su libertad absoluta”.
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/08/index.php?section=politica&article=020n1pol
martes, 7 de octubre de 2008
“Lo mataron como a un perro”.- Represión y Asesinato caso Chinkultic
El siguiente testimonio podría conformar la más perversa novela de miseria humana, más sin embargo, es una cruda y reiterada realidad.
Me resulta francamente imperdonable que en no logremos avanzar en el respeto más elemental de los derechos y que afectemos la vida de los pequeños, que de repente despiertan en medio de una pesadilla, que lo despojará del padre que lo educaba y quería. El delito: ayudar humanamente al que le solicitaba ayuda. El precio: 7 balazos disparados desde la más cobarde acción que acostumbran desde el poder, como medida de represión y control.
Su vida clama justicia, reclamo que sin duda debiera presentarse expeditamente y que la medida llegara a todos los responsables. No solamente se puede considerar culpable al que acciona un arma, también detrás de los escritorios, de los Jefes y de los responsables de gobernar, sin duda hay responsabilidades y culpa. Ojalá que en verdad la comunidad internacional les pueda regalar atención y acción, a los que hoy siguen padeciendo, los peores métodos emanados desde la mezquina barbarie. ¿Cómo le explicaremos a los niños que en el mundo pueden hacer valer sus derechos y SUEÑOS?
¿Con el gobierno no se juega, y el gobierno sí puede jugar con la vida, y futuro de las familias?
Laura Tena
Elio Henríquez, corresponsal
Ojo de Agua Ocotal, Chis., 6 de octubre. “Lo mataron como a un perro; siete balazos le dieron los policías y sin deber nada, porque iba a apoyar a los heridos”, dijo Eloísa Margarita Espinosa Morales, quien vio morir a su esposo, Agustín Alfaro, y otros pobladores de Miguel Hidalgo.
“Me lo empezaron a golpear y yo le dije: ‘No llores’. Lo agarré y le besé la frente, pero lo arrastraron al monte y le dispararon”, agrega la viuda, de 24 años, quien denunció que los agentes dijeron a las víctimas: “Con el gobierno no se juega, malditos”.
La joven madre de dos niños relató que el viernes 3 su esposo, de 31 años, quien trabajaba de chofer, le propuso visitar a su suegra en Miguel Hidalgo. Al entrar al poblado, le dijeron que no fuera al centro porque estaba muy duro; pero él “no entendió y fuimos a ver a mi mamá”. Al llegar –continúa– su amigo Miguel Antonio Martínez (quien fue asesinado) le rogó: “Échame la mano, mi papá está herido”. Agustín puso reversa, el amigo subió y con él otros heridos.
Eludieron el bloqueo campesino a la entrada del pueblo y enfilaron a Comitán hacia las 18:30 horas. En el camino hallaron a varios agentes que los dejaron pasar porque llevaban heridos, pero a la altura del kilómetro 30 varios policías “empezaron a disparar hacia la camioneta y una bala le pegó a Agustín en el pie”.
Los uniformados se acercaron, gritando: “Bájate, perro”. Él les contestó: “Llevo heridos, estoy ayudando; pero le decían que se callara y lo empezaron a golpear”. A ella y otros heridos los bajaron de la camioneta. “Cubrí a mi bebé de tres años para que no viera nada. Lo único que hacía yo era rezar. Me decían que no levantara la vista. Me sentaron atrás. Me golpearon, me quitaron mis aretes a jalones, una cadena; a él su reloj y las carteras a los demás.
A rastras lo llevaron al monte. “Oí que disparaban pero no pensé que fueran balas de verdad. A dos señoras que nos acompañaban les decían: ‘Ustedes, malditas, nos agredieron’”.
Prosigue: “Yo los veía y me cacheteaban: ‘Cállense y no hablen si no quieren morir igual que estos perros, malditas’. Después le dieron el séptimo balazo a mi esposo. Fue cuando él gritó. A esa hora empezaron a pasar los policías que venían de regreso”, cuando ya habían asesinado a Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Martínez, cuyo padre, Miguel Martínez, iba herido en la camioneta y se salvó al darlo por muerto.
En su casa –con veladoras ante un altar con fotos de Agustín– la mujer dice que cuando su esposo y los demás habían sido asesinados, comenzaron a pasar más policías, preguntando quién había matado a la gente. Ella respondió: “Compañeros de ustedes”, a lo que uno repuso que eso no era posible.
La madre replicó: “Se los juro por la Virgencita de Guadalupe. Tengan piedad de mí”. Entonces un uniformado le indicó: “Señora, métase a la cabina, yo la cubro; soy padre y tengo hijos”. Ella esperó a que se fueran unos 300 policías para escapar y pedir auxilio; abrazó al bebé y corrió cuando estaba oscureciendo.
“Lo único que pido es justicia porque me lo mataron peor que a un animal. Siete balazos le dieron sin piedad. Como digo en mis declaraciones: Lo único que pido es justicia, ¡que se haga justicia, justicia! ¡Que paguen lo que hicieron!”, clamó.
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/07/index.php?section=politica&article=019n3pol
Me resulta francamente imperdonable que en no logremos avanzar en el respeto más elemental de los derechos y que afectemos la vida de los pequeños, que de repente despiertan en medio de una pesadilla, que lo despojará del padre que lo educaba y quería. El delito: ayudar humanamente al que le solicitaba ayuda. El precio: 7 balazos disparados desde la más cobarde acción que acostumbran desde el poder, como medida de represión y control.
Su vida clama justicia, reclamo que sin duda debiera presentarse expeditamente y que la medida llegara a todos los responsables. No solamente se puede considerar culpable al que acciona un arma, también detrás de los escritorios, de los Jefes y de los responsables de gobernar, sin duda hay responsabilidades y culpa. Ojalá que en verdad la comunidad internacional les pueda regalar atención y acción, a los que hoy siguen padeciendo, los peores métodos emanados desde la mezquina barbarie. ¿Cómo le explicaremos a los niños que en el mundo pueden hacer valer sus derechos y SUEÑOS?
¿Con el gobierno no se juega, y el gobierno sí puede jugar con la vida, y futuro de las familias?
Laura Tena
Elio Henríquez, corresponsal
Ojo de Agua Ocotal, Chis., 6 de octubre. “Lo mataron como a un perro; siete balazos le dieron los policías y sin deber nada, porque iba a apoyar a los heridos”, dijo Eloísa Margarita Espinosa Morales, quien vio morir a su esposo, Agustín Alfaro, y otros pobladores de Miguel Hidalgo.
“Me lo empezaron a golpear y yo le dije: ‘No llores’. Lo agarré y le besé la frente, pero lo arrastraron al monte y le dispararon”, agrega la viuda, de 24 años, quien denunció que los agentes dijeron a las víctimas: “Con el gobierno no se juega, malditos”.
La joven madre de dos niños relató que el viernes 3 su esposo, de 31 años, quien trabajaba de chofer, le propuso visitar a su suegra en Miguel Hidalgo. Al entrar al poblado, le dijeron que no fuera al centro porque estaba muy duro; pero él “no entendió y fuimos a ver a mi mamá”. Al llegar –continúa– su amigo Miguel Antonio Martínez (quien fue asesinado) le rogó: “Échame la mano, mi papá está herido”. Agustín puso reversa, el amigo subió y con él otros heridos.
Eludieron el bloqueo campesino a la entrada del pueblo y enfilaron a Comitán hacia las 18:30 horas. En el camino hallaron a varios agentes que los dejaron pasar porque llevaban heridos, pero a la altura del kilómetro 30 varios policías “empezaron a disparar hacia la camioneta y una bala le pegó a Agustín en el pie”.
Los uniformados se acercaron, gritando: “Bájate, perro”. Él les contestó: “Llevo heridos, estoy ayudando; pero le decían que se callara y lo empezaron a golpear”. A ella y otros heridos los bajaron de la camioneta. “Cubrí a mi bebé de tres años para que no viera nada. Lo único que hacía yo era rezar. Me decían que no levantara la vista. Me sentaron atrás. Me golpearon, me quitaron mis aretes a jalones, una cadena; a él su reloj y las carteras a los demás.
A rastras lo llevaron al monte. “Oí que disparaban pero no pensé que fueran balas de verdad. A dos señoras que nos acompañaban les decían: ‘Ustedes, malditas, nos agredieron’”.
Prosigue: “Yo los veía y me cacheteaban: ‘Cállense y no hablen si no quieren morir igual que estos perros, malditas’. Después le dieron el séptimo balazo a mi esposo. Fue cuando él gritó. A esa hora empezaron a pasar los policías que venían de regreso”, cuando ya habían asesinado a Rigoberto López Vázquez, Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Martínez, cuyo padre, Miguel Martínez, iba herido en la camioneta y se salvó al darlo por muerto.
En su casa –con veladoras ante un altar con fotos de Agustín– la mujer dice que cuando su esposo y los demás habían sido asesinados, comenzaron a pasar más policías, preguntando quién había matado a la gente. Ella respondió: “Compañeros de ustedes”, a lo que uno repuso que eso no era posible.
La madre replicó: “Se los juro por la Virgencita de Guadalupe. Tengan piedad de mí”. Entonces un uniformado le indicó: “Señora, métase a la cabina, yo la cubro; soy padre y tengo hijos”. Ella esperó a que se fueran unos 300 policías para escapar y pedir auxilio; abrazó al bebé y corrió cuando estaba oscureciendo.
“Lo único que pido es justicia porque me lo mataron peor que a un animal. Siete balazos le dieron sin piedad. Como digo en mis declaraciones: Lo único que pido es justicia, ¡que se haga justicia, justicia! ¡Que paguen lo que hicieron!”, clamó.
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/07/index.php?section=politica&article=019n3pol
Unicef: pena perpetua por abusos a niños
■ En Colombia, demanda sanciones en crímenes contra menores; rechaza pena de muerte
Dpa
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) está dispuesto a apoyar una campaña para que en Colombia se castigue con cadena perpetua la violencia contra los niños, afirmó el representante del organismo en ese país, Paul Martin, en declaraciones dadas a conocer hoy.
“Lo que dice la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia es que para las violaciones contra los derechos de los niños hay que tener sanciones reales, fuertes, consistentes y proporcionales contra los crímenes. En lo único en lo que el sistema de Naciones Unidas no está de acuerdo es con la pena de muerte, pero la cadena perpetua, por ejemplo, es algo que Colombia puede decidir y que la Unicef apoyaría”, dijo Martin al diario El Espectador.
Los colombianos son sensibles especialmente a este tema, a raíz de un caso ocurrido la semana pasada, cuando un bebé de 11 meses fue arrebatado a su madre en una población cercana a Bogotá.
El pequeño fue asesinado y luego se descubrió que su padre, que está preso, fue el responsable del crimen.
Muchas personas se han comunicado con medios de prensa para pedir que se reforme la Constitución a fin de aprobar la pena de muerte o la cadena perpetua para castigar la violencia contra los menores de edad.
“Es un acontecimiento que ha conmovido al país y los ejemplos son importantísimos, y más cuando son símbolo de un problema mayor. El procurador general (Edgardo Maya) habla de 520 niños muertos a causa de la violencia familiar, y Medicina Legal de 35 mil, pero esta cifra puede ser diez veces más grande, y estudios en otros países nos dan para pensar que el problema en Colombia es más grave de lo que hemos visto”, dijo Martin.
Violencia en el primer mundo
El representante de Unicef afirmó que Colombia “ha avanzado mucho” en la legislación para castigar la violencia contra los niños y dijo que el problema también se presenta en varios países.
“Seamos sinceros: en Suecia, Suiza, Finlandia o Estados Unidos ocurren casos de abuso y asesinato de niños. Esto no es algo exclusivo de América Latina y menos de Colombia, pero tenemos que abrir los ojos: hasta que la ciudadanía tome conciencia y denuncie estos casos, seguirán ocurriendo”, manifestó.
Martin afirmó que el conflicto armado interno que afecta al país desde hace cuatro décadas influye en la violencia contra los menores.
“El ambiente influye en lo que pasa en la casa, y estos pequeños que crecen en medio de la agresión y el autoritarismo van a ser adultos violentos; hay que romper ese ciclo si queremos una sociedad sana y pacífica”, expresó.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha señalado que no está de acuerdo con el establecimiento de la cadena perpetua y que un debate sobre este punto puede polarizar al país. Lo mejor, dijo, es aplicar de forma drástica el código penal.
El fiscal general del país, Mario Iguarán, dijo que el asesinato del bebé debe servir para que se apoye un referéndum para aplicar cadena perpetua a los culpables de asesinato, reclutamiento, violación y secuestro de menores.
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/07/index.php?section=sociedad&article=045n1soc
Dpa
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) está dispuesto a apoyar una campaña para que en Colombia se castigue con cadena perpetua la violencia contra los niños, afirmó el representante del organismo en ese país, Paul Martin, en declaraciones dadas a conocer hoy.
“Lo que dice la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia es que para las violaciones contra los derechos de los niños hay que tener sanciones reales, fuertes, consistentes y proporcionales contra los crímenes. En lo único en lo que el sistema de Naciones Unidas no está de acuerdo es con la pena de muerte, pero la cadena perpetua, por ejemplo, es algo que Colombia puede decidir y que la Unicef apoyaría”, dijo Martin al diario El Espectador.
Los colombianos son sensibles especialmente a este tema, a raíz de un caso ocurrido la semana pasada, cuando un bebé de 11 meses fue arrebatado a su madre en una población cercana a Bogotá.
El pequeño fue asesinado y luego se descubrió que su padre, que está preso, fue el responsable del crimen.
Muchas personas se han comunicado con medios de prensa para pedir que se reforme la Constitución a fin de aprobar la pena de muerte o la cadena perpetua para castigar la violencia contra los menores de edad.
“Es un acontecimiento que ha conmovido al país y los ejemplos son importantísimos, y más cuando son símbolo de un problema mayor. El procurador general (Edgardo Maya) habla de 520 niños muertos a causa de la violencia familiar, y Medicina Legal de 35 mil, pero esta cifra puede ser diez veces más grande, y estudios en otros países nos dan para pensar que el problema en Colombia es más grave de lo que hemos visto”, dijo Martin.
Violencia en el primer mundo
El representante de Unicef afirmó que Colombia “ha avanzado mucho” en la legislación para castigar la violencia contra los niños y dijo que el problema también se presenta en varios países.
“Seamos sinceros: en Suecia, Suiza, Finlandia o Estados Unidos ocurren casos de abuso y asesinato de niños. Esto no es algo exclusivo de América Latina y menos de Colombia, pero tenemos que abrir los ojos: hasta que la ciudadanía tome conciencia y denuncie estos casos, seguirán ocurriendo”, manifestó.
Martin afirmó que el conflicto armado interno que afecta al país desde hace cuatro décadas influye en la violencia contra los menores.
“El ambiente influye en lo que pasa en la casa, y estos pequeños que crecen en medio de la agresión y el autoritarismo van a ser adultos violentos; hay que romper ese ciclo si queremos una sociedad sana y pacífica”, expresó.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ha señalado que no está de acuerdo con el establecimiento de la cadena perpetua y que un debate sobre este punto puede polarizar al país. Lo mejor, dijo, es aplicar de forma drástica el código penal.
El fiscal general del país, Mario Iguarán, dijo que el asesinato del bebé debe servir para que se apoye un referéndum para aplicar cadena perpetua a los culpables de asesinato, reclutamiento, violación y secuestro de menores.
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/07/index.php?section=sociedad&article=045n1soc
Chinkultic: patrimonialismo estatal, criminalización y negación de derechos indígenas
Magdalena Gómez
Una vez más en el estado de Chiapas los gobiernos federal y estatal utilizan fuerzas policiacas contra población civil en la supuesta lógica de aplicar la ley. Esta vez le tocó a de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria. Sólo el saldo de muertos, heridos y detenidos ameritaría una real investigación y aplicación de justicia. Las víctimas eran habitantes de dicha comunidad, que decidió en asamblea el pasado 7 de septiembre administrar la zona arqueológica de Chinkultic, al considerar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le da el mantenimiento adecuado y de su usufructo no se generan beneficios para las comunidades de la zona.
Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.
En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo.
La averiguación previa que dio lugar a la orden de desalojo de los tojolabales acusados no consideró ni por asomo que éstos tienen derechos y con base en ello pueden sustentar la decisión que tomaron.
La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos”. Por su parte el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 4º: “a) 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
“b) 2. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos libremente expresados de los pueblos interesados.
“c) 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.”
En su artículo 5º señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio:
“a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto individual como colectivamente”.
En contraste, veamos que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 establece el patrimonialismo de Estado sin consideración alguna a los pueblos originarios. Basta observar un testimonio de la visión predominante en la hegemonía jurídica e ideológica en el artículo 28 de la ley, cuando da cuenta de un pasado que no parece tener descendientes vivos, persistentes y resistentes, como han sido los pueblos indígenas: “Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional –nótese establecimiento en lugar de invasión–, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”.
Ya existía hacía 24 años un Instituto Nacional Indigenista destinado a promover la integración de los indígenas vivos, pero, ante todo, existían los pueblos, y lo habían hecho contra ésta y muchas más disposiciones que los ignoraban, como el resto de la legislación, donde el Estado mexicano daba cuenta una y otra vez de la desaparición oficial de los pueblos indígenas; sólo se les permitía ser parte de nuestros antepasados. De ese tamaño es la confrontación de los últimos años entre los pueblos vivos y luchando que simbólicamente se expresaron en la voz del movimiento zapatista. Se ha dicho que sería una locura y un enorme riesgo dar intervención directa a estos pueblos, porque no tienen condiciones ni conocimientos técnicos e infraestructura para conservar los bienes patrimoniales, pero jamás se ha planteado un proyecto específico para que los pueblos puedan acceder a la formación de sus cuadros de alto nivel.
Así tenemos que el caso de Chinkultic amerita un enfoque más allá de la mesa de negociación donde el gobierno del estado se lava las manos frente al resultado de la intervención policiaca y “ generosamente” ofrece indemnizaciones y proyectos y se ufana de que todo volvió a la “normalidad”: el INAH puede seguir administrando “las ruinas”, como llaman a los que fueron lugares sagrados. Ya es hora de que se defina si, tratándose de derechos indígenas, se abren espacios de justiciabilidad más allá de la criminalización.
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/07/index.php?section=opinion&article=020a2pol
Una vez más en el estado de Chiapas los gobiernos federal y estatal utilizan fuerzas policiacas contra población civil en la supuesta lógica de aplicar la ley. Esta vez le tocó a de la comunidad Miguel Hidalgo, en el municipio de La Trinitaria. Sólo el saldo de muertos, heridos y detenidos ameritaría una real investigación y aplicación de justicia. Las víctimas eran habitantes de dicha comunidad, que decidió en asamblea el pasado 7 de septiembre administrar la zona arqueológica de Chinkultic, al considerar que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no le da el mantenimiento adecuado y de su usufructo no se generan beneficios para las comunidades de la zona.
Días antes, habitantes de Santa Rita, Ojo de Agua, Nuevo Porvenir, Venustiano Carranza, Antela, San Nicolás, Tierra Blanca y Nueva Rosita, del mismo municipio, se posesionaron del parque nacional Lagunas de Montebello. Planeaban administrar ambos lugares en forma comunitaria y los mantenían abiertos al público.
En respuesta, autoridades del INAH y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas demandaron penalmente a los campesinos, por el delito de despojo.
La averiguación previa que dio lugar a la orden de desalojo de los tojolabales acusados no consideró ni por asomo que éstos tienen derechos y con base en ello pueden sustentar la decisión que tomaron.
La Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 11, señala que “los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos”. Por su parte el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala en su artículo 4º: “a) 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados.
“b) 2. Tales medidas no deberán ser contrarias a los deseos libremente expresados de los pueblos interesados.
“c) 3. El goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales.”
En su artículo 5º señala que al aplicar las disposiciones del presente convenio:
“a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto individual como colectivamente”.
En contraste, veamos que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972 establece el patrimonialismo de Estado sin consideración alguna a los pueblos originarios. Basta observar un testimonio de la visión predominante en la hegemonía jurídica e ideológica en el artículo 28 de la ley, cuando da cuenta de un pasado que no parece tener descendientes vivos, persistentes y resistentes, como han sido los pueblos indígenas: “Son monumentos arqueológicos los bienes muebles e inmuebles, producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio nacional –nótese establecimiento en lugar de invasión–, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, relacionados con esas culturas”.
Ya existía hacía 24 años un Instituto Nacional Indigenista destinado a promover la integración de los indígenas vivos, pero, ante todo, existían los pueblos, y lo habían hecho contra ésta y muchas más disposiciones que los ignoraban, como el resto de la legislación, donde el Estado mexicano daba cuenta una y otra vez de la desaparición oficial de los pueblos indígenas; sólo se les permitía ser parte de nuestros antepasados. De ese tamaño es la confrontación de los últimos años entre los pueblos vivos y luchando que simbólicamente se expresaron en la voz del movimiento zapatista. Se ha dicho que sería una locura y un enorme riesgo dar intervención directa a estos pueblos, porque no tienen condiciones ni conocimientos técnicos e infraestructura para conservar los bienes patrimoniales, pero jamás se ha planteado un proyecto específico para que los pueblos puedan acceder a la formación de sus cuadros de alto nivel.
Así tenemos que el caso de Chinkultic amerita un enfoque más allá de la mesa de negociación donde el gobierno del estado se lava las manos frente al resultado de la intervención policiaca y “ generosamente” ofrece indemnizaciones y proyectos y se ufana de que todo volvió a la “normalidad”: el INAH puede seguir administrando “las ruinas”, como llaman a los que fueron lugares sagrados. Ya es hora de que se defina si, tratándose de derechos indígenas, se abren espacios de justiciabilidad más allá de la criminalización.
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/07/index.php?section=opinion&article=020a2pol
lunes, 6 de octubre de 2008
Matan a 148 por homofobia en 11 años
Reporta la CDHDF que la SSP, la Procuraduría y custodios de penales son los principales agresores de la comunidad lésbico-gay
Por Henia Prado
Ciudad de México (06 de octubre de 2008).- De 1995 a 2006, en el DF ocurrieron por lo menos 148 asesinatos por odio a los homosexuales, denunció este lunes la Comisión de Derechos Humanos local al presentar su "Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos por Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género".
El titular del organismo, Emilio Álvarez Icaza, señaló que esta minoría, generalmente es objeto de burla, palabra ofensivas, agresiones físicas, estigmatización, discriminación y maltrato que laceran su dignidad e igualdad ante la sociedad."
El fenómeno de la discriminación confronta grupos distintos de la sociedad y se enuncia por medio del desprecio que un grupo social determinado le expresa a otro, lo que se relaciona íntimamente con la intolerancia y limita, por tanto, la dignidad de las personas, así como la convivencia y la consolidación de la democracia", expresó.
En su discurso, el ombudsman destacó que los principales derechos violados son el de la no discriminación, de la identidad, de la libertad y de la seguridad personal, el acceso a la justicia y a la salud mental.
Son la Secretaría de Seguridad Pública local, la Policía Judicial y los custodios de los centros de reclusión, los principales responsables en las acciones contra la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT).
El informe detalla que de enero a agosto de este año, la CDHDF clasificó 39 quejas como presuntamente violatorias de derechos humanos de personas de la comunidad LGBT, 39.5 por ciento corresponden a derechos de las personas privadas de su libertad, el 22.2 por ciento el derecho a la igualdad contra la ley, el 9.9 por ciento a la honra y dignidad y el 6.2 por ciento a la seguridad jurídica.
Se destaca, además, que las dependencias capitalinas carecen de políticas públicas para combatir la discriminación y violencia hacia esta comunidad, pues no hay información estadística confiable y específica sobre sus problemáticas y tampoco existe capacitación en temas de diversidad sexual.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/justicia/articulo/928677
Fecha de publicación: 06-Oct-2008
Por Henia Prado
Ciudad de México (06 de octubre de 2008).- De 1995 a 2006, en el DF ocurrieron por lo menos 148 asesinatos por odio a los homosexuales, denunció este lunes la Comisión de Derechos Humanos local al presentar su "Informe Especial sobre Violaciones a los Derechos Humanos por Orientación o Preferencia Sexual y por Identidad o Expresión de Género".
El titular del organismo, Emilio Álvarez Icaza, señaló que esta minoría, generalmente es objeto de burla, palabra ofensivas, agresiones físicas, estigmatización, discriminación y maltrato que laceran su dignidad e igualdad ante la sociedad."
El fenómeno de la discriminación confronta grupos distintos de la sociedad y se enuncia por medio del desprecio que un grupo social determinado le expresa a otro, lo que se relaciona íntimamente con la intolerancia y limita, por tanto, la dignidad de las personas, así como la convivencia y la consolidación de la democracia", expresó.
En su discurso, el ombudsman destacó que los principales derechos violados son el de la no discriminación, de la identidad, de la libertad y de la seguridad personal, el acceso a la justicia y a la salud mental.
Son la Secretaría de Seguridad Pública local, la Policía Judicial y los custodios de los centros de reclusión, los principales responsables en las acciones contra la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT).
El informe detalla que de enero a agosto de este año, la CDHDF clasificó 39 quejas como presuntamente violatorias de derechos humanos de personas de la comunidad LGBT, 39.5 por ciento corresponden a derechos de las personas privadas de su libertad, el 22.2 por ciento el derecho a la igualdad contra la ley, el 9.9 por ciento a la honra y dignidad y el 6.2 por ciento a la seguridad jurídica.
Se destaca, además, que las dependencias capitalinas carecen de políticas públicas para combatir la discriminación y violencia hacia esta comunidad, pues no hay información estadística confiable y específica sobre sus problemáticas y tampoco existe capacitación en temas de diversidad sexual.
Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo
ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/justicia/articulo/928677
Fecha de publicación: 06-Oct-2008
Ejecuciones extrajudiciales en Chincultik, confirman testimonios
El desprecio por los derechos humanos y la indiferencia para brindar la atención a comunidades indígenas, parecen ser la constante y política pública del presente sexenio. La semana pasada con profundo dolor e indignación leíamos, que un líder Ejidal en Veracruz , se prendía fuego y posteriormente perdería la vida, por la poca atención y respeto que mostraba el gobierno. Al mismo tiempo leíamos que en Tuxtla Gutiérrez se elevaba el encono entre "autoridades" y los pobladores que reclamaban el abandono y descuido de zonas arqueológicas de la zona. Ante el abandono que el INBA ha tenido de nuestro patrimonio cultural, los moradores habían decidido , atender y resguardar el lugar. La brutalidad desde el abuso del poder no se ha hecho esperar, y hoy han asesinado, a los que luchaban, pero también a gente inocente que únicamente les brindaba el auxilio solidario y humano, para llevarlos a recibir atención médica. Con la vida han pagado el auxilio, ya que han sido asesinados cobardemente, han sido sacrificados por igual, hombres, mujeres y un pequeño niño. La "autoridad" ahora considera que pagando una indemización para los deudos, pudiera acallar la conciencia de tan impresentable crímen.
¿En dónde ésta el que juró como presidente de la nación?, ¿en dónde están las voces que deben condenar tan artero asesinato?, ¿en dónde están todos los medios que no colocan el oportuno acento, ante tan monstruosa realidad?, ¿por qué parece que socialmente las conciencias duermen?
Lamentable, imperdonable y muy repudiable, que ahora a cambio de un puñado de monedas y promesa de empleo se puedan cegar tantas vidas, vidas que luchaban por conservar el patrimonio histórico, ante la clásica indiferencia del que debiera de actuar.
La única vía para salvaguardar la vida e integridad de los grupos indígenas, deviene de la atención que alguna institución internacional pueda colocar lo que aquí acontece. Un pronunciamiento a nivel internacional pudiera fijar el hecho, en el lugar y atención que merece el evento, que hoy nuevamente, logra enlutar a una comunidad y a los habitantes de México.
Laura Tena
■ Los 312 agentes participantes en el operativo son investigados
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. Cuatro de los seis campesinos muertos en el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik fueron ejecutados extrajudicialmente, según se desprende de las declaraciones que han proporcionado tanto policías como los lugareños. Cinco de 11 agentes involucrados en los homicidios ya fueron detenidos; dos confesaron su participación y tres más rendían declaración esta noche.
De acuerdo con esas declaraciones, Agustín Alfaro Alfaro, de 31 años, originario del ejido Ocotal, quien transportaba al hospital de Comitán a dos heridos durante el desalojo, recibió un disparo en la sien. Las otras tres personas que viajaban con él y que resultaron muertas, incluidos los que ya iban heridos, recibieron balazos en la espalda.
Alfaro Alfaro pasaba por la comunidad –aproximadamente a las siete de la noche–, en una camioneta Ford Ranger, acompañado de su esposa y su hijo de tres años. En ese momento Miguel Antonio Martínez López, de 19 años, le pidió ayuda para trasladar a su padre, Miguel Martínez García, quien recibió un tiro. También subió a Rigoberto López Vázquez y Alfredo Hernández Ramírez y otra lugareña que necesitaba atención médica.
En total, en el vehículo iban cinco hombres, dos mujeres y el niño de tres años. A casi un kilómetro de la comunidad encontraron un retén de la Policía Estatal Preventiva (PEP), al frente del que se encontraba el jefe del agrupamiento de caballería y 11 uniformados, a cargo de Amílcar Corzo Díaz, herido durante el desalojo.
Los policías de este agrupamiento sostuvieron en sus declaraciones ministeriales que “alguien” les gritó que los lugareños que pretendían pasar iban armados, lo que habría motivado que dispararán contra ellos. Sin embargo, de acuerdo a los reportes preliminares, Alfaro Alfaro murió de un disparo en la sien izquierda, que le dieron cuando ya había bajado del vehículo.
A Rigoberto López Vázquez lo ultimaron cuando se encontraba sobre la góndola. Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Ramírez López intentaron correr y recibieron disparos en la espalda. Actualmente, los 312 policías que participaron en el operativo están en calidad de presentados y son investigados.
En tanto, policías que participaron en el operativo denunciaron que no hubo organización ni planeación táctica, que los dejaron “solos” y únicamente un subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana “azuzaba a la gente”.
Un grupo denunció que en los hechos del 3 de octubre pasado, “nos llevaron como borregos, porque era un operativo federal (de la policía federal) pero cuando empezó todo ellos (los policías federales) se retiraron.
“Cuando llegamos al poblado San Manuel la gente ya sabía (del operativo) y se nos vino encima; en ese momento los policías federales se retiraron y todo se volvió un caos.”
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=politica&article=016n2pol
El gobierno indemnizará a deudos
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. El gobierno del estado dio a conocer que firmó una minuta con los ejidatarios que el viernes pasado tomaron la zona arqueológica de Chinkultic, municipio de La Trinitaria, donde se determinan, entre otros, los siguientes acuerdos: indemnización a los deudos de los muertos producto del enfrentamiento, castigo a los elementos de las corporaciones policiacas que resulten culpables de cualquier exceso, e instalación de un centro ecoturístico para ser administrado por los ejidatarios.
También se acordó solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia que emplee principalmente a miembros del ejido en la administración de la zona arqueológica y los proyectos productivos para las tierras del ejido.
De acuerdo con un comunicado oficial, el compromiso de los ejidatarios es no reinstalarse en las zonas federales señaladas, participar en campañas de protección ambiental que convoque la Comisón Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el gobierno del estado, así como devolver las armas a la policía (esto último ocurrió hoy mismo).
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=politica&article=016n3pol
¿En dónde ésta el que juró como presidente de la nación?, ¿en dónde están las voces que deben condenar tan artero asesinato?, ¿en dónde están todos los medios que no colocan el oportuno acento, ante tan monstruosa realidad?, ¿por qué parece que socialmente las conciencias duermen?
Lamentable, imperdonable y muy repudiable, que ahora a cambio de un puñado de monedas y promesa de empleo se puedan cegar tantas vidas, vidas que luchaban por conservar el patrimonio histórico, ante la clásica indiferencia del que debiera de actuar.
La única vía para salvaguardar la vida e integridad de los grupos indígenas, deviene de la atención que alguna institución internacional pueda colocar lo que aquí acontece. Un pronunciamiento a nivel internacional pudiera fijar el hecho, en el lugar y atención que merece el evento, que hoy nuevamente, logra enlutar a una comunidad y a los habitantes de México.
Laura Tena
■ Los 312 agentes participantes en el operativo son investigados
Ángeles Mariscal (Corresponsal)
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. Cuatro de los seis campesinos muertos en el desalojo de la zona arqueológica de Chincultik fueron ejecutados extrajudicialmente, según se desprende de las declaraciones que han proporcionado tanto policías como los lugareños. Cinco de 11 agentes involucrados en los homicidios ya fueron detenidos; dos confesaron su participación y tres más rendían declaración esta noche.
De acuerdo con esas declaraciones, Agustín Alfaro Alfaro, de 31 años, originario del ejido Ocotal, quien transportaba al hospital de Comitán a dos heridos durante el desalojo, recibió un disparo en la sien. Las otras tres personas que viajaban con él y que resultaron muertas, incluidos los que ya iban heridos, recibieron balazos en la espalda.
Alfaro Alfaro pasaba por la comunidad –aproximadamente a las siete de la noche–, en una camioneta Ford Ranger, acompañado de su esposa y su hijo de tres años. En ese momento Miguel Antonio Martínez López, de 19 años, le pidió ayuda para trasladar a su padre, Miguel Martínez García, quien recibió un tiro. También subió a Rigoberto López Vázquez y Alfredo Hernández Ramírez y otra lugareña que necesitaba atención médica.
En total, en el vehículo iban cinco hombres, dos mujeres y el niño de tres años. A casi un kilómetro de la comunidad encontraron un retén de la Policía Estatal Preventiva (PEP), al frente del que se encontraba el jefe del agrupamiento de caballería y 11 uniformados, a cargo de Amílcar Corzo Díaz, herido durante el desalojo.
Los policías de este agrupamiento sostuvieron en sus declaraciones ministeriales que “alguien” les gritó que los lugareños que pretendían pasar iban armados, lo que habría motivado que dispararán contra ellos. Sin embargo, de acuerdo a los reportes preliminares, Alfaro Alfaro murió de un disparo en la sien izquierda, que le dieron cuando ya había bajado del vehículo.
A Rigoberto López Vázquez lo ultimaron cuando se encontraba sobre la góndola. Alfredo Hernández Ramírez y Miguel Antonio Ramírez López intentaron correr y recibieron disparos en la espalda. Actualmente, los 312 policías que participaron en el operativo están en calidad de presentados y son investigados.
En tanto, policías que participaron en el operativo denunciaron que no hubo organización ni planeación táctica, que los dejaron “solos” y únicamente un subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana “azuzaba a la gente”.
Un grupo denunció que en los hechos del 3 de octubre pasado, “nos llevaron como borregos, porque era un operativo federal (de la policía federal) pero cuando empezó todo ellos (los policías federales) se retiraron.
“Cuando llegamos al poblado San Manuel la gente ya sabía (del operativo) y se nos vino encima; en ese momento los policías federales se retiraron y todo se volvió un caos.”
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=politica&article=016n2pol
El gobierno indemnizará a deudos
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de octubre. El gobierno del estado dio a conocer que firmó una minuta con los ejidatarios que el viernes pasado tomaron la zona arqueológica de Chinkultic, municipio de La Trinitaria, donde se determinan, entre otros, los siguientes acuerdos: indemnización a los deudos de los muertos producto del enfrentamiento, castigo a los elementos de las corporaciones policiacas que resulten culpables de cualquier exceso, e instalación de un centro ecoturístico para ser administrado por los ejidatarios.
También se acordó solicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia que emplee principalmente a miembros del ejido en la administración de la zona arqueológica y los proyectos productivos para las tierras del ejido.
De acuerdo con un comunicado oficial, el compromiso de los ejidatarios es no reinstalarse en las zonas federales señaladas, participar en campañas de protección ambiental que convoque la Comisón Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el gobierno del estado, así como devolver las armas a la policía (esto último ocurrió hoy mismo).
http://www.jornada.unam.mx/2008/10/06/index.php?section=politica&article=016n3pol
jueves, 2 de octubre de 2008
Congelan expediente de pornografía infantil
Patricia Briseño/ Corresponsal
Los padres de los menores agraviados hablan de burocracia y los presuntos culpables se amparan
OAXACA, Oax. Los padres y las madres de familia de menores víctimas de pornografía infantil en el Colegio Guadalupe, del municipio de Ocotlán de Morelos, denunciaron que a pesar de que ya se realizaron las investigaciones y se ha acreditado el cuerpo del delito, el expediente no ha sido consignado, con lo que, dicen los afectados, se demuestra que existe dilación en torno a este caso en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La madre de uno de los trece ex alumnos agraviados señaló que se cumplió un mes sin consignar la averiguación previa —182(DS)/2008 iniciada el pasado 30 de mayo por la Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra la Mujer— contra Norberto Dionisio Martínez Luis, porque éste interpuso un amparo.
Lamentó que por burocracia de esa instancia federal, el juzgado del cuarto distrito, con sede en esta capital, responsabilidad de Ponciano Velasco Velásquez, no haya revisado su expediente y emitido la resolución sobre la denuncia de pornografía infantil en agravio de los menores que acudían a un colegio de las Mercedarias del Santísimo Sacramento.
El fotógrafo identificado por los niños como el individuo que los semidesnudó, auxiliado por Minerva Díaz Torres, en uno de los salones de la escuela el 29 de mayo, apeló al derecho constitucional e intervino la averiguación previa, rindió pruebas y presentó testigos para demeritar las acusaciones.
La fiscal Ileana Hernández Gómez explicó que el presunto responsable impugnó la averiguación previa e interpuso un amparo basado en la negativa de la Ministerio Público, ustentada en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, de autorizar un segundo peritaje para la valoración del estado mental de dos menores.
La funcionaria reconoció estar “atada de manos” mientras el juez federal no emita la resolución del amparo.
“Es imposible efectuar la consignación o determinar si se configura el o los delitos como prostitución o pornografía infantil”.
Por lo anterior, los padres de las víctimas reiteran su exhorto a que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, investigue y resuelva con imparcialidad y celeridad la denuncia interpuesta ante estos actos, y detenga y sancione a los responsables.
Los ofendidos piden se castigue al agente del Ministerio Público Benito Julián Caballero, quien abusó de su autoridad al consignar a tres de los ofendidos por un supuesto delito de robo en agravio del fotógrafo, esposo de la regidora de Hacienda, y defendido legalmente por el abogado Efraín Meraz Concha, hermano del presidente municipal de Ocotlán, Sergio Meraz Concha, militante priista y vinculado con la clase política estatal.
En ese sentido, el subprocurador Netolín Chávez Gallegos reconoció que el funcionario tiene cinco quejas por su mal desempeño, pero su permanencia depende de la Visitaduría General de la PGJE, instancia encargada de calificar a los servidores públicos encargados de procurar e impartir justicia.
En un año, padres de familia han denunciado 18 casos de abuso sexual y pornografía infantil ocurridos en colegios privados de la entidad.
En octubre de 2007, Leticia (se omiten sus apellidos para proteger al menor) denunció que su hijo de cuatro años presuntamente fue violado en el área preescolar del Instituto San Felipe del Agua, en esta capital.
La víctima de cuatro años identificó a la educadora Magdalena García Soto, al profesor de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la propietaria del plantel, como sus agresores.
García Soto está encarcelada en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, acusada de violación equiparada, y es defendida por Humberto Castillejos Cervantes, quien hasta hace cuatro meses era coordinador de asesores del procurador general de la República.
El ex funcionario federal relevó a su padre, Marcos Castillejos Escobar, luego de que éste murió asesinado el pasado 9 de junio en la Ciudad de México.
El representante de la parte acusadora, José Bonilla Sada, opinó que la presencia de Castillejos —cuñado de Luis Cárdenas Palomino, director federal de Seguridad Privada, y aparentemente cercano a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal— probablemente pueda beneficiar con la protección de las autoridades federales a Pérez Ramírez y Constantino García, actualmente prófugos.
En otro orden, el abogado espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en 45 días los recursos de revisión promovidos en favor de sus defendidos.
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/todomexico/congelan_expediente_de_pornografia_infantil/365698
Los padres de los menores agraviados hablan de burocracia y los presuntos culpables se amparan
OAXACA, Oax. Los padres y las madres de familia de menores víctimas de pornografía infantil en el Colegio Guadalupe, del municipio de Ocotlán de Morelos, denunciaron que a pesar de que ya se realizaron las investigaciones y se ha acreditado el cuerpo del delito, el expediente no ha sido consignado, con lo que, dicen los afectados, se demuestra que existe dilación en torno a este caso en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La madre de uno de los trece ex alumnos agraviados señaló que se cumplió un mes sin consignar la averiguación previa —182(DS)/2008 iniciada el pasado 30 de mayo por la Fiscalía para la Atención de Delitos por Violencia de Género contra la Mujer— contra Norberto Dionisio Martínez Luis, porque éste interpuso un amparo.
Lamentó que por burocracia de esa instancia federal, el juzgado del cuarto distrito, con sede en esta capital, responsabilidad de Ponciano Velasco Velásquez, no haya revisado su expediente y emitido la resolución sobre la denuncia de pornografía infantil en agravio de los menores que acudían a un colegio de las Mercedarias del Santísimo Sacramento.
El fotógrafo identificado por los niños como el individuo que los semidesnudó, auxiliado por Minerva Díaz Torres, en uno de los salones de la escuela el 29 de mayo, apeló al derecho constitucional e intervino la averiguación previa, rindió pruebas y presentó testigos para demeritar las acusaciones.
La fiscal Ileana Hernández Gómez explicó que el presunto responsable impugnó la averiguación previa e interpuso un amparo basado en la negativa de la Ministerio Público, ustentada en la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, de autorizar un segundo peritaje para la valoración del estado mental de dos menores.
La funcionaria reconoció estar “atada de manos” mientras el juez federal no emita la resolución del amparo.
“Es imposible efectuar la consignación o determinar si se configura el o los delitos como prostitución o pornografía infantil”.
Por lo anterior, los padres de las víctimas reiteran su exhorto a que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso, investigue y resuelva con imparcialidad y celeridad la denuncia interpuesta ante estos actos, y detenga y sancione a los responsables.
Los ofendidos piden se castigue al agente del Ministerio Público Benito Julián Caballero, quien abusó de su autoridad al consignar a tres de los ofendidos por un supuesto delito de robo en agravio del fotógrafo, esposo de la regidora de Hacienda, y defendido legalmente por el abogado Efraín Meraz Concha, hermano del presidente municipal de Ocotlán, Sergio Meraz Concha, militante priista y vinculado con la clase política estatal.
En ese sentido, el subprocurador Netolín Chávez Gallegos reconoció que el funcionario tiene cinco quejas por su mal desempeño, pero su permanencia depende de la Visitaduría General de la PGJE, instancia encargada de calificar a los servidores públicos encargados de procurar e impartir justicia.
En un año, padres de familia han denunciado 18 casos de abuso sexual y pornografía infantil ocurridos en colegios privados de la entidad.
En octubre de 2007, Leticia (se omiten sus apellidos para proteger al menor) denunció que su hijo de cuatro años presuntamente fue violado en el área preescolar del Instituto San Felipe del Agua, en esta capital.
La víctima de cuatro años identificó a la educadora Magdalena García Soto, al profesor de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la propietaria del plantel, como sus agresores.
García Soto está encarcelada en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, acusada de violación equiparada, y es defendida por Humberto Castillejos Cervantes, quien hasta hace cuatro meses era coordinador de asesores del procurador general de la República.
El ex funcionario federal relevó a su padre, Marcos Castillejos Escobar, luego de que éste murió asesinado el pasado 9 de junio en la Ciudad de México.
El representante de la parte acusadora, José Bonilla Sada, opinó que la presencia de Castillejos —cuñado de Luis Cárdenas Palomino, director federal de Seguridad Privada, y aparentemente cercano a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal— probablemente pueda beneficiar con la protección de las autoridades federales a Pérez Ramírez y Constantino García, actualmente prófugos.
En otro orden, el abogado espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en 45 días los recursos de revisión promovidos en favor de sus defendidos.
http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/primera/todomexico/congelan_expediente_de_pornografia_infantil/365698
miércoles, 1 de octubre de 2008
Resuelven conflicto tras inmolación
Resulta francamente IMPERDONABLE que un gobierno no tuviera el tiempo y disposición para atender y escuchar los reclamos que hacía un pueblo indígena. Hoy mediante el pago de 2 millones el "gobierno" veracruzano cree que finiquita su adeudo. Su enorme desinterés por la problemática de los indígenas, hoy dejan en el camino, la vida de un ser humano que dentro de la enorme impotencia que debió sentir, por tantas citas canceladas, prefirió pagar el más alto costo para recibir atención y por ello ha entregado su vida.
Tremenda lección de compromiso efectivo con los que menos tienen ha dejado el que en los hechos demostró ser un verdadero líder del pueblo.
Que DIOS le brinde el derecho a descansar en paz y que su familia logre pronto el consuelo.
¿Cuánto más tendremos que conocer, cuánto más tiene que suceder para que se logre anteponer los derechos humanos de todos los mexicanos?
¿Se puede DESLINDAR el gobernador cuando no brindó la atención y solución?
¿PRI socialdemócrata?
Lamentable sin duda que un hombre pierda la vida porque sencillamente su reclamno no se atendió, a tiempo.
Laura Tena
Resuelven conflicto tras inmolación
El Gobierno de Veracruz pagará hoy mismo los poco más de $2 millones, incluso aportando la parte que corresponde al Gobierno federal
Por Lev García / Corresponsal
Xalapa (1 de octubre de 2008).- El Gobierno de Veracruz anunció su disposición para resolver el conflicto agrario que llevó a un dirigente campesino a prenderse fuego frente al Palacio de Gobierno la tarde del martes.La solución incluye el pago de poco más de 2 millones de pesos, el cual era el reclamo principal del grupo de campesinos de la Sierra de Soteapan al que se pretendía expulsar de una superficie de 250 hectáreas que presuntamente invadieron hace casi dos décadas en el ejido Ocosotepec.El Secretario de Gobierno del Estado, Reynaldo Escobar, aseguró que la determinación no obedece a la muerte del líder Ramiro Guillén Tapia, quien falleció la mañana de este miércoles en el Hospital Civil de Xalapa a consecuencia de quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo."Hoy mismo se les pagará, incluso prestando la parte que corresponde al Gobierno federal; no es que se quiera tapar el pozo después del niño ahogado", dijo el funcionario en conferencia de prensa.Escobar Pérez deslindó a la administración de Fidel Herrera de ser responsable de la muerte del dirigente agrario pues dijo que el Gobierno de Veracruz sólo fungía como mediador entre los campesinos y la Secretaría de la Reforma Agraria, al igual que lo hace en 14 casos más en toda la entidad.Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/estados/articulo/927200
Fecha de publicación: 01-Oct-2008
Tremenda lección de compromiso efectivo con los que menos tienen ha dejado el que en los hechos demostró ser un verdadero líder del pueblo.
Que DIOS le brinde el derecho a descansar en paz y que su familia logre pronto el consuelo.
¿Cuánto más tendremos que conocer, cuánto más tiene que suceder para que se logre anteponer los derechos humanos de todos los mexicanos?
¿Se puede DESLINDAR el gobernador cuando no brindó la atención y solución?
¿PRI socialdemócrata?
Lamentable sin duda que un hombre pierda la vida porque sencillamente su reclamno no se atendió, a tiempo.
Laura Tena
Resuelven conflicto tras inmolación
El Gobierno de Veracruz pagará hoy mismo los poco más de $2 millones, incluso aportando la parte que corresponde al Gobierno federal
Por Lev García / Corresponsal
Xalapa (1 de octubre de 2008).- El Gobierno de Veracruz anunció su disposición para resolver el conflicto agrario que llevó a un dirigente campesino a prenderse fuego frente al Palacio de Gobierno la tarde del martes.La solución incluye el pago de poco más de 2 millones de pesos, el cual era el reclamo principal del grupo de campesinos de la Sierra de Soteapan al que se pretendía expulsar de una superficie de 250 hectáreas que presuntamente invadieron hace casi dos décadas en el ejido Ocosotepec.El Secretario de Gobierno del Estado, Reynaldo Escobar, aseguró que la determinación no obedece a la muerte del líder Ramiro Guillén Tapia, quien falleció la mañana de este miércoles en el Hospital Civil de Xalapa a consecuencia de quemaduras en el 70 por ciento de su cuerpo."Hoy mismo se les pagará, incluso prestando la parte que corresponde al Gobierno federal; no es que se quiera tapar el pozo después del niño ahogado", dijo el funcionario en conferencia de prensa.Escobar Pérez deslindó a la administración de Fidel Herrera de ser responsable de la muerte del dirigente agrario pues dijo que el Gobierno de Veracruz sólo fungía como mediador entre los campesinos y la Secretaría de la Reforma Agraria, al igual que lo hace en 14 casos más en toda la entidad.Copyright © Grupo Reforma Servicio InformativoESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/estados/articulo/927200
Fecha de publicación: 01-Oct-2008
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