miércoles, 30 de mayo de 2007

Los derechos y la derecha

Los derechos y la derecha
Alberto Begné Guerra
30 de mayo de 2007


L a despenalización del aborto en el DF no sólo significa la afirmación del Estado laico en nuestro país, sino también y sobre todo el reconocimiento del derecho de cada mujer a decidir en condiciones de igualdad real ante la ley, con pleno respeto a sus creencias y, en consecuencia, sin sujeción a ningún dogma religioso o convicción moral impuestos desde el poder público.

Las reformas aprobadas el pasado 26 de abril por la Asamblea Legislativa entrañan una defensa inequívoca de diversos derechos fundamentales de las personas, reconocidos por la Constitución y por distintas convenciones internacionales.

Las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR y la CNDH en contra de esas reformas expresan una interpretación parcial y sesgada de los derechos de las personas, y peor aún, desconocen la sustancia y los alcances del laicismo como principio rector de las democracias constitucionales.
Desconocen, asimismo, el principio de igualdad real ante la ley, como un derecho humano absolutamente fundamental, "el más fundamental de los derechos -como diría Mauro Cappelletti- en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos".

La PGR sostiene que sus "acciones se basan en la interpretación establecida a lo largo de los años por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sin excepción alguna los criterios que soportan la posición del procurador son estrictamente técnico-jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral o de cualquier otra índole". Al hacerlo subraya precisamente lo contrario: interpreta la Constitución desde una posición ideológica, pues sus argumentos tienen como base una lectura parcial de los derechos constitucionales, en la cual se ignoran por completo los derechos de la mujer y la exigencia de garantizar la igualdad efectiva ante la ley.
En el ejercicio de una atribución legítima conforme a nuestro ordenamiento constitucional, la PGR imprime un sello político-ideológico a su acción. Es la decisión de un gobierno del PAN, cuyos principios doctrinarios son los de la democracia cristiana. Un grave error político, pero al final de cuentas reflejo fiel del gobierno de un partido conservador. Quizá sólo haya que peguntarse si, en medio de problemas gravísimos, en particular la creciente ola de violencia y la persistente incapacidad para superar la profunda desigualdad social, esta deba ser la prioridad del gobierno, en contra, por cierto, de la voluntad de una mayoría representada por cinco partidos políticos nacionales en la ALDF.


Pero si la decisión del gobierno resulta torpe e inoportuna, lo inaudito e inaceptable es que la CNDH, un organismo constitucional autónomo, cuya imparcialidad debe ser la clave invariable de su actuación, sea conducida a esta controversia en razón de las creencias personales, la insensibilidad y el conservadurismo de su presidente, quien ni siquiera consultó con el Consejo de la Comisión esta decisión.

La CNDH soy yo, habrá dicho Soberanes, cuando decidió promover esta acción de inconstitucionalidad, como si no hubiera ningún ordenamiento o disposición legal aprobados desde que se le atribuyó a la CNDH en 2006 la facultad de iniciar estas acciones que, desde una perspectiva laica e incluyente de los derechos humanos, mereciera su atención y su actuación.

Un miembro destacado del Opus Dei, un representante del conservadurismo más reaccionario hace de su responsabilidad pública un ejercicio de sus dogmas religiosos (tan respetables en su casa y en su conciencia como inadmisibles en el desempeño de un cargo público) el motivo de su acción, dañando gravemente a una institución que, fuera del marco del laicismo, pierde todo su sentido.

El contraste con la Comisión de los Derechos Humanos del DF es sustancial. Su presidente, Emilio Álvarez Icaza, ahora acosado por un panismo local que deja ver sin tapujos su talante antidemocrático e intolerante, sí consulto con el Consejo de la comisión, y puso por delante una visión abierta e incluyente de los derechos humanos.

La Corte tiene la palabra. Pero por lo pronto habrá que pedirle cuentas a Soberanes, cuya permanencia en el cargo acabaría por dañar irremediablemente a la CNDH.

Presidente de Alternativa Socialdemócrata

martes, 29 de mayo de 2007

ALDF Convoca a Movilización para el 30 de mayo




Admite Corte demanda de CNDH por aborto

Admite Corte demanda de CNDH por aborto
El hecho de que se abra el juicio no afecta la vigencia de las normas impugnadas, por lo que las mujeres del DF podrán seguir solicitando abortos
Víctor Fuentes

Ciudad de México(29 mayo 2007).-Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió este martes a trámite la demanda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la despenalización del aborto en el Distrito Federal.El Ministro Salvador Aguirre Anguiano consideró que no hay causas notorias de improcedencia de la acción de inconstitucionalidad, por lo que abrió el juicio a trámite y emplazó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y al Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, para que contesten la demanda.

El hecho de que se abra el juicio no afecta la vigencia de las normas impugnadas, por lo que las mujeres de la capital del País podrán seguir solicitando abortos voluntarios en las primeras doce semanas de gestación sin ser sancionadas penalmente.

Aguirre Anguiano ordenó a la ALDF enviar copia de todos los antecedentes de la reforma, así como de los debates en ese cuerpo legislativo, informó la Corte en un comunicado.

El trámite del juicio será relativamente rápido, entre dos y tres meses, pero no hay plazo para que Aguirre elabore su proyecto de sentencia y lo presente al pleno de la SCJN.Será necesario el voto de al menos 8 de los 11 ministros para invalidar cualquier aspecto de la reforma, la primera en México que despenalizó por completo el aborto voluntario.

En 2002, la Corte aprobó jurisprudencia, vigente hasta la fecha, en la que afirma que la Constitución protege la vida "del producto de la concepción".

En cuanto a la acción de inconstitucionalidad promovida el viernes por la PGR contra la misma reforma, también fue turnada al ministro Aguirre, quien en las próximas horas notificará su admisión.Ambas demandas será acumuladas en un solo expediente pues se trata del mismo tema.

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ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/ciudad/articulo/774222/
Fecha de publicación: 29-May-2007

sábado, 26 de mayo de 2007

Impugna PGR y CNDH aborto

Impugnan PGR y CNDH aborto
Se requiere el voto de por lo menos 8 de los 11 Ministros para echar abajo la reforma

Víctor Fuentes

Ciudad de México(26 mayo 2007).-La batalla por la despenalización del aborto no ha terminado.Cuando faltaban algunas horas para que venciera el plazo de impugnación, el Procurador Eduardo Medina Mora y el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes, levantaron la mano.

La Suprema Corte confirmó que la demanda de invalidez fue presentada el jueves por la tarde, en uso de la facultad constitucional de la CNDH para cuestionar ante ese tribunal cualquier ley que le parezca violatoria de los derechos humanos.

La PGR promovió una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones al Código Penal y Ley de Salud del DF que despenalizaron el aborto hasta las 12 semanas.El argumento que esgrimió es que las modificaciones hechas por los legisladores locales violan varios preceptos constitucionales.El primero de ellos, que es parte de una tesis jurisprudencial de la propia Corte, es que el producto de la concepción tiene derecho a la vida, y dicha garantía está prevista en la Constitución.

El caso quedó en manos del Ministro Salvador Aguirre Anguiano, "siguiendo rigurosamente el orden de asignación de los Ministros y el cronológico de presentación de expedientes", según señaló la Corte.

Y es que Aguirre tendrá que hacerse cargo de un nuevo juicio de alto perfil, luego de que pasó casi un año redactando el proyecto de sentencia sobre las reformas a las leyes de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones, que la Corte discute actualmente.

Aguirre notificará el próximo lunes o martes sobre la admisión a trámite de la demanda, con la que la ALDF y el Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, serán emplazados a juicio.Será necesario el voto de por lo menos 8 de los 11 Ministros para echar abajo la reforma que estableció que toda interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación no califica como aborto y no merece castigo penal.
Para los abortos posteriores a 12 semanas sólo quedó una pena alternativa entre multa o cárcel de hasta seis meses, lo que dejó a este delito como una falta menor.

En 2002, la Corte aprobó jurisprudencia, que a la fecha sigue vigente, en la que estableció que la Constitución y los tratados internacionales protegen el derecho a la vida "del producto de la concepción".Sin embargo, cuatro de los nueve ministros que aprobaron ese criterio ya no están en la Corte y los dos que se opusieron siguen en el tribunal, por lo que se espera otro debate.

El secretario del PRD, Guadalupe Acosta, señaló que el recurso interpuesto por la PGR demuestra que el gobierno del Presidente Felipe Calderón cedió a las presiones de la derecha y de la Iglesia católica.
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ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN:
http://www.reforma.com/ciudad/articulo/773186/
Fecha de publicación: 25-May-2007

miércoles, 23 de mayo de 2007

AMNISTIA DENUNCIA ABUSOS A MUJERES EN MEXICO

LONDRES, 23 (ANSA)- México sigue permitiendo el abuso contra mujeres, especialmente en los estados del norte del país, concluyó hoy Amnistía Internacional (AI) en su informe anual, en el que destacó violaciones graves de derechos humanos en el estado de Oaxaca en el contexto de una dilatada crisis política.

Según la ONG británica, el gobierno del presidente Felipe Calderón no avanzó en el compromiso de poner fin a las violaciones de derechos humanos y la impunidad, que siguieron siendo generalizadas.

"Continuaron los informes de tortura, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en el ámbito estatal.

Se recibieron informes de violaciones graves de derechos humanos en el estado de Oaxaca en el contexto de una dilatada crisis política.

La violencia contra las mujeres siguió siendo endémica en muchos estados, y continuó la campaña para obtener justicia para las mujeres de Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua", sostuvo el grupo.

También denunció que varios periodistas fueron asesinados y aclaró que en algunos estados, defensores y defensoras de los derechos humanos y oponentes políticos siguieron corriendo peligro de sufrir hostigamiento o procesamientos penales infundados.

"Fracasaron las medidas para procesar a los responsables de violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas en decenios anteriores.

Los pueblos indígenas de varios estados siguieron sufriendo discriminación, entre otras cosas en el acceso a servicios básicos, como la atención de la salud y la educación", agregó.

Con relación específica a la crisis de Oaxaca, indicó que la policía usó fuerza excesiva contra los maestros en huelga que habían ocupado y paralizado el centro de la ciudad y contra otros manifestantes.

Sobre la violencia contra las mujeres, dijo que ese problema sigue siendo generalizado en todo México.

"Amnistía registró más informes de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua.
Las autoridades del estado de Chihuahua introdujeron algunas mejoras como respuesta a los nuevos homicidios. Sin embargo, no procesaron muchos casos anteriores ni exigieron responsabilidades a ningún funcionario implicado en las investigaciones originales fallidas", continuó.

AI detalló que en mayo de 2006, durante la operación policial de San Salvador Atenco, Estado de México, 47 mujeres fueron detenidas y trasladadas a la cárcel. Al menos 26 de ellas denunciaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que habían sido objeto de agresión sexual o violación por parte de agentes de la policía estatal durante el traslado a la cárcel. 23/05/2007 12:30
http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/mexico

Politica del miedo, crea un mundo dividido: Amnistía Internacional

Critica AI ambivalencia de UE ante situación de derechos humanos


En su informe 2007 titulado ‘El estado de los derechos humanos en el mundo’, Amnistía Internacional expuso que además de la ‘falta de voluntad para enfrentarse’ a las autoridades estadounidenses, la UE ‘no predica con el ejemplo en lo relativo a la migración’.

No hay avance en derechos humanos en México: AI
http://www.milenio.com/index.php/2007/05/23/71888/
Amnistía Internacional condena a EU sobre derechos humanos
http://www.milenio.com/index.php/2007/05/23/71801/

Madrid.- Amnistía Internacional (AI) criticó hoy la ambivalencia de la Unión Europea (UE) frente a la situación de los derechos humanos en el mundo, en especial a la llamada ‘guerra contra el terror’ que desarrolla Estados Unidos.
En su informe correspondiente a 2007 titulado ‘El estado de los derechos humanos en el mundo’, AI expuso que además de la ‘falta de voluntad para enfrentarse’ a las autoridades estadounidenses, la UE ‘no predica con el ejemplo en lo relativo a la migración’.
‘A la erosión de la credibilidad en materia de derechos humanos en los ámbitos europeo y mundial se suma un enfoque institucional limitado de los derechos humanos dentro de las fronteras de la Unión’, indicó la organización humanitaria.
Apuntó que esa situación se debe al establecimiento de una Agencia Europea de Derechos Fundamentales, cuyas competencias para abordar los abusos contra los derechos humanos perpetrados por los Estados miembros ’son muy reducidas’.
Precisó que el racismo y la discriminación continuaron presentes en el último año en toda la región y en muchos países las autoridades no hicieron frente de manera convincente a las opiniones e ideologías racistas y xenófobas.
‘No pusieron en práctica programas integrales para combatirlas y no actuaron con la diligencia debida para prevenir, investigar y enjuiciar los ataques por motivos raciales’, se agregó en el reporte.
Lamentó que en algunos países eran las propias autoridades las que discriminaban a las minorías al no defender sus derechos.
AI criticó el hecho de que se dieron ‘nuevos indicios de complicidad por Parte de gobiernos europeos en el programa estadounidense de entregas extraordinarias’.
También censuró que el gobierno de Reino Unido continuó socavando la prohibición universal de la tortura al intentar expulsar a personas a las que consideraba sospechosas de terrorismo a países con historial de tortura y otros malos tratos.
Sobre Turquía, AI destacó que la nueva Ley de Lucha contra el Terrorismo ‘contiene disposiciones amplias y draconianas que en la práctica podían contravenir el derecho internacional de los derechos humanos y facilitar los abusos’.
Además la organización indicó que los Estados (en Europa) continuaron ‘con la práctica constante de interceptar, detener y expulsar, violando sus derechos humanos, a personas extranjeras, incluidas las que buscaban protección internacional’.

‘Un año después, las investigaciones sobre la muerte en 2005 de 13 inmigrantes cuando intentaban entrar en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla desde Marruecos seguían sin dar resultados. Otras tres personas murieron en incidentes similares en julio de 2006′, añadió.

Expuso que hombres, mujeres y menores seguían encontrando obstáculos para acceder a los procedimientos de concesión de asilo. Refirió que en recia, Italia, Malta y Reino Unido algunas de estas personas fueron víctimas de detención ilegal, y a otras se les negaron el asesoramiento y la asistencia jurídica necesarios.

‘Muchas fueron expulsadas ilegalmente de países como España, Grecia, Italia y Malta, antes de que sus solicitudes pudieran haber sido examinadas adecuadamente, y a algunas se les envió a países donde corrían peligro de sufrir violaciones de derechos humanos’.
Notimex/ Milenio


Fox no cumplió y Calderón no se ha comprometido: AI
http://srv2.vanguardia.com.mx/hub.cfm/



La política del miedo crea un mundo dividido, dice Amnistía
23/05/2007 - 19:12IBLNEWS, AGENCIAS
http://iblnews.com/story_se.php?id=25699
Los gobiernos más poderosos y los grupos armados están fomentando deliberadamente el miedo para erosionar los derechos humanos y crear un mundo cada vez más polarizado y peligroso, denunció el miércoles Amnistía Internacional.

"Nuestro mundo está tan polarizado como en el momento de más tensión de la Guerra Fría, y en muchos modos, es mucho más peligroso", declaró su secretaria general, Irene Khan, en el informe anual de la organización de defensa de los derechos humanos.
Pero Khan añadió que el miedo ha sido un actor positivo para impulsar el cambio de actitudes sobre el calentamiento climático, ya que la presión de la opinión pública está forzando a los políticos a tomar medidas.
Esta misma táctica podría funcionar con los derechos humanos. Amnistía, apuntando a gobiernos de todo el mundo, desde Estados Unidos a Zimbabue, les culpó de socavar el Estado de derecho y los derechos humanos, y de alimentar el racismo y la xenofobia con políticas "cortas de miras, que siembran el temor y la división". "El derretimiento de los derechos humanos sólo puede abordarse mediante la solidaridad mundial y el respeto del derecho internacional", dijo en la rueda de prensa de presentación del informe.

Khan dijo que el miedo se está utilizando para erosionar los derechos de las personas, y todo en el nombre de una mayor seguridad.
AI acusó al presidente estadounidense, George W. Bush, de enarbolar el temor al terrorismo para aumentar sus poderes. "El doble rasero de la administración de Estados Unidos ha sido impresionantemente descarado". "La `guerra contra el terror' y la guerra de Irak, con su catálogo de abusos contra los derechos humanos, han creado profundas divisiones que arrojan una sombra sobre las relaciones internacionales y dificultan aún más la resolución de conflictos y la protección de la población civil", dijo Khan.

La secretaria general del grupo, que tiene 2,2 millones de socios en más de 150 países, dijo: "La administración estadounidense está tratando el mundo como un campo de batalla gigante para su 'guerra contra el terror'".

DARFUR, UNA HERIDA SANGRANTE

Respecto a otros casos, criticó que el Gobierno sudanés está jugando con la ONU sobre Darfur, donde la ONU dice que han muerto al menos 200.000 personas. "Darfur es una herida sangrante en la conciencia del mundo", afirmó Khan.

La persecución de escritores en Turquía, el asesinato de activistas de izquierda en Filipinas, el aumento de la violencia en Brasil, los intentos de censura de Internet en Colombia, Camboya, Cuba y Uzbekistán son otros casos que denuncia Amnistía.

Además lamentó el incremento tanto de la islamofobia como del antisemitismo.

Sin embargo, la ONG quiso acabar con una nota positiva:
"El poder del pueblo cambiará la cara de los derechos humanos en el siglo XXI. La esperanza sigue viva".

Amnistía Internacional denuncia impunidad por crimenes en Venezuela
http://www.2001.com.ve/noticias_2001online.asp?registro=79383

SEGUN ANMISTIA, CORRUPCION EN BRASIL PERJUDICA DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
http://www.elinformanteperu.com/agenda.php?idarticulos=18033


Amnistía Internacional denuncia abusos contra indígenas en Ecuador, Perú y Bolivia
http://www.elcomercio.com/noticiaEC.asp?id_noticia=112386&id_seccion=8

AUN SE VIOLAN DDHH EN CHILE Y ARGENTINA, DIJO AMNISTIA INTERNACIONAL

http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/rubriche/amlat/20070523123734310313.html



Amnistía Internacional reporte 2007 México

AI cuestionó operativos anticrimenPeocupa uso del ejército en esas tareas
Notimex

Amnistía Internacional expresó su preocupación por el uso del ejército en la lucha contra el crimen organizado.
The Associated Press
23 de Mayo de 2007

MÉXICO - El uso de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y el narcotráfico en México abre la posibilidad de que se cometan graves violaciones a los derechos humanos por su falta de capacitación para realizar tareas policiales, advirtió el la organización Amnistía Internacional (AI).
Ola de violencia

"Evidentemente sí hay una preocupación real de Amnistía Internacional en cuanto a la intervención de militares", dijo la presidenta de AI en México, Liliana Velázquez, con motivo de la presentación del informe mundial del grupo sobre el estado de los derechos humanos.


Desde que asumió el poder en diciembre, el presidente
Felipe Calderón se ha apoyado en las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen y los carteles del narcotráfico, que en los últimos años desataron una ola de violencia para lograr el control de nuevos territorios que ha dejado miles de muertos.El despliegue de más de 24 mil militares en todo el país ha comenzado a ser cuestionado a raíz de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que algunos soldados desplegados en el estado occidental de Michoacán estarían involucrados en violaciones, registros ilegales y otros abusos de las garantías de los ciudadanos.

En riesgo derechos humanos"Consideramos que las fuerzas armadas no están capacitadas ni están diseñadas para tales funciones (policiales), por lo tanto se corre el riesgo de que resulte en graves violaciones a los derechos humanos como ya lo dijo y lo denunció recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos", señaló Velázquez.

Solicitó a las organizaciones civiles y comisiones estatales de derechos humanos a observar en todo momento la actuación de los militares y denunciar cualquier abuso a las garantías.

Y también llamó al presidente Calderón a asumir un papel de liderazgo interno en materia de derechos humanos, y calificó la actitud de su gobierno como "decepcionante en la materia" al no haber visto un compromiso firme.

Velázquez opinó que la impunidad es el fenómeno más arraigado y a la vez el reto más importante del nuevo gobierno.

Compromiso con garantías individuales

Adelantó que la secretaria general de AI, Irene Khan, visitará México en agosto próximo para "recordarle a Calderón el compromiso que tiene con los derechos humanos".

El informe sobre el estado de los derechos humanos en México durante 2006 advirtió que continuaron violaciones a los derechos humanos, con reportes de tortura, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en el ámbito estatal.

Puso como ejemplo de violaciones a garantías el conflicto en el estado sureño de Oaxaca, donde una protesta de maestros en junio derivó en enfrentamientos durante los siguientes meses y se tradujo según AI en detenciones arbitrarias e incluso torturas.También retomó el informe de 10 periodistas asesinados en 2006, sin que hasta el momento se haya procesado a ninguno de los responsables.

martes, 22 de mayo de 2007

México: Leyes, pero no justicia

Amnistía Internacional
México: Leyes, pero no justicia
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En México, el sistema de justicia penal adolece de graves deficiencias. Ni las leyes del país, ni los organismos encargados de hacer cumplir la ley ni el sistema judicial protegen de manera efectiva a la población frente a los abusos contra los derechos humanos, y los responsables de esos abusos rara vez son procesados.
Estas deficiencias sistémicas han dado lugar a detenciones arbitrarias, tortura, falsificación de pruebas y juicios injustos.Martín Barrios y Felipe Arreaga, activistas de derechos humanos, fueron detenidos sobre la base de cargos penales de motivación política, unos cargos que en varios estados siguen utilizándose de forma habitual contra activistas políticos y personas que defienden los derechos humanos. Elionai Santiago Sánchez y Ramiro Aragón fueron detenidos, golpeados y torturados en Oaxaca en 2006. Muchas personas son objeto de procedimientos injustos. Pese a ello, nadie ha rendido cuentas de estos abusos.En la Constitución mexicana no se incluye el derecho explícito a la presunción de inocencia. En la práctica, las personas acusadas de un delito son consideradas culpables. La falta de acceso a una asistencia letrada efectiva socava aún más el derecho a un juicio justo. A menudo, los elementos más desfavorecidos y más vulnerables de la sociedad, como los pueblos indígenas, son los que más sufren.Ahora, al nuevo gobierno del presidente Calderón se le brinda la oportunidad de introducir cambios reales y restaurar la confianza en la capacidad de las autoridades para garantizar y ofrecer un acceso en condiciones de igualdad a la justicia y la seguridad.Para ello, el gobierno y el Congreso deben introducir reformas que sitúen la protección de los derechos humanos establecidos en las normas internacionales en el núcleo mismo del sistema de justicia y seguridad pública de México.
¡Actúa!
Pide al presidente de México y al presidente de la Cámara de Diputados mexicana que introduzcan reformas inmediatas y sustanciales en el sistema de justicia y seguridad pública, dentro de un marco de derechos humanos.

http://web.amnesty.org/pages/mex-070207-action-esl.

Para colaborar en la defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional solicita se haga llegar el siguiente texto, al Presidente Calderón y al Presidente de la Cámara de Diputados:

Envía los llamamientos a:
Presidente de México Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Residencia Oficial de "Los Pinos", Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec México D.F., C.P. 11850, MÉXICO
Fax: (+ 52 55) 52772376
Correo electrónico: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Tratamiento: Señor Presidente
Presidente de la Cámara de Diputados Dip. Jorge Zermeño Infante Presidente Cámara de Diputados Cámara de Diputados de México Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque Del. Venustiano Carranza, C.P. 15969, México, D.F.
Correo electrónico: jorge.zermeno@congreso.gob.mx
Tratamiento: Señor Diputado


Señor Presidente de la República / Presidente de la Cámara de Diputados,
Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por las violaciones generalizadas de derechos humanos que tienen lugar en el contexto del sistema de justicia penal y seguridad pública de México. Los responsables deben rendir cuentas de sus actos, y deben introducirse, con carácter de urgencia, reformas inmediatas y sustanciales para impedir que se cometan nuevos abusos.
Me preocupan especialmente las siguientes cuestiones:• los cargos penales infundados contra activistas de derechos humanos y opositores políticos;• el uso de la tortura y los malos tratos durante la detención y para obtener confesiones;• el hecho de que, a menudo, a los sospechosos de delitos se los considere culpables hasta que se demuestre su inocencia;• la ausencia de una defensa efectiva desde el momento de la detención, especialmente para las personas indígenas y sin recursos económicos;• el amplio concepto de detenciones “en flagrancia”, que alienta las detenciones arbitrarias;• la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.
Es evidente que el sistema de justicia penal y seguridad pública de México necesita una reforma sustancial para garantizar la efectividad y el respeto por los derechos humanos tanto de las víctimas de delitos como de los sospechosos de cometerlos.
Las autoridades mexicanas no tienen excusa para seguir demorando las reformas. Es más, para cumplir las promesas oficiales de proteger los derechos humanos y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas, esas reformas deben ser una prioridad.
Deben tomarse las siguientes medidas:• integrar explícitamente en la legislación las normas internacionales de derechos humanos establecidas en los tratados de derechos humanos ratificados por México;

• hacer de la presunción de inocencia un derecho fundamental protegido en la ley y en la práctica;
• poner fin a la tortura y los malos tratos de los sospechosos de delitos y garantizar que sólo se admiten como prueba las confesiones realizadas ante un juez en presencia de un abogado;
• garantizar el acceso a asistencia letrada efectiva desde el momento de la detención;
• convertir los servicios forenses en una entidad independiente e imparcial;
• limitar las facultades de la policía para practicar detenciones, de conformidad con las normas internacionales, con el objetivo de poner fin al uso generalizado de las detenciones arbitrarias;
• reforzar los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los agentes que cometen abusos responden de sus actos;
• poner fin al uso de cargos penales de motivación política contra personas que defienden los derechos humanos y opositores políticos como represalia por sus actividades legítimas.
Atentamente,

Por qué es importante erradicar la discriminación? – Parte III

Continuaremos con la presentación del texto incluido en el folleto "Súmate al Acuerdo Nacional por la igualdad y contra la Discriminación", editado por la CONAPRED (Consejo Nacional para prevenir la discriminación).

En esta entrega, les presento el apartado titulado Reformas legales e institucionales:

Sin una base legal, la posibilidad de introducir cambios en las conductas sociales y en el comportamiento y desempeño de las autoridades se reduciría notablemente. Establecer claramente los derechos de las personas y las obligaicones de las instituciones en los distintos ámbitos de la vida social ayuda a tener mejores condiciones para resarcir los teribles daños derivados de la discriminación y hacer más viable la transformación de la cultura que sirve de sustento a ese fenómeno tan nefasto para la sociedad.

La creación de un marco jurídico contra la discriminación implica la idea de que no se puede dar un trato diferente a dos o más personas por poseer ciertas caractarísticas o rasgos de identidad. En este sentido, ha habido avances cruciales en la legislación mexicana.

Reforma constitucional

En agosto de 2001 se publicó una serie de reformas a la Constitución. Entre ellas destaca la incorporación del derecho fundamental a no ser discriminados. Así, mediante la adición de un tercer párrafo al artículo primero de la carta magna, se introdujo por primera vez en la historia del constitucionalismos mexicano una cláusula relativa a la discriminación, que a la letra dice lo siguiente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquiera otra que qtente contra la dignidad humana y tengo por objeto anular o menoscabar los rechos y libertades de las personas.

Este mandato constitucional de no discriminación se convierte en un elemento importante de las transformaciones políticas y sociales que se han venido dando en nuestro país a favor de la construcción de un régimen genuinamente democrático. Asimismo, es un instrumento jurídico que permite concretar y fortalecer el principio general de igualdad, el enumerar una serie de criterios con base en los cuales se prohibe dar a las personas un trato diferente, lo cual conlleva en sí mismo una injusticia.

Fundamentos de la ley reglamentaria

La reforma constitucional obliga a los poderes públicos y pone al alcance de los ciudadanos la garantía del juicio de amparo. Pero, como es sabido, dicho juicio procede solamente contra actos de autoridades y, por tanto, las prácticas discriminatorias provenientes de particulares quedan sin garabtía jurisdiccional específica. Esto no es una cuestión baladí, ya que una parte considerable de las acciones de discriminación se genera en ámbitos privados; de ahí la necesidad de una ley que previera tal circunstancia.

Por otra parte, de acuerdo con la interpretación del principio de igualdad, a partir del surgimiento del Estado social resulta imprescindible la existencia de normas que ayuden a compensar la desventajosa situación en que se encuantran millones de personas. A la concepción tradicional de igualdad de jure se agrega la de igualdad de facto, es decir, el Estado no sólo está obligado a garantizar un trato igual a todos los individuos, sino que también debe corregir las desigualdades generadas a través de la historia.

Para alcanzar la igualdad de facto tiene que haber, en este caso, una desigualdad de trato jurídico, en el entendido que el Estado debe aplicar medidas compensatorias que sólo beneficien a los más desprotegidos. Naturalmente, tales medidas tienen que se parte esencial de una ley contra la discriminación.

Un punto que no debe soslayarse es que si las conductas discriminatorias no estuvieran prohibidasmediante normasjurídicas, no serían vistas por la sociedad como violaciones alos derechos fundamentaes, y seguirían pasando prácticamente inadvertidas o como si fueran algo natural.

Ley reglamentaria

La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LEPED) fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión y promulgada el 11 de junio de 2003. En el artículo 9 de ese ordenamiento jurídico se especifica una serie de conductas que se consideran discriminatorias, mientras que en los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 se establecen medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para mujeres, niñas y niños, personas mayores de 60 años, personas con discapacidad e indígenas, respectivamente; realizar dichas medidas es responsabilidad de órganos públicos y autoridades federales. El artículo 15 deja abierta la posibilidad de que otros grupos de personas sean tomados en cuenta para los fines referidos. La LFPED contiene, asimismo, una serie de disposiciones en su capítulo V que permiten a toda persona presentar denuncias por presuntas conductas discriminatorias cometidas por servidores públicos federales o por particulares.

Esta Ley también dispone la creación del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), organismo del Estado mexicano que comenzó a funcionar en 2004 y tiene como objeto, de acuerdo con el artículo 17 de la LFPED:

  1. Constribuir al desarrollo cultural, social y democrático dle país;
  2. Llevar a cabo las acciones conducentes para prevenir y eliminar la discriminación;
  3. Formular y promover políticas públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las peronas que se encuentren en territorio nacional, y
  4. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo federal en materia de prevención y eliminación de la discriminación.

domingo, 20 de mayo de 2007

La ciudad, sin políticas contra la explotación sexual infantil: CDHDF

La ciudad, sin políticas contra la explotación sexual infantil: CDHDF

Representa el tercer delito, después del narcotráfico y la trata de personas, afirma.

El Distrito Federal carece de políticas y programas de gobierno encaminados a combatir, atender o prevenir la explotación sexual comercial infantil, lo que ha originado que este delito se ubique en el tercer lugar de ilícitos federales, advirtió Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal .

Tras reunirse con el relator especial de Naciones Unidas sobre Venta de Niños, Prostitución y Pornografía Infantil, Juan Manuel Petit, a quien le entregó información preliminar sobre esta problemática en la Ciudad de México, consideró que “después del narcotráfico y el tráfico ilegal de personas, la explotación sexual de menores representa la tercera red más importante del crimen organizado. El ombusdman capitalino lamentó que ese delito continúe creciendo a pesar de que la comisión lo ha denunciado en múltiples ocasiones; “se reproduce en niñas y niños en situación de calle, aunque también tiene como víctimas a menores que huyen de la violencia familiar, lo que los hace aún más vulnerables”, indicó.

Advirtió sobre los riesgos de la propuesta de reforma legislativa local, que criminaliza a niños y adolescentes en situación de calle y pretende confinarlos hasta que sus padres o tutores comprueben la patria potestad.

Al respecto, Petit comentó que buscar una solución tutelar al pro-blema sería ir “por el lado fácil”, ya que se soslaya el interés superior de las niñas y los niños.

El encuentro entre Álvarez Icaza y el enviado de la ONU se llevó a cabo en La Casa del Árbol, donde el defensor de los derechos humanos dio a conocer que la comisión impartirá el taller “Prevención del maltrato y abuso sexual a niños y niñas”, que recibirán profesores, padres de familia y servidores públicos que atienden programas dirigidos a infantes.
Detalló que el curso pretende ofre-cer los elementos que les permitan prevenir el maltrato y abuso sexual y dar una respuesta positiva a las inquietudes sobre la problemática.La comisión entregó también al enviado de la ONU los cuadernillos de “Prevención contra la explotación sexual comercial infantil”, y el ejemplar del número seis de la colección de Cuadernos para la Educación en Derechos Humanos, “Maltrato y abuso sexual infantil”.

Petit calificó de completa y exhaustiva la información dada por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que, dijo, “de alguna manera está más liberada de lo que pueden ser compromisos políticos o sectoriales y es un espacio muy abierto, muy plural”.

Cifras alarmantes

De acuerdo con cifras de la Organización de Naciones Unidas, en México 20 mil menores sufren explotación sexual.

Según el organismo, el problema está vinculado a los poderes fácticos, la corrupción y la impunidad entre autoridades.

La ONU considera como indispensable crear políticas de Estado para atacar el flagelo del tráfico de menores en el territorio mexicano.

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