México: Leyes, pero no justicia

Amnistía Internacional
México: Leyes, pero no justicia
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En México, el sistema de justicia penal adolece de graves deficiencias. Ni las leyes del país, ni los organismos encargados de hacer cumplir la ley ni el sistema judicial protegen de manera efectiva a la población frente a los abusos contra los derechos humanos, y los responsables de esos abusos rara vez son procesados.
Estas deficiencias sistémicas han dado lugar a detenciones arbitrarias, tortura, falsificación de pruebas y juicios injustos.Martín Barrios y Felipe Arreaga, activistas de derechos humanos, fueron detenidos sobre la base de cargos penales de motivación política, unos cargos que en varios estados siguen utilizándose de forma habitual contra activistas políticos y personas que defienden los derechos humanos. Elionai Santiago Sánchez y Ramiro Aragón fueron detenidos, golpeados y torturados en Oaxaca en 2006. Muchas personas son objeto de procedimientos injustos. Pese a ello, nadie ha rendido cuentas de estos abusos.En la Constitución mexicana no se incluye el derecho explícito a la presunción de inocencia. En la práctica, las personas acusadas de un delito son consideradas culpables. La falta de acceso a una asistencia letrada efectiva socava aún más el derecho a un juicio justo. A menudo, los elementos más desfavorecidos y más vulnerables de la sociedad, como los pueblos indígenas, son los que más sufren.Ahora, al nuevo gobierno del presidente Calderón se le brinda la oportunidad de introducir cambios reales y restaurar la confianza en la capacidad de las autoridades para garantizar y ofrecer un acceso en condiciones de igualdad a la justicia y la seguridad.Para ello, el gobierno y el Congreso deben introducir reformas que sitúen la protección de los derechos humanos establecidos en las normas internacionales en el núcleo mismo del sistema de justicia y seguridad pública de México.
¡Actúa!
Pide al presidente de México y al presidente de la Cámara de Diputados mexicana que introduzcan reformas inmediatas y sustanciales en el sistema de justicia y seguridad pública, dentro de un marco de derechos humanos.
http://web.amnesty.org/pages/mex-070207-action-esl.

Para colaborar en la defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional solicita se haga llegar el siguiente texto, al Presidente Calderón y al Presidente de la Cámara de Diputados:

Envía los llamamientos a:
Presidente de México Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Residencia Oficial de "Los Pinos", Casa Miguel Alemán Col. San Miguel Chapultepec México D.F., C.P. 11850, MÉXICO
Fax: (+ 52 55) 52772376
Correo electrónico: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
Tratamiento: Señor Presidente
Presidente de la Cámara de Diputados Dip. Jorge Zermeño Infante Presidente Cámara de Diputados Cámara de Diputados de México Av. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque Del. Venustiano Carranza, C.P. 15969, México, D.F.
Correo electrónico: jorge.zermeno@congreso.gob.mx
Tratamiento: Señor Diputado


Señor Presidente de la República / Presidente de la Cámara de Diputados,
Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por las violaciones generalizadas de derechos humanos que tienen lugar en el contexto del sistema de justicia penal y seguridad pública de México. Los responsables deben rendir cuentas de sus actos, y deben introducirse, con carácter de urgencia, reformas inmediatas y sustanciales para impedir que se cometan nuevos abusos.
Me preocupan especialmente las siguientes cuestiones:• los cargos penales infundados contra activistas de derechos humanos y opositores políticos;• el uso de la tortura y los malos tratos durante la detención y para obtener confesiones;• el hecho de que, a menudo, a los sospechosos de delitos se los considere culpables hasta que se demuestre su inocencia;• la ausencia de una defensa efectiva desde el momento de la detención, especialmente para las personas indígenas y sin recursos económicos;• el amplio concepto de detenciones “en flagrancia”, que alienta las detenciones arbitrarias;• la impunidad en casos de violaciones de derechos humanos.
Es evidente que el sistema de justicia penal y seguridad pública de México necesita una reforma sustancial para garantizar la efectividad y el respeto por los derechos humanos tanto de las víctimas de delitos como de los sospechosos de cometerlos.
Las autoridades mexicanas no tienen excusa para seguir demorando las reformas. Es más, para cumplir las promesas oficiales de proteger los derechos humanos y para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas, esas reformas deben ser una prioridad.
Deben tomarse las siguientes medidas:• integrar explícitamente en la legislación las normas internacionales de derechos humanos establecidas en los tratados de derechos humanos ratificados por México;
• hacer de la presunción de inocencia un derecho fundamental protegido en la ley y en la práctica;
• poner fin a la tortura y los malos tratos de los sospechosos de delitos y garantizar que sólo se admiten como prueba las confesiones realizadas ante un juez en presencia de un abogado;
• garantizar el acceso a asistencia letrada efectiva desde el momento de la detención;
• convertir los servicios forenses en una entidad independiente e imparcial;
• limitar las facultades de la policía para practicar detenciones, de conformidad con las normas internacionales, con el objetivo de poner fin al uso generalizado de las detenciones arbitrarias;
• reforzar los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que los agentes que cometen abusos responden de sus actos;
• poner fin al uso de cargos penales de motivación política contra personas que defienden los derechos humanos y opositores políticos como represalia por sus actividades legítimas.
Atentamente,