Los derechos y la derecha

Los derechos y la derecha
Alberto Begné Guerra
30 de mayo de 2007


L a despenalización del aborto en el DF no sólo significa la afirmación del Estado laico en nuestro país, sino también y sobre todo el reconocimiento del derecho de cada mujer a decidir en condiciones de igualdad real ante la ley, con pleno respeto a sus creencias y, en consecuencia, sin sujeción a ningún dogma religioso o convicción moral impuestos desde el poder público.

Las reformas aprobadas el pasado 26 de abril por la Asamblea Legislativa entrañan una defensa inequívoca de diversos derechos fundamentales de las personas, reconocidos por la Constitución y por distintas convenciones internacionales.

Las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la PGR y la CNDH en contra de esas reformas expresan una interpretación parcial y sesgada de los derechos de las personas, y peor aún, desconocen la sustancia y los alcances del laicismo como principio rector de las democracias constitucionales.
Desconocen, asimismo, el principio de igualdad real ante la ley, como un derecho humano absolutamente fundamental, "el más fundamental de los derechos -como diría Mauro Cappelletti- en un sistema legal igualitario moderno, que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos".

La PGR sostiene que sus "acciones se basan en la interpretación establecida a lo largo de los años por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, y sin excepción alguna los criterios que soportan la posición del procurador son estrictamente técnico-jurídicos, sin atender factores de orden político, económico, social, ético, moral o de cualquier otra índole". Al hacerlo subraya precisamente lo contrario: interpreta la Constitución desde una posición ideológica, pues sus argumentos tienen como base una lectura parcial de los derechos constitucionales, en la cual se ignoran por completo los derechos de la mujer y la exigencia de garantizar la igualdad efectiva ante la ley.
En el ejercicio de una atribución legítima conforme a nuestro ordenamiento constitucional, la PGR imprime un sello político-ideológico a su acción. Es la decisión de un gobierno del PAN, cuyos principios doctrinarios son los de la democracia cristiana. Un grave error político, pero al final de cuentas reflejo fiel del gobierno de un partido conservador. Quizá sólo haya que peguntarse si, en medio de problemas gravísimos, en particular la creciente ola de violencia y la persistente incapacidad para superar la profunda desigualdad social, esta deba ser la prioridad del gobierno, en contra, por cierto, de la voluntad de una mayoría representada por cinco partidos políticos nacionales en la ALDF.


Pero si la decisión del gobierno resulta torpe e inoportuna, lo inaudito e inaceptable es que la CNDH, un organismo constitucional autónomo, cuya imparcialidad debe ser la clave invariable de su actuación, sea conducida a esta controversia en razón de las creencias personales, la insensibilidad y el conservadurismo de su presidente, quien ni siquiera consultó con el Consejo de la Comisión esta decisión.

La CNDH soy yo, habrá dicho Soberanes, cuando decidió promover esta acción de inconstitucionalidad, como si no hubiera ningún ordenamiento o disposición legal aprobados desde que se le atribuyó a la CNDH en 2006 la facultad de iniciar estas acciones que, desde una perspectiva laica e incluyente de los derechos humanos, mereciera su atención y su actuación.

Un miembro destacado del Opus Dei, un representante del conservadurismo más reaccionario hace de su responsabilidad pública un ejercicio de sus dogmas religiosos (tan respetables en su casa y en su conciencia como inadmisibles en el desempeño de un cargo público) el motivo de su acción, dañando gravemente a una institución que, fuera del marco del laicismo, pierde todo su sentido.

El contraste con la Comisión de los Derechos Humanos del DF es sustancial. Su presidente, Emilio Álvarez Icaza, ahora acosado por un panismo local que deja ver sin tapujos su talante antidemocrático e intolerante, sí consulto con el Consejo de la comisión, y puso por delante una visión abierta e incluyente de los derechos humanos.

La Corte tiene la palabra. Pero por lo pronto habrá que pedirle cuentas a Soberanes, cuya permanencia en el cargo acabaría por dañar irremediablemente a la CNDH.
Presidente de Alternativa Socialdemócrata