Los efectos de Dean: tragedia y manejo político

Editorial

El viernes por la noche, decenas de campesinos de la comunidad indígena de Ich Ek, en el estado de Campeche, sustrajeron despensas almacenadas en una bodega del Sistema Municipal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Los indígenas habían acudido anteriormente al DIF municipal para solicitar ayuda para reconstruir sus viviendas, que resultaron afectadas por el huracán Dean, pero recibieron como respuesta que el reparto de los materiales estaba a cargo de elementos del Ejército, por lo que fueron exhortados a aguardar la visita de los militares, quienes corroborarían si en efecto las casas estaban dañadas. Sin embargo, tras horas de espera infructuosa, los campesinos regresaron a la bodega, forzaron las puertas y se llevaron las despensas que estaban dentro. En respuesta, las autoridades del DIF municipal anunciaron que presentarán una denuncia penal contra los responsables del acto referido y lo atribuyeron a incitaciones de dirigentes panistas.
De corroborarse la acusación, el hecho que se comenta daría cuenta del manejo político que se ha dado a la tragedia de miles de familias damnificadas por el paso de Dean en grandes extensiones del territorio nacional. Autoridades de distintos órdenes de gobierno –municipal, estatal y federal– han visto en la zozobra y el sufrimiento de la población afectada una oportunidad inmejorable de mejorar su imagen pública, pero, contrariamente a tales intenciones, el huracán ha puesto en evidencia el cúmulo de vicios y deficiencias que hay para atender a las poblaciones afectadas y hacerles llegar, en forma rápida y eficiente, la ayuda necesaria para la supervivencia de las decenas de miles de damnificados.
En Veracruz, por ejemplo, las denuncias en torno al manejo electoral que el gobierno de la entidad ha hecho de la entrega de apoyos han sido la constante en la semana que termina. En vísperas de las elecciones a celebrarse en la entidad el próximo 2 de septiembre, en las que se renovarán alcaldías y el Congreso local, persisten los señalamientos en el sentido de que el gobierno del estado reparte despensas en bolsas rojas y con la imagen de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es inadmisible que cualquier gobierno condicione la entrega de algún beneficio a cambio de un sufragio favorable, pero resulta aun más reprobable cuando se negocia con el sufrimiento de los habitantes afectados por algún desastre natural.
La pobreza multiplica los efectos devastadores de los fenómenos naturales y no resulta sorprendente que los estragos de los fenómenos atmosféricos y de los terremotos sean padecidos en mayor grado por las poblaciones más depauperadas: la falta de recursos económicos y de oportunidades es lo que orilla a los más desprotegidos a asentarse en zonas de mayor riesgo. Es inadmisible que los gobiernos utilicen las terribles consecuencias de la pobreza a su favor, con el fin principal de consagrarse en cargos públicos y vivir a costa del erario.
Los llamados de Felipe Calderón Hinojosa a hacer entrega de la ayuda “sin fines partidistas” debieran ser asumidos por los gobiernos de las entidades afectadas, como una forma de salvaguardar la de por sí maltrecha credibilidad en las autoridades. El propio titular del Ejecutivo no debe olvidar que llegó al cargo mediante un proceso impugnado y altamente cuestionado, y que no es posando para los medios de comunicación en las zonas de desastre como logrará restablecer la confianza en las instituciones. Para ello debe, además de garantizar la entrega incondicionada de la ayuda a los damnificados, cambiar el rumbo del modelo económico del país, a fin de erradicar la pobreza extrema que orilla a mucha gente a habitar en zonas de alto riesgo y poner en peligro su escaso patrimonio, o más aún, su vida.
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