Comenzaremos con el tema: Equidad de género y derechos de las mujeres.
Dado lo extenso del texto, no presentaremos las líneas generales y específicas de acción que propone nuestro partido, sin embargo, éstas pueden consultarse dentro de la Plataforma misma (http://www.alternativadf.org.mx/quienes_doctos.asp).
Equidad de género y derechos de las mujeres
En poco más de medio siglo, gracias en parte a la posibilidad de controlar la reproducción y a la apertura de oportunidades educativas, muchas mujeres han construido alternativas de vida que las han llevado a redefinir su propia identidad, alcanzando lugares sobresalientes en la esfera pública y privada.
Esta transformación no sólo amplía las expectativas de desarrollo profesional de las mujeres, sino que ha significado una mayor autonomía económica y laboral. Sin embargo, la emergencia de la mujer como trabajadora asalariada ha puesto en evidencia una pronunciada brecha de desigualdad entre hombres y mujeres tanto a nivel jurídico como estructural, que prácticamente la deja en una situación de ciudadanía incompleta y sin acceso pleno a los derechos vigentes, debido en buena medida al peso que todavía tienen los roles tradicionales de género en la sociedad.
Las prácticas discriminatorias que vivimos todos los días en nuestro país y en la ciudad de México permiten que las mujeres permanezcan excluidas de la toma de decisiones. Además, la discriminación de género al vincularse a otro tipo de discriminaciones por razones de edad, etnia, religión, orientación sexual, calidad migratoria, privación de la libertad, discapacidad o situación laboral, tiende a profundizar las desigualdades.
Uno de los problemas que se presenta es la diferencia en la remuneración económica del trabajo, las mujeres padecen de discriminación salarial. Su incorporación masiva a la esfera laboral se asocia con el crecimiento de un sector de servicios (como la industria maquiladora, las actividades informales y el trabajo a domicilio), los cuales ofrecen condiciones precarias y demandan mano de obra barata y flexible, que en la práctica se ha traducido en una forma de segregación ocupacional. Asimismo es frecuente el acoso sexual en el trabajo como medida de presión o condicionante para obtener derechos.
En México se estima que en el 60% de los hogares se experimenta algún tipo de violencia familiar, al grado de que el maltrato en la ciudad de México ha llegado a ser la tercera causa de pérdida de años de vida saludable en este sector. Según datos de la Encuesta Nacional sobre Violencia Familiar, elaborada en 1999 por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el caso más extremo de agresión contra la mujer es el homicidio, la cual es una de las primeras 20 causas de muerte en el país.
De cada 10 casos de violencia familiar entre adultos, se calcula que 8 se producen contra las mujeres, pero solo entre el 10 y 15% de tales agresiones son denunciadas.
El impacto en la salud física y emocional es verdaderamente alarmante, ya que cerca del 50% de mujeres con antecedentes de parto prematuro, y alrededor del 15% con antecedentes de aborto, están vinculados con la violencia.
La burocracia, falta de capacidad y sensibilidad en las instancias judiciales para atender dichos delitos es un elemento más a considerar en la dificultad que tienen las mujeres para denunciar legalmente hechos de violencia familiar. En promedio se calcula que la mayoría de las mujeres denuncian a su agresor tras una década de soportar la violencia.
Alternativa identifica en la violencia de género la expresión más radical del trato desigual y opresivo que viven las mujeres de nuestra sociedad. Es de suma importancia trabajar en torno a la erradicación de este problema.
La inequidad y la injusticia surgidas de un orden social que aún privilegia la experiencia y posiciones del género masculino, y coarta o minusvalora la experiencia de las mujeres, obligan a que el gran reto político sea lograr los cambios institucionales (tanto en el Estado como en el mercado laboral y en las familias), que permitan reparar esta injusticia histórica.
Alternativa propone contribuir a la erradicación del sexismo y el machismo, a través de políticas públicas y reformas legales integrales con perspectiva de género y derechos humanos. Contamos con la decidida contribución de diversos actores políticos y sociales que impulsen la igualdad de trato, derechos y oportunidades entre los sexos.
En Alternativa asumimos el compromiso de atender a fondo la problemática que enfrentan las mujeres: la negación sobre sus derechos sexuales y reproductivos; la violencia en todas sus manifestaciones; la falta de acceso a empleos y educación de calidad y políticas integrales dirigidas a la familia; la incompatibilidad de los horarios escolares y laborales, entre otros aspectos. Asumimos el compromiso de reivindicar los derechos humanos de las mujeres como un conjunto de derechos específicos, a fin de asegurar la igualdad de oportunidades y condiciones de vida entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida.
Compartimos con muchas otras feministas la convicción de que la despenalización del aborto debe ser un paso a lograr para hacer realidad el derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad.
a) Mujeres y trabajo doméstico
Otra de las grandes tareas pendientes del Gobierno de la ciudad de México es el reconocimiento del trabajo doméstico (actividades relacionadas con la conservación de una casa- habitación), que es el que realizan, diariamente, principalmente las mujeres (madres, abuelas, hijas o empleadas del hogar).
Tradicionalmente este trabajo lo realizan las mujeres porque se identifica a la mujer como reproductora biológica. Se presupone que por su “naturaleza” la mujer es madre y esposa y debe cuidar a su familia, de tal forma se piensa que el trabajo doméstico está destinado a las mujeres de manera natural, negándose incluso el reconocimiento a dicha labor como un “trabajo”.
El asunto se complica cuando se encuentra frente a otra mujer que en su papel de empleadora, no considera que el trabajo doméstico sea propiamente un trabajo en el cual se tengan que especificar las condiciones del mismo para facilitar la relación laboral. La empleada, quien no es reconocida como trabajadora, es negada de sus derechos. Por lo que las empleadas del hogar no cuentan con un contrato laboral, un salario estable, no gozan de seguridad social, días de descanso, vacaciones, ni derecho a la jubilación.
De acuerdo con información del INEGI, en México existen 1 700 000 trabajadoras del hogar, y el 10 % de éstas se encuentran en la Ciudad de México. Las empleadas del hogar son principalmente mujeres indígenas, por lo que se ven sujetas a una quíntuple discriminación: por ser mujeres, indígenas, pobres, migrantes y por ser trabajadoras del hogar, situación que se refleja en la constante violación a sus derechos humanos.
b) Trabajo sexual
En la Ciudad de México se estima que existen entre 20 mil y 200 mil mujeres dedicadas al trabajo sexual. No obstante, la dimensión económica y social de la actividad, en nuestro país es prácticamente desconocida.
En últimas fechas se han generado voces, de mujeres y hombres directamente involucrados, que solicitan abrir la discusión más allá de las posturas morales y sexuales, en la que se discutan y se logren medidas legislativas y de gobierno que combatan toda explotación garantizando el pleno acceso a la justicia y que otorguen derechos laborales así como los servicios básicos de derechos a la salud que deciden dedicarse a esta actividad.
Es urgente que el Estado reconozca la explotación que sufren miles de mujeres en nuestro país y que esto se traduzca en acciones legislativas y en políticas públicas que logren desestructurar esta situación de violencia. No obstante, se debe avanzar en reconocer que el ámbito de autonomía personal que garantiza nuestra Constitución, conlleva el respeto a la decisión sobre su propio cuerpo y que esto no debe ser penado por el Estado, si implica, como se ha argumentado, una decisión autónoma.
La imposición de penas en los diferentes ámbitos de competencia, el hostigamiento policial, la discriminación en el acceso a la justicia y la falta de respeto de los derechos humanos son los grandes obstáculos que viven cotidianamente las mujeres y hombres que se dedican al trabajo sexual.
Podemos decir que en materia de explotación sexual las políticas públicas son casi inexistentes y principalmente se han orientado al tema de la salud, que sólo se focalizan en la mujer descuidando a los consumidores, sin entender que el trabajo sexual tiene múltiples componentes y es dentro de una visión integral desde donde se deben adoptar medidas.
El hecho tan grave de que niñas, niños y adolescentes sean víctimas del comercio sexual alrededor del mundo, impone al gobierno de la ciudad la adopción de medidas legislativas para asegurar sanciones ejemplares a los que permitan dicho comercio; medidas que deben de partir del entendimiento del fenómeno como un problema global que implican soluciones locales.
c) Mujeres y adicciones
Los esfuerzos por incorporar la perspectiva de género en los modelos y programas de prevención y atención de las adicciones, han sido muy limitados frente al enorme aumento en el consumo de alcohol y sustancias adictivas por parte de las mujeres de todas las edades. Dicha preocupación proviene básicamente de algunas organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema. Sin embargo, el gobierno del Distrito Federal en este ámbito, al igual que en el de la salud mental, carece de políticas, programas y modelos de intervención individual y comunitaria.
Debido a los estereotipos de género, prevalece en el imaginario colectivo un conjunto de creencias que refuerzan la idea equivocada de que las personas consumidoras de alcohol y sustancias son casi exclusivamente hombres y no se toma en cuenta la grave situación que enfrentan cotidianamente las mujeres, tanto consumidoras como familiares de quienes consumen o trafican.
La sociedad y las familias tienden a responsabilizar severamente a las mujeres de casi todos los problemas que se presentan a su alrededor, por ello, hay estudios con datos en el sentido de que el 85 % de quienes demandan atención para personas farmacodependientes son mujeres, pero el 70 % de quienes requieren apoyo son hombres.
Los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Adicciones realizada en 1993 indicaron que un gran número de quienes consumen sustancias adictivas son mujeres, pero que su consumo es distinto al de los hombres, ya que éstos prefieren las sustancias “ilegales” y la población femenina se inclina por el uso de medicamentos prescritos que producen adicción como son los sedantes, narcóticos y estimulantes.
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