Esta es la tercera parte de la exposición de los postulados de Alternativa DF en el ámbito del reconocimiento de los derechos y la no discriminación, incluídos en nuestra Plataforma Política para el Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata y Campesina.
Qué mejor día que hoy para hablar de los Derechos de las y los niños:
Una de las expresiones más intolerables de la violencia social y familiar es el maltrato infantil. Éste tipo de violencia representa conductas basadas en el ejercicio abusivo del poder. El maltrato infantil y la violencia familiar son producto de patrones predominantes de la interacción social que se ejercen en función de las jerarquías y diferencias de sexo y edad, manifestándose en relaciones desiguales, inequitativas y de subordinación entre los hombres y las mujeres por una parte y entre las personas adultas y la niñez, por otra.
Los niños y las niñas no son electores, y por tanto, los partidos políticos tradicionales no se comprometen seriamente con su presente y futuro. Los programas desarrollados en el sexenio anterior (Preman a cargo del DIF-DF y Niñotel) fueron erradicados por el gobierno del DF anterior, sin que fueran sustituidos por nuevas y más eficaces propuestas.
Aunque la visión social de la niñez no ha sido la misma en todas las etapas históricas, actualmente prevalecen dos creencias: que las y los hijas(os) son propiedad de los padres y que es necesario el trato riguroso para disciplinar y “educar” a la infancia. En la Encuesta Nacional sobre Derechos de la Niñez y Trato de la Infancia en México, realizada en 1998, el 10 por ciento de los adultos entrevistados admitió el empleo de golpes como una forma pertinente para la corrección de sus hijos. Por su parte, la población infantil entrevistada reportó que en sus casas enfrentaban cotidianamente gritos y regaños, el 59% declaró sufrir castigos, al 50% le pegaban y 25% recibía golpes con objetos. Existen también casos extremos como la tortura, explotación, mutilación y homicidio. Las secuelas de esta situación son perdurables y contribuyen a la reproducción intergeneracional de la violencia familiar y el maltrato hacia los niños y niñas de todas las edades.
A pesar del enorme subregistro de casos de maltrato infantil y desconocimiento sobre su prevalecimiento en el DF, de 1996 al año 2000, Niñotel recibió más de diez mil reportes, de los cuales el 55% de los receptores de violencia fueron niños y el 45% niñas. El 36% de los reportes fueron por violencia física y maltrato emocional, el 35% por violencia física, el 18% por abandono y negligencia, el 5% por abuso sexual y el 4% por maltrato emocional. Entre los principales agresores se encontraban la madre biológica (45.56 %), el padre biológico (14.33%) amigos de la familia y conocidos (16 %), el padrastro (6%), el abuelo (2 %), maestras (2%) y maestros (1%), entre otras figuras significativas para las y los niños. De estos casos, el 60% fueron canalizados al DIF-DF, el 11% a los servicios de atención a víctimas de la PGJDF (única institución sobreviviente para la atención de estos casos) y el 29 por ciento al DIF del Estado de México.
El Colectivo Mexicano de Apoyo a la Niñez A.C. (COMEXANI) afirmó en 1996 que los casos conocidos sólo representaban el 10 por ciento de la incidencia real. Ahora la invisibilidad es mayor, ya que no sólo no se redujeron los mecanismos de denuncia, sino el gobierno del DF descuidó los servicios de prevención y atención que estuvieron a cargo del DIF-DF.
Es urgente contar con un Sistema Integral del Gobierno del Distrito Federal para la Prevención, Detección y Atención del Maltrato Social y Familiar hacia la Infancia, encaminado a prevenir, atender y erradicar el maltrato infantil porque es un problema de salud pública con hondas repercusiones para las personas que lo padecen y para la convivencia social.
Se requieren políticas públicas expresadas a través de un claro desarrollo institucional en este campo y programas gubernamentales con recursos financieros suficientes, recursos humanos especializados, así como objetivos específicos que superen el asistencialismo y promuevan el desarrollo integral de las personas y de todos y cada una de los integrantes de las familias.
Considerando que el actual marco jurídico sólo criminaliza el maltrato infantil y éste constituye un delito que sólo se persigue de oficio, también es necesario que las instituciones públicas y los programas gubernamentales de prevención y atención al maltrato infantil constituyan una red integral de servicios y cuenten modelos consensuados, instrumentos y procedimientos homogéneos, registros únicos, protocolos de investigación articulados, procesos conjuntos de seguimiento y evaluación, así como un marco legal para que las instituciones y sus operadores tengan plenas facultades que permitan que las y los generadoras(es) de maltrato infantil se enfrenten a la obligatoriedad en relación con las investigaciones de los casos y el cumplimiento de las obligaciones que requieran cumplir para superar sus acciones de maltrato y asumir sus responsabilidades.
En México tanto las niñas como los niños, así como las y los adultos mayores, padecen la discriminación, al ser presa del maltrato, el abandono y la vejación, llegando a extremos como la violación sexual o la muerte.
La concepción de que las niñas y niños son sujetos de derechos es un tema pendiente en el D.F, aún no se concibe a la infancia como portadora de derechos, lo que ha dado lugar a la cultura patrimonialista donde padres y madres, maestros y personas adultas se creen dueños de los niños y las niñas, al no reconocerlos como sujetos de derechos generando la violación a sus derechos.
En la Ciudad de México la desigualdad coadyuva al crecimiento del número de niñas y niños que viven y trabajan en la calle que generalmente provienen de grupos familiares y de comunidades populares que no logran proporcionar los elementos básicos para un desarrollo pleno al carecer de las herramientas necesarias para la crianza y educación; por lo que la mayoría de las veces son comunes las historias de maltrato, desintegración y/o abandono.
Las cifras sobre maltrato físico y agresión sexual son alarmantes. Por su parte la Comisión de Derechos Humanos del D.F recibió en 2005, 174 denuncias que vulneraron los derechos de la niñez. Datos que arrojan los estudios de Organizaciones No Gubernamentales apuntan a que en el Distrito Federal se reportaron 1,360 casos de niñas y niños maltratados, en donde el tipo de maltrato más frecuente es el descuido y negligencia con un total de 601 casos; el segundo lugar lo ocupa el maltrato emocional con 558 casos y el tercer lugar se refiere al maltrato físico con 547 casos.
En el caso de abuso sexual, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal señala que hay sólo siete casos denunciados por año, mientras en el Hospital Psiquiátrico Infantil el promedio anual es de 100 nuevos niños que recibieron este tipo de maltrato. Respecto al maltrato psicológico, se registraron 921 casos, y por negligencia fueron 63. El hecho de que sea un número relativamente menor no representa una disminución del número de niños y niñas maltratados, sino la falta de denuncia.
Por otra parte datos de la Facultad de Trabajo Social de la UNAM, señalan que en el primer semestre del 2001, cerca de 6,000 niños sufrieron de algún tipo de maltrato familiar; y de éstos, 1769 fue por abuso físico, 1684 por omisión o negligencia, 1670 por maltrato emocional, 392 por abandono, 244 por abuso sexual y tan solo dos por explotación sexual comercial.
Por otro lado el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) reconoce a un millón 871 mil 335 menores trabajadores en el año 2000; y organizaciones no gubernamentales como la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) refieren que hay diez millones de niños y niñas trabajadoras en nuestro país.
Otro síntoma de la exclusión que padece este sector de la población es la vida fuera de las redes familiares, ya que aproximadamente 11 mil niños se encuentran en situación de calle.
En el caso de menores de edad, según una estimación preliminar de Elena Azaola en su investigación sobre explotación sexual, existen en nuestro país alrededor de 16,000 niñas y niños sujetos a esta terrible práctica.
Si bien no existen datos precisos sobre la cantidad de abusos que se comenten contra los niños y niñas de la ciudad de México es una realidad el hecho de que existe el maltrato físico y psicológico, entre otros graves problemas que deben ser atendidos como problema social.
Alternativa propone:
Línea general de acción:
Evitar que las niñas, niños y jóvenes sean víctimas de la explotación sexual, el maltrato físico y psicológico, la explotación económica, mediante el fomento de políticas públicas que atiendan las condiciones de la infraestructura familiar y comunitaria.
Líneas y acciones específicas:
Creación del Sistema Integral del Gobierno del Distrito Federal para la Prevención, Detección y Atención del Maltrato Social y Familiar hacia la Infancia.
Reconocimiento de las niñas y los niños como sujetos de derechos, en igualdad de condiciones ante la Ley.
Reformar la Ley de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y su Reglamento, para que las Unidades de Prevención y Atención a la Violencia Familiar (UAVIF) puedan atender los casos de violencia psicológica y el DIF-DF cuente con atribuciones para atender y prevenir el maltrato infantil, erigiéndose en coadyuvante de las UAVIF en el cumplimiento de resoluciones administrativas.
Ampliar las facultades y expeditar el procedimiento que el Juez de lo Familiar detenta en materia de violencia familiar, con el propósito de abrir la vía civil para la protección de las niñas y niños víctimas del maltrato y asegurar el interés superior del niño.
Fomentar la realización de una reforma integral al sistema de justicia relacionada con niños y niñas en conflicto con la ley.
Pugnar por eliminar como propuesta viable el reducir la edad penal de los dieciocho años a los dieciséis para que una persona puede ser considerada sujeto de procedimiento penal.
Exigir el estricto cumplimiento de la Ley de los derechos de las niñas y niños en el Distrito Federal, la Ley (Federal) para la Protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes y la Convención Sobre los Derechos del Niño así como otros mecanismos nacionales e internacionales.
Cumplir y retomar las diversas recomendaciones de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de los diversos Relatores de Naciones Unidas en la materia.
Adecuar los procedimientos y mecanismos para tramitar las denuncias por abuso hacia niños y niñas.
Incrementar la eficiencia de los procedimientos judiciales en casos de prostitución infantil.
Asegurar la articulación con autoridades administrativas para la regulación y supervisión de giros negros y otras posibles fuentes de prostitución infantil.
Crear mecanismos eficientes para la denuncia ciudadana anónima en materia de prostitución infantil, maltrato y abuso hacia la infancia.
Asegurar la reestructuración de las instancias y programas que atienden a los niños y niñas en la ciudad de México con la finalidad de eliminar los programas asistencialistas y fomentar las políticas públicas que tiendan a erradicar los problemas de este sector de la población.
Aplicar en el ámbito de competencia del gobierno de la ciudad de México el programa nacional “De la calle a la vida” que fue firmado por el Gobierno Federal y organizaciones de la sociedad civil.
Favorecer la creación de entornos adecuados para la crianza y educación sin violencia a través de la atención a los factores estructurales que generan la violencia: pobreza, exclusión, discriminación por razones de edad y género.
Crear mecanismos de toma de decisiones conjunta entre instancias de gobierno, instituciones académicas y organismos no gubernamentales.
Asegurar la creación de fondos públicos permanentes para el financiamiento de programas de los organismos no gubernamentales que trabajen en la materia.
Realizar la supervisión sistemática de los espacios de atención para niños, niñas y jóvenes en situación de calle que el gobierno local tiene en función, fomentado la aplicación de los derechos de la infancia.
En toda política pública se deberá considerar el principio del interés superior del niño, establecido en la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 3º.
Crear medidas eficaces para garantizar el acceso a los servicios básicos de educación, salud, alimentación con especial atención a los niños y niñas pertenecientes a grupos indígenas y con algún tipo de discapacidad.
Emprender nuevos servicios de educación, asistencia y rehabilitación, para niños, niñas y adolescentes indígenas.
Elaborar políticas para prevenir el abuso y maltrato a los niños, así como la adecuada rehabilitación de las víctimas.
Crear políticas públicas para generar las condiciones adecuadas para tomar las declaraciones de las víctimas y testigos, contando con personal capacitado en el tema.
Establecer programas de atención a víctimas y victimarios en la escuela, familia y sociedad general sobre todo en zonas de difícil acceso por sus condiciones sociales o económicas.
Garantizar que los menores infractores cuenten en los centros de readaptación juvenil con programas de desintoxicación.
Creación de programas especializados dirigidos a: prevención y tratamiento de adicciones, salud mental, enfermedades como VIH-SIDA, entre otros. Ampliar y diversificar campañas educativas para modificar las prácticas culturales que favorecen la violencia hacia la infancia.
Desarrollar programas que fomenten la participación infantil en el que se creen espacios en donde niños y niñas puedan opinar sobre los problemas a los cuales se enfrentan en el ámbito escolar con la finalidad de fortalecer su capacidad de organización y participación en torno a los ámbitos de la vida cotidiana.
Garantizar las pensiones alimenticias de los niños y niñas de padres separados.
Fomentar la participación de la sociedad civil en el desarrollo de programas orientados a la infancia.
Fomentar la cultura de respeto a los derechos de los niños y niñas.
Elaborar una norma oficial que garantice las condiciones de trabajo y seguridad social que los empleadores deberán ofrecer para contratar los servicios de niñas, niños y jóvenes que trabajan.
Promover medidas legales para sancionar con precisión a los diversos actores involucrados en delitos relacionados con la explotación y comercialización de la mano de obra infantil.
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