“El principal problema de México es la desigualdad

En entrevista con TODAS, la ex funcionaria lanza severas críticas al gobierno y sus instituciones por incumplir con los acuerdos firmados a nivel internacional a favor de las mujeres.
El Estado mexicano se niega a asumir su responsabilidad en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Así, puntual y tajante, se expresa Patricia Olamendi, subsecretaria de Relaciones Exteriores para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos durante el gobierno de Vicente Fox.

En entrevista con TODAS, la ex funcionaria lanza severas críticas al gobierno y sus instituciones por incumplir con los acuerdos firmados a nivel internacional a favor de las mujeres, tales como el protocolo de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Con una amplia experiencia laboral en sectores del gobierno federal y del DF, la diplomacia y el activismo feminista desde la sociedad civil, Olamendi hace un balance de la situación de los derechos humanos de las mexicanas, y advierte que la protección de esas garantías todavía es un proceso “inconcluso”.

Defensora de las mujeres

Originaria de Puebla, Patricia es abogada por la UNAM y tiene una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Como subprocuradora y directora general de Atención a Víctimas del Delito de la PGJDF, creó los centros de apoyo a víctimas del delito y las agencias especializadas en delitos sexuales, las primeras en su tipo en todo el país.

Cuando fue coordinadora del Programa para la Participación Equitativa de la Mujer del Gobierno del Distrito Federal, fundó los Centros Integrales de Apoyo a la Mujer (CIAM), las unidades de atención a la violencia, y elaboró el primer plan de igualdad de oportunidades en México.

Olamendi también fue diputada federal en la LIV Legislatura, y desde ahí propuso reformas a los Códigos Penal y Civil en materia de derechos humanos de las mujeres, así como reformas constitucionales en materia de garantías individuales.

Negativa del Estado

“Me queda claro que no hay una política de Estado (para la protección de las mujeres); eso es lo que me parece grave, porque no logramos finalmente incorporar la igualdad y los derechos humanos como parte del desarrollo”, lamenta la fundadora en 1991 del Grupo Plural Pro-Víctimas.

Advierte que cuando el Estado se niega a incorporar al desarrollo a grupos discriminados, como las mujeres, indígenas, o las personas con alguna discapacidad, “pierde la oportunidad de crecer también como país”.

Patricia Olamendi explica que los informes de organismos económicos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional señalan que el principal problema de México es la desigualdad.

“Y la desigualdad tiene que ver con el problema de discriminación y de exclusión”, subraya quien como subsecretaria de la SRE se encargó de la reforma de la ONU en Derechos Humanos, y de la atención a todas las denuncias e informes de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Violencia impune

Olamendi observa que las recomendaciones a nuestro país por parte de mecanismos internacionales, respecto a violaciones de los derechos de las mujeres, tienen un factor en común: “En México la violencia contra la mujer no alcanza a ser sancionada; la desigualdad sigue siendo una constante que impide la participación de las mujeres”.

En ese sentido, la actual representante de México ante el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará de la OEA, subraya que por primera vez nuestro país está en el banquillo de los acusados ante la CIDH por los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

“En materia de violencia contra las mujeres, nuestro país ha tenido señalamientos que van desde una total impunidad hasta el nulo acceso a la justicia para las mexicanas”, advierte.

Otro indicador negativo sobre la situación de las mujeres en México, abunda Patricia, es el del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que describe cómo la discriminación hacia las mexicanas tiene como consecuencia la pobreza.

“Nos vamos a encontrar que los grupos más pobres del país son mujeres indígenas, mujeres monolingües, jefas de familia. El no acceso a oportunidades es un obstáculo serio para la igualdad”, detalla.

Indicadores por los suelos

Reconocida a nivel internacional como “Abogada de las Américas”, Olamendi menciona que otros indicadores como el Índice de Desarrollo Humano y el de Potencialización de Género no dejan bien parado a México por la discriminación persistente hacia la población femenina.

“Somos un país que está dentro de las 20 economías del mundo; estamos hablando de un país económicamente rico con una pésima distribución de la riqueza, en donde caemos en el lugar 53 en el Índice de Desarrollo Humano, y caemos seis o siete lugares abajo cuando hablamos del tema de la situación de las mujeres”.

Asimismo, prosigue, el analfabetismo entre las mexicanas está en una proporción de tres a uno con respecto a los hombres. “Parece que tenemos todo, y uno se pregunta ¿dónde están las políticas públicas?”.

Exclusión política

Patricia Olamendi reconoce que en materia de participación política se ha logrado avanzar gracias a la cuota de género en los cargos de representación popular. Sin embargo, observa que a nivel municipal las mujeres no logran ni siquiera el 3 por ciento de representatividad.

“(Esto) habla de un indicador de nula participación de las mujeres en los asuntos públicos; como que la cuota se queda a nivel ‘pluri’. Si revisamos quiénes entraron uninominalmente vamos a tener dos o tres (mujeres)”.

La ex coordinadora jurídica de la Comisión Ciudadana contra la Discriminación considera que en México existe un gran déficit de acceso a las oportunidades. “Sigue siendo un problema serio, sobre todo porque no logramos eliminar la discriminación, o sea, el prejuicio, la actitud de negar la desigualdad, la exclusión, sigue estando presente”.

Segregación en la ley

Asimismo, argumenta la abogada feminista, las legislaciones en los estados de la República están permeadas de discriminación y de exclusión, “y yo diría que de sanciones para las mujeres”, critica.

“Cuando tienes una legislación que dice que cuando la mujer le fue infiel a su marido merece un castigo, y le pones nula sanción al que la castiga o la mata, te das cuenta de que arrastramos la carga cultural traducida en la ley”.

Patricia recuerda que la CEDAW le ha insistido a México la necesidad de garantizar que las leyes estén de acuerdo con los comités de tratado, y que estén homologadas con la legislación internacional. “Ahí tenemos un déficit enorme”, recalca.

La también integrante del Consejo Consultivo de la Mesa Directiva del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (Unifem), considera que con la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia “ya no hay el pretexto de que no hay recursos” para aplicar políticas públicas a favor de las mexicanas.

“Antes el pretexto de las dependencias para no actuar era ‘no tengo recursos’, ‘no son mis facultades’, ahora hay recursos y hay facultades y sin embargo los recursos se quedan ahora sin ejercer totalmente, lo cual es trágico, y además ahora se quedan instancias de gobierno que más que apoyar a las mujeres terminan cuestionándolas, lo que me parece todavía muchísimo más grave”, señala Olamendi.

Proceso inconcluso

La ex subsecretaria de Relaciones Exteriores afirma que el respeto a los derechos humanos de las mujeres en México es un “proceso inconcluso”, y que en el país existen situaciones “diferenciadas”, dependiendo de la entidad federativa.

Explica que cada estado de la República tiene una legislación específica en materia de género. “Es un tema bastante complicado porque ante los tratados y los compromisos internacionales nadie obligó a México a firmarlos, lo firmó el Ejecutivo, lo ratificó el Legislativo, lo conocieron las instancias de gobierno, y a pesar de eso parece que no hubiera pasado nada”, señala molesta Patricia Olamendi.

“A mí me parece que después de todos los señalamientos que hubo contra México por Ciudad Juárez y los homicidios de mujeres, y que ahora lleguen a la Corte Interamericana los casos y que la impunidad se mantenga igual, lo considero un asunto gravísimo”.

Falta de compromismo

La autora de El cuerpo del delito. Los derechos de las mujeres en la justicia penal, insiste en que toda esta situación refleja una falta de compromiso del Estado por la igualdad: “Un compromiso por reconocer que hemos vivido en una sociedad desigual y que tenemos ahora que construirla diferente”.

Asimismo, aduce, se requiere de un compromiso de todos los partidos políticos, “porque a veces me da la impresión e que tenemos de enemigos a todos”, expresa con preocupación.

Lamenta que a pesar de la gran cantidad de presupuesto que el Congreso de la Unión ha aprobado para combatir la violencia de género, el Estado no plantea cambios sustanciales en las políticas públicas.

“Cuándo te ibas a imaginar que se destinaran tantos recursos a combatir la violencia, por ejemplo en educación, en los tribunales, y sin embargo no se plantea cambiar cómo están las cosas, sino que se crea un área chiquita que se llame de género y se dice ‘a ver qué hacemos’”.

En ese tenor, Patricia indica que el gobierno no ha logrado incorporar lo que en términos teóricos se llama la perspectiva de género. “Las políticas públicas del país están por un lado, lo que piensan los organismos e instancias de mujeres van por otro y no hay un punto de encuentro, no terminamos todavía de encontrarnos… por eso digo que es clave el papel del Estado”.

Desprecio

Olamendi sostiene que en México existe un “desprecio” contra las mujeres por el solo hecho de serlo: “Creo que hay un problema cultural que hay que enfrentar, algún problema de costumbres, tradiciones, estereotipos; y me parece que ésa es la parte que nos sigue costando”.

Añade: “Tú vas a determinados lugares en México, sales de aquí y te metes a cualquier lugar y lo que observas es un trato despectivo simplemente porque eres mujer”.

En conclusión, la abogada feminista convoca al movimiento de mujeres a seguir trabajando unidas para intentar cambiar a la sociedad y erradicar la discriminación hacia la población femenina.

“No queremos una rebanada del pastel más grande, queremos cambiar la receta, queremos un nuevo contrato social que ponga en el centro a las personas y a sus derechos, y a partir de él definir la política pública y definir un futuro como país. Creo que vamos a tener que seguir insistiendo hasta que se comprenda que no es una necedad sino una necesidad para una democracia moderna”.

Cristina Renaud y Rafael Maya
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