CELEBRA LA CDHDF ADOPCIÓN INTERNACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Sin duda este es un paso siginificativo para reconocer, respetar y hacer valer los derechos de los pueblos indígenas de nuestro país.


México, D.F., a 19 de septiembre de 2007

CELEBRA LA CDHDF ADOPCIÓN INTERNACIONAL DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se unió a la celebración internacional por la reciente adopción de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Asamblea General de las Naciones Unidas y, a través de su Cuarta Visitadora, María Alejandra Nuño Ruiz Velasco, expresó la esperanza porque, tanto a nivel federal como a nivel local, se materialice esa buena voluntad y se practique en todas las decisiones y políticas con respecto de esta población, que significa, dijo, casi 10% del total en la República Mexicana.

Asimismo, reconoció como un reto para la CDHDF la utilización de este instrumento, al mismo tiempo que lo da a conocer no como un “mero acuerdo de voluntades, sino que muchos de los derechos (consignados en la Declaración) son derechos ya reconocidos, obligatorios y que ya están en la Constitución y en otros tratados que han sido ratificados por México”.

“Una de las virtudes de la Declaración es que consigna derechos individuales y colectivos, reconoce que cualquier persona indígena tiene los derechos inherentes a cualquier individuo, a cualquier persona, pero más allá de eso reconoce la importancia de la colectividad para los indígenas, la organización, la participación política, la forma de establecer sus sistemas jurídicos o de justicia; los territorios, recursos y tierra que es fundamental para las poblaciones indígenas, la religión, que van más allá de lo que uno como persona piense o crea y se traslada a una colectividad, fundamental para los pueblos indígenas”.

Por tanto, señaló que la observación de esta Declaración, no sólo por parte de la CDHDF, sino de las instancias del Gobierno del Distrito Federal (GDF) y de los Poderes Legislativo y del Judicial en el Distrito Federal, debe ser imprescindible en el marco de los derechos humanos en el país, luego de que México fue uno de los 144 Estados que votaron a favor de su adopción en las Naciones Unidas.

La CDHDF, a través de la Cuarta Visitaduría, reveló Alejandra Nuño, prepara un Informe Especial sobre Indígenas, donde se ha recopilado información, parte de la cual proviene de las quejas que tienen que ver con acceso a la justicia, discriminación, abuso de la fuerza por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) o de las Delegaciones contra los indígenas. También retoma el tema de la educación, como uno de los derechos fundamentales.
Para la Visitaduría, aclaró, es importante garantizar que las discusiones sobre los derechos de las personas indígenas y de sus comunidades trasciendan al folclor, de que “qué lindos sus trajes de las mazahuas”, “qué lindas las artesanías”, “qué lindo el dialecto o la lengua que hablan”; eso es también una forma de prejuicio en contra de los indígenas, decir “nada más esto es lo lindo, lo que hay que reconocer, lo que hay que garantizar”.

Tras mencionar que existen muchas quejas del comercio en vía pública, que es una problemática que trasciende la cuestión indígena, adelantó que para llegar a una solución razonable, se debe reconocer, por ejemplo, la costumbre indígena de vender colectivamente en el mercado, y se entendería entonces que generalmente estén comerciando en la vía pública, como una de las formas que tradicionalmente tienen de subsistir en la ciudad.

De acuerdo con la Cuarta Visitadora, aunque en México se discute desde hace tiempo sobre reformas constitucionales en materia indígena, en el Distrito Federal como en otras grandes ciudades donde conviven poblaciones indígenas y urbanas, el reto es reconocer los derechos que establece la Declaración, pero también su incorporación de manera armónica.

Al respecto, reconoció la creación de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades y el Consejo que le da seguimiento, así como de una Fiscalía Especial de Atención a Indígenas por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), con traductores indígenas, tanto para quienes son víctimas del delito, como para los presuntos responsables.

Mencionó que aunque en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) existen iniciativas sobre el tema, lamentablemente no han terminado nunca en una Ley Indígena, ya que algunos aspectos trascienden la esfera indígena y tienen que ver con la organización política en el Distrito Federal: la autonomía.

Y cuestionó: “¿Hasta qué punto, no nada más en la ciudad de México, sino en el país, se van a reconocer todos los derechos que están establecidos en la Declaración?”. Y explicó que algunos derechos que tienen que ver con la autonomía y los territorios son cuestiones complicadas que representan un verdadero reto para la ciudad de México y para el país, porque en sí, “la Declaración es una sistematización de derechos que están garantizados en otros tratados de derechos humanos y que sí son obligatorios: el derecho a la educación, el derecho a la nacionalidad, a la cultura, a la salud; todos esos derechos están reconocidos. Temas de autonomía, de territorios, por ejemplo, han sido retomados por el propio Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y han sido interpretados armónicamente por instrumentos o por Cortes e instancias Internacionales y del Sistema Interamericano”.

En opinión de la funcionaria, los temas de autonomía y territorios deberán trascender del perjuicio y del miedo mal fundado, porque “nadie está hablando de que se va a hacer un nuevo país, una autonomía total, sino simplemente se reconoce lo que estas personas y estos grupos de personas y colectividades tenían antes de que llegaran los españoles o que hubiera una colonización. Significa simplemente recuperar la forma de convivencia armónica, política, social, colectiva, entre dos poblaciones o muchas, que somos diferentes en general”.

RELATORÍA SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
La Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplaudió también la aprobación de la Declaración, ya que reconoce la “urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su concepción de la vida, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”.

El Relator sobre Pueblos Indígenas de la CIDH, Paolo Carozza, consideró que la Declaración debe constituir el estándar mínimo en las reflexiones del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo proceso fue iniciado en 1989, con el objetivo que se reconozcan y protejan los derechos de los pueblos indígenas de las Américas.

RELATORÍA ESPECIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS INDÍGENAS
Por su parte el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, señaló que la Declaración reafirma que los indígenas en lo individual y colectivamente gozan de todos los derechos ya reconocidos a nivel internacional, y que las circunstancias especiales de su existencia como pueblos discriminados y despojados de sus recursos ancestrales durante largo tiempo, requieren una atención particular de los Estados y de la comunidad internacional.

Al ponderar que las tierras y territorios ancestrales de los indígenas constituyen el fundamento de su existencia colectiva, de sus culturas y espiritualidad, refirió que la Declaración es un paso más en la consolidación de los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos de todas las personas, a la cual se obligan los Estados miembros de las Naciones Unidas.

ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, señaló que la adopción de la Declaración es un triunfo para la justicia y la dignidad humana, que invita explícitamente a que se propicien relaciones armónicas y de cooperación entre los Estados y los pueblos indígenas.

Fuente: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Dirección General de Comunicación Social
Boletín de prensa 187/2007