Parar la violencia de género

Por Agencia
Por Gilberto Rincón Gallardo /

Tuvo razón el Presidente Felipe Calderón al señalar, la semana pasada, que "por desgracia subyace en México una cultura machista, misógina, que en los hechos sigue estableciendo una diferencia y una subordinación que no debemos permitir".

Esto lo dijo en la ceremonia de instalación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que ha sido previsto en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia, también de reciente aprobación.

En efecto, la desigualdad que padecen las mujeres en México es el resultado de una cultura profundamente implantada, que tiene consecuencias en el diseño de las instituciones públicas y privadas y que incluso contamina de desigualdad de género leyes y prácticas sociales.
Se trata de un paso adelante en la institucionalización de mecanismos de vigilancia y control que limiten y repriman las expresiones de este tipo de violencia. Lo más importante de este sistema es que está constituido por diferentes instituciones públicas, desde el Instituto Nacional de las Mujeres hasta la Secretaría de Educación Pública, pasando, entre otros, por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
La variedad de instituciones que, por ley, concurren al Sistema se explica porque el legislativo, de manera acertada, consideró que la violencia de género es una realidad multifacética, estructural y compleja, y que, por ello mismo exige acciones de distinta naturaleza, pero siempre concertadas, para reducirla y eventualmente eliminarla.

De hecho, la violencia contra las mujeres es un término simple para designar una variedad de conductas violentas: violencia sexual, económica, física y psicológica.En todas sus formas, la violencia contra las mujeres supone una relación de dominio de los hombres sobre las mujeres que da lugar a la vigencia de relaciones de desigualdad que no sólo están prohibidas por la Constitución sino que lastran el desarrollo del país e impiden la construcción de una sociedad de oportunidades equitativas para todas las personas.

La legislación mexicana sobre violencia de género, aprobada por cierto por unanimidad en el Congreso hace poco tiempo, ha venido a romper el prejuicio de que no se puede, en una sociedad garantista, legislar a favor de un grupo determinado a efecto de revertir o compensar la situación de desventaja inmerecida en que se encuentra.

Esta compensación o atención especiales a un grupo sobre la base de una situación de vulnerabilidad no justificable se hace necesaria si no confundimos la igualdad con tratar a todos del mismo modo, sin tomar en cuenta la realidad y contextos específicos de cada uno.

Creo que el caldo de cultivo de esta desigualdad entre hombres y mujeres consiste en un fenómeno discriminatorio contra las mujeres.

La discriminación, es decir, el tratamiento inequitativo que viola derechos y limita oportunidades a un grupo al que se ha previamente estigmatizado, no es directa y mecánicamente violencia, pero resulta claro, a la luz de la información disponible, que existe mayor violencia de género allí donde la sociedad está todavía presa del prejuicio de la desigualdad intrínseca entre hombres y mujeres.

El Presidente, en este acto de instalación, pidió al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que vigile de manera especial el funcionamiento gubernamental en la aplicación de esta nueva legalidad.
Desde luego que ese llamado es un refuerzo de nuestro compromiso de luchar por una cultura de la igualdad, en la que se haga realidad esa aparente paradoja que exige una sociedad de iguales y, a la vez, diferentes.

La perspectiva de género debe convertirse en una política de Estado. El Sistema que se ha instalado es una medida que trabaja en esa dirección.
(Notimex)
(El autor es analista político)
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