Continuaremos con la presentación del texto incluido en el folleto "Súmate al Acuerdo Nacional por la igualdad y contra la Discriminación", editado por la CONAPRED (Consejo Nacional para prevenir la discriminación).
En esta entrega, les presento el apartado titulado La lucha contra la discriminación:
Debido a que la discriminación afecta a millones de personas, el Estado mexicano –junto con diversos sectores de la sociedad- ha realizado grandes esfuerzos durante los últimos años para instrumentar medidas y realizar acciones concretas a favor de la igualdad de derechos, oportunidades y trato digno para todos.
Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación. Un paso trascendente para empezar a enfrentar de manera sistemática este problema social fue la instalación de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación en marzo de 2001. Este órgano, de carácter transitorio, estuvo conformado por miembros de organizaciones civiles que luchan contra la discriminación, integrantes de instituciones académicas y de comisiones de derechos humanos oficiales y civiles, líderes de partidos políticos, representantes del gobierno, legisladores federales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, académicos y otros especialistas en la materia.
La tarea de la Comisión consistió en promover una transformación social y cultural que contribuyese a erradicar las prácticas de desprecio, violencia, exclusión y marginación que han padecido durante siglos una cantidad enorme de personas en nuestro país. Sus objetivos fundamentales fueron los siguientes:
- Formular un proyecto de ley basado en la prohibición constitucional de toda forma de discriminación, en el cual quedaran especificadas tanto las protecciones efectivas para toda persona contra cualquier práctica discriminatoria, como las políticas compensatorias y de promoción que tienen que ser garantizadas por el Estado a quienes forman parte de los grupos expuestos a uno o varios tipos de discriminación.
- Proponer la creación de un órgano estatal encargado de promover y vigilar la aplicación de la ley mencionada en el punto anterior, así como ofrecer orientación a instituciones públicas y privadas para fomentar la igualdad real de oportunidades.
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