México, segundo país intolerante por críticas a abusos en su territorio

Organización Editorial Mexicana
11 de mayo de 2008
Judith García / El Sol de MéxicoCiudad de México.- Con la salida de Amerigo Incalcaterra como representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, nuestra nación -después de Cuba- queda como el segundo país intolerante en América Latina y el Caribe frente a quienes cuestionan las violaciones a las garantías individuales que se comenten en su territorio, señalan especialistas en política internacional y ONG´s.

En los círculos diplomáticos ya se comenta que la salida de Incalcaterra del país obedeció a los comentarios que hizo por las violaciones a los derechos humanos que se cometen en México.

Para la investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Gabriela Rodríguez, este escenario es preocupante porque refleja que no hay un compromiso real de nuestro país en garantizar los derechos humanos.

"Hay demasiada apuesta a la seguridad pública, sin una política real de derechos humanos. (Para el Gobierno federal) es más importante la seguridad y no importa que no se protejan las garantías individuales".

Por este motivo, subrayó, comienzan a emerger los conflictos armados dentro de los países.

Sostuvo que en el Gobierno mexicano no hay una disposición tan clara y tan abierta a la colaboración con organismos internacionales como es el caso del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la defensa de los Derechos Humanos.

"Es parte de la labor de estos funcionarios cooperar con los gobiernos para localizar los problemas y trabajar conjuntamente en la tarea de derechos humanos. Pero también es hacerles ver a los gobiernos los puntos rojos que existen y la necesidad de trabajar en ellos".

En su opinión, los representantes de las Naciones Unidas evitaron un mayor enfrentamiento con el Gobierno federal y sacaron al relator incómodo, para seguir buscando una mayor cooperación en el respeto a las garantías individuales.

Sobre la polémica que se desató luego de que Amerigo Incalcaterra anunció su remoción del puesto, unos días después de la crítica que hizo por la utilización del Ejército en tareas policíacas, la especialista no descartó una posible intervención de la administración federal, e indicó que "cuando el río suena es que algo ha de haber".

Sostuvo que con esta confusión, el Gobierno mexicano no se crea una buena imagen a nivel internacional, porque cuando se decide tener una oficina permanente de Alto Comisionado de la ONU se presupone una colaboración abierta y una apertura inclusive a la crítica por parte de esa oficina, para hacer reformas institucionales y operacionales que garanticen una mejor protección de los derechos humanos.

La especialista manifestó su preocupación de que en este escenario no se vea la fuerza y el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que le darían la calidad moral e institucional para hacer una serie de cuestionamientos y así obligar a las autoridades a cumplir con estas obligaciones constitucionales.

"Me parece que en ese sentido, la CNDH ha sido bastante tibia en su actuación, y en cambio sí ha tenido reacciones agresivas contra relatores de la ONU y organismos como Human Rights Watch que les señalan algunas debilidades operativas. Simplemente les contestan: nosotros hicimos bien nuestro trabajo, y no hay siquiera apertura al diálogo o a la crítica, cuando debería haber una posición completamente distinta de colaboración con esos organismos".

Antonio López Ugalde, investigador de la organización Atalaya-ITAM, coincidió en que difícilmente se podrán tener un gobierno que respete y sancione a las garantías individuales, si no se tiene un organismo autónomo y que dé seguimiento a las recomendaciones que se realizan en materia de garantía individuales.

Por su parte, Soraya Long Saborío, directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), envió una carta al presidente Felipe Calderón, en la cual le expresó su preocupación por la salida de Incalcaterra por presiones políticas.

Dijo que de ser ciertas esas afirmaciones, se debilitaría la independencia y mandato de la Oficina de las Naciones Unidas en nuestro país, por lo que estaría de más su presencia, si no hay una colaboración y respeto al trabajo que realizan.

Como se recordará, Incalcaterra señaló en días pasados que el Ejército no estaba preparado para la persecución de delincuentes y narcotraficantes y sólo estaba entrenado para combatir.Unas semanas antes respaldó la recomendación que hizo Human Rights Watch a la CNDH, a quien le pidió dar seguimiento a los casos de violaciones para se garanticen los derechos de la gente y el castigo a los agresores.

En 2006, durante los enfrentamientos en el poblado de Atenco, ocurridos el 3 y 4 de mayo de ese año, pidió investigar la violación de mujeres por parte de elementos policíacos.

Similares recomendaciones ha hecho en el caso de migrantes secuestrados o extorsionados por policías municipales, por el asesinato contra periodistas, por las muertes de las mujeres en Ciudad Juárez y contra la violencia que se está desatando por la intolerancia contra los "Emos", principalmente.
http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n694041.htm