Casitas del Sur, librando a los niños del mal

Esta red de albergues aprovechaba la pobreza, las adicciones o los problemas de violencia en las familias para sustraer a los niños de sus hogares de forma ilegal y con dudosos fines
febrero 23, 2009
“No dejes que me quiten a los niños”, dijo la ex representante legal de Casitas del Sur, Elvira Casco Majalca, cuando fue citada a declarar en febrero del 2008 por la retención ilegal de tres menores, “ellos están mejor conmigo”.
Llevarse a los niños a un mejor hogar era el pretexto de Casitas del Sur para quedarse con los hijos de decenas de padres que enfrentaban algún problema. El alcoholismo, la drogadicción o la violencia se convertían en la condición ideal para que los directivos del albergue lograran hacerse de decenas de niños. Eso ocurrió con los tres hermanos Ojeda, originarios de Chimalhuacán; con los tres hijos de la familia Trejo, de Pachuca, Hidalgo, y con la pequeña Ilse Michel Curiel. Siete niños que, se supone, debían gozar de una mejor calidad de vida dentro de una casa hogar destinada a cuidarlos. Hoy, simplemente, no aparecen.
La explicación
En declaraciones a los medios, la subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito, Dylcia García Espinoza, explicó las causas por las que los ex directivos del albergue Casitas del Sur se negaban a entregar a los menores. “Tenían la idea de que al ser sacados de la casa hogar, estarían expuestos al pecado. Creen que si son regresados a su ámbito familiar van a correr riesgo de estar en pecado”, dijo.
Esta versión coincide con la de otras personas involucradas en el caso. “Los del albergue aprovechan la falta de recursos de la familia y la desintegración familiar para apropiarse de los niños. La gente del albergue detecta eso y es cuando aprovecha para dividir a la familia y llevarse más gente a las Casitas”, explicó Mónica Sánchez, parte del grupo de madres que está en contra de la casa hogar La Casita, en Cancún, Quintana Roo.
Eulogia Eleazar Cabrera, una madre de familia de bajos recursos y a quien La Casita despojó de sus dos hijos, cuenta en entrevista con el reportero Fernando Meraz: “Dijeron que yo los maltrataba y que mi esposo era un violador”. La mujer empieza a llorar, como casi todas las madres cuyos hijos desaparecieron de estos albergues. “¡Cómo duele que le quiten a una a sus hijos! Es algo que no le deseo a nadie”.
Ante esto, la Oficina de Defensoría por los Derechos de la Infancia (ODI), concluyó: “En Casitas del Sur hay un grupo de personas que son delincuentes y que se dedican a retener y privar de la libertad a los menores”.
El abogado Carlos Novara, quien lleva la defensa legal de la familia de Ilse Michel, sentencia: “Esto lo hacen, en el mejor de los casos, en complicidad con la incompetencia de la Procuraduría”.
Los Trejo
Abandono. Ése fue el delito del que en 2007 Elvira Casco acusó a Silvia Trejo Luna, madre de los niños Brian, Iván y Jorge Cuadrilla Trejo, para justificar el traslado de los menores a Casitas del Sur.
Casco elaboró un convenio que firmó de manera unilateral con el padre de los niños —un drogadicto que al poco tiempo falleció. Incluso, Casco le ofreció una camioneta y dinero con tal de quedarse con el más pequeño de sus hijos, que ni siquiera estaba registrado. Las autoridades no hicieron nada para lograr que los niños Trejo volvieran con su madre. De acuerdo con una investigación de la ODI, la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) no citó a declarar a la madre de los niños, ni se cercioró de que el padre hubiera fallecido o que el convenio fuera auténtico.
Tras varios citatorios rechazados por el albergue, los niños finalmente se presentaron a declarar con la lección bien aprendida: dijeron que deseaban quedarse en Casitas del Sur. Hoy no aparecen.
El caso Ojeda
El 2005 quedará marcado para siempre en la vida de Isabel Ojeda, una madre de familia originaria de Chimalhuacán: sus tres hijos están desaparecidos.
Como muchas mujeres en México, Isabel era golpeada y maltratada por su esposo, hasta que un día la policía intervino y entonces los niños Asael Israel, Natanael Isaí y Hefziva Magdalena fueron llevados al albergue infantil de la PGJDF y, de allí, a Casitas del Sur.
Isabel presentó el cinco de noviembre de 2005 una denuncia contra el albergue por el delito de retención de menores. El albergue se negó a entregar a los niños y Ojeda enfrentó denuncias por omisión de cuidados. Lo peor fue que dejó de ver a sus hijos y hasta ahora, nadie sabe dónde están.
Más anomalías
Esta semana un nuevo dato puso en duda la actuación de la PGJDF: pese a que el año pasado ya había denuncias contra el albergue, la dependencia envió a cinco niños más al lugar. El procurador Miguel Ángel Mancera negó esta afirmación en rueda de prensa: “No ha habido ninguna canalización desde el 2007”, respondió en tono molesto. Sin embargo, la dependencia admitió que el año pasado dos menores fueron enviadas allí por orden del Ministerio Público.
Llama la atención el tono que utilizó el Procurador para dirigirse a los directivos del albergue del cual siete niños desaparecieron: “Lo que yo quisiera decir es que hacemos un llamado para que reintegren no sólo a Ilse Michel, sino a los demás menores”, dijo Mancera durante una entrevista el 13 de febrero.
“¿Cómo es posible que una autoridad le hable así a los responsables de la desaparición de menores?”, cuestionó el diputado del PAN en la Asamblea del DF, Agustín Castilla, “parece como si el Procurador tuviera la certeza de que los niños están en alguna de las Casitas”.
Extrañas manifestaciones
Como ocurrió en Cancún, el Comité de Lucha Social —organización que no se sabe cuándo fue creada y carece de domicilio o teléfono fijos— reinició sus movilizaciones en defensa del albergue Casitas del Sur. Pese a los siete niños desaparecidos, las exigencias de esta agrupación civil son la destitución del procurador Miguel Ángel Mancera, el “cese del hostigamiento” contra Reintegración Social AC (que opera el albergue) y que se reabra la casa hogar.
La coordinación de las protestas despertaría la envidia de cualquier otro grupo disidente: como si se tratara de un ejército, los manifestantes obedecen de inmediato a la orden de “¡Firmes!” que les gritan sus líderes. A los dirigentes les basta levantar la mano para ser obedecidos. Todos —niños, hombres y mujeres— se quedan en silencio, siempre viendo hacia adelante, sin ánimo siquiera de quejarse.
Ninguna mujer va al frente y mucho menos encabeza las consignas. Ellas van atrás, junto a los niños, los discapacitados y los adultos mayores. A nadie le es permitido hablar. Sólo el vocero, Carlos Parra, quien nunca se quita sus lentes de sol “por seguridad”. Centenares de personas lo siguen del Ángel de la Independencia y otros puntos de la Ciudad de México para empezar el rezo de consignas contra Mancera y el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, a quien insisten en comparar con Adolfo Hitler o Augusto Pinochet.
El comité mantiene el acto bajo control: para evitar la llegada de intrusos hay un observador por cada 20 manifestantes, y decenas de jóvenes portan cámaras de video y fotográficas con las que captan cada movimiento de reporteros y funcionarios ajenos al grupo. “¿Tú desde cuándo estás en el Comité?”, le pregunto a uno de los observadores, “Desde que nací”. “¿Y contra qué estás?”, insisto. “Contra las leyes humanas”, responde.
Uno de sus compañeros se atraviesa y la plática se termina. Ninguno de los jóvenes que andan en la marcha saben bien a bien por qué protestan: “Porque el gobierno es malo y es injusto”, contesta una adolescente. “¿En qué sentido?”. “Pues porque… comete injusticias”, dice. Otro observador llega y la retira.
Los manifestantes han sido vistos en el culto que se celebra cada domingo en Luis David 16, colonia Mixcoac. La iglesia está vigilada y sus fieles —llamados congregantes— niegan vínculos con la secta Los Perfectos. Mientras, el paradero de siete menores —Ilse Michel Curiel, Brian Cuadrilla Trejo, Iván Cuadrilla Trejo, Jorge Cuadrilla Trejo, Asael Israel Ojeda, Natanael Isaí Ojeda y Hefziva Magdalena Ojeda— sigue en vilo.
Las averiguaciones
Hasta el momento, la PGJDF tiene ocho averiguaciones previas relacionadas con el albergue y la Procuraduría solicitó informes a la Secretaría de Gobernación sobre la Iglesia Cristiana Restaurada, que tiene vínculos con el grupo Reintegración Social AC, operador del albergue Casitas del Sur. El grupo promovió un amparo contra los operativos en el albergue y contra cualquier otra acción judicial en su contra.
De los 126 niños rescatados de la casa hogar, un número aún no determinado ya regresó con su familia. Maritza, desaparecida junto a Ilse Michel y otros seis menores, fue identificada por su familia y pronto volverá a su hogar.
La Procuraduría pidió la cooperación de otros estados para encontrar a los niños en alguna de las filiales de Casitas del Sur. Las entidades donde operan son Quintana Roo, Veracruz (Coatzacoalcos y Xalapa), San Luis Potosí (Ciudad Valles), Nuevo León (Monterrey), Estado de México, Morelos y Guadalajara.
Adriana Esthela Flores
http://www.milenio.com/node/172308

Como autodefensa, los niños de Casitas se evaden de la realidad

Israel Yáñez G Ciudad
Lunes 23 de Febrero, 2009

La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en coordinación con el DIF nacional comenzó un estudio especializado en materia de psicología y medicina general, para corroborar que los menores recuperados en el albergue Casitas del Sur no hayan sufrido abuso sexual, así como para medir el grado de afectación psicoemocional que padecen por el adoctrinamiento religioso .Al respecto, la subprocuradora de Atención a Víctimas de la Procuraduría capitalina, Dylcia Samantha García, informó que en los resultados finales de los exámenes aplicados a los menores por los peritos de la PGJDF no se detectó ningún tipo de abuso sexual.Sin embargo, la funcionaria no descartó que en el futuro alguno de los menores pudiera presentar rasgos físicos y emocionales de este tipo de abuso, pero sería un hecho aislado, que no necesariamente reflejaría una red de tratantes de personas, prostitución y pornografía infantil.“En un principio teníamos mucho miedo del daño que pudiéramos encontrar en los niños, sí teníamos la duda de que se pudiera tratar de una red de tratantes de personas o pornografía infantil, por fortuna, a través de los diversos estudios y peritajes, esta situación ha quedado prácticamente descartada”, dijo García.Lo que sí quedó claro —agregó la subprocuradora— es que no había un control y vigilancia en los menores, y que muchas veces la directiva de la casa hogar se apoyaba en los niños de mayor edad, la mayoría en la adolescencia, para cuidar a los más pequeños, y que si se llegará a presentar algún tipo de abuso, sería, tal vez, por este descuido.La funcionaria reconoció que algunos de los niños presentaron un cuadro similar a la amigdalitis, que les impedía articular palabra; sin embargo, se logró determinar que se trataba de un mecanismo de defensa, producto del miedo que tenían por estar fuera del albergue.Otros niños han mostrado resistencia al aprendizaje, y algunos más se han refugiado en sí mismos, ajenos a la realidad, pues no responden fácilmente a los estímulos exteriores y a las preguntas que les han hechos los psicólogos y trabajadoras sociales de la PGJDF.“El énfasis, la aprehensión y angustia con la que se refieren los niños a los temas religiosos no es normal, es un tema que se ha convertido en el eje de las investigaciones, eso si lo hemos encontrado y es grave, el fanatismo religioso con el que fueron adoctrinados”, señaló la funcionaria.Por lo cual, para despejar cualquier duda en torno a la situación físico-emocional de los menores, las autoridades de la PGJDF han solicitado la intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para realizar un estudio especializado en los 126 niños recuperados.La funcionaria detalló que los resultados de los estudios formarán parte de las investigaciones, y en su momento serán utilizados para fincar responsabilidades en contra de las personas involucradas en el caso.
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=416420

México, la nueva Tailandia

Lunes, 23 de Febrero de 2009 12:35
Por: Sanjuana Martínez / CIMAC Noticias
Cada año, el número de la trata de menores de edad en el mundo asciende a 1.2 millones. En México, más de 20 mil son víctimas de explotación sexual comercial infantil y pornografía en una red que cubre a la República de manera organizada gracias a la complicidad de las autoridades.
En los destinos turísticos mexicanos se explota sexualmente a más de 16 mil niñas y niños ante la atenta mirada de la sociedad que ve a los turistas pasear descaradamente de la mano de menores de edad. ¿Por qué lo permiten los hoteleros de nuestras playas? ¿Por qué no hay publicidad que anime a la denuncia como en Costa Rica donde en cualquier recepción de hotel existen folletos contra el turismo sexual infantil? México se ha convertido ya en la nueva Tailandia, donde la trata de menores de edad es el negocio más rentable después de las drogas y las armas. Este delito se inscribe dentro del crimen organizado, pero aquí las autoridades solo están interesadas en perseguir a narcos, no a los pederastas que abundan protegidos por hombres de poder de importantes niveles económicos y políticos del país.
La implicación de autoridades en la trata de niñas y niños de los casos de “Casitas del Sur” en el Distrito Federal, del Centro de Adaptación e Integración Familiar, AC (Caifac) en Monterrey y de “La Casita” en Cancún, demuestra que la extensa red nacional de pornografía y prostitución infantil esta estructurada bajo el manto oficial.
La conexión en la desaparición de menores de edad de estos tres albergues infantiles es notoria y alarmante. Los tres tienen relación con la secta de “Los perfectos” dirigida por Jorge Erdely y Sergio Canavati Ayub, este último fundador del albergue de Monterrey en donde sus cuidadores suministraban tranquilizantes a las niñas al volver de vacaciones de Cancún.
Los tres albergues infantiles han recibido financiamiento de los distintos gobiernos locales donde se ubican. Los tres han funcionado gracias a la complicidad de los ministerios públicos y las procuradurías de cada ciudad, las cuales han ignorado reiteradamente las denuncias de los angustiados padres en torno a la privación ilegal de la libertad de las y los menores de edad.
Canavati Ayub aparece como especialista en maxilofacial del Hospital Christus Muguerza de Monterrey, pero hasta ahora nadie lo ha molestado por su participación en supuestas organizaciones no gubernamentales de carácter infantil y religioso como “La Casita”, “Caifac”, “Alas”, “Reintegración social, AC”, “Amor para compartir”, “Desarrollo integral del individuo” o “Esperanza para la familia”.
El escándalo persigue a estas organizaciones ante la pasividad de las autoridades. En Quintana Roo se denunciaron abuso físico y sexual y trata de niños. La directora Patricia Seoane y Leydi Campos Vera, representante legal de “La Casita” fueron acusadas de privación ilegal de la libertad por negarse a entregar niños que posteriormente se descubrió estaban “desaparecidos” o integrados a esta red nacional de tráfico de menores con carácter sexual.
En Monterrey el escándalo de Caifac salió a la luz pública gracias a la huida de una niña de 12 años. Su madre y una tía presentaron una denuncia el pasado 1 de diciembre ante el Ministerio Público por abuso físico. Después de esa denuncia, la hermana y dos primos de la niña que huyó “desaparecieron”. Se trata de Julio César, Diana Elizabeth y Adriana.
En el caso de “Castias del Sur” son siete los niños extraviados, de los cuales seis fueron entregados por alguno de sus progenitores a los albergues, tres directamente a Casitas del Sur y el resto a una congregación cristiana con sede en Pachuca, Hidalgo, filial del albergue. Los niños desaparecidos son Ilse Michel, los niños Brian, Iván, Jorge y los hermanos Natanael, Jefziba y Azael.
Hay muchas preguntas sin contestar en estos casos de trata de menores. Las implicaciones de la Procuraduría de Justicia capitalina en la entrega de niños, después de las denuncias, demuestran una complicidad.
¿Por qué ante delitos tan flagrantes no hay detenidos? ¿Por qué fueron liberados las siete personas que trabajaban en Casitas del Sur? ¿Por qué los gobiernos de Cancún y Monterrey siguieron subsidiando a los albergues denunciados? ¿Desde cuando no hay una redada nacional contra la prostitución y pornografía infantil?
El negocio del comercio sexual de personas deja más de 10 mil millones de dólares en el mundo, mientras la pornografía infantil a través de Internet genera 12 mil millones. Es obvio que particulares y funcionarios públicos mexicanos se están beneficiando de este jugoso tráfico.
Los tres albergues tienen relación con la Iglesia Cristiana Restaurada (ICR), cuyos miembros se hacen llamar “Los Perfectos”. El líder registrado ante Gobernación de esta secta es Antonio Domingo Paniagua quien no ha atendido los citatorios y aparece legalmente como fundador de otro albergue, “Reintegración Social” dependiente de “Casitas del Sur”.
http://www.laneta.apc.org/index.php?option=com_content&view=article&id=199:mexico-la-nueva-tailandia&catid=64:noticias&Itemid=55