Pederastia en Jalisco

JAQUE MATE
SERGIO SARMIENTO
Pederastia

"El crimen no paga... por lo menos no tanto como la política".

Alfred E. Newman Emilio González Márquez, gobernador panista de Jalisco, bien podría terminar siendo recordado públicamente como un protector de pederastas. En su caso no se trata de una simple especulación. Hay indicios muy serios de que su procurador, Tomás Coronado Olmos, participó en actos de pederastia o cuando menos que fue testigo de ellos. El gobernador, sin embargo, no sólo ha defendido a su procurador sino que ha permitido que éste utilice su oficina como centro de operación de un esfuerzo por acallar las investigaciones sobre el caso.

Está ya comprobado que el año pasado se llevaron a cabo varias fiestas en las que participaban hombres adultos e influyentes y para las que se contrataba a niñas pobres como diversión. En un principio, al parecer, las niñas simplemente participaban en juegos sexuales y tocamientos. Pero también hubo actos sexuales y hay cuando menos una denuncia de violación de una menor.

La madre de una de las niñas decidió presentar junto con su hija esta denuncia penal por violación. A pesar de que fue objeto de presiones una vez que lo hizo -se le privó de la libertad para obligarla a retirar la demanda y se le obligó a firmar declaraciones en blanco-, la mujer se sostuvo en su dicho y ha logrado que se gire una orden de aprehensión en contra de Martín Aguirre Aguirre, un funcionario del municipio de Guadalajara, quien se encuentra prófugo.

En las declaraciones de la víctima se asienta que una de las personas presentes en la fiesta en que tuvo lugar la violación era Tomás Coronado Olmos, el actual procurador de justicia de Jalisco. En un principio se buscó negar cualquier participación de Coronado Olmos en esa fiesta, pero al final el propio gobernador González Márquez ha tenido que reconocer que Olmos sí estuvo presente... Pero nunca se dio cuenta de que algo indebido estaba ocurriendo en ese lugar.

Este simple reconocimiento debería haber sido suficiente para hacer que el gobernador le pidiera la renuncia al procurador, por lo menos para despojarlo de fuero y permitir una investigación independiente. Si no, la ineptitud de un procurador que no se da cuenta de que se está violando a una menor en una fiesta en la que él está presente debería ser razón de destitución inmediata. Pero lejos de hacer lo debido, el gobernador ratificó al procurador en su cargo. Y el procurador ha hecho desde entonces todo lo que ha podido para obstaculizar una investigación que lo involucra cada vez más.

El doctor Víctor Manuel Landeros Arvizu, quien tuvo a su cargo la investigación, fue despedido de su cargo en septiembre por supuesto mal desempeño laboral. Ayer tuve oportunidad de hablar con él por teléfono y me dijo que el problema radicó en el hecho de que se le pidió que alterara las denuncias, lo que él no aceptó a pesar de recibir amenazas. La destitución no fue castigo suficiente para el procurador Coronado Olmos, quien ha solicitado órdenes de aprehensión en contra del ministerio público, Marco Antonio Chávez, y del propio subprocurador por supuesto "abuso de autoridad".

Entiendo la posición filosófica del gobernador: nadie debe ser considerado culpable mientras no se le demuestre. El procurador Coronado Olmos debe tener la posibilidad de defenderse como cualquier otra persona. El problema es que el funcionario está utilizando a la Procuraduría de Jalisco no para encontrar la verdad sino para evitar que ésta surja. La persecución en contra de quienes realizaron el trabajo de tomar las denuncias y realizar la investigación así lo señalan de manera contundente.

En septiembre del 2007, cuando aún no aceptaba que el procurador había asistido a la fiesta de la que surgió la denuncia, el propio gobernador pidió calma a quienes exigían la renuncia del procurador. "La investigación se está haciendo, y habrán de darse a conocer los resultados conforme avance", dijo. Para eso hay "un ministerio público que responde a la sociedad". Pero cuando la investigación efectivamente avanzó e involucró al procurador, la reacción ha sido tratar de encarcelar a ese mismo "ministerio público que responde a la sociedad".

El gobernador ni siquiera puede argumentar que todo esto es un complot de la oposición. El subprocurador destituido y ahora hostigado judicialmente por negarse a alterar las denuncias ha trabajado en administraciones panistas y fue seleccionado por el propio gobernador.

González Márquez es un gobernador que estuvo ya en una polémica nacional el año pasado cuando destituyó a Sergio Zúñiga Quiñones, director del Consejo Estatal para la Prevención del Sida, por organizar una feria del condón en Guadalajara. ¿Si hay que regalar condones, dijo, por qué no regalar también el six de cerveza?

Quizá el gobernador se avergüence de los condones. No lo sé. Pero mucho más debería avergonzarse de usar el poder del Estado para proteger a un grupo de pederastas.

No me disculpo Pues no, el gobierno de Guanajuato, encabezado por el gobernador panista Juan Manuel Oliva, decidió que no tiene por qué aceptar la recomendación del 21 de diciembre de 2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por los insultos del secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda, en contra de los periodistas Enrique Gómez Orozco de a.m. y Arnoldo Cuéllar de Correo. La recomendación pedía una disculpa pública y otra privada a los periodistas. Pero la soberbia del gobierno de Guanajuato no lo permite. El lenguaje del gobierno de Guanajuato es el del insulto.