La Parota y Los Indios

La Parota y los indios
Por
Opinión La importancia del río, no de la presa.

En materia de derechos indígenas, el gobierno avala resoluciones internacionales mientras promueve proyectos que afectan a las comunidades

(14 octubre 2007).- Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan
Con las banderas que han enarbolado los pueblos indígenas de nuestro país, el gobierno mexicano hábilmente ha logrado colocarse en un lugar privilegiado en los escenarios internacionales para aparecer como el gran promotor y defensor de los derechos indígenas, sin embargo, la realidad interna que viven los pueblos originarios, desenmascara el verdadero rostro de un gobierno que sólo habla y alaba al indio muerto, el del pasado glorioso.

Las reformas legislativas de cuño neoliberal aprobadas por todos los partidos políticos se han encargado de sepultar las aspiraciones de los pueblos indígenas que a pulso se abren paso por las fatídicas avenidas del libre mercado. La conflictividad social se ha agudizado a causa del hundimiento económico de los pueblos y por el despojo de sus territorios.

La ley agraria y la ley indígena en lugar de acrecentar sus derechos, los conculcan, experimentando una regresión histórica, ante la imposición de un modelo de desarrollo que los excluye y los expulsa de su hábitat.

Justo en esta gesta heroica por la defensa de la tierra, en pleno puerto de Acapulco, donde la opulencia convive con la indigencia, los indígenas de Cacahuatepec han emergido como un pueblo digno y rebelde, dispuesto a defender con todo las tierras que baña el río Papagayo.

Gracias a esta reserva acuífera ha sido posible el florecimiento de los emporios turísticos como Punta Diamante. En esos lugares hay agua abundante para las albercas y los jacuzzis de los grandes hoteles, mientras que para los habitantes del Acapulco rural ni una gota y ni una llave de agua en sus casas. Los cubetazos suplen a las regaderas y las piedras de los ríos siguen acabando los pulmones de las mujeres que lavan, mientras llegan las lavadoras.

La Comisión Federal de Electricidad, al conocer las precarias condiciones de vida de las familias indígenas y campesinas que conviven con el río Papagayo, de manera perversa empezó a comprar líderes para que pudieran encabezar un trabajo sucio al interior de las comunidades, con el fin de vender la idea de que sus tierras son infértiles y que la mejor opción es apoyar la construcción de una presa hidroeléctrica.

Con el engaño, los gobiernos federal y estatal empezaron a urdir una historia de desencuentros con los ejidatarios y comuneros asentados en la región de La Parota, que ha tenido como saldo la división de los pueblos, las muertes violentas, los enfrentamientos con las corporaciones policiacas y los encarcelamientos de sus líderes.

El gobierno mexicano, escudado en un supuesto modelo de desarrollo, ha convertido a los territorios indígenas en espacios de disputa a causa de la riqueza biótica y acuífera que poseen y con ello ha violentado los derechos básicos de los pueblos indígenas, como la consulta, la información, la participación en las decisiones públicas, el derecho a establecer sus prioridades y estrategias para su propio desarrollo y el derecho a la libre determinación que constituye el pilar para que los pueblos puedan conservar, reproducir y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.

La presa La Parota se ha convertido en un ejemplo claro de la incoherencia que existe entre los planteamientos de la política exterior del gobierno mexicano y sus acciones a nivel interno.

En este proyecto, las autoridades no han podido justificar la tan manoseada causa de utilidad pública, más bien, han implementado una estrategia de imposición de dicha presa, que ha traído como consecuencia la fabricación y manipulación de asambleas comunitarias; el uso de la fuerza pública como mecanismo de presión y represión, la criminalización del movimiento opositor al proyecto y el ocultamiento de información veraz sobre los daños sociales, ambientales y culturales.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas pone de manifiesto el proceso de colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer su derecho al desarrollo.

A pesar de ello el gobierno mexicano sigue sin redimensionar los graves daños sociales y ambientales que generará la hidroeléctrica, pues de implementarse se inundarían 17 mil 300 hectáreas de tierras, lo que implicaría el desplazamiento forzoso de 25 mil personas y la afectación indirecta por la desertificación de las tierras de más de 72 mil personas, pues el río dejaría de serlo para convertirse en un gran estanque.

Por su parte, los comuneros de Cacahuatepec, organizados en torno al consejo de ejidos y comunidades opositores a La Parota, han recurrido a la vía judicial para hacer valer sus derechos.

Hasta el momento han ganado ocho resoluciones judiciales provenientes del Tribunal Unitario Agrario del distrito 41 y de los juzgados III y VIII de distrito con residencia en Acapulco, mismas que impiden al gobierno federal y estatal ingresar a las tierras ejidales y comunales a efectuar tareas propias de la hidroeléctrica.

La nueva declaración es un instrumento más que ampara y protege a los pueblos frente a los planes privatizadores de los gobiernos que se niegan a reconocerlos como sujetos de derecho público.

No se quiere entender que el verdadero desarrollo se nutre de la savia que corre por las montañas, las cañadas y los ríos donde habitan los pueblos indígenas.

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