sábado, 23 de febrero de 2008

Amenazan de muerte a madre de niño violado. Red de pederastas en Oaxaca, protegida por el gobierno local

A dos años, abusadores siguen prófugos

Buscarán, dentro y fuera del país, apoyo para proteger la integridad familiar.

A casi dos años de que su hijo fue abusado sexualmente por parte de personal académico del Instituto San Felipe, en Oaxaca, Leticia Valdés Martell, madre del menor, ha recibido amenazas de muerte de los agresores, los que afirma ser autoridades del gobierno de oaxaqueño.“Las amenazas empezaron cuando di a conocer públicamente el caso; antes de venir a la Ciudad de México ya tenía a dos personas afuera de mi casa”. Vía telefónica le dijeron: “Perra, te vas a morir, te quedan los días contados”.Aseguró que los profesores Hugo Gabriel Constantino García y Adán Salvador Pérez Ramírez, en complicidad con Yolanda León Ramírez, directora del colegio, narcotizaban a los niños para abusar de ellos, filmarlos y después “vender los videos en Europa”.
El abogado de la familia, José Bonilla, afirmó que “amordazaban al niño, lo ataban de manos, se le humillaba con palabras altisonantes y lo grababan al momento de ser violado. Sin embargo, las policías federal y local no hablan de ello; el procurador de Justicia del estado, Evencio Martínez Ramírez, declaró que no hay redes de pornografía infantil, cuando los hechos dicen lo contrario”.Bonilla señaló que el pasado 23 de mayo de 2007 la señora Valdés presentó una denuncia penal en la Procuraduría General de Oaxaca, en la que “se acusan hechos constitutivos de los delitos de violación, corrupción de menores, pornografía infantil y asociación delictuosa”.Agregó que, “conforme se hizo la averiguación, la licenciada Gómez Piñón, fiscal de Delitos Sexuales, consignó el expediente como violación agravada”.Aseguró que no tomaron en cuenta “la corrupción de menores, así como la asociación delictuosa y la pornografía infantil; sin embargo, eso es atendido por la SIEDO y la PGR, de la cual se espera que la próxima semana consigne el expediente ante un juez penal.

La periodista Sanjuana Martínez señaló que en Oaxaca hay una red de pornografía infantil y “otra de peredastia, así como niños violados en colegios privados. Ello demuestra la descomposición del gobierno de Ulises Ruiz, ya que forma parte de la estructura de protección e impunidad que permite que haya dos prófugos de la justicia como Constantino García y Pérez Ramírez”.

Bonilla aseguró que no sólo en el Instituto San Felipe se han reportado violaciones; hay más casos en el colegio de Villa de Etla, donde se ha abusado de cuatro menores. “Cuando las madres solicitaron castigar a los agresores, una persona de la Procuraduría estatal les manifestó que tuvieran cuidado de no hacer causa común con la señora Leticia o terminarían ‘como ella’, ejecutadas”.

Claudia Cruz, diputada federal por el PRD, aseguró que se planean dos reformas para que dentro del abuso sexual “haya una figura de pederastia, como una persona que abusa de la confianza, en este caso maestros o curas.“Haremos todo para que a través de organismos internacionales de derechos humanos, y mediante los gobiernos perredistas de Zacatecas y el DF conjunten esfuerzos para proteger la integridad de la familia”.

Leticia Valdés hizo un llamado a Josefina Vazquez Mota para que ordene una exhaustiva revisión sobre lo que pasa en Oaxaca, y exhortó a Ulises Ruiz a hacer justicia; “lo responsabilizo si le pasa algo a mi familia o a mi persona”.
México. Érika Ojeda

http://www.milenio.com/mexico/milenio/nota.asp?id=597942&sec=19

Red de pederastas en Oaxaca, protegida por el gobierno local

Sabado 23 de Febrero de 2008 Hora de publicación: 02:41

Por: Daniel Blancas Madrigal

Denuncia. La periodista Sanjuana Martínez y la señora Leticia Valdés muestran las fotos de los presuntos violadores de niños.

Con engaños, los niños eran conducidos a lugares secretos de la escuela. Ahí eran drogados, amordazados y violados: a veces en solitario, a veces de manera colectiva; mientras se consumaba el abuso, había encargados de filmar el acto, o al pequeño desnudo en diversas posiciones…Esta es la descripción del modus operandi que hace la señora Leticia Valdés, madre de Luis, uno de los menores ultrajados. Tenía cuatro años y cursaba el segundo grado de kínder en el Instituto San Felipe de la capital oaxaqueña.A raíz de que denunció los hechos de manera pública, doña Leticia y sus familiares han recibido amenazas anónimas. “Te vamos a cortar la lengua… Vas a salir de Oaxaca en un cajón mortuorio… Te vamos a matar… A ti también te va a tocar… Cállate ya perra”, son algunas de las intimidaciones vía telefónica. Además ha detectado vehículos que la siguen, sujetos que rondan su casa y daños a su automóvil: desde pintas hasta golpes.Su mirada denota miedo. “Temo por mi vida y por la de mis amigos y familiares —dice—, y desde ahora hago responsable de lo que pueda suceder al gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz”.La investigación que ha hecho por cuenta propia, con ayuda de su abogado José Bonilla, la ha llevado a descubrir que lo ocurrido a su hijo es parte de una red de pederastas y pornografía infantil protegida por autoridades del gobierno estatal.Según el abogado Bonilla, el caso de Luis será denunciado en los próximos días ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), que ya investiga otros cuatro casos en Oaxaca, aunque no en el Instituto San Felipe, sino en el colegio Miguel de Cervantes Saavedra, de Villa de Etla, a 25 minutos de la capital del estado.“Al platicar con los padres de los niños afectados de Villa de Etla, nos hemos dado cuenta que el modo de operación es el mismo: los chiquitos son narcotizados, vendados y violados ante una cámara”, asegura doña Leticia, quien hasta ahora sólo ha presentado en el ámbito federal una denuncia de hechos ante la PGR, vía la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra las Mujeres.—¿Por qué ante esa Fiscalía? —se pregunta al abogado.—Porque doña Leticia también ha visto trastornada su vida desde que descubrió lo que le hicieron a su hijo, ella y el niño siguen en tratamiento psiquiátrico, con medicamentos muy agresivos. Ella presentó la denuncia por violación ante la Procuraduría del estado seis meses después de los hechos, hasta que el psiquiatra determinó que el niño estaba listo para declarar. Es una mujer sola, que ha sido agredida y amenazada de muerte.Las otras cuatro denuncias por lo de Villa de Etla fueron presentadas de manera directa ante la SIEDO por delincuencia organizada y pornografía infantil.De hecho, uno de los profesores involucrados está preso en el penal de la localidad y tres personas se mantienen bajo arraigo en el Distrito Federal: la esposa del director y sus dos hijos.“La gente de la Procuraduría nos ha dicho que la próxima semana se ejercerá acción penal en contra de los arraigados”, adelanta el abogado.La SIEDO ha incautado más de 1600 discos y equipo de cómputo en el colegio Miguel de Cervantes que están en proceso de análisis, pero que presumiblemente se trata de material pornográfico.En el caso de Luis, tras la denunciada presentada el 23 de mayo de 2007, la Procuraduría oaxaqueña determinó ejercitar acción penal en contra de tres profesores del Instituto, a quienes doña Leticia acusó de participar en la violación: Magdalena García Soto y su tío Hugo Gabriel Constantino García, así como Adán Salvador Pérez Ramírez. Sin embargo, a nueve meses de abierto el expediente, sólo se ha dado cumplimiento a la orden de aprehensión en contra de la primera; los otros dos se encuentran prófugos.Doña Leticia señala como una de las líderes de la red a la directora general y dueña del Instituto: Yolanda León Ramírez, esposa del prófugo Constantino García.“Se ha descubierto que Yolanda León realizaba constantes viajes al extranjero, principalmente a España, viajaba al menos dos veces al mes”, cuenta.Al preguntársele por qué no han surgido más casos en el Instituto San Felipe, responde: “los padres tienen miedo, algunos han recibido dinero y otros han preferido dejar el asunto en el olvido, porque sus hijos ya son jóvenes o adolescentes”.Aunque insiste en el temor, por el cual solicita medidas cautelares a organismos defensores de derechos humanos e instancias internacionales (el 10 de febrero pasado la CNDH emitió una recomendación en contra del gobernador Ruiz por retardar la justicia), dice: “No voy a descansar hasta que se haga justicia

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