Gasto Social en el DF

Por Jorge Carlos Díaz Cuervo
Publicado en El Economista el día 01 de febrero de 2008
Según el INEGI y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en el país existen 44.7 millones de personas en situación de pobreza. De éstas, casi 3 millones habitan en la ciudad de México.
Para los expertos, la pobreza se puede clasificar en tres niveles en función de su magnitud: alimentaria; de capacidades; y patrimonial. Las estrategias e instrumentos para su efectivo combate debe considerar esta tipología, y atender prioritariamente la más lacerante, aquella que impide a las personas tener acceso a una canasta básica de alimentos y que también se refiere como pobreza extrema. En el país son 14.4 millones de personas las que se encuentran en condiciones de precariedad alimentaria, en la ciudad de México son poco menos de 500,000.
Para quienes la igualdad y la justicia son aspiraciones vitales, esta situación justifica una permanente reflexión y la búsqueda de alternativas para transformarla. Más aún cuando la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2006, elaborada por el INEGI, nos confirma que la desigualdad en el país no cede terreno: 10% más pobre de la población tan sólo detenta 1.6% de la riqueza del país; mientras que 10% más rico concentra 39.3% de los ingresos totales corrientes de la Nación.
¿Qué estamos haciendo en la ciudad de México al respecto? ¿Lo que se está haciendo es lo correcto, lo pertinente, lo más costo/efectivo? Es difícil responder estas preguntas debido a la falta de transparencia respecto de los programas sociales vigentes y a la ausencia de mecanismos serios de evaluación de resultados. No es suficiente la publicación de padrones, la existencia de reglas de operación y la justificación de los recursos erogados. ¿Qué significa que durante el 2008 se vayan a ejercer recursos públicos por 24,000 millones de pesos en distintos programas? Lo que tendríamos que conocer para valorar el efecto de las políticas públicas en materia de desarrollo social, son indicadores que midan en el tiempo la pertinencia de cada programa a partir de su efectividad para combatir la pobreza. Es decir, para valorar la efectividad y/o pertinencia de un determinado programa social, no es suficiente saber cuanto costó, quienes fueron los beneficiarios o las reglas bajo las cuales se gestionó el apoyo o subsidio. Lo que quisiéramos saber, por ejemplo, es si los apoyos en uniformes y útiles escolares están ayudando a mejorar indicadores como la tasa de permanencia en el sistema educativo, o los niveles de aprendizaje y adquisición de habilidades. Sería interesante también saber si el programa a través del cual se entrega una pensión alimentaria a todos los adultos mayores en la ciudad de México, ha tenido algún efecto positivo en indicadores de salud o en la tasa de mortandad de este grupo etario.
Sin embargo, este nivel de reflexión sucumbe ante expresiones y prácticas clientelares y corporativas que se resisten a morir. En tanto no existan pesos y contrapesos, estructuras institucionales obligadas a rendir cuentas y a transparentar sus acciones y, lo más importante, una clase política que comparta una verdadera cultura democrática, pensar en más y mejores programas sociales sólo sirve para alimentar estructuras de poder a costa de las necesidades más apremiantes de las clases menos favorecidas.