En espera de que la Suprema Corte analice la constitucionalidad de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa el 26 de abril del año pasado, la realidad sigue su curso. Nada más que, habrá que admitirlo, por lo menos ahora las mujeres de la Ciudad de México están abortando con mayor seguridad y con las condiciones de salubridad que se requieren.
La decisión de la Suprema Corte se sitúa, así, en dos ejes muy claros: el del estricto apego a su función, es decir, en la determinación sobre la competencia de la Asamblea Legislativa para haber aprobado las reformas a la ley que antes penalizaba el aborto y eje de los derechos de las mujeres, que podrían ver interrumpido el acceso a estos servicios de salud y presenciar el retroceso de una garantía establecida por el Estado para aquellas personas que, por diversas razones y de acuerdo con su conciencia, decidieron interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas de gestación.
El informe proporcionado por la Consejería Jurídica de esta entidad es impactante: 5 mil 845 mujeres se han practicado en los diez últimos meses un aborto seguro en alguno de los 14 hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal (ver MILENIO del 14 de febrero). No sólo eso, sino que desde que “entraron en vigor las reformas que despenalizaron el aborto, 13 mil 905 mujeres han pedido asesorías sobre las interrupciones legales del embarazo”, lo cual quiere decir que únicamente 40 por ciento decidió, después de esa asesoría, interrumpir su embarazo. Pero por lo menos estas mujeres tienen por primera vez el derecho a decidir entre un embarazo deseado y una interrupción del mismo bajo condiciones mínimas de seguridad.
Otro dato relevante es que de esas 5 mil 845 mujeres que se practicaron un aborto seguro, poco más de 10 por ciento (678) vinieron del Estado de México y apenas 111 (menos de 2 por ciento) vivían en otras entidades de la República. Como la nota en cuestión reseña atinadamente, estas y otras cifras desmienten muchos de los mitos y temores creados por los grupos conservadores.
Por ejemplo, que la Ciudad de México se convertiría en una especie de “santuario” para las mujeres que quisieran abortar de todo el país. Más allá del derecho que tendrían las mujeres de hacerlo, estas cifras muestran claramente que esto no ha sido así. Lo cual más bien abre el debate sobre la necesidad de que exista una ley federal que haga posible esto en el resto de las entidades federativas o que algunos estados avancen en sus propias legislaciones.Un dato interesante es el de los lugares donde se concentra la demanda para la interrupción legal de embarazos.
Según los datos proporcionados por la Consejería Jurídica del Distrito Federal, son los hospitales de la Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza donde se han practicado la mitad de los abortos. Lo cual quiere decir que es la población con menores recursos económicos donde se ha sentido esta necesidad, hasta ahora atendida. Pero no sólo eso. Es ésta la misma población que suele manifestar su religiosidad de manera cotidiana, mediante todo tipo de expresiones populares: peregrinaciones, fiestas, representaciones, etcétera.
En otras palabras, muy probablemente son las propias católicas de escasos recursos las que más están acudiendo a estos servicios. Las católicas de las Lomas y del Pedregal seguramente ya tenían la posibilidad de abortar en condiciones seguras, pero lo hacían discretamente en hospitales privados aquí o en el extranjero, mientras que las católicas pobres eran las únicas que estaban obligadas a continuar embarazos no deseados.
La fila es enorme (más de 6 mil están en espera) y seguramente no va a disminuir hasta que no aumente la educación sexual, sobre todo entre las menores de edad.Y ése es quizás el punto más álgido y delicado sobre el cual la sociedad tendría que actuar con mayor responsabilidad; el del importante número de embarazos adolescentes que culminan en interrupciones de embarazo (siempre difíciles y muchas veces traumáticas) o en vidas echadas a perder por embarazos no deseados y que no se interrumpen por temor, ignorancia o confusión.
De 9 mil 32 pacientes que solicitaron que se les practicara un aborto, 426 eran menores de edad. Y de las 5 mil 845 mujeres que han interrumpido su embarazo, 264 fueron menores de edad.
Ese 4.5 por ciento de mujeres adolescentes, que también tienen derechos y no sólo en el Distrito Federal, es un sector de la población muchas veces olvidado o menospreciado pero que requiere de una atención mayor de todos nosotros mediante información, educación, atención y respeto a sus derechos y decisiones.
Ante este panorama, la Suprema Corte tiene dos caminos: reconocer que la Asamblea tuvo derecho en legislar como lo hizo o aprobar los recursos de inconstitucionalidad presentados por la CNDH y la PGR.
La decisión, que deberá estar basada en derecho, no en las opiniones personales de los ministros, repercutirá en menos o en más derechos para las mujeres, no sólo en el Distrito Federal sino en toda la República. Después de esa decisión, que será histórica, viviremos en un país con más o con menos libertades. Lo que está en juego no es cualquier cosa.
Roberto Blancarte
blancart@colmex.mx
http://www.milenio.com/mexico/milenio/firma.php?id=596645
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